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Manifiesto
En defensa del
Proceso de Paz y de normalización política
13 de Diciembre 2006
ELKARBIDE, asociación en la que nos integramos 400 profesoras y profesores universitarios, hace público el presente manifiesto para expresar su apoyo total al proceso de paz y de normalización política iniciado públicamente a partir del “alto el fuego permanente” iniciado por ETA el 24 de marzo de 2006.
Ese hecho y la receptiva y positiva actitud mostradas en aquel momento por el
Gobierno español, crearon una situación histórica inmejorable para resolver
el problema de la violencia así como el de la normalización política en
nuestra sociedad. Sólo una irresponsabilidad sin límites podría permitir que
esta ocasión se perdiera y que se reabriera una dinámica de confrontaciones
como las que hemos conocido en otras épocas.
1. Como es obvio, no conocemos el contenido de las negociaciones y mucho menos
de los hipotéticos acuerdos que se hayan podido producir, sea entre el Gobierno
español y ETA, sea entre distintos partidos. No podemos, por lo tanto, valorar
la garantía de estabilidad que puedan haberle dado ya al proceso, garantía que
ojalá sea sólida. Aún así, no podemos ocultar nuestra preocupación por
algunos de los problemas que se están viendo en algunos campos, así como ante
la ausencia de movimientos en otros, y que pueden desembocar en un fracaso del
proceso.
Por encima de cualquier otra consideración, creemos que el profesorado
universitario debe proclamar la necesidad social, política y moral de que este
proceso continúe. Y que debe reclamar a los actores involucrados más
directamente en las actuales negociaciones, que ni ahora ni más adelante, bajo
ninguna causa, las rompan y que, bien al contrario, las cuiden y desarrollen.
2. Las condiciones para llevar a buen puerto este proceso las tienen en sus
manos quienes lo iniciaron y las instituciones y partidos que le han mostrado su
apoyo. Esas condiciones no dependen ni del poder judicial, ni de la estrategia
destructiva del Partido Popular, ni de la insidia de algunos medios de
comunicación que buscan sólo combate y nunca debate. Estos enemigos de la paz
podrán poner trabas al proceso pero el éxito o el fracaso del mismo no está
en sus manos, sino en la de quienes han proclamado su compromiso con él. Las
condiciones para que el proceso tenga éxito –y no señalamos lo que nos
gustaría sino lo que vemos más realista y constructivo en dirección a la paz
y la normalización- son, a nuestro entender, las siguientes:
2.1. La derogación de la ley de partidos.
2.2. El compromiso formal por parte de ETA de abandonar la violencia de manera
definitiva.
2.3. La humanización del conflicto en todos sus ámbitos.
2.4. Un acuerdo de principios y de método entre las fuerzas políticas, de
manera que todas ellas tengan iguales oportunidades para defender sus proyectos
en claves de respeto al derecho de decisión en la normalización política del
conflicto vasco y de oportunidad para sus propios proyectos.
3. Entre esas cuatro condiciones no hay unas que deberían darse antes que las
otras y no hay ninguna que tenga derecho a paralizar las demás hasta que
aquella esté resuelta. Lo racionalmente democrático sería que, en lo que le
corresponda, cada parte cumpliese esas condiciones de manera inmediata y de
manera unilateral, en lugar de continuar el peligroso juego de los
condicionamientos mutuos. Es más, una resolución positiva de cualquiera de
esas cuatro condiciones, empujaría muy rápidamente a la resolución de las demás.
Si los que ondean la bandera de la paz no lo hacen, deben saber que no son la
responsabilidad social, la legitimidad democrática, la ética o la voluntad de
la ciudadanía quienes amparan sus actitudes, sino el interés de parte o de
poder o las doctrinas sin capacidad de adaptación.
4. El Gobierno de Rodríguez Zapatero sabe que tiene mayoría suficiente en el
Parlamento de Madrid para derogar la Ley de Partidos. Gran parte de la
parafernalia boicoteadora desarrollada desde algunas instancias del sistema
judicial se apoya en el argumento de que su labor no es sino hacer cumplir la
Ley de Partidos. ¡Pues bien, deróguese o anúnciese su derogación para que el
proceso se despeje!.
Siempre fue una ley antidemocrática; pero actualmente –con más de tres años
sin actuaciones de ETA y una tregua permanente- ni siquiera existe el contexto
con el que se justificó su existencia y solo sirve para cortocircuitar el
proceso. La única forma en que Batasuna estará en igualdad de condiciones con
las demás fuerzas políticas, será cuando se suprima esa ley de partidos En
cualquier caso debe haber un compromiso firme del Gobierno de Zapatero para la
presencia de la izquierda abertzale en las elecciones municipales así como de
la legalidad estable de sus candidaturas, incluso en el caso de que no se
suprima antes la Ley de Partidos.
Una política de declaraciones y resoluciones institucionales no acompañadas de
hechos claros y decididos solo puede alimentar la desconfianza de la sociedad.
5. ETA debe declarar que la tregua sea definitiva y las actuaciones de kale
borroka deben desaparecer de nuestras calles por completo. Tampoco este
escenario debe estar condicionado a que previamente se suprima la Ley de
Partidos o a que se acerque a las presas y presos o a que la mesa de partidos
haya terminado sus trabajos preparatorios. El mantenimiento, como amenaza, de la
posible vuelta de ETA a la acción, no añade un solo gramo de fuerza y
capacidad ni a la defensa de los derechos de quienes están en las cárceles, ni
a la reivindicación de democracia para la izquierda abertzale. Y supone la
continuidad de la desconfianza en la capacidad de nuestra sociedad para resolver
sus problemas sin tutelas.
Más aun, ETA sabe que una eventual vuelta a la lucha armada prolongaría en el
tiempo y empeoraría las condiciones de sus presas y presos, al tiempo que
enviaría prácticamente a la ilegalidad al espacio político y social
mayoritario de la izquierda abertzale.
Hoy el abandono definitivo de la violencia armada, sin el estigma de una rendición
y con el salvoconducto de una negociación para la integración política y
social con unas reglas a definir desde un acuerdo multipartito, es una salida
digna, democrática y de una legitimidad social incontestable en Euskal Herria.
No se entendería, de ninguna manera, la marcha atrás en lo que parecían
rumbos de profundización democrática y pacífica.
6. La humanización del conflicto implica varios temas:
Por un lado, un apoyo público, moral y material, institucional y social, a
aquellas personas, sectores de la sociedad civil, representantes y cargos de
partidos, profesores, jueces... que han sufrido una insoportable violencia por
parte de ETA.
Por otro lado, un inmediato cambio radical de la política penitenciaria
(acercamiento de presos, liberación de quienes han cumplido tres cuartas partes
de la condena y de los enfermos graves, retirada de la doctrina “Parot”...).
Además, el avance del proceso de paz pondrá encima de la mesa la necesidad de
un escalonamiento de excarcelaciones –como ocurrió en Irlanda y en otros
procesos- hasta que no queden presas o presos derivados de la historia del
conflicto.
En el caso concreto de la Universidad, y estando la política penitenciaria en
manos del Gobierno de Madrid, es incomprensible que no pueda aplicarse también
en los centros penitenciarios españoles el “protocolo” de la UPV/EHU para
la atención académica del alumnado preso que hoy se aplica en los centros
penitenciarios franceses. Es sólo un acto de producción gratuita de dolor y de
tensionamiento absurdo.
Somos conscientes de que los puentes rotos en la convivencia social en Euskal
Herria tardarán tiempo en reconstruirse, pero las medidas políticas que
proponemos facilitarán los encuentros de manera muy importante.
7. El acuerdo de principios y de metodología para lograr un proceso democrático
y de encuentros que incluyan el derecho de decisión y que canalice establemente
los problemas de encaje del sistema político es, al mismo tiempo, condición y
objetivo para la normalización política.
Las dificultades que, al parecer, se están produciendo en este tema de ninguna
manera pueden convertirse en insuperables. En lo que respecta a la representación
pueden seguirse los pasos del movimiento vasco de mujeres por la paz –Ahotsak-
que, de manera inteligente, ha canalizado el tema de la composición de la mesa
común o puede arbitrarse ideas similares que resuelvan esta dificultad. Como
también puede resolverse la determinación del ámbito de consulta popular para
que el pueblo decida: todas las propuestas deben tener la misma legitimidad de
defensa y debe existir la voluntad de una solución Y tampoco debe asustar, en
absoluto, que si existe la igualdad inicial de defensa de todas las
oportunidades, nadie tenga derecho de veto y puedan llevarse las distintas
opciones a la consideración de nuestra sociedad.
8. Creemos que son estas las cuatro condiciones de éxito del proceso abierto
tras el alto el fuego permanente de ETA. Y las cuatro están en manos de quienes
proclaman defender y comprometerse con el proceso de paz. El cumplimiento de las
cuatro sería, además, el mejor dique de contención frente a quienes pretenden
desestabilizar el proceso a cualquier precio.
Nos preocupan aquellas actuaciones policiales que vulneran los derechos humanos
y nos preocupa, en especial, ese sector del poder judicial que pretende
dinamitar el proceso bajo la excusa de cumplimiento de la ley, en lugar de hacer
la lectura de las normas en claves del presente social de construcción de la
paz. Que, a excepción del PP, todos los partidos estén implicados en procesos
judiciales, desde la inculpación del Lehendakari o de Patxi López, hasta el
vengativo montaje contra De Juana, pasando por la reapertura del caso Atutxa, el
registro de Herriko Tabernak o el 18/98, sobrepasa la dimensión no ya de la
justicia sino incluso de la aplicación de la ley, para configurarse en un
artefacto que pretende reventar el proceso. El Gobierno español debería
iniciar sin demora una revisión a fondo del politizado sistema de nombramientos
de jueces heredado del aznarismo.
Si hay firmeza en desarrollar las cuatro condiciones para llevar adelante el
proceso, habrá fuerza para parar esta estrategia protagonizada al servicio de
una España oscura y enraizada en el franquismo. La judicatura más derechista
puede cumplir el mismo papel que los incontrolados en la transición (reventar
el proceso y animar al ruido de sables) o que el GAL de la época González
(suspender de hecho el Estado de Derecho) o de la época Aznar (vaciar por
dentro el Estado de Derecho).
Desde nuestras autoridades hoy no se debería responder a esa estrategia
desestabilizadora con el estribillo del “acatamiento de las decisiones
judiciales”. Lo primero que hay que poner en la calle, en los discursos y en
los actos es la denuncia a este tipo de actuaciones de una parte del poder
judicial. Y con la denuncia, y mucho mejor antes que tarde, ya se ha de empezar
a pensar en la puesta en marcha del “pase foral”: obedezco pero no cumplo.
9. Quienes, desde ELKARBIDE, suscribimos este documento, profesoras y profesores
universitarios nos comprometemos a defender y desarrollar estas ideas tanto
dentro de la Universidad como fuera de ella, a tomar en su defensa cuantas
iniciativas sean posibles y a buscar la convergencia con otras iniciativas que,
desde la sociedad, se afanan en fortalecer y consolidar el proceso de paz y
normalización política de Euskal Herria. Sin pretender quitar protagonismo
alguno a las Instituciones Políticas, a los Partidos y a la propia ETA, creemos
que son necesarias tomas de posición y movilizaciones que alienten la solución
del contencioso vasco de una manera definitiva. La máxima participación social
será, también, la mejor garantía para este proceso.
