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No
consiento que se hable mal de Franco en mi presencia.
Juan Carlos
«El Rey»
¿Qué
España?
VICENÇ
Navarro Catedrático
de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
El
Periódico 14 de
Febrero de 2006
• Tras las
llamadas de la derecha a la unidad de la patria se ocultan intereses
corporativos y de clase
Existe hoy un intento por parte de las derechas españolas
de movilizar a la población en defensa de lo que llaman la unidad de España,
asumiendo maliciosamente que existe una amenaza de desagregación y balcanización,
estimulada por la propuesta del Estatut aprobada por la mayoría del Parlament
de Catalunya.
Durante las últimas semanas hemos oído o leído llamadas a la unidad de España
por parte del Rey, del presidente del Tribunal Supremo, del responsable máximo
del Ejército de Tierra, de cardenales y dirigentes de la Iglesia católica española,
del gobernador del Banco de España, de la patronal española y de otros
representantes de los grupos de presión componentes de la derecha española
advirtiendo de que esa unidad está en peligro. Aunque la historia nunca se
repite, el hecho es que en muchos aspectos este llamamiento se asemeja al que se
registró durante la Segunda República, antes de que ocurriera el golpe
fascista militar, el cual tuvo lugar, en teoría, para defender la unidad de
España; en la práctica, para defender privilegios corporativistas y de clase.
Tanto entonces como ahora, sin embargo, esa unión no está amenazada. Lo que sí
se cuestionaba entonces y se cuestiona ahora es la visión de España. Por un
lado, existe la España centralista, uniforme y esencialista de la derecha,
arropada bajo una ideología nacionalista española (los golpistas fascistas se
definieron a sí mismos como los nacionales), detrás de la cual se defienden
los intereses de las clases dominantes de España, que incluyen también las
clases dominantes de Catalunya y del País Vasco. Cuando yo era niño, en la
Barcelona de los años 40 y 50, la burguesía catalana hablaba castellano,
menospreciando el catalán, considerándolo como idioma de lo que ellos llamaban
las "clases bajas" o las "clases humildes".
Frente a esta España, encontramos otra visión, la heredera de la Segunda República,
en la que se reconoce la pluralidad de naciones y pueblos y se promueve la
libertad y la justicia social, defendiendo los intereses de las clases
trabajadoras y otros componentes de las clases populares. De ahí que, durante
la dictadura, los resistencia antifascista identificara la lucha por la libertad
con la lucha por la justicia social y por la pluralidad de las identidades
nacionales. En Catalunya, las izquierdas protagonizaron la movilización por la
justicia social y por la identidad catalana dentro de una España republicana,
facilitando la integración de los trabajadores inmigrantes de habla castellana,
impidiendo que los nacionalismos, tanto español como catalán, dividieran a las
clases populares.
EL DEBATE actual es precisamente el enfrentamiento entre estas dos visiones de
España. Sería un gran error que las izquierdas españolas no lo vieran así,
interpretando erróneamente la situación actual como un conflicto entre
Catalunya por un lado, y España por el otro, conflicto que los nacionalistas de
ambos lados están estimulando. Por desgracia, las izquierdas catalanas no han
enfatizado suficientemente que su propuesta estatutaria es un intento de
redefinir España (recuperando la tradición republicana) que beneficiaría a
todas las clases populares. En este aspecto, su afirmación de que el Estatut
beneficiaría no sólo a Catalunya sino a toda España no ha sonado convincente.
Es más, actos promocionados por el Govern de la Generalitat --tales como el
encuentro de intelectuales españoles y catalanes (del cual fueron excluidas
muchas voces de las izquierdas de España)-- reprodujeron esta dimensión Catalunya
versus España, que no facilita la movilización de apoyos al Estatut por
parte de amplios sectores de las izquierdas españolas.
La necesaria complicidad que las izquierdas catalanas tienen que desarrollar con
el resto de las izquierdas españolas debería basarse en mostrar que el Estatut
es también bueno para el resto de España, señalando los elementos de
descentralización financiera necesarios para cubrir los enormes déficits
sociales existentes en el Estado del bienestar español que son gestionados por
las comunidades autónomas. Los equipos económicos de los gobiernos centrales
han sido responsables desde el año 1993 de unas políticas de austeridad que
han causado un gran déficit de gasto público social, que asciende actualmente
a 60.000 millones de euros.
Las derechas (y algunas izquierdas confusas) justifican su defensa de la
centralización de tal financiación como condición de que se realice la
necesaria solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, asumiendo erróneamente
que lo primero es condición de lo segundo. La escasa solidaridad del País
Vasco con el resto de España no se debe, sin embargo, al sistema
descentralizado de la responsabilidad fiscal, sino a su escasa contribución a
los fondos de solidaridad existentes.
NATURALMENTE que el Estatut tiene también aspectos específicos de Catalunya,
aplicables al País Vasco y a Galicia, que el resto de España puede aceptar si
se muestra que tales características no tienen por qué perjudicar a las otras
comunidades autónomas. No hay que olvidar que las izquierdas castellanas se
opusieron en su día al retorno de los papeles de Salamanca. Sin embargo, más
tarde, en sus parlamentos votaron a favor de tal retorno (incluso a sabiendas de
que perderían apoyo electoral), sin que las izquierdas catalanas, por cierto,
les hayan dado las gracias.
No tengo ninguna duda de que la España plurinacional será aceptada, si no
ahora, más tarde. Pero para ello es necesario que las izquierdas catalanas
muestren que esta nueva España, sintetizada en el Estatut, es mejor para la
clase trabajadora y otros sectores de las clases populares que la que heredamos
del régimen anterior.
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