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No
consiento que se hable mal de Franco en mi presencia.
Juan Carlos
«El Rey»
Política y milicia
Fidel Gómez Rosa
Foro
Milicia y Democracia
31 de Enero de
2005
A la agitación política que padecemos en nuestro país desde las últimas
elecciones generales –la derrota de la anterior mayoría no ha sido digerida
por los perdedores– se han sumado en las últimas semanas militares en situación
de activo y de reserva. Un teniente general del Ejército de Tierra aprovechó
su discurso de la Pascua Militar para hacer un pronunciamiento político sobre
cuestiones ajenas al ámbito de su competencia profesional. El gobierno ordenó
su arresto, su destitución como jefe de la Fuerza Terrestre y su pase forzoso a
la reserva. La inevitable reacción gubernamental rechazando esta presión
militar fuera de lugar fue contestada públicamente por un grupo de militares
retirados que mostraban sus preferencias políticas y su apoyo al arrestado.
Un coronel destinado en un organismo OTAN replicó, mediante una carta a un
diario nacional, las palabras del general considerando que eran improcedentes y
desleales con la institución. Una lluvia de cartas al director invadieron las
redacciones mostrando su irritación con este oficial superior y reiterando su
satisfacción con el pronunciamiento del general. El Jefe del Estado Mayor de la
Defensa ordenó también el arresto domiciliario del coronel por dirigirse en
esos términos a un superior. Días después, en pleno debate sobre la función
militar en una democracia, un capitán legionario envió a un periódico local
una carta en la que, en un gesto consciente de indisciplina, mostraba su ideología
reaccionaria y sus peculiares ideas sobre lo que cree que le exige su profesión.
El oficial, en actitud provocadora, señala que llegó a pensar en trasladarse a
Madrid con su compañía y muestra su profundo desacuerdo con la organización
autonómica del Estado. De forma inmediata, recibió el arresto que él mismo
pronosticaba.
En lo que parecía una secuencia calculada de quejas militares, al día
siguiente un capitán de Corbeta, al parecer perteneciente a la dotación de la
Fragata Álvaro de Bazán, publicaba un nuevo artículo lamentándose de lo que
llama pérdida de valores y falta de respeto a los símbolos nacionales. En
particular, se refiere a un supuesto plan para cambiar determinadas estrofas del
himno de la Armada –compuesto por el prolífico José María de Pemán en 1940
para la Escuela Naval Militar– a fin de hacerlo más “políticamente
correcto”; en estos planes reformistas, tan desalentadores para su personal
espíritu naval, involucra a los altos mandos de la Armada a los que considera
excesivamente complacientes (y sonrientes) con las autoridades políticas. No ha
trascendido la adopción de ninguna medida disciplinaria sobre este marino
militar.
En toda esta crónica de triste vuelta a la actualidad de la cuestión militar,
resulta significativo que los oficiales del Ejército de Tierra arrestados
pertenezcan a distintas generaciones –un general de más de 60 años y un
capitán de menos de 30– y, sin embargo, coincidan en reivindicar un
pretendido derecho militar a intervenir en los asuntos públicos que parecía
definitivamente superado en España con la transición a la democracia. Al
parecer, los treinta años que les separan no han supuesto un cambio en la forma
de entender la profesión militar. Los dos mandos, sin perjuicio de la gran
diferencia que marca la extensión de sus respectivas responsabilidades,
consideran que tienen el derecho y el deber de alertar sobre lo que ellos
estiman que son los “males de la Patria”. Se trata, pues, de un caso
alarmante de supervivencia de una mentalidad militar reaccionaria originada en
los tiempos de la Restauración. El concepto del Ejército como un poder autónomo
al que, en último término, le corresponde corregir a la clase política y
reconducir el Estado conforme a su particular ideología.
El gobierno y los altos mandos hablan de hechos aislados, pero quienes tienen la
ocasión de pulsar a diario el ambiente en los cuarteles saben que ambas
actitudes han merecido más elogios que reproches. Son muchos los que,
voluntariamente intoxicados con los mensajes de la derecha política y mediática,
estiman que las Fuerzas Armadas tienen también algún papel que jugar en el
actual debate político. El hecho de que algunos mandos militares se arroguen la
representación de las Fuerzas Armadas para apoyar su reconocible discurso político,
además de mostrar de manera palpable las deficiencias de los planes de enseñaza
militar superior aplicados estos años, no parece haber causado preocupación a
la mayoría de los militares.
Resulta inquietante que personal de gran formación técnica como son los
militares en la actualidad muestren su conformidad acrítica con quienes
pretenden situarse por encima de los representantes elegidos por los ciudadanos
en elecciones democráticas. Esta actitud solo puede explicarse por una
generalizada ignorancia sobre las reglas básicas del sistema político. Los
incidentes de estas semanas también remiten a la persistencia en nuestras
Fuerzas Armadas de una de las características del Ejército en la dictadura
franquista. Se trata de la confusión interesada entre apoliticismo y
apartidismo. Es sabido que los militares no pueden defender opciones
partidistas, pero deben tener una conciencia política, entre la que debe
incluirse el respeto a las instituciones esenciales del sistema político.
El único motivo para la esperanza en todo este bochornoso espectáculo es que
sirva para hacer pedagogía sobre el sentido y límites de la profesión militar
en un Estado democrático. Debe estar claro para todos los militares
profesionales, cualquiera que sea su empleo y cargo, que su profesión no les
otorga ningún derecho especial para decidir sobre las cuestiones públicas:
tienen el mismo derecho de cualquier ciudadano para votar al candidato que
consideren que mejor atiende los intereses generales; mientras tanto, su única
obligación es ejecutar la política que determine el gobierno de turno, cuyo
control corresponde al parlamento. Este es el sistema y no hay excepciones. En
este sentido, el debate que se ha realizado en el país puede servir para que
determinados sectores militares reflexionen, después del primer impulso de
adherirse al discurso pretoriano, sobre su papel de servidores públicos
comprendiendo lo atrabiliario que es que un general pretenda suplantar los
poderes constitucionales.
No sería justo que la imagen de las Fuerzas Armadas, mejorada con esfuerzo
durante estos últimos años, sufriera un retroceso en el concepto de la
sociedad precisamente ahora que, olvidando el cansino discurso reaccionario de
hace treinta años, estamos en el camino de conseguir por fin unos Ejércitos
modernos, profesionales y democráticos. El ministerio de Defensa tiene que
impulsar cambios profundos en la carrera militar –que debe estar determinada
exclusivamente por el mérito y la capacidad en todas sus escalas– para que
desaparezca de una vez por todas este trasnochado espíritu de cuerpo.
