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El Periódico 30 de Abril de 2007
• La ilegalización de Batasuna no justifica que militantes suyos no puedan figurar en listas legalesEl proceso de paz marcará
las próximas elecciones, puesto que, paradójicamente, ahora que ETA es más débil
que nunca, los errores del Gobierno en la administración de los tiempos del
proceso y, especialmente, la desleal oposición del PP han dejado la agenda política
española en sus manos. A pesar de ello, después del atentado de Barajas del
pasado 30 de diciembre, todos los intentos para reconstruir comandos operativos
en España han sido desmantelados, lo cual no excluye que se puedan producir más
atentados. La coordinación de las fuerzas de seguridad franco-españolas (y por
primera vez del Reino Unido) se ha saldado con 52 detenciones en el último año:
19 en España, 30 en Francia y 3 en el Reino Unido. Paralelamente, ETA ha subido
la cuantía del impuesto revolucionario.
DESDE LA declaración del alto el fuego permanente, el 22 de marzo del 2006, ha
faltado, en efecto, flexibilidad en el Gobierno para modular los tiempos y hacer
gestos que consolidaran la decisión de abandonar las armas. El miedo a las
encuestas y la presión del PP, que ha manipulado de forma interesada
determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo y ha conculcado el primer
punto --"al Gobierno de España le corresponde dirigir la lucha
antiterrorista"-- del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo,
que tanto dice defender, paralizaron la acción del Gobierno que tenía que
hacer frente, además, a un importante sector del poder judicial contrario al
proceso. En esta deriva, la agenda política estaba ya en manos de ETA, porque
cualquier iniciativa del Gobierno para favorecer el proceso de paz era
radicalmente contestada por el PP.
A finales de la primavera y el verano del 2006, se empezó a dilapidar la
posibilidad de cerrar el proceso de forma rápida. Después se abrió un periodo
de confusión que ETA aprovechó para relacionar de nuevo el proceso de paz con
un precio político que ningún Gobierno democrático puede aceptar. El atentado
de diciembre, que no pretendía causar víctimas, según la versión de ETA (¡la
mejor manera de no causar víctimas es no poner bombas!), desconcertó a todo el
mundo: incluso a alguno de los dirigentes más significados de la izquierda
aberzale, que aquel mismo día tenía prevista una reunión con destacados
dirigentes del socialismo vasco. En un comunicado delirante en el que intentaba
justificar el atentado, ETA no daba el proceso por cerrado, pero acababa
condicionándolo a la participación de la izquierda aberzale en las próximas
elecciones municipales y forales. El PP, insensatamente y sin sentido de Estado,
seguía atizando una oposición frontal a la política antiterrorista del
Gobierno y a las decisiones judiciales que no compartía (caso De Juana Chaos).
Y en esto estamos ahora. Un proceso que es irreversible, porque la violencia no
tiene cabida en el Estado de derecho y democrático y, especialmente, porque la
sociedad vasca --incluidos importantes sectores de la izquierda aberzale-- ha
dicho basta al chantaje de las armas. La cuestión es cómo salir del
atolladero. La izquierda aberzale perdió el 30 de diciembre una oportunidad única
para demostrar que condena la violencia y apuesta inequívocamente por las vías
políticas. Ahora la ley de partidos impide su legalización. Pero, al mismo
tiempo, mientras un porcentaje significativo de la sociedad vasca (en torno al
12%-15%) no pueda expresar su voto, no se habrá normalizado la política en
Euskadi, y en algunos lugares se vivirá con tensión la formación de unos
ayuntamientos en los que una mayoría de vecinos no se sienten representados.
Tampoco el chantaje de las armas contribuye a la normalidad.
Para salir del atolladero se necesita coraje. En esto coinciden todas las
fuerzas políticas vascas, excepción hecha del PP, que creen que la izquierda
aberzale debería estar presente de una forma u otra en las próximas elecciones
y que habría que hacer un esfuerzo para lograr "las condiciones adecuadas
para un final dialogado de la violencia", tal como se decía en la resolución
del Congreso de mayo del 2005. Hay que actuar, pues, con toda la generosidad que
un régimen democrático puede permitirse.
BATASUNA ha recogido más de 80.000 firmas para participar en las elecciones,
pero no ha abjurado de la violencia. Acción Nacionalista Vasca (ANV), un
partido histórico fundado en 1930 y que en los estatutos con los que fue
legalizada en 1977 rechazaba explícitamente la violencia, sí cumple, según el
juez Baltasar Garzón, las condiciones legales para participar en las
elecciones. Y la ilegalización de Batasuna no justifica que algunos de sus
militantes no puedan figurar en candidaturas de otros partidos legales, siempre
y cuando no se demuestre una relación directa con ETA. ANV es, seguramente, el plan
C de la izquierda aberzale, pero es también, posiblemente y a estas
alturas, la única vía que queda para salir del atolladero y no hacer naufragar
por más tiempo el proceso de paz. Sin la izquierda aberzale en las
instituciones, el camino puede hacerse más largo en la medida en que ETA creerá
disponer de nuevos argumentos para justificar sus crímenes. Solo se necesita
coraje, responsabilidad y sentido de Estado para arrebatar la agenda política
de las manos de ETA y acabar definitivamente con la violencia.
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*Catedrático de Historia Contemporánea y director del Centre d'Estudis Històrics
Internacionals de la UB.
