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Que devuelvan el Pazo
Victoria Lafora
El Plural 1 de septiembre de 2007
La familia Franco, y más en concreto Carmen, la hija del dictador, colocó a la puerta del Pazo de Meirás un abogado impidiendo la entrada de inspectores de la Xunta que querían evaluar su estado de conservación.
El
palacio, construido por Emilia Pardo Bazán y que los Franco destinan, como
marco incomparable, a bodas, bautizos y comuniones, está incluido en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia, mal que les pese.
A pesar del ignominioso origen del “donativo” que el “pueblo gallego”
hizo al dictador, los herederos, que lo ven completamente normal, no aceptan
ni siquiera que se declare bien de interés cultural porque les obligaría a
abrir el Pazo al público, eso si, solo cuatro días cada mes . Además, y
esto es lo más importante, concedería a la Xunta derecho de tanteo en caso
de que intenten venderlo. Cosa que no sería de extrañar teniendo en cuenta
el camino seguido por otras propiedades inmobiliarias que afectos al régimen
regalaron a Franco y de los que los herederos han obtenido millonarias plusvalías.
No resignados a que España haya dejado de ser una finca de su propiedad, la
hija del dictador lleva meses jugando al despiste con la Consellería de
Cultura y cerrando la puerta en las narices de los funcionarios.
El alcalde de Sada, cuyos vecinos no han pisado jamás el extenso parque que
rodea la propiedad, apoya a la Xunta e insta a que se haga cumplir la ley
(cosa a la que los Franco no están muy acostumbrados). Pese a los recursos de
Carmen Franco, que podría ser multada con sesenta mil euros, los técnicos
acabarán entrando y puede ser el primer paso para que este bellísimo palacio
vuelva a manos de los gallegos, sus legítimos propietarios.
El Pazo está a nombre de Carmen Polo la difunta viuda del dictador. La
ilegalidad que rodea el origen del derecho de propiedad de la familia Franco
es, como la retirada del oprobioso nombre de “Generalísimo” de algunas
calles, algo que hay que revisar.
En 1938 los gallegos fueron obligados a hacer una suscripción popular, con
donativos cuya cuantía era fijada por las autoridades competentes, para
comprar el Pazo a los herederos de Pardo Bazán. En aquellos momentos de máxima
represión decir no al “donativo voluntario” podía suponer una condena de
cárcel.
Incluso a los funcionarios, los pocos que conservaban su trabajo y no habían
sido represaliados, se les quitó un día de sueldo para pagar el regalo. Como
la propiedad no debió parecer lo suficientemente extensa al matrimonio, se
pasó directamente a expropiar fincas aledañas para rodear el palacio del
enorme parque actual.
Lo menos que podrían hacer, si tuvieran vergüenza, es devolver un “regalo
obligado” a punta de bayoneta.