Sin prisas, pero sin pausa, la economía española está sufriendo un cambio espectacular. Y no sólo por la inmigración. Los últimos datos de la Contabilidad Nacional -presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística- señalan un deterioro sin precedentes cercanos en cuanto al peso de los salarios respecto del Producto Interior Bruto. Ese lugar está siendo ocupado por los beneficios empresariales, que continúan su escalada respecto al PIB, al igual que los impuestos, que ya representan nada menos que el 11,62% de la riqueza nacional.

La distribución primaria de las rentas, según la jerga económica, es una variable fundamental para entender el reparto de la riqueza, y a tenor de las últimas cifras las conclusiones no pueden ser más adversas para los empleados. Si en 2004 (media trimestral del año), la remuneración de los asalariados suponía el 47,71% de la tarta a repartir (la riqueza nacional generada durante un año), dos años más tarde (media de los tres primeros trimestres transcurridos) ha bajado hasta 46,12 puntos.

Por el contrario, el excedente bruto de explotación -los beneficios- han pasado de representar un 41,78% al actual 42,25%, lo que significa un aumento de prácticamente medio punto del PIB. Los impuestos, por último, han pasado de suponer el 10,50% al citado 11,62%, sin duda una evolución espectacular que se explica, fundamentalmente, por el aumento de la recaudación por IVA y Sociedades.

Transferencia de rentas

Para hacerse una idea de la importancia que tiene esta enorme transferencia de rentas desde unos sectores a otros, hay que tener en cuenta que cada décima de Producto Interior Bruto equivale a unos 1.000 millones de euros, lo que significa que en tan sólo dos años los asalariados han transferido a los empresarios rentas por valor de unos 5.000 millones de euros. Pero es que otros 11.100 millones se han destinado a pagar impuestos. Dicho en otros términos, los asalariados tendrían hoy 16.100 millones de euros en sus bolsillos si la estructura del reparto de la riqueza hubiera permanecido sin cambios a lo largo de los últimos dos años.

En cualquier caso, el retroceso en el peso de los salarios respecto del PIB no se puede entender como fruto de una coyuntura más o menos pasajera. Hay una tendencia de fondo que se manifiesta en algunos países como Estados Unidos, donde los beneficios empresariales han recuperado tasas de crecimiento desconocidas en los últimos 40 años. En España, sin ir más lejos, el excedente bruto de explotación se situaba al finalizar el año 1999 en el 39,7% de la riqueza, es decir los beneficios de las empresas ‘pesaban’ respecto del PIB tres puntos menos que en la actualidad, mientras que los salarios ponderaban prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto.

Las empresas del Ibex ganan 30.000 millones

La edad de oro de los beneficios empresariales se ha podido visualizar recientemente con toda nitidez tras anunciarse que las 35 empresas que cotizan en el Ibex aumentaron sus resultados durante los tres primeros trimestres del año respecto del mismo periodo del año anterior un 33,6%, hasta alcanzar los 29.844 millones de euros.

De hecho, en el último trimestre mientras que el excedente bruto de explotación crece a ritmos del 10,2%, la remuneración de los asalariados (el coste real del factor trabajo) ha aumentado un 6,6%, con un crecimiento de las nóminas directas que percibe el trabajador del 3,4% (dos décimas más que en el periodo precedente).

Los salarios, en cualquier caso, y eso explica el nuevo reparto de la tarta, están contribuyendo de forma notable al crecimiento económico, toda vez que el coste laboral por unidad de producto aumenta un 2,6%, es decir nada menos que 1,2 puntos por debajo de lo que crece el deflactor de la economía (la inflación en el sentido amplio del término, y no sólo la que se deriva del IPC, que mide únicamente los precios del consumo).

DEMOLEDOR INFORME DE JULIO SEGURA SOBRE LA PRODUCTIVIDAD ESPAÑOLA

Los pobres avances en términos de productividad que registra la economía española son un problema detectado hace ya años. Pero ayer fue la Fundación Ramón Areces la que se encargó de presentar un estudio coordinado por el profesor Julio Segura -ex consejero del Banco de España y actualmente en la CNMV- en el que se sugiere un cambio radical del actual patrón de crecimiento de la economía española.

En palabras de Segura, si España no acomete pronto una serie de reformas (mercado laboral, pensiones u órganos reguladores) el modelo será “insostenible a medio y largo plazo”, y hay que tener en cuenta que, en su opinión, “el problema de la productividad es tan esencial que determina la calidad de vida de un país”.

El documento parte de las siguientes cifras. La economía española mantuvo un ritmo medio de crecimiento anual de la productividad del factor trabajo por ocupado del 2,5% entre 1981 y 1995, pero es que, a partir del último año, se produce una caída en picado hasta el 0,5% en la segunda mitad de los años 90, coincidiendo con el periodo de expansión económica. Ayer mismo, el INE anunció que en el tercer trimestre de este año el avance de la productividad fue del 0,8%, dos décimas por encima del mismo periodo inmediatamente anterior.

¿La causa? Pues, según el informe, el déficit tecnológico es el principal responsable de la baja productividad. Los datos son los siguientes. En 2002, último año sobre el que se disponen datos desagregados a nivel micro, la economía española disponía de un stock de capital tecnológico respecto del PIB que casi no alcanzaba el 45% de la media de la UE a 15. En paralelo, el gasto en I+D, apenas superaba el 50% de la media y la situación era aún más deficiente si se contemplaban los niveles de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).

En 2003, el gasto en TIC por habitante era del 70% de la media comunitaria, y apenas suponía el 40% respecto al estadounidense. “Desde el punto de vista del equipamiento informático de los hogares, las comparaciones son aún perores”, afirma el documento.

Fracaso de los parques tecnológicos

Los autores del trabajo argumentan que existen factores estructurales que explican la peor situación relativa de España, que se ha especializado en actividades de intensidad tecnológica media y media-baja, con fuerte volumen de empresas medianas y pequeñas, cuya capacidad financiera para afrontar procesos de inversión es mucho menor que la de las grandes.

Igualmente, se culpa de los escasos avances en productividad al mal funcionamiento de los parques tecnológicos que, en su opinión, “dejan mucho que desear”. Los autores proponen el fomento de centros tecnológicos donde se lleve a cabo investigación encargada por las empresas, se ofrezcan servicios de consultoría y asesoría, además de facilitar la relación de las empresas con los centros públicos de investigación.

El problema de rebajar los niveles de exigencia

Junto a una profunda reforma del sistema educativo y de la formación profesional, los autores del informe aseguran que “rebajar los niveles de exigencia implica, simplemente, una peor calidad de la enseñanza, unos menores conocimientos y, a la postre, una menor productividad”.

En cuanto al mercado laboral, los autores atribuyen las altas tasas de temporalidad al mayor coste de relativo de las contrataciones indefinidas, por lo que se propone “llevar a cabo una profunda reforma de los costes de despido, causa fundamental de la temporalidad”.

Sobre las pensiones, se plantea la necesidad de que, para calcular las cuantía del retiro, se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador, y no solamente los últimos 15 años, como ahora. Y en relación a los órganos reguladores se pide que sean realmente independientes del poder político, con audiencias previas (hearings) por parte de los poderes públicos para que los candidatos acrediten realmente su valía profesional.

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-Carlos Sánchez es un periodista especializado en problemas de la economía española que escribe regularmente en el periódico El Confidencial