Javier Pueyo

Mi otro diario  17 de Mayo de 2007

 

Dice Alberto Garzón que “la sociedad está reivindicando intervención pública en forma de nuevas viviendas de protección oficial”. Yo lo que no sé es dónde ni cuándo. Porque a las manifestaciones en defensa del derecho a una vivienda digna van cuatro, y los partidos que se toman en serio el Artículo 47 de la Constitución no están ni en el Gobierno ni encabezando la oposición. ¿Realmente los ciudadanos están reivindicando algo más que generalidades difíciles de concretar más allá del habitual y facilón eslogan de “todos los políticos son iguales y ninguno va a mirar por nuestros intereses”? ¿Son conscientes de que cambiar la realidad está en su mano?

Hay que explicar que no todos son iguales, pero sobre todo hay que decir con suma claridad que quien no garantiza el derecho a un techo es porque no quiere. En Euskadi la Consejería de Vivienda pretende llevar a la práctica lo que dice la letra de la Constitución, esto es, que los ciudadanos puedan reclamar ante la Justicia su derecho a una vivienda digna. En la modesta localidad andaluza de Marinaleda todos los habitantes disponen de un adosado por 15 euros al mes. En Rivas-Vaciamadrid se han adjudicado 1.300 VPO en sólo dos años y ya se están construyendo otras 2.500. En el Congreso de los Diputados se ha exigido al Gobierno -con escaso éxito- que garantice por ley el cumplimiento del Artículo 47 de la Carta Magna. Y también en el Parlamento se ha formulado una propuesta para que los ayuntamientos puedan subir el IBI sobre las viviendas vacías (propuesta, por cierto, rechazada por el PSOE).

Conviene plantar cara a quienes -planteando sonoras propuestas como la liberalización total del suelo, o simplemente guardando silencio para que nada cambie- aspiran a mantener su lucrativo e ilegítimo negocio a costa del sudor de todos los españoles, que ahora ven pisoteado un derecho constitucional, básico e irrenunciable. Hay soluciones, soluciones viables, que pasan por gravar los pisos vacíos y crear un parque público de vivienda en alquiler que haga innecesaria la compra y garantice que todos los ciudadanos, independientemente de su renta, puedan acceder a un techo. Si para ello debe comenzarse a expropiar suelo, adelante. Y si se aparta, con gran educación y decoro, a las constructoras privadas para conceder el monopolio de las VPO a empresas públicas, mejor. Las políticas alternativas existen, y se ha demostrado que funcionan allá donde se aplican.

¿Están los mileuristas, los parados, los “sin techo”, las familias que no llegan a fin de mes y los condenados a una hipoteca vitalicia por la resignación? Lo dudo. Más bien parece que nadie ha sido capaz de explicarles que, en efecto, es posible dar un revolcón al ladrillazo. Que la realidad, su realidad, puede ser transformada si se lo proponen.