Ucr: Especulación y corrupción: un desafío al Estado de Derecho

Todo esto me llevó a plantear la necesidad de modificar la Constitución, quitando las competencias de urbanismo a las comunidades autónomas y corporaciones locales (Art 148 CE), mediante la presión de la sociedad civil promoviendo una campaña de concienciación y recogida de firmas. Voces, mucho más autorizadas que la mía, se han alzado contra este clima de corrupción que puede acabar con la cultura cívica española (Gil Calvo). José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo, en un curso este verano en Santander: El urbanismo, factor de corrupción, afirmaba que “el urbanismo es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los ayuntamientos” por lo sería necesario “por lo menos” que existiese “una planificación territorial mucho más amplia”. Con anterioridad Enrique Gil Calvo, uno de los presentadores del libro, afirmaba en “El mal de Marbella” (El País 24-4-2006): “... hace falta modificar la Constitución para que el Estado central recupere su competencia plena sobre la coordinación urbanística del territorio nacional en su conjunto, que nunca debió perder.”

Llovía sobre mojado, en marzo de 2005 tenía lugar en Marbella la llamado Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales no sólo en Europa sino con ramificaciones en Canadá y EEUU. El centro de operaciones residía en un despacho de abogados por el que se canalizaban inversiones millonarias de mafias o grupos relacionados con el crimen organizado, se contaba con la colaboración de tres notarías para tejer una maraña de más de mil sociedades que invertían preferentemente en el sector inmobiliario. La mala fama de Marbella como sede gangsteril se hacía oficial. Hasta entonces era solamente vox populi.

Las investigaciones llevaron a que se llevase a cabo la llamada Operación Malaya que empezó el 29-3-2006 y sigue abierta. Han sido imputados todos los ediles del ayuntamiento así como numerosos constructores. El ayuntamiento fue disuelto por el Consejo de Ministros de 7-4-2006, nombrándose una comisión gestora. Los delitos por los que se les acusa van desde el fraude, malversación de caudales públicos, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohechos, sobornos etc.

Como una ola por toda España se han conocido más casos de corrupción urbanística de ayuntamientos, especialmente en toda la costa mediterránea y ahora en Madrid. Algunos casos de la Comunidad Valenciana han llegado a la Unión Europea, por las actuaciones de los llamados “agentes urbanizadores”, figura creada por la legislación de esa comunidad, que pueden expropiar en aras de un llamado “interés general”. ¡Hasta aquí hemos llegado! Han pensado 15.000 extranjeros con propiedades en el País Valenciano que se han visto atropellados y que han recurrido a Bruselas para que les defienda de los abusos de constructores sin entrañas que acabarán devastando todo. De momento la UE reclama a la Generalidad Valenciana la modificación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ilegal a los ojos de la Comisión Europea por no adaptarse a la legislación europea. Como el gobierno valenciano insiste en que sí respeta las Directivas Europeas el asunto terminará en el Tribunal de Justicia Europeo. Anteriormente el Parlamento Europeo aprobó el 13-12-2005 el llamado Informe Fourtou que consideró evidente el perjuicio sufrido por muchos afectados por los desmanes cometidos por los “agentes urbanizadores”.

Ante esta situación de tamaña injusticia: enriquecimiento ilícito de unos pocos, corrupción generalizada en ayuntamientos y comunidades autónomas, imposibilidad de acceso a la vivienda a los más jóvenes y a los inmigrantes, con hipotecas a 40 y a 50 años (con las amenazas añadidas de precariedad en el empleo y de subida de los tipos de interés) el grito: ¡no hay derecho! Se oye por doquier. Es un llamamiento a la justicia y a la equidad. Pero acabará siendo algo más profundo y de mayor alcance. “No hay derecho” significa además que muchos ciudadanos sospecharán del Estado de Derecho que tenemos, supondrá el descrédito de la organización del Estado y de las competencias asumidas por cada nivel; supondrá el descrédito de las instituciones y de los partidos políticos (sospechosos de corrupción o por lo menos, de permitirla). “Se destruye la confianza en los demás y se genera un clima de sospecha y desconfianza generalizadas” (Gil Calvo, El eclipse del capital social).

Los españoles corremos el peligro de dividirnos en dos una vez más: los que tienen patrimonio inmobiliario y los que carecen de él. Los primeros están cada vez más contentos y satisfechos al ver revalorizarse su patrimonio por lo que consentirán toda clase de abusos y corrupciones de sus gobernantes. A los segundos hay que escucharles, ayudarles y unirse a ellos en sus reivindicaciones.

El descrédito de las instituciones hace peligrar la democracia que hemos construido con tanto sudor pero cuya degeneración no será admitida por las generaciones venideras que sufren sobre sus espaldas las consecuencias, no deseadas por el legislador, de la corrupción y de la especulación. Más vale prevenir antes de que sea demasiado tarde y la Constitución no es inamovible, los legisladores previeron sabiamente la posibilidad de su modificación. Es necesario que la sociedad civil obligue a los políticos a modificarla devolviendo las competencias urbanísticas al gobierno central, es una tarea que exige el concurso de todas las personas con conciencia. La burla a una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León por parte de la Junta, desoyendo los informes de sus propios técnicos, es un escarnio al Estado de Derecho. El Tribunal vetó la urbanización “Ciudad del Golf” en las Navas del Marqués por violar espacios protegidos sin justificación. A pesar de ello comenzó la obra talando más de 4.000 pinos. La actuación inmediata de grupos ecologistas, que avisaron a los medios de comunicación y se encadenaron a los árboles, ha detenido, de momento, los desmanes de constructores sin escrúpulos y políticos garbanceros (García Pelayo). Esperemos que las actuaciones posteriores de la Fiscalía del Medio Ambiente y del Tribunal de Castilla León pongan las cosas en su sitio.

No basta con las buenas intenciones que anuncia Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria federal de política Económica y Empleo del PSOE en su artículo: “Urbanismo: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuánto? Y ¿cómo?” ( El País, 7-10-2006). "La nueva Ley del Suelo que está preparando el gobierno remediará todos los males causados por la ley vigente aprobada por el PP." Olvida que el fenómeno GIL apareció en Marbella con anterioridad a la ley del PP. Con el GIL empezó la corrupción en Marbella, ahora se ha extendido por todo el país. Me temo que se haga realidad una vez más las palabras de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie.”

Hay que ser más ambiciosos erradicando las causas. El gobierno central debe recuperar las competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo. Es más, debería crearse una Comisión Nacional de Ordenación del Territorio y Urbanismo que aprobase las propuestas del gobierno. En esa Comisión debería entrar la sociedad civil, especialmente representada por organizaciones ecologistas y observatorios que luchan contra el blanqueo de dinero y especulación financiera. De esa forma la democracia representativa sería reforzada por la participación de la sociedad civil. La Ordenación de Territorio y el Urbanismo es el reto mayor que tiene planteado la sociedad española.