La ley de la Memoria seguirá siendo insuficiente
José Antonio Moreno *
Mundo Obrero
Noviembre 2007.Tras la lectura del texto
aprobado por la ponencia parlamentaria sobre la denominada ley de
memoria y los contenidos de dicho texto, desde la asociación Foro por
la Memoria manifestamos nuestra valoración positiva del hecho de que
pueda existir una ley que condene institucionalmente el franquismo, dado
que supone la primera vez en España que -desde un punto de vista
institucional y con un soporte jurídico y normativo- se va a condenar
la dictadura franquista y las atrocidades derivadas del golpe militar de
1936.
Sin embargo, hemos de expresar nuestra decepción dado que -según lo
aparecido- la ley seguirá siendo insuficiente en tanto en cuanto no
fija la nulidad radical de los tribunales represivos franquistas y las
sentencias de ellos emanadas, por lo que no satisface las legítimas
expectativas de todos aquellos que fueron perseguidos por un sistema
represivo ilícito, así como las de sus familiares: no entendemos las
reticencias del PSOE a declarar la nulidad ni podemos aceptar las
supuestas justificaciones de tal postura en base a erróneos
planteamientos jurídicos que nos hacen pensar que existan otros
motivos, quizá de índole económica.
Ello tiene una traducción en el articulado que equipara las condenas y
sanciones realizadas durante la guerra por los alzados y por los
tribunales republicanos, lo que conduce no sólo a una conclusión que
afecta al terreno moral o político -al equiparar las actuaciones de
golpistas y republicanos- sino que afecta a la calificación jurídica
de los hechos a la luz del Derecho Internacional. Así, se pretende
equiparar lo que fue un plan de exterminio planificado por los golpistas
para eliminar a una parte de la sociedad civil (cuya calificación puede
ser de genocidio o de crimen de lesa humanidad, en todo caso, crímenes
contra humanidad), con lo que pudieran constituir desmanes o delitos
aislados, sin órdenes de los mandos militares ni políticos de la República,
esto es, delitos comunes de asesinatos, homicidios, lesiones... Esto
constituye en si mismo un hecho que afecta a la filosofía de la propia
Ley porque pretende querer salvaguardar los crímenes más grandes que
puedan cometerse contra la población civil que son imprescriptibles y
que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Esto es lo que
en términos jurídicos se denomina modelo español de impunidad y esto
es -por tanto- lo que nos impide formular un respaldo pleno a la misma.
En todo caso hemos de reconocer los avances producidos desde el último
texto propuesto, especialmente en los intentos destinados a darle un
valor efectivo en la Exposición de Motivos y la Disposición
Derogatoria a las consecuencias jurídicas de la declaración de
ilegitimidad que puede viabilizar - aunque con dificultades en cuanto a
la interpretación y obligando a un via crucis individual y judicial-
las previsibles reclamaciones de revisión de procesos y anulación de
sentencias, así como el hecho de incluir la declaración de condena del
franquismo aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional del
Congreso, y la contenida en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa de 17 de marzo de 2006 (aunque no recoge las resoluciones de
condena del franquismo de la Asamblea General de la ONU de 9 de febrero
y 12 de diciembre de 1946 -resoluciones 32 y 39).
Asimismo resaltamos la tímida y timorata respuesta dada en el texto a
diversos aspectos cruciales como el engañoso concepto de memoria
personal y familiar que -afortunadamente- nunca se perdió en nuestro país,
así como a la tibia y testimonial reparación moral y el ambiguo
reconocimiento personal a las víctimas, además de la difusa
responsabilidad e intervención publicas en las exhumaciones e
identificaciones de asesinados en fosas comunes, y también queremos
denunciar la exigua respuesta dada a la situación del Valle de los Caídos,
extremos todos ellos que, entre otros, esperamos se mejoren en la
tramitación y debate parlamentario.
En concreto, y por lo que se refiere a las exhumaciones, seguimos siendo
críticos con la regulación por cuanto se remite a la elaboración de
un "protocolo" que asegure la colaboración institucional
garantizando convenios con entidades sociales porque consideramos que es
la Administración la que debe acometer la cuestión pendiente de las
exhumaciones, la identificación y la individualización de los cadáveres,
y no delegar en las ONGs y Asociaciones: estamos tratando de Derechos
Humanos -incluidos en la triada Verdad, Justicia, Reparación- y su
tratamiento no debe ser "externalizado".
Desde nuestra posición en el ámbito asociativo memorialístico
reafirmamos que la recuperación de la Memoria Histórica Democrática
de este país es un proceso colectivo que afecta a la sociedad española
en su conjunto como ejercicio de sanidad democrática que permita
conocer los horrores y las aberraciones de la sublevación franquista y
la guerra civil y la dictadura por ella generados y su sistema de
exterminio institucionalizado del oponente durante décadas, al tiempo
que reconocer la labor de los miles de luchadores y luchadoras por la
libertad que se sacrificaron primero para defender y luego para
conseguir un sistema de libertades: en este sentido entendemos positivo
que hayan participado en su génesis diversos partidos de diversas
orientaciones puesto que la memoria histórica debe ser un elemento común
para la convivencia democrática, al igual que ocurre en el resto de países
que han sufrido dictaduras.
Queremos asimismo denunciar la hipócrita e inaceptable actitud del
Partido Popular que en ningún momento ha planteado voluntad
constructiva alguna al respecto, y mientras que arremete contra la Ley
por divisiva, aplaude las vergonzantes actuaciones de la Iglesia Católica
respecto a la canonización de los mártires de su "Cruzada",
cediendo incluso suelo público para dichos actos de exaltación como
ocurre en Valencia, identificándose -sin tapujos- con la herencia
sociológica, política y económica del más rancio franquismo.
Finalmente referir que el proceso de recuperación de la memoria histórica
ni ha nacido con el actual texto legal ni se acaba con la aprobación de
la ley puesto que el mismo implica muchos ámbitos de intervención,
desde libros de texto hasta símbolos en las calles, desde fosas y
exhumaciones hasta el resarcimiento y compensación a las víctimas de
la represión franquista, por lo que desde el movimiento memorialista
seguiremos trabajando con o sin ley, e independientemente del contenido
de la misma para conocer y divulgar los crímenes franquistas y en aras
al merecido e imprescindible reconocimiento social, jurídico y económico
de los luchadores y luchadoras por la libertad en éste país.
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*Presidente asociación Foro por la Memoria
http://www.foroporlamemoria.es
