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Entre la cobardía moral y la ilegalidad.

Equipo Nizkor 1 de Septiembre de 2006

El Gobierno da un nuevo paso para consolidar el modelo español de impunidad.

El actual informe presentado por el Gobierno fruto del trabajo de lo que, abreviadamente, se conoce como "Comisión interministerial" y su adjunto "Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura" |1|, son concordantes, desde el punto de vista parlamentario, con la proposición "no de ley" presentada por el Diputado Ramón Jáuregui en junio de 2004 |2|.

El Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley --con el respaldo de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo-- que instaba al Gobierno a tres cosas que son a las que ha dado cumplimiento el Ejecutivo.

En primer lugar, la Cámara emplazó al Gobierno a realizar un estudio general sobre los derechos morales reconocidos por la legislación estatal y autonómica a las víctimas de la guerra civil y a los represaliados. Ese análisis debía dar lugar a un informe --que tendría que haberse remitido al Congreso en diciembre de 2004-- sobre las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a este colectivo con la inclusión de propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para la mejora de la situación actual.

La proposición no de ley aprobada el 1 de junio de 2004, solicitaba una ley para rendir un "tributo de reconocimiento y justicia" e incluir ayudas económicas para compensar hechos causados entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, recogiendo sucesos ocurridos en la etapa pre-constitucional de la Transición, como los acontecimientos de Vitoria, el caso del asesinato del estudiante Ruano o el de obreros en Granada.

La proposición no de ley también instaba al Gobierno a destinar medios humanos y materiales para facilitar el acceso a los archivos, tanto públicos como privados, y poder recabar los datos necesarios para la solicitud de esas ayudas, para recuperar "la verdad en los casos particulares", y para "rememorar y proyectar en la cultura social de nuestro país, lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura".|3|

Un grupo de asociaciones |4| mantuvimos una reunión formal el 30 de junio de 2004 en sede parlamentaria con el diputado Ramón Jáuregui Atondo, portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso y el diputado por Ávila, Pedro José Muñoz. En dicha reunión se nos expusieron varios aspectos que son necesarios hacer públicos para comprender el contexto en que esta nueva situación se produce, y que son los siguientes |5|:

El 10 de septiembre de 2004 el Consejo de Ministros anunció el Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Mediante carta de 02 de noviembre de 2004 un grupo de asociaciones indicábamos a la Vicepresidenta del Gobierno y Presidenta de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, María Teresa Fernández de la Vega que:

Con relación a la Comisión y su funcionamiento solicitamos en nuestro nombre y en el de las organizaciones que presentaron el documento que adjuntamos lo siguiente:

Ninguna de las asociaciones firmantes obtuvo respuesta a esta y otras cartas enviadas a la Vicepresidenta del Gobierno y Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, María Teresa Fernández de la Vega y al Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y, evidentemente, a ninguna de las condiciones solicitadas se dio cumplimiento.

Por todo ello las organizaciones firmantes declaramos:

1) El informe de la correspondiente "Comisión Interministerial"y el "Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", cuya remisión a las Cortes Generales aprobó el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2006, se corresponden con el contenido de la proposición no de ley del diputado Ramón Jáuregui Atondo, aprobada por el Congreso el 1 de junio de 2004, y, específicamente, con el informe solicitado en dicha proposición no de ley. Ello demuestra que a pesar de las demoras en presentar el informe, existía un acuerdo previo que ha sido mantenido. Este acuerdo no refleja las demandas de las asociaciones de víctimas y de derechos humanos |7|.

2) El Proyecto de Ley no hace ningún reconocimiento jurídico de la víctimas del franquismo y, como consecuencia, no recoge ninguna de las demandas de las asociaciones de víctimas, ya que sólo habla de reconocimiento moral y compensaciones económicas, que no de indemnizaciones, y no es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, ni con las normas internacionales de reparación de víctimas. En este sentido, resulta conveniente recordar que las tratados internacionales suscritos por España forman parte del ordenamiento interno, esto es, los pactos y tratados sobre derechos humanos están reconocidos por la Constitución vigente, tratándose además de normas de nivel superior a la propia constitución. |8|

3) El planteamiento consistente en que las "víctimas de la transición española" serían aquéllas que en el período de tiempo que va del 01enero de 1968 a octubre de 1977 "lucharon por unos derechos que luego la Constitución reconoció" |9|, es manifiestamente falaz y artificial y tiene la perversa consecuencia de fraccionar el concepto y las categorías de víctimas de los crímenes del franquismo, además de negar el derecho a la justicia, a la verdad y la reparación a víctimas de hechos, como el de Vitoria, que pueden ser investigados aún por la justicia.

4) El tratarlos como hechos aislados de los crímenes franquistas plantea además una prescripción formal de dichos delitos debido al tiempo transcurrido, lo que tiene como consecuencia favorecer a los responsables políticos de algunos de aquellos hechos (v.g. los de Vitoria) que aún ocupan puestos de alta responsabilidad en órganos constitucionales de representación, mientras que si fueran considerados como parte de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo no prescribirían, ni serían amnistiables |10|.

5) La propuesta concreta de Proyecto de Ley, por tanto, no es sólo humillante para las víctimas al negarles el reconocimiento jurídico, es también profundamente inmoral y, por consecuencia, viola los principios básicos fijados por el derecho internacional de los derechos humanos a las víctimas de crímenes graves, como pueden ser los crímenes contra la humanidad. |11|

6) La propuesta contiene un elemento de alegalidad que consideramos sumamente peligroso para la legitimidad de la propia Constitución democrática en vigencia, toda vez que manifiesta por omisión el reconocimiento de la legalidad franquista por fuera de los límites establecidos por la propia Constitución, por el derecho interno, por numerosas convenciones internacionales suscritas por España y por el derecho internacional consuetudinario aplicable.

7) La denominada "seguridad jurídica" entendida, como hace el Gobierno, como el mantenimiento de la normativa de un régimen manifiestamente ilegal, plantea una cuestión de fondo con la que no coincidimos, dado que entendemos que el único medio válido para fortalecer la "seguridad jurídica" es un mayor grado de juridicidad en la regulación de las conductas de los ciudadanos, y no el mantenimiento de normas cuyo origen no sólo está fuera de la propia Constitución, sino que conllevan la negación de principios básicos propios de las libertades civiles, como los contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros: el derecho a un debido proceso y el derecho a un recurso judicial eficaz. No podemos admitir en un estado de derecho la interpretación de que existe "seguridad jurídica" sin garantizar la justicia. Ni tampoco podemos aceptar una interpretación de "seguridad jurídica" que lleva inexorablemente a una manifiesta y grave injusticia. El Gobierno pretende hacernos creer que la seguridad jurídica es incompatible con la justicia. Y este supuesto es falso de pura falsedad.

8) Con el cumplimiento de la proposición no de ley realizada por el diputado Ramón Jáuregui Atondo, el Gobierno no hace más que satisfacer sus obligaciones para con el Congreso; plantea en cambio una manifiesta mala fe en la relación con las demandas de las asociaciones, ya que durante este período de tiempo se han hecho declaraciones en relación a las mismas manifiestamente demagógicas, y que, como demuestran los hechos, tuvieron como consecuencia una creación deliberada de falsas expectativas.

9) No podemos responder a argumentos jurídicos o políticos que no se han fundamentado debidamente y con la formalidad necesaria, pero es evidente que el negar la nulidad de los juicios sumarísimos, o mejor dicho, el total silencio sobre esta cuestión, demuestra una manifiesta mala fe, toda vez que el propio Partido Socialista fundamentó en derecho dicha nulidad en una proposición no de ley presentada por la Diputada por León, Amparo Valcarce, la cual fue sometida a votación el 10 de septiembre de 2003 y derrotada, al contar con mayoría parlamentaria, en aquella legislatura, el Partido Popular. |12|

10) Por lo tanto, debemos decir claramente que no existe una "Ley de víctimas del franquismo" y que la única proposición de ley que comprendía las particularidades de la víctimas es la denominada "Proyecto de ley sobre Memoria Histórica Republicana i Antifacista" presentada como tal ante el Parlamento el 21 de noviembre de 2005 por los diputados Joan Puigcercós i Boixassa y Joan Tardà i Coma. |13|

Dicho proyecto de ley fue rechazado con el argumento, por parte del Partido Socialista, de que presentaría una ley sustitutoria que mejoraría la presentada por Esquerra Republicana, hecho que ha resultado manifiestamente falso.

Esta ley tuvo además una alternativa parlamentaria presentada por el Grupo de Izquierda Unida que, con el argumento de la "Memoria histórica", dejó de lado todo argumento moral y jurídico a favor de las víctimas. |14|

11) Ratificamos nuestra declaración de fecha 29 de marzo de 2006 "Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente los crímenes graves" y constatamos además que el proyecto de ley deja sin resolver el grave problema de las exhumaciones ilegales, lo que consideramos una vez más, un acto de mala fe por parte del Gobierno toda vez que en la Orden de Presidencia "ORDEN PRE/3945/2005 se establecían subvenciones para dichas exhumaciones y además, se denegaba expresamente el derecho a un proceso judicial eficaz al establecer, en su artículo 5.2 c) que:

12) El proyecto de ley tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de la legalidad originada en el régimen franquista y plantea la igualación de víctimas y verdugos en un acto perverso e inmoral que reviste la característica de un burdo negacionismo de la verdad histórica, planteando que la actual democracia tiene su límite en la legalidad formal de aquel régimen.

13) Ratificamos, por tanto, el plan de acción y los principios contenidos en el informe "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" de fecha 14 de abril de 2004, conocido como "Informe Nizkor", así como las correspondientes declaraciones complementarias |16|

14) Afirmamos que la reconciliación definitiva de los españoles sólo se puede conseguir con justicia y que el Gobierno está confundiendo olvido con reconciliación, justicia con venganza y memoria con alegalidad. Las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, en un estado de derecho, sólo existen frente a la ley y el no reconocerlo así provoca la exclusión jurídica de todas las víctimas del régimen franquista, negando el derecho a la justicia y negando la igualdad jurídica frente a los derechos de otros tipos de víctimas, como las del terrorismo.

15) Solicitamos a los partidos políticos democráticos con representación parlamentaria una profunda reflexión sobre las consecuencias perversas de este tipo de actos que aumentan el déficit democrático pendiente desde la denominada transición y que tienen como consecuencia el que los ciudadanos lleguen a la conclusión de que las libertades civiles, los principios democráticos y los derechos humanos son en realidad parte de una "democracia otorgada" por un régimen ilegal como el franquismo.

Equipo Nizkor
Bruselas y Madrid
01 septiembre 2006

Notas:

1. Ver "Texto del 'Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura'", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/proyley.html [Volver]

2. Ver "Enmienda de sustitución a 162/80, 162/24 y 162/4", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/enmpsoe.html [Volver]

3. Ver también, en relación con el contenido de esta proposición no de ley aprobada el 1 de junio de 2004, las declaraciones del portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Diputado Ramón Jáuregui Atondo, publicadas el 19 de julio de 2006 por la Agencia de Noticias Europa Press, cuyo texto completo se encuentra en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/jauregui.html [Volver]

4. En la reunión del 30 de junio de 2004 participaron, entre otros, Ana Viéitez, Presidenta de laAsociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo - AfarIIREP; Ludivina García Arias, Presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español; Juan Gallego, de la Asociación Memoria Viva y Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor..(Cf. Documento interno del Equipo Nizkor con un amplio resumen de la reunión en audio) [Volver]

5. Cf. Documento interno del Equipo Nizkor con un amplio resumen de la reunión en audio. [Volver]

6. Ver texto completo en "Respuesta a la Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/civf1.html [Volver]

7. Ver: "Texto completo del debate sobre la memoria histórica y las víctimas del franquismo celebrado el 01jun04 ante el pleno del Congreso de los Diputados", disponible en: http://www..derechos.org/nizkor/espana/doc/nulid3.html ; "Enmienda de sustitución a 162/80, 162/24 y 162/41", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/enmpsoe.html , y "Proposición no de Ley relativa a la revisión de sentencias y restitución moral de los españoles fusilados durante el franquismo por motivos políticos y de conciencia. (162/000096)", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/iu.html [Volver]

8. El artículo 10.2 de la CE de 1978 establece: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España."

Y el artículo 96.1 de la misma Constitución dispone: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional."

A su vez, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969, recoge en su numeral 26 el conocido principio de derecho internacional "Pacta sunt servanda", esto es, "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.". Y en su numeral 27: "El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. [Volver]

9. Según la definición del Diputado Ramón Jáuregui Atondo en la reunión con las asociaciones, de 30 de Junio de 2004, y según el documento interno del Equipo Nizkor con un amplio resumen de la reunión en audio. [Volver]

10. Ver en este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 237/2005, de 26 de septiembre de 2005, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/tcgtm1.html [Volver]

11. Entre otros, podemos citar: "60/147. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/impu/dihonu.html ; "United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions" [ENG], disponible en http://www.mnadvocates..org/4Jun20046.html ; "Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/boven.html ; "La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión.", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html [Volver]

12. En relación con esta proposición no de ley, ver: "Debate parlamentario donde se rechaza la anulación de los juicios sumarios de la dictadura franquista.", disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/juicsumarios2.html y "Comunicado sobre el debate parlamentario del 01jun04 sobre la memoria histórica.", disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/afar2.html

Durante la reunión de 30 de junio de 2004 con los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava y Pedro José Muñoz, Diputado por Ávila, el primero alegó en su descargo "que a pesar de estar sentado en el escaño inmediato al de Amparo Valcarce creyó que la proposición no de ley tenía que ver con las exhumaciones... y no con la nulidad". De creerle al Diputado Ramón Jáuregui, esa es la razón por la que no incluyó la nulidad de los juicios sumarísimos en la proposición no de ley de 1 de junio de 2004, aunque obviamente nunca rectificó el "presunto error". [Cf. Documento interno del Equipo Nizkor con un amplio resumen de la reunión en audio.] [Volver]

13. Ver texto completo del documento "Proyecto de ley sobre Memoria Histórica Republicana i Antifacista" en: http://www..derechos.org/nizkor/espana/doc/esqley.html [Volver]

14. Ver texto completo del proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-izquierda Unida-iniciativa Per Catalunya Verds, bajo el título "Proyecto de Ley de promoción de la recuperación y fomento de la Memoria y Cultura Democráticas" en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/iuley.html [Volver]

15. Ver el texto completo de la "Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente los crímenes graves" en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/orden.html

El día 16 de marzo de 2006 se mantuvo una reunión con los diputados D. Ramón Jáuregui Atondo y Pedro José Muñoz en representación, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se les explicó detalladamente la situación y la gravedad de la misma. Al cabo de esta tensa reunión, el diputado Ramón Jáuregui se comprometió a enviar una carta a la Vicepresidenta del Gobierno exponiendo nuestras demandas. A dicha reunión, solicitada por el Equipo Nizkor, asistieron además Ana Viéitez, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo; Juan Barceló en representación de la Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español - AGE (Archivo Guerra y Exilio); Fermín Sánchez, en representación de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, y Félix Rodríguez en representación de la Asociación Manuel Azaña. [Volver]

16. Ver texto completo del informe "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html. Asimismo, son de relevancia las siguientes declaraciones acerca de aspectos específicos del conjunto de medidas solicitadas por una serie de organizaciones de víctimas y derechos humanos:

 

 

Organizaciones que promueven el documento
Firman (orden alfabético):
Algunas adhesiones a título individual.
  • Xosé Manoel Alonso Noceda, Galicia
  • Salustiano Arguello, miembro de la Junta directiva de la Asociacion de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Oviedo.
  • Antonio Arnau, Espai Alternatiu, Valencia.
  • Blanca Alvarez, Bruselas
  • Carmen Blanco, escritora y profesora de la Universidade de Santiago de Compostela.
  • Aitana Bernete Núñez, Cornellà de Llobregat
  • Marí José Bernete Navarro, Cornellà de Llobregat
  • Victoriano Bernete García, Cornellà de Llobregat
  • Pedro Calvillo Serrano.
  • Juan Diego Pérez González, Madrid
  • Francisco Ferrer Martínez, ex preso politico en la guerra civil, victima del franquismo.
  • Inés García Holgado, Abogada, Argentina.
  • Benjamín García Holgado, Abogado, Argentina.
  • Maía Dolores García Macias, hermana de desaparecido.
  • Angel García Rodríguez, nieto de desaparecido.
  • Gloria Garcés Tébar, Zaragoza
  • Barbara Garcia Martinez, hija de Rocio Martinez Borbolla, española desaparecida bajo la dictadura militar en Argentina en el año 1976.
  • José García Murcia, Lorca
  • Pedro A. García Bilbao, Dr. en CC.Políticas y Sociología, Prof. Universidad Rey Juan Carlos
  • Carlota Leret O´Neill, hija del Comandante de Aviación Militar Virgilio Leret Ruiz, Venezuela
  • Graciela Lois, acusación particular en el caso de los desaparecidos españoles en Argentina e integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de Argentina.
  • Javier Lucas Ruiz,
  • Juanjo Llorente, PCPV, Valencia
  • Andrés Martínez Jerez.
  • José Mariá Melero Pérez, Foro por la Memoria, Castellar de Santiago.
  • Xose Ramón Mojon Gonzalez, Barbadas, Ourense
  • Teresa Nieto Cobos, Esquerra Unida P.V.
  • Inocencia Navarro Fernández, Cornellà de Llobregat
  • Pedro Pescador Morán.
  • Josep Pinyol i Balasch, Cornellà
  • Josep Maria Pi i Janeras sindicalista de la C.G.T. del secretariado de A.R.M.H.de Catalunya
  • Javier Pérez Moure, Cornellà de Llobregat
  • José Fernando Pérez Oya, Vigo
  • Julio Recuero Casado, nieto de desaparecido.
  • José Ramón Rodríguez Fernández, hijo de mutilado.
  • Covandonga Rodríguez González, hija de desaparecido
  • Claudio Rodríguez Fer, escritor y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela
  • Teresa Sagrado Vives, Valencia

 

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