El botín de los Franco

Belén Meneses

Kaos en la Red 14 de Septiembre de 2007

¿Debemos aceptar los ciudadanos españoles la vergonzosa situación de privilegio en la que ha vivido la familia de Franco desde la desaparición del dictador, como otro de los daños colaterales de nuestra ejemplar transición democrática?

El requerimiento del gobierno de Galicia para que los técnicos de la Xunta puedan inspeccionar el pazo de Meirás, residencia veraniega de Franco situada en el municipio coruñés de Sada, ha puesto en pie de guerra a la familia Franco-Polo y ha desatado la polémica sobre la procedencia de la incalculable fortuna que atesoran los herederos del dictador. La pugna que la única hija del general golpista mantiene con la Xunta, cuya Consellería de Cultura pretende declarar el pazo de interés cultural permitiendo así el acceso del público a la propiedad, ha llegado a los tribunales gallegos y ha convertido el enfrentamiento en asunto de interés nacional.

Mientras personajes de la talla moral de Ricardo Sáenz de Ynestrillas deambulan por platós televisivos abanderando el legítimo derecho de los herederos de Franco a preservar una fortuna amasada en una dictadura mediante el expolio y la extorsión, me pregunto que sentirán los descendientes de aquellas familias que, gracias a la funesta Ley de Responsabilidades Políticas que revistió de legalidad la incautación de bienes de cualquier sospechoso (vivo o muerto) de desafección al régimen franquista, fueron condenadas a la indigencia tras ser despojadas de todo cuanto poseían por la divina voluntad del recién proclamado caudillo de España.

A quienes ensalzan hasta el paroxismo las bondades de nuestra modélica Transición, les haría bien poner en práctica un sutil ejercicio de empatía e intentar ponerse, por ejemplo, en la piel de alguna de aquellas mujeres que, recién finalizada la Guerra Civil y con sus maridos encarcelados, desaparecidos o en el cementerio, se vieron obligadas a subsistir y sacar adelante a sus familias en una sociedad hostil que no estaba dispuesta ha permitir que olvidaran su condición de derrotadas. No debe resultar tan difícil percibir la profunda frustración, el punzante sentimiento de desamparo de cualquiera de aquellas víctimas de la victoria franquista, que lograron sobrevivir al dictador para comprobar atónitas como la viuda de su verdugo disfrutaría hasta su muerte de un sueldo vitalicio a cargo de las arcas públicas, mientras esperaban en vano que el nuevo régimen democrático restituyera, junto a su dignidad arrebatada, los bienes incautados ilegalmente por un gobierno impuesto ilegítimamente.

¿Cuántas veces hemos escuchado presentar el ejemplo de transición español como modelo a seguir por otros estados que han sufrido dictaduras similares a la nuestra? Un  estado donde todavía existen dirigentes del régimen franquista ocupando cargos públicos, no puede tener autoridad moral para exportar su modelo a otros que, como Argentina, ha tenido la valentía de derogar la leyes dictadas en su día para eximir a los militares argentinos de toda responsabilidad en los crímenes cometidos durante la dictadura de Videla. O como Chile, donde los hijos y la mujer del difunto Augusto Pinochet, perseguidos por la justicia chilena por evasión de impuestos y falsificación de documentos, se ven obligados a abandonar el país para esquivar la acción de los tribunales, mientras que en España se asume como normal que nadie cuestione la procedencia del patrimonio de los herederos del dictador que nos tiranizó durante cuatro décadas, y se ríen las gracias de la nietísima, que percibe cantidades millonarias por hacer el ridículo en la televisión pública.

Es de bien nacido ser agradecido, y en consecuencia, resultan irrefutables las razones que llevaron al rey Juan Carlos a no dejar abandonados a su suerte a los Franco tras la muerte de su preceptor y mecenas. Es de justicia que quien heredó la jefatura del Estado por el caprichoso deseo del tirano que usurpó el poder al pueblo durante 36 años, corresponda a los favores recibidos protegiendo la integridad y los intereses de sus desamparados descendientes. Lo realmente vergonzante, intolerable, inmoral y escandaloso es que cada uno de los gobiernos democráticos que han dirigido el país desde la muerte de Franco, hayan mantenido, bien a través de subvenciones estatales otorgadas a sus fundaciones, bien recalificando terrenos de su propiedad o simplemente mirando hacia otro lado, la privilegiada situación de quien administra una fortuna obtenida durante un régimen ilegítimo mediante todo tipo de chanchullos, incautaciones ilegales, depuraciones y expropiaciones no retribuidas llevadas a cabo sobre ciudadanos españoles.

La futura ley de memoria histórica que prepara el parlamento, debería ser el marco perfecto para fijar los procedimientos legales que conduzcan a la devolución del inmenso botín atesorado por la familia Franco, manchado con el sudor, la sangre y el sacrificio de miles de españoles.