La izquierda abertzale dice haber conseguido 82.500 firmas para avalar sus candidaturas para las próximas elecciones municipales, forales y a Juntas Provinciales. Es probable que eso no sirva de nada: el Gobierno ha puesto en marcha a la fiscalía y la Guardia Civil para ilegalizar toda lista que provenga de la izquierda abertzale aunque haya rechazado la violencia, como es el caso de Acción Nacionalista Vasca.

Ya he comentado varias veces que la ilegalización de periódicos, partidos,... resulta, como mínimo, una anomalía democrática: eso no es una novedad. Pero las 82.500 firmas sí muestran por primera vez la profundidad de un problema social que encierra la ilegalización. Pues estas firmas no son la típica recogida de firmas en la calle que todos hemos hecho para conseguir salvar un parque de las garras del golf o evitar que se destruya España. Para firmar, cada una de esas 82.500 personas ha tenido que desplazarse a una notaría y cumplir un trámite que, tal y como están las cosas, puede suponerles una inhabilitación de hecho para la política (pues, por ejemplo, la impugnación que se pretende de las listas de ANV se argumenta por la contaminación de algunos de sus candidatos que ya colaboraron en listas ilegalizadas). Son, por tanto, 82.500 personas con un alto grado de compromiso con su proyecto político por encima incluso de sus graves diferencias: es sabido que entre quienes se acercaron a firmar había pacifistas de tomo y lomo que también rechazan que haya opciones políticas que no se puedan presentar.

Supongamos (aunque lo tratemos de evitar) que sea verdad que el proceso de paz está liquidado. Supongamos también que ETA volviera a las andadas y que durante los próximos cuarenta años tengamos que seguir soportando las balas y la dinamita, los muertos, mutilados y heridos generados por los asesinos. Incluso en ese terrible supuesto (que a todos nos corresponde evitar, especialmente a esos 82.500), sólo un ciego podría negar que tenemos un problema añadido con la imposibilidad de canalizar democráticamente el voto de más de cien mil personas, muchas de las cuales demuestran tener un alto grado de compromiso político.

En estas cosas siempre es tentador tirar por la calle de en medio y proferir algún grito del tipo "pues que se jodan, que pasen por el aro ". Pero el problema es que no pasan por el aro y que, elección tras elección, con sus partidos tradicionales, con nuevos partidos o con el voto nulo siguen manteniendo un alto suelo electoral (aunque mucho menor que cuando se han presentado con una creíble apuesta por la paz, como en 1998) y que, dado el compromiso que demuestran, el apoyo social seguirá presente aunque se les cierren las puertas de su representación.