Deia 23 de dicimbre de 2007

La verdad sobre el aborto resulta incómoda. Socialmente se sabe que la ambigüedad de la ley actual permite que se sobrepasen sus límites, pero parece que nunca sea el momento adecuado de reconoceder el desbordamiento en una ley de plazos bien definida.

AUNQUE nunca ha dejado de estar en la agenda social, la interrupción voluntaria del embarazo pasa por ser de estos temas por los que se camina de puntillas y excepto cuando se aprobó la primera ley de 1985 que despenalizaba su práctica, y diez años después, con su reforma para la ampliación, en contadas ocasiones ha saltado a primer plano. Y este mes ha sido una de ellas.

A partir de las denuncias, investigaciones y detenciones que se han realizado en varias clínicas de Madrid y Barcelona, donde se practican abortos alegales e ilegales, se ha puesto de nuevo sobre el tapete que, con bastante frecuencia se trampea la ley por lo indefinida de la misma y porque en general la realidad es más permisiva que la propia norma.

Aprovechando el tirón mediático de la noticia, el aborto legal y la petición de una ley de plazos se presentan, de nuevo, como una necesidad para muchas asociaciones de mujeres que llevan años luchando por alcanzar este derecho. Con las elecciones a tres meses, los movimientos a favor o en contra se han sucedido, pero posiblemente nadie se mueva ni un milímetro en una dirección u otra por si acaso se le modifica el voto. Así pues, los médicos y las mujeres tendrán que seguir lidiando con una situación legal bastante indefinida.

En la opinión pública empieza a cobrar fuerza la idea de que las clínicas no cumplen la ley y que los abortos de fetos de seis y siete meses se llevan a cabo cada día. "Nada más lejos de la realidad. Los datos del Sanidad señalan lo contrario: el 88% de las interrupciones se producen durante los tres primeros meses de gestación y sólo el 2% son embarazos de más de 21 semanas. Esto demuestra la madurez de las mujeres en este tema", explica Empar Pineda, portavoz de la Clínica Isadora de Madrid.

Los centros privados autorizados para realizar las interrupciones voluntarias de embarazos han anunciado su intención de cerrar la semana del 7 al 13 de enero si "las autoridades sanitarias no garantizan la seguridad jurídica de los trabajadores", así como el derecho a las mujeres que acuden a los centros. "Su trabajo se cuestiona constantemente cuando están haciendo un trabajo muy profesional".

delito

Salvo en tres supuestos

En el Estado español el aborto es un delito salvo en tres supuestos: violación denunciada, "graves taras físicas o psíquicas del feto" -previo dictamen de dos especialistas- y "grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre"- con el informe de un especialista. Los médicos que emiten el dictamen deben ser diferentes al que practica el aborto. En la violación y la malformación fetal hay plazos: 12 semanas para el primer supuesto y 22 para el segundo. Sin embargo, no existe limitación temporal para la indicación de grave riesgo para la salud física o psíquica.

Uno de los aspectos más polémicos de la ley es, sin lugar a dudas, la indicación del "grave peligro para la salud física o psíquica" de la madre, la que más abortos ampara (el 96,6%, según los datos del 2005, el último año con cifras oficiales).

"Los médicos y la mujeres tienen que saber a qué atenerse", opina Empar Pineda. "No se debe permitir que tengan miedo porque la ley les deje indefensos ante ofensivas de grupos que estén contrarios al aborto. Las clínicas privadas de todo el Estado -salvo en Navarra donde no se practican ni en los centros privados ni públicos-, son las que están garantizando que este derecho de las mujeres se cumpla A pesar de que el aborto está incluido en las prestaciones sanitarias, los hospitales públicos se lavan las manos y no realizan ni el 3% de los más de 90.000 abortos que se llevan a cabo cada año en el Estado, de ellos unos 3.000 en la CAV".

La ambigüedad de la ley actual y la posibilidad de interpretar de diferentes formas el tercer supuesto "el grave peligro para la salud física o psíquica de la madre" suponen también un problema para que los médicos en la sanidad pública se hagan cargo de los abortos. "La norma actual se puede volver en contra tanto de los médicos como las mujeres. Además, en muchos hospitales públicos los sanitarios se declaran objetores y las mujeres se encuentran en situaciones muy complicadas. ¿Dónde está el límite del peligro físico o psíquico para la mujer? La ley está llena de agujeros y lo que está ocurriendo es el colmo de la hipocresía de los políticos. Lo que se tendría que haber hecho hace ya muchos años es adecuar la ley a los cambios sociales y dar respuesta a la demanda sanitaria que suponen las interrupciones voluntarias del embarazo con una ley que contemple un sistema de plazos", explica Ezequiel Pérez Campos, presidente de la Sociedad Española de Contracepción.

ambigüedad

Un arma de doble filo

Al cambiar la ley, se tendrían más garantías al establecer un tiempo límite de 12 semanas para practicar el aborto y un cuarto supuesto con la voluntad de la madre que, en la práctica, lo convertiría en ley de plazos.

"Hay que acabar con la ambigüedad. Zapatero y el PSOE, para arañar votos de la derecha y del centro, han vuelto a aparcar su promesa de ampliar la ley del aborto. Es una broma de mal gusto que nos vengan ahora con la necesidad de iniciar un diálogo entre fuerzas políticas y sociales para garantizar el derecho de las mujeres a decidir su propia maternidad. ¿Diálogo con el PP que no quiere oír ni hablar de ampliar la ley del aborto?", se pregunta con ironía Empar Pineda.

Esta veterana feminista con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) a la hora de denunciar cómo las clínicas se están convirtiendo en el chivo expiatorio de una batalla política para hacerse con el electorado perdido de la derecha más conservadora.

Una batalla, como reconoce Empar Pineda, que está reavivando y alentando los intereses de los grupos contrarios a la consecución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "Porque, el aborto es un derecho de toda mujer; un derecho a controlar su cuerpo y su vida reproductiva", asevera Ezequiel Pérez Campos, para quien las protagonistas de este debate tienen que ser las propias mujeres. Mujeres que abortan, que han abortado y que quieren tener el derecho de hacerlo en un futuro. "Seguro que sus palabras no estarán teñidas de la hipocresía con la que hablan muchos políticos".

reforma

Imprescindible

El propio ministro de Justicia ha reconocido que la reforma de la actual ley del aborto se hace imprescindible. Las asociaciones y colectivos de mujeres demandan una ley más concreta que proteja los derechos de las pacientes y de los médicos y que posibilite que las intervenciones se empiecen a llevar a cabo en la sanidad pública.

Veintidós años después de su despenalización, el aborto continúa siendo un tema tabú en el Estado. Desde las asociaciones feministas consideran que sin la presión y la influencia de sectores conservadores de la iglesia católica, posiblemente el aborto fuera libre desde hace años. La experiencia dicta que en los países en los que esas circunstancias se dan, los abortos ilegales o irregulares se limitan a cifras simbólicas. "Ha de ser terrible abortar, una durísima decisión, que debería ser consecuente y madura. Estoy convencida de que es la última opción que tienen. Por ello, creo que no debería ponerse aún más difícil. No conozco a ninguna mujer que alegremente se haya decidido a abortar, porque una interrupción de un embarazo es siempre un fracaso. Las mujeres que abortan están ejerciendo su derecho a decidir sobre su fertilidad, que tantas otras mujeres del mundo no poseen", apunta la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Etxeko Andre, Jose Amundarain.

Cada año se practican en el Estado más de 90.000 abortos.
"Lo que ocurre es el colmo de la hipocresía. Sólo el 3% se hacen en la sanidad pública"