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Debate en el Parlamento Ley de la Memoria (enmiendas a la totalidad)

14 de Diciembre de 2006

-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)

         El señor PRESIDENTE: Concluido el debate pasamos al punto IX del orden del día. Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia física durante la guerra civil y la dictadura. Como saben, se han presentado tres enmiendas a la totalidad; una primera de devolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y dos de texto alternativo, una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y la segunda del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

         Procedemos al debate con la presentación del proyecto por un miembro del Gobierno. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, señorías, aunque ya lo hice anoche, quiero desde esta tribuna que mis primeras palabras sean para expresar, en mi nombre y en nombre del Gobierno, nuestro profundo pesar y nuestro más hondo sentimiento por la pérdida de Loyola de Palacio. Fue una mujer extraordinaria, una mujer valiente y comprometida y una magnífica parlamentaria. Quiero una vez más rendir tributo a su persona y a su trabajo; a ella y a todos los miembros del Partido Popular. (Aplausos.)

Señor presidente, señorías, hoy presentamos ante esta Cámara el proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. En primer lugar, me gustaría dar las gracias públicamente a todas las asociaciones, grupos, entidades y particulares       –más de 14.000- que con su conocimiento, su contribución y sus propuestas han colaborado de manera muy importante en los trabajos de la comisión interministerial y, por tanto, nos han ayudado a elaborar este proyecto de ley. Mi reconocimiento a todos ellos en nombre del Gobierno. Además de dar respuesta a un mandato parlamentario, esta ley, señorías, entronca sus raíces en la necesidad de hacer un reconocimiento público a todos aquellos que sufrieron la injusticia inherente a la violencia que tanto dolor y sufrimiento generó entonces en nuestro país. Como país perdimos mucho pero como sociedad perdimos mucho más y es que las víctimas de la violencia fueron no solo los perseguidos, represaliados o condenados injustamente, sino también sus familiares y allegados, así como los millones de ciudadanos que padecieron sus consecuencias.

Después, durante cuarenta años, llegó el exilio exterior e interior, años en los que una buena parte de los españoles tuvieron que añadir al desgarro de la violencia la negación no ya de las libertades y derechos democráticos que todos padecimos, sino el del reconocimiento público y de la memoria de su propia existencia, de su libertad e incluso de su honor y del derecho a su propia dignidad, y será paradójicamente ese cúmulo de dolorosas experiencias el que, al finalizar la dictadura, ya en la llamada transición, llevó a los españoles a querer mirar hacia delante, sin negar el pasado, pero con la mirada firme en el futuro que se vislumbraba en el horizonte, pensando en una democracia de todos y para todos, sin exclusiones y sin olvidados. Hace treinta años, señorías, que esa democracia empezó a abrirse paso en nuestro país. Incluso  aquellos a quienes se suponía guardianes del viejo orden aceptaron que era imparable el tránsito del pueblo español hacia un Estado de derecho, un tránsito mesurado, pero firme, basado en la confianza del que tiene un objetivo claro y sabe que puede y debe alcanzarlo. Los gobiernos, los partidos políticos, las altas instituciones, las fuerzas sociales, todos, absolutamente todos, supieron, supimos estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la ciudadanía, una ciudadanía que ha seguido demostrando desde entonces la sabiduría de una nación madura consciente de su historia, de su bagaje, indudablemente amargo, pero también donde estaba su futuro. En mi opinión, el éxito de la transición se debe en buena medida a que, entonces, todos nos empeñamos mucho más en encontrar lo que nos unía que lo que nos separaba. Trabajamos mucho más en tejer que en destejer, nos empeñamos todos en sumar y no en restar, y fue el futuro, mucho más que el pasado, el protagonista de aquella historia que quisimos escribir entre todos. El futuro se convirtió en el verdadero motor que tiró de esa España hacia delante, y es ahora, treinta años después, cuando, al mirar los hitos del camino que entonces emprendimos, es posible apreciar nítidamente la claridad con que fueron entendidas las grandes prioridades que había que abordar, las decisiones que era necesario tomar para poder recorrer ese camino con ilusión y sin rencor, con muchas heridas en el alma, pero con la mirada limpia y con el objetivo común y compartido de convivir en libertad y en democracia.

         Señorías, desde los inicios de la transición, entre esas prioridades, entre esas iniciativas sobre las que fundamentar el nuevo Estado de derecho estuvo la de reinstaurar la justicia y superar las discriminaciones de la dictadura. En julio de 1976 se aprobó el primer Decreto de Amnistía y se inició la sucesión de disposiciones restauradoras de la que esta ley que hoy presentamos forma parte. Muchos, todos los presos políticos, simplemente salieron de las cárceles y recuperaron su libertad personal, otros muchos, los funcionarios de la Administración pública o de la justicia, o los maestros que habían sido depurados se vieron rehabilitados en sus derechos tanto activos como pasivos. También los militares que habían sido fieles a la república recuperaron su derecho a una pensión. Paso a paso y ley a ley se reconocieron indemnizaciones y pensiones a las viudas, hijos y familiares de las víctimas de la guerra y a  los mutilados de la república. Llegaron también las pensiones a quienes no eran militares profesionales, pero habían luchado defendiendo la república. Eran medidas de auténtica justicia, medidas necesarias para que todos juntos pudiésemos caminar hacia la democracia, para acabar con la desigualdad y discriminación que la dictadura había generado, y se aceptaron entonces a pesar de que supusieron un tremendo esfuerzo económico para una España sumida como ningún otro país de su entorno en la llamada crisis del petróleo.

Los datos reflejan muy bien el esfuerzo, fíjense: en los años ochenta, una cuarta parte de los perceptores de pensiones lo eran por pensiones de guerra y en 1991 el coste de estas pensiones llegó a suponer más de una cuarta parte del total. Cifras impresionantes en un país sometido a un duro ajuste económico. Pero lo hicimos entonces porque sabíamos que no era un acto de generosidad, sino de justicia. No confundimos entonces, como no lo hacemos ahora, valor y precio.

El informe general de la Comisión para el estudio de la situación de las víctimas y de la Guerra Civil y el franquismo, entregado a esta Cámara, junto con el proyecto de ley que hoy presentamos ofrece, señorías, el detalle pormenorizado de toda esta acción reparadora de la transición que se extendió, ya con nuestra democracia plenamente consolidada, con medidas como la indemnización por haber estado en prisión por causas políticas en la guerra y la posguerra y la devolución de bienes y derechos a partidos políticos y a sindicatos. Su lectura conviene por tanto a quienes afirman que nada se ha hecho por la reparación, afirmación injusta, no para el Gobierno que presenta esta iniciativa sino para todo un país que se esforzó por reintegrar derechos y protección social a quienes habían sido tan injustamente excluidos. Libertad, reconocimiento, protección pública fueron desde los inicios de nuestra democracia las palabras clave de una nueva convivencia. Una convivencia basada en la concordia, en la libertad individual y colectiva, en el respeto y en la tolerancia.

Señorías, como ya he señalado, el proyecto de ley que hoy se presenta en este Parlamento es fruto de la iniciativa de este Parlamento. El 1 de junio del año 2004 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que instó al Gobierno a que elaborase un informe sobre las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a las personas con motivo de la Guerra Civil, de la represión efectuada por el régimen franquista y también de los que se hubiesen podido producir durante la transición a la democracia, con propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para mejorar la situación actual. El Congreso de los Diputados instaba también al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley de Solidaridad. Un proyecto de ley de Solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por nuestra Constitución, para rendirles de este modo un tributo de reconocimiento y de justicia. Finalmente, la proposición invitaba al Gobierno a informar de la situación de los archivos sobre este periodo histórico y a facilitar el acceso a los datos que consten en ellos, ya sean de carácter público o privado. Pero también este proyecto de ley es heredero, señorías, de un pronunciamiento histórico. El 20 de noviembre de 2002 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad –repito: por unanimidad- una declaración en la que por primera vez se reafirmaba –y cito literalmente- el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española así como de quienes padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Señorías, eso lo aprobó esta Cámara por unanimidad en noviembre de 2002. (Aplausos.)

Con los informes remitidos y con la ley que presentamos a esta Cámara cumplimos como Gobierno escrupulosamente estos mandatos parlamentarios y lo hacemos con la firme convicción de que nos honra como pueblo reconocer la arbitrariedad de toda violencia y nos engrandece como sociedad democrática facilitar la recuperación de la memoria personal, lo que supone reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles y españolas que durante largos años sufrieron, además de la injusticia, la privación de ver cómo no se recuperaba ni su memoria ni el recuerdo de sus allegados. Esta ley profundiza además la tarea de reparación ya realizada en normas anteriores. Así, se mejora la normativa sobre prestaciones sociales, reconocimiento de pensiones, asistencia médico farmacéutica, asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los fallecidos como consecuencia o con ocasión de la Guerra Civil, ampliando su cobertura. También se aumenta el importe de determinadas pensiones de orfandad, se amplía la cobertura de las indemnizaciones a colectivos que anteriormente se veían excluidos y se contemplan exenciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como ayudas para compensar a quienes ya habían tributado por ellas. Con estas medidas, señorías, seguimos pues avanzando en la línea marcada desde la transición y profundizamos en la reparación material de las víctimas. Pero, junto a ese reconocimiento y ampliación de los derechos materiales de las víctimas, la ley pretende saldar una deuda, señorías, la deuda de la injusticia. (Aplausos.)  La ley quiere saldar esta deuda que como sociedad tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual y personal. Es un reconocimiento moral a las víctimas pero también un reconocimiento a sus derechos individuales, derechos que aún hoy no les han sido reestablecidos, derechos con los que el Gobierno quiere una vez más extender la igualdad, eliminar toda la discriminación y restaurar el honor y la dignidad que se les debe a quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura y a quienes vieron despreciado su nombre o el de sus familiares y cruelmente condenado su derecho a la memoria y a la dignidad de su recuerdo.

         Señorías, ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores, es a ellos a quienes corresponde escribir la historia; tampoco le corresponde al legislador construir o reconstruir, determinar o implantar una supuesta memoria colectiva, porque la memoria tiene que ver con la relación que las personas establecen con su pasado y, por tanto, exige una reelaboración necesariamente personal. Es obvio que nadie puede resolver aquello que no forma parte de su experiencia personal. Francisco Ayala ha escrito que no hay ningún hombre que posea memoria histórica por la sencilla razón de que nadie recuerda ni puede recordar lo sucedido fuera del ámbito de su propia experiencia. Conocer el pasado y recordarlo, señorías, son cosas distintas y, por tanto, memoria e historia no son lo mismo ni tienen los mismos objetivos y es por ello que el Gobierno no ha pretendido en ningún momento con esta ley ni reconstruir la historia ni instituir una memoria. (Aplausos.) 

Ahora bien, sí es deber y sí debe ser obligación de un Gobierno y de un Parlamento consagrar, proteger y posibilitar el derecho de toda persona a su memoria individual. Por ello, el proyecto de ley aborda con el máximo vigor normativo el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, un derecho fundamental, como fundamental es la memoria para cada uno de nosotros. Porque somos, porque tenemos memoria, porque somos el fruto de la elaboración y reelaboración de nuestra biografía y la memoria, señorías, es la condición necesaria de nuestra identidad única.

La implacable dictadura franquista impidió el ejercicio de muchos derechos y entre ellos, sin duda, el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad de mucha gente que desapareció sin tener la posibilidad de reconstruir no ya su propia vida, sino su propia memoria, y el derecho a dar a conocer lo recordado y a transmitir memoria a los que vinieron después. Se negó así la única posibilidad de sobrevivir al menos en el recuerdo, un recuerdo público y publicado, honorable y digno y se negó así la única posibilidad de sobrevivir al menos en el recuerdo a muchos millones de españoles. Esta dictadura, señorías, fue tan larga que muchos de los que la padecieron, y que padecieron sus rigores o que fueron testigos de los sufridos por sus familiares, murieron sin poder ejercer esos derechos y poner remedio a esa injusticia, que es lo que pretende la ley que hoy presentamos. Para ello, por primera vez en la historia reciente de nuestro país un proyecto de ley reconoce y declara, con carácter general, la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal ocasionadas por razones políticas o ideológicas durante la guerra civil y la dictadura. (Aplausos.) Las razones políticas e ideológicas incluyen todas cuantas actuaciones, sanciones y decisiones fueron objeto de represión o prohibición, incluyendo la pertenencia o la colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas y militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

Además, señorías, la ley da un paso más allá y reconoce el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular, a una reparación y reconocimiento personal e individual de la injusticia infligida a cada una de ellas. Con ello se garantiza que los allegados de los que sufrieron violencia o persecución puedan ver rehabilitado el nombre y el recuerdo de sus familiares y así recuperar el honor y la dignidad pública de su biografía personal a través de una declaración que proclame la injusticia del castigo, es decir, su inocencia y el sufrimiento que padecieron.

Podrán solicitar esta declaración quienes durante la guerra civil y la dictadura sufrieron condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas o ideológicas. Esta declaración afectará a las penas y a las sanciones impuestas durante la guerra por juzgados, tribunales u órganos administrativos de cualquier naturaleza que no gozaban de los requisitos y garantías de los que goza hoy en nuestra concepción en el ámbito de un Estado de derecho, pero también afectará a las actuaciones y a las ejecuciones llevadas a cabo con o sin sentencia, con o sin resolución administrativa por cualquier organización o grupo durante el mismo periodo. Y será, señorías, una declaración pronunciada en nombre de la democracia y en nombre de este Parlamento. (Aplausos.- Un señor diputado: ¡Muy bien!)

         Señoras y señores diputados, el reconocimiento moral de las víctimas y la restitución del derecho a la memoria implican también el reconocimiento del derecho de los familiares y allegados a localizar, identificar y, en su caso, recuperar los restos de sus parientes. También aquí nuestra obligación es facilitar el derecho de las personas a disponer de su propia memoria individual. A ellos corresponderá la decisión y el Estado, garantizando siempre el respeto a la ley y el interés legítimos de cuantas partes puedan estar afectadas por las actuaciones que sean necesarias, articulará procedimientos que faciliten la localización, la identificación y la recuperación de los cuerpos de sus familiares. Una vea más, señorías, estamos extendiendo derechos. Del mismo modo, atenderemos con esta ley la reiterada petición de víctimas y familiares, de asociaciones, de investigadores, petición también trasladada al Gobierno por esta Cámara en la proposición a la que me he referido, de facilitar el acceso y sin límites a los archivos que guardan la memoria de la guerra civil y de la dictadura. Así lo establece la ley al garantizar a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos depositados en los archivos públicos, unos fondos que se integrarán y reunirán en el Archivo General de la Guerra Civil Española y que se irán enriqueciendo con el programa de convenios, también recogido en esta ley, para la adquisición de aquellos documentos que obren en archivos privados o de otras administraciones, tanto nacionales como extranjeros, y que sean relevantes para nuestra historia. La creación y puesta en marcha, también en Salamanca, del Centro Documental de la Memoria Histórica permitirá organizar convenientemente todos estos fondos documentales, de forma que estén efectivamente a disposición de quienes deseen consultarlos. Además, este centro tendrá una labor activa en el fomento de la investigación, impulsará la difusión de sus fondos y contribuirá, en definitiva, al mejor conocimiento del período histórico al que nos referimos. Me gustaría subrayar en este punto el riguroso trabajo realizado por la Comisión interministerial, recogido en el informe que se ha entregado en esta Cámara sobre los archivos. De la lectura de sus conclusiones se desprende la necesidad de acometer una intensa labor de organización y modernización de estos archivos. Para ello, se realizan distintas propuestas, incluida la elaboración de una ley de archivos.

         Permítanme, señorías, que me refiera finalmente de forma muy breve al capítulo que el proyecto de ley dedica a los símbolos y a los monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura, símbolos por cierto cuyo destino ha sido una de las cuestiones que ha suscitado mayor debate y que ha venido siendo objeto de una intensa actividad parlamentaria. Una vez más, señorías, sus propuestas han sido tomadas en consideración, porque efectivamente, aunque a lo largo de la transición y hasta hoy se han cambiado nombre de calles y de plazas, se han eliminado símbolos en edificios oficiales o erigido monumentos a las víctimas de la represión, no ha existido hasta el momento en torno a ellos un criterio concertado y global. Establecer ese criterio general es lo que pretende la ley en este punto. Sus disposiciones evidentemente afectan solo a los organismos de titularidad estatal -somos respetuosos de las competencias de cada cual-, pero a ellas pueden acogerse todas las administraciones, instituciones y entidades, y yo les invito a ello, porque se trata de un criterio, como el de toda la ley, ponderado y respetuoso; no resta, suma.

Se sustenta firmemente en el principio de evitar toda esa exaltación del conflicto entre los españoles, como también en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Por eso, en el artículo 17 la ley ordena a los órganos de titularidad estatal que tomen las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y menciones conmemorativas de la guerra civil cuando promuevan confrontación o se identifiquen con el régimen franquista. Y digo que la ley es respetuosa porque, cuando esta retirada no sea procedente por razones históricas o artísticas, se considerará colocar en el mismo lugar, de modo visible, una inscripción o placa que recuerde y rinda homenaje a todas las víctimas. Señor presidente, señorías, esta es una ley heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada, la concordia. Esta es una ley que, lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia, y de manera muy especial con aquellos que se vieron privados del derecho a su memoria, aquellos cuya biografía quedó silenciada o mutilada durante años.

El Parlamento, señorías, es la casa de todos los españoles y el mandato de los representantes parlamentarios en una democracia es legislar para todos los españoles. A ello ha querido contribuir el Gobierno con esta ley. Nuestra obligación como representantes del pueblo es garantizar la igualdad de derechos entre españoles, seguir afianzando la concordia en la justicia, seguir profundizando en la igualdad y en la solidaridad. Es una deuda que tenemos contraída con todas las víctimas, pero también es una deuda con las generaciones futuras. Con el reconocimiento y profundización de los derechos de las víctimas que esta ley establece, señorías, enriquecemos nuestro legado de concordia, de justicia y de libertad. Mi reconocimiento a todos ellos en nombre del Gobierno. Decía Ramón Llull que la justicia nos proporcionará paz y también trabajos. Por mi parte, puedo decirles que el Gobierno ha trabajado con rigor, con respeto y con el convencimiento de que es posible mejorar nuestra sociedad, haciendo justicia a todos aquellos que aún no habían recibido el homenaje público debido a su sacrificio. (Aplausos.) Hace unos días, a propósito de la muerte de Pinochet, afirmaba el poeta Mario Benedetti que la muerte había ganado a la justicia. Pues bien, para que al horror de tanta muerte, tanta humillación y tanta represión injusta no añadamos el oprobio del olvido, les pido el voto para esta ley.

         Muchas gracias. (Aplausos.)

         El señor PRESIDENTE: Gracias.

Turno a favor de las enmiendas a la totalidad, comenzando por la de devolución.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Atencia por un tiempo de 15 minutos.

         El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.

         Señoras y señores diputados, en primer lugar, señora vicepresidenta, miembros del Grupo Socialista, gracias por su reconocimiento hacia doña Loyola de Palacio.

         Antes de entrar en la defensa de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular, me gustaría hacer dos precisiones a raíz de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno. En primer lugar, este país, que adoptó medidas de reconocimiento, de recuperación y de rehabilitación de las víctimas, tenía gobiernos que impulsaron esas medidas y que buscaron siempre el consenso político.  En segundo lugar, la resolución unánime el año 2002 se produjo con mayoría absoluta del Partido Popular, por unanimidad, y era una culminación y un cierre, no lo que dice su señoría. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)

         Voy a defender la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, y lo hago con la tranquilidad y la autoridad que me da hacerlo en nombre de un grupo político que no tiene más pasado ni más herencia que la transición y la democracia. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Solicitamos la devolución de este proyecto al Gobierno por varias razones. En primer lugar, porque es una ley innecesaria a la vez que extemporánea y errónea, porque es una ley hipócrita y falsaria y porque es una ley jurídicamente irrelevante que pretende atribuir derechos ficticios. Además, señorías, el planteamiento que subyace detrás de  este proyecto de ley -legislar la llamada memoria histórica- constituye un gran error. Este proyecto supone un torpedo en la línea de flotación de nuestro régimen político, de la legitimación de la democracia, que es la transición y el pacto constitucional, y es además una iniciativa que no sintoniza ni con los anhelos, ni con los sentimientos mayoritarios de la sociedad española.

         Como decía, esta es una ley innecesaria. Nuestra democracia, bajo distintos gobiernos y mayorías, de la UCD, del PSOE, del Partido Popular, tomó numerosas iniciativas y adoptó numerosas medias a favor de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Tales iniciativas estaban y están en la naturaleza de la Constitución, que es la suma expresión de la reconciliación y de la concordia entre los españoles. Pero, señorías, señores miembros del Gobierno, para ampliar, para mejorar o complementar esos derechos económicos de algunas víctimas no era necesaria esta ley. Para ese objetivo, que el Grupo Popular comparte, no era necesario un proyecto de esta envergadura ni este lío que ha organizado el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Para ese objetivo tenían nuestro voto, pero no para esta ley. Tampoco justifica esta iniciativa pretender abordar cuestiones que hace más de cuatro años resolvimos de forma unánime en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, cuando establecimos mandatos claros en materia de colaboración de las administraciones públicas para la localización e identificación de víctimas, derechos de los exiliados, etcétera.

Además, esta es una ley jurídicamente irrelevante, porque introduce derechos ficticios sin contenido alguno, como ese pretendido nuevo derecho fundamental denominado derecho a la memoria personal y familiar. Es difícil encontrar algo semejante en el derecho comparado; es un derecho inédito y no reconocido en ninguno de los pactos internacionales de derechos humanos. Como afirmaba Juan Antonio Ortega en un reciente artículo, es un derecho de una enorme originalidad, inimaginable para Papiano, para Kelsen o para cualquier autor de ciencia política. Además, en la declaración de este pretendido derecho no intervienen los jueces. La seguridad jurídica no existe, no preocupa. Se reconoce a un consejo carente de carácter jurisdiccional capacidad para juzgar actuaciones del pasado prescritas y juzgadas. Por si fuera poco, dicho consejo habrá de decidir, sin prueba contradictoria alguna, a modo de tribunal de la inquisición de la memoria oficial, qué conductas pretéritas fueron manifiestamente injustas.

Además, esta ley es falsaria e hipócrita, porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que en realidad no es sino un paso más en la estrategia de ruptura del gran pacto de convivencia entre los españoles que fue la transición y la Constitución. (Aplausos.) Pero además sus fines son contradictorios en sí mismos. Busca nominalmente suprimir división, pero la propia existencia de la ley significa un factor de división y de enfrentamiento.

Habla de reconciliación y de concordia, pero eso, señorías, no tiene nada que ver con remover el barro. Por otro lado, además este proyecto parte de dos axiomas falsos. Por un lado, dice que es hora de honrar a las víctimas. ¿Es que no lo hicimos en la transición? (Varios señores diputados: ¡No!)  ¿Es que no lo hemos hecho en 30 años? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo hicimos con la Constitución? (Varios señores diputados: ¡No!)  ¿Es que no lo ha hecho esta Cámara de forma reiterada? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo hicimos solemnemente el 20 de noviembre del año 2002? (Un señor diputado: ¡Lo hiciste tú!-Un señor diputado: ¡Muy bien!-Una señora diputada: ¡Sí!) Por otro lado, dice además que afirma contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles. Señorías, las heridas del pasado quedaron definitivamente cerradas con la transición (Un señor diputado: ¡No!), la reconciliación nacional y la Constitución de la concordia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

         La mejor memoria que tenemos los españoles, todos los españoles, es la transición, que cerró una larga historia de división y además cerró y cicatrizó las heridas de la guerra civil y del franquismo y la mejor memoria ha sido y sigue siendo la Constitución que encarnó el abrazo de todos y para todos. (Aplausos.) Esto, señorías, también lo quería el señor Rodríguez Zapatero cuando era un diputado de la oposición, porque en el año 1999, en esta misma tribuna, en relación con la aprobación de una medida a favor de los militares de la república -que fue respaldada, como no podía ser de otra forma, por mi grupo parlamentario, mayoritario entonces en la Cámara-, el señor Rodríguez Zapatero calificó esta iniciativa de último paso, último fleco, último resquicio y hasta de punto final en el proceso de restitución moral de las víctimas de un bando de la guerra civil. Concluyendo- el señor Rodríguez Zapatero- que con las medidas acordadas por la democracia se había conseguido culminar la reconciliación. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Eso queda ahí y nadie lo puede desmentir. Aquel espíritu de reconciliación y de concordia en la transición fue refrendado hace 4 años cuando en la Comisión Constitucional del Congreso acordamos que el pasado no fuera utilizado más como arma política, con el fin -y cito textualmente- de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. Después de las elecciones de 2004, el señor Rodríguez Zapatero rompe el pacto, traiciona aquel pacto, traiciona la posición del PSOE durante 25 años -incluidos los 14 años de Gobierno Socialista- (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) y se traiciona así mismo como han visto sus señorías; se traiciona así mismo. (Aplausos.) Sin tenerlo en su programa electoral, el PSOE se suma a los deseos de sus socios políticos y asume plena y abiertamente el objetivo de recuperar la llamada memoria republicana. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Por qué reabrir un capítulo que se cerró con éxito en la transición? ¿Por qué si el señor Rodríguez Zapatero daba por cerrada la meta de la concordia cuando estaba en la oposición es capaz de decidir que ya no lo está cuando asume la responsabilidad de gobernar? ¿Por qué ahora dice usted, señor Rodríguez Zapatero, que esta ley es un imperativo moral, una deuda improrrogable con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, cuando hace 7 años habló del último paso? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el camino en el que se ha metido -y nos pretende meter- el Gobierno y el planteamiento general de esta cuestión nos parece un error y un auténtico disparate.

         Señorías, ni más ni menos, lo que se quiere es hacer revisionismo de nuestra historia. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) En vez de asumirla en su integridad, como se hizo en la transición, se quiere reescribir la historia. (Una señora diputada: ¡No, como vosotros!) Se quiere imponer una verdad oficial. Se quiere revisar la transición e imponer una tesis falsa que da a entender que hay vicios de origen en nuestro proceso político y democrático que ha llegado la hora de revisar y actualizar. Se quiere imponer como antecedente de nuestra democracia constitucional la II República. Al mismo tiempo que subyace el intento de establecer una legitimidad distinta a la de la transición y la Constitución de 1978.

La mal llamada memoria histórica no es más que el intento partidista de utilizar la historia. Se trata de utilizar el pasado como arma política, estableciendo una falsa y maniquea, a la par que irresponsable, división entre los españoles de forma que a los españoles y a las fuerzas políticas actuales se les identifique nada menos que con los criterios establecidos para los bandos de la guerra civil.

Y todo esto, señorías, lo rechazan todos los historiadores solventes, que dicen que lo de la memoria histórica es un mero espejismo, porque o hablamos de memoria o hablamos de historia. Por cierto, eso de memoria colectiva, que a algunos les gusta tanto recordar, es propio solo del nacionalsocialismo. Le recuerdo las palabras de Antonio Muñoz Molina, quien recientemente decía: No tiene sentido hablar de memoria histórica pues la transición cerró las heridas de la guerra civil. El espíritu de la transición, que animaba a todos a los que hicieron posible la recuperación de las libertades, significaba, en última instancia, dejar la historia para los historiadores y no usarla jamás como arma política arrojadiza; solo hay que leer el debate del día 14 de octubre de 1977 en esta Cámara, con ocasión de la Ley de Amnistía, y las intervenciones de relevantes miembros de la izquierda y de la oposición democrática al franquismo, como Marcelino Camacho, Chiqui Benegas, Javier Arzalluz o Rafael Arias-Salgado. Les animo a releerlo, porque verán dónde está el espíritu del germen de lo que al final fue el pacto constitucional y la propia Constitución.

         El discurso y la estrategia de la memoria histórica asumida por el Gobierno se pretende justificar en los supuestos olvidos y silencios que se produjeron durante la transición. Lo acaba de dar a entender la señora vicepresidenta, pero la inmensa mayoría de los españoles que vivieron y protagonizaron el paso de la dictadura a la democracia saben que esto es radicalmente falso. Es falso que en la transición no hubiese memoria; hubo mucha. El recuerdo de los errores y los horrores del pasado estuvieron muy presentes para no volver a cometerlos. Los principios nucleares de la transición fueron olvidos conscientes de la guerra, perdón y nunca otra vez, pero ahora parece que solo se recuerda lo último. Además, había dos ideas centrales que animaron la Constitución, llamada acertadamente de la concordia: superar las dos Españas, irreductiblemente enfrentadas, a las que ser refirió en su lamento Antonio Machado, y el paz, piedad, perdón, de don Manuel Azaña. La idea de un pacto de olvido resulta ridícula; la falsedad del planteamiento en la que tratan de apoyarse los que quieren revisar la transición democrática, queda refutada por cualquiera de sus protagonistas. Hay múltiples testimonios relevantes, además de los mencionados, de los padres de la Constitución, de Felipe González, de Miguel Roca, de Javier Solana, entre otros muchos. No hubo olvido ninguno. Nadie se vio obligado a olvidar nada ni a reprimir su recuerdo, solo nos obligamos a dejar en paz la historia y a no usarla como arma política arrojadiza. Cualquier inclusión en la transición demuestra que ninguna de las limitaciones, condicionantes, olvidos, lagunas, etcétera, que los críticos quieran atribuirle, son verdad. Después de la caída del muro de Berlín, cierta izquierda ha querido autoproclamarse como magistrado supremo en el juicio de la historia y pretende apropiarse de una presunta legitimidad para declarar qué es la verdad histórica. Nadie puede discutirlo sin ser tachado de antidemócrata, de nostálgico o, simplemente, de fascista. El riesgo, señoría, es caer en el discurso único y oficial y en la lectura maniquea de la historia, precisamente lo mismo que reprobamos con razón a la dictadura franquista. Ese intento de establecer y de imponer una verdad única y oficial nos recuerda a la obra 1984 de Orwell, en la que el ministerio de la verdad utilizaba la historia en medio de una utopía totalitaria. ¿No les parece una barbaridad ese centro de la memoria histórica? ¿No les recuerda ese centro de la memoria histórica al ministerio de la verdad? Ese intento de imponer una memoria única y oficial choca radicalmente con la posición de siempre del PSOE, traicionada ahora por el señor Rodríguez Zapatero; choca radicalmente con ese territorio común compartido de Felipe González, que no es otra cosa que la conciencia histórica común; y choca con lo que defendía Javier Solana, siendo ministro portavoz del Gobierno en el año 1985, que decía que a democracia española ha asumido la memoria histórica de España en una voluntad básica de integración añadiendo que asumir toda la historia es consustancial a la esencia misma de la democracia.

Las pretensiones de revisionismo histórico y utilización de la historia para dividir hoy a los españoles están en las antípodas de lo que entre todos hicimos en la transición. Además, como he dicho, este proyecto de ley traiciona aquel gran acuerdo de noviembre de 2002 que daba por concluidas las iniciativas que tenían que ver con esta parte lamentable de nuestra historia, a la par que reiteraba la renuncia a cualquier uso político de la misma. Nosotros, actuando coherentemente en todo momento en esta legislatura, en todas las iniciativas que se han planteado, hemos respetado esos acuerdos, y nos parece que la palabra clave es concordia y no memoria.

         Voy terminando. Ante el dilema de anclar la democracia en la guerra y la II República o anclarla en la transición, apostamos desde el Grupo Popular sin ninguna reserva por la transición y la Constitución, que permitieron no solo el tránsito pacífico a la democracia, sino la reconciliación nacional y la mayor etapa de estabilidad política, económica y social de la historia de España. Nosotros, preservando ese espíritu, queremos seguir apostando por la concordia, y esa no se estimula recuperando memorias parciales y revanchistas, rompiendo acuerdos y apoyando procesos revisionistas. Por todo ello y porque en nuestra opinión esta iniciativa es tan innecesaria y falsaria como errónea y tiene que ver más con la separación y la división entre españoles que con la reparación de las víctimas, pedimos al Gobierno que retire este proyecto de ley.

         Muchas gracias. (Aplausos.)

         El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia.

         Turno a favor de las enmiendas de texto alternativo. En primer lugar, Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Tardà.

         El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, el proyecto del Gobierno ha provocado una amarga decepción en Esquerra Republicana (Un señor diputado: Normal.), una amarga decepción compartida por las asociaciones de víctimas que sobreviven a los crímenes contra la humanidad del franquismo y los familiares de los que desaparecieron, amarga decepción que empieza en el mismo título del proyecto de ley, que niega el carácter de víctimas de atentados contra los derechos humanos a todos los fusilados, encarcelados, torturados, exiliados, expoliados y discriminados, amarga decepción al constatar que el Gobierno ha sucumbido ante el creciente protagonismo de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de la judicatura, personas instaladas en una cosmovisión histórica conformada por 40 años de dictadura. Véase, si no, la actitud de los jueces de la Sala Militar del Tribunal Supremo ante la sentencia que deniega la revisión de los consejos de guerra de Joan Peiró, Joaquín Delgado o Francisco Granado. Solo amargura y decepción puede producir comprobar que el proyecto de ley del Gobierno no reconoce que hubo personas condenadas a muerte en consejo de guerra y en consecuencia ejecutadas y tan solo reconoce que hubo quien perdió la vida y, después de tratar estos actos criminales como si fuesen accidentes y no actos intencionados llevados a cabo con voluntad de exterminar toda oposición, la exposición de motivos tiene la desfachatez de afirmar que no es tarea de la presente ley implantar una determinada memoria histórica. Cualquier demócrata con la conciencia formada en la tradición internacional de los derechos humanos tiene que indignarse con esta visión tendenciosa e interesada de los trágicos sucesos causados por la rebelión militar del 18 de julio, que duraron más de 40 años.

La decepción se convierte en indignación cuando observamos que el proyecto de ley no aborda la nulidad de los consejos de guerra y de los juicios en aplicación de la legalidad franquista. Pero, sobre todo, como demócratas nos indigna que desde la justicia española se haya invocado en su día el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, para dictar una orden de detención al general Pinochet, pero que al mismo tiempo se  reclame el principio de seguridad jurídica de la legislación franquista para oponerse a la anulación de los consejos de guerra. Una gran esperanza se abrió entre las víctimas de los crímenes del franquismo cuando el actual presidente del Gobierno en su discurso de investidura afirmó que su compromiso político había estado marcado por el ideario de su abuelo, militar fusilado por sus compañeros de milicia, por respetar el juramento de fidelidad al orden constitucional. Por eso creímos  que asumía íntegramente el testamento de su abuelo: Cuando sea oportuno se vindique también mi nombre y se proclame que no fui traidor a mi patria. Esquerra Republicana, cándidos, lo reconozco, pensó que después de 70 años había llegado el momento de vindicar el nombre de todas las víctimas, de proclamar que todas estas personas no habían cometido traición. Al contrario, habían tenido como héroes la dignidad de defender, incluso llegando a su inmolación, la libertad y la democracia contra los militares rebeldes, aliados de Hitler y de Mussolini. Sin embargo, Esquerra Republicana ha constatado que la manera de ver el mundo y la historia reaccionaria que encarnó la sublevación del 18 de julio ha penetrado en una parte de la sociedad española y que la rectificación de las ideologías que habían llevado a cabo las naciones de Europa, después de 1945, no ha tenido el efecto deseado en el Estado español. Con amargura y decepción, Esquerra constata que la derecha española ha sido incapaz de desmarcarse de sus raíces franquistas. Solo en el Estado español un partido que tiene como presidente de honor un ministro de Franco, que formaba parte del consejo de ministros que dio el visto bueno a la ejecución de Julián Grimau, corresponsable directo de los hechos asesinos de Vitoria y que todavía hoy día justifica impúdicamente al dictador Pinochet, este partido, digo, llegó a conseguir una mayoría absoluta. Este reconocimiento electoral, sin embargo, no otorga legitimidad democrática a la defensa de un régimen criminal, como el triunfo de Hitler en las elecciones de 1933 no legitimó democráticamente sus ideas expansivas y racistas. Pero la decepción es más dolorosa cuando proviene de los que creemos que están de nuestro lado. Por eso, la que podemos denominar ley Zapatero de memoria histórica, ha herido intensamente a las víctimas del franquismo y a Esquerra Republicana de Cataluña. Ningún partido socialista homologaría su proyecto de ley por tratar como tratan las víctimas de los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Señor presidente, ¿realmente cree que usted tiene que solicitar y obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal de que su abuelo no fue traidor a la patria?

¿Por qué razón el Parlamento alemán en el año 1998 pudo aprobar una ley, a instancias de un gobierno de derechas, que anulaba las sentencias penales condenatorias que se dictaron en 1933 por motivos políticos, militares, religiosos o ideológicos y, en cambio, no es posible en el año 2006 en otro Estado europeo como es el nuestro? ¿Es que acaso la sociedad alemana merece más dignidad que la nuestra?

         Señor presidente, lo que está en cuestión no es la dignidad de las víctimas, no es la dignidad de las víctimas del franquismo, porque nadie puede dudar de su ejemplaridad, lo que está en juego es el carácter criminal de las leyes franquistas, que respondían a una voluntad de exterminio de la democracia y de genocidio cultural de las comunidades nacionales catalana, vasca y gallega, y la declaración de ilegitimidad de los consejos de guerra y de los tribunales nombrados por el régimen militar rebelde. Por todas estas razones, no se extrañen si las asociaciones de la memoria histórica, que hoy nos acompañan en esta Cámara, optan por la objeción de conciencia al procedimiento que consagra su ley, caso de que fuese aprobada en los términos propuestos.

         Esquerra Republicana ha batallado a lo largo de esta legislatura para acabar de manera definitiva con la situación de las víctimas de los crímenes del franquismo; hasta diecisiete iniciativas ha presentado nuestro grupo, algunas de las cuales, como la que instaba a la anulación de la causa del presidente de Cataluña, Lluís Companys, fue aprobada por el Partido Socialista, y al cabo de pocos días fue reafirmada por la vicepresidenta en Barcelona, acompañada por el entonces president de la Generalitat, el  molt honorable Pascual Maragall, en el mismo lugar y día que nuestro presidente mártir fue fusilado por el ejército español.

         Ha llegado, pues, el momento de aplicar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el franquismo el mismo trato que establece la legalidad internacional fijada por Naciones Unidas, tarea que ya han llevado a cabo todos los Estados que sufrieron en el pasado un régimen totalitario. El artículo 10.2 de la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad  con  la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  El ordenamiento jurídico internacional desde Núremberg establece tres tipos de crímenes: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es más, en aplicación de esta participación en la legislación internacional la Justicia española -ya lo hemos dicho- pudo dictar una orden de detención contra el dictador Pinochet.

         Señor presidente, no aceptamos lo que la exposición de motivos de su ley denomina implantar una determinada memoria histórica. Nosotros nos ceñimos estrictamente a los hechos y a la valoración de estos, de acuerdo con la jurisprudencia internacional. Y voy a remitirme a los hechos. Primer grupo de hechos: la rebelión militar. El 18 de julio fue una conspiración de militares, con el apoyo financiero de las grandes fortunas del Estado, contra el Estado de derecho en el que funcionaban tribunales de justicia independientes. Rebelarse contra la República, pues, puede calificarse contra la paz, de acuerdo con la legislación internacional de las Naciones Unidas. Segundo grupo de hechos: la guerra civil. El ejército nacional desencadenó una política destinada al exterminio. La rebelión militar dejó al Estado democrático sin la fuerza necesaria para mantener la ley y provocó una situación de desorden público, con la proliferación de elementos incontrolados. A pesar de todo, es fundamental precisar que las instituciones republicanas nunca, nunca adoptaron o legislaron textos contrarios a los derechos humanos.

Tercer grupo de hechos. Régimen militar del general Franco: se ejecutaron más de cien mil personas, centenares de miles de presos republicanos encarcelados, doce mil republicanos declarados apátridas deportados a Mauthausen; campo de exterminio que Felipe González se negó a visitar en 1995 y que sí lo hizo Rodríguez Zapatero el pasado año. Por eso nos duele todavía más que, en vista de aquel error, se haya atrevido a patrocinar esta ley. ¿Quién se atreverá a discutir que los consejos de guerra y las ejecuciones de Lluis Companys, Joan Peiró, Blas Infante, Carrasco i Formiguera, Salvador Puig Antich o Juan Paredes Manot, o de sacerdotes vascos nacionalistas y de tantos otros hasta alcanzar la cifra de más de cien mil no constituyen crímenes contra la humanidad? Le voy a responder; desde el catalanismo político y desde el republicanismo catalán, nadie. Y estos crímenes contra la humanidad no se cometieron de manera clandestina, como es el caso del asesinato de García Lorca, sino que en su mayoría fueron cometidos pervirtiendo en su aplicación la legislación vigente, en un primer momento, y aplicando la legislación franquista posteriormente, mediante procesos que parodiaban el Estado de derecho. Por tanto, aquella actuación y la legislación franquista forman parte también de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.

         Señorías, un Estado democrático tenía el deber de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad y, si esto no era posible, establecer un mecanismo reglado de reconciliación como el que se formuló en la Comisión de la verdad y la reconciliación de Sudáfrica y otros países. Por cierto, Desmond Tutu recibió el premio Nobel de la Paz por este proceso modélico de transición. Ni Adolfo Suárez ni Santiago Carrillo ni Felipe González ni Juan Carlos de Borbón han recibido nunca este premio. Señorías, les pedimos que voten afirmativamente nuestro texto alternativo; un texto que no propone la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación; propone, sin más, la declaración de ilegitimidad del régimen franquista y la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad a los cometidos por la dictadura franquista, y de igual manera el reconocimiento jurídico por parte del Estado de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución y muerte, así como la restitución moral y material de las personas, instituciones públicas y entidades que fueron perseguidas y represaliadas.

         Voy terminando, señor presidente. Nuestro texto alternativo plantea también la anulación jurídica de las sentencias dictadas en consejos de guerra por motivos políticos, de las dictadas por el tribunal de orden público, etcétera. Por ello deberán emitirse certificaciones judiciales de nulidad, a solicitud de los cónyuges, parejas o familiares de los penados. Incluye la restitución a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno vasco de los bienes que les fueron incautados y se reparar los honores a los miembros de las fuerzas del orden republicanas. A su vez, se garantiza la entrega al president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Joseph Montilla, por parte del jefe del Estado la certificación de la anulación de la causa sumarísima del molt honorable Lluis Companys, presidente de Catalunya.

         Señor presidente, voy terminando. (El señor Padilla Carballada: ¡Y la sentencia de la república, también!)

         El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, por favor. Mantengan el orden, por favor. Vaya concluyendo, señor Tardà.

         El señor TARDÀ I COMA: Les remito al resto del articulado porque, por razones de tiempo, no puedo ser más explícito, pero ustedes ya lo conocen y podrán actuar en consecuencia si consideran que deben votar afirmativamente, tal y como les solicitamos.

         Finalmente, nuestro texto alternativo especifica que debe corresponder al jefe del Estado formalizar solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana. Es evidente que Juan Carlos de Borbón representa la continuidad del Estado. Él juró solemnemente en esta Cámara los principios fundamentales del Movimiento Nacional y en este mismo lugar ratificó la Constitución española vigente.

Con esta demanda de perdón, como así lo hicieron otros Estados democráticos, se establecerá la discontinuidad entre la legislación criminal franquista y la Constitución de 1978. Inevitablemente la ley resultante, sea la que fuere, será conocida como la ley Rodríguez Zapatero de la memoria histórica. Usted, señor presidente, a nuestro entender, debería desear que dentro de setenta años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con que usted citó el testamento político de su abuelo fusilado. Pero esto solo será posible si la ley se adecua al derecho internacional de derechos humanos.

Gracias. (Aplausos.)

         El señor PRESIDENTE: Turno a favor de la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.

El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quisiera en nombre de mi grupo parlamentario trasladar el pésame al Congreso de los Diputados y especialmente a la familia Popular por el fallecimiento de Loyola de Palacio.

Señores diputados, señoras diputadas, hoy discutimos una ley trascendente; una ley que coincide con el año de la memoria histórica –que así se aprobó-; una ley que la discutimos en la semana en la que ha muerto un dictador, Pinochet, en el día internacional de los derechos humanos y ocho años después de que la justicia española solicitase su extradición. Esta coincidencia nos ha permitido que en una misma semana hayamos oído voces lamentando que el dictador hubiese muerto sin ser juzgado y condenado y a la vez se ha negado no ya la posibilidad de condenar a nuestros pinochets, sino la posibilidad de anular sentencias de nuestra represión. Nuestra opinión pública se ha horrorizado recordando los métodos de la tortura chilena pero desconoce el genocidio que, según los ministros franquistas de turno, alcanzó a más de 300.000 personas, que supuso más de 30.000 desaparecidos, según el Consejo de Europa. Cómo explicar si no es desde ese desconocimiento que hoy al 51 por ciento de la ciudadanía la figura de Franco le resulte indiferente. En este mismo año hemos librado con Bachelet cuando anunciaba que en el centro de tortura de Villa Grimaldi acabará haciendo un teatro por la vida pero nos vamos a resignar con que en el Valle de los Caídos, a lo sumo, no se realicen más actos de homenaje a Franco. Hoy mismo nos han advertido de los riesgos de reabrir viejas heridas. Nos hablarán de la guerra de las esquelas, después de contrastar que en el año 1988, después de la pretensión de enjuiciar al dictador Pinochet, las consecuencias para la democracia chilena fueron, precisamente, que sus raíces democráticas eran mucho más sólidas, en contra el vaticinio de muchos.

En esta semana de contrastes tengo que decirles que tenemos un sabor amargo y un sabor dulce. El sabor amargo es el de las flagrantes contradicciones de nuestra democracia, de los dobles discursos de que lo que vale para Chile no vale para nosotros y, ¿saben cuál es el sabor dulce? Es que eso nos obliga a resolverlas moral y democráticamente. Somos uno de los países de la Unión Europea que más años de dictadura ha padecido y somos el país de la Unión Europea más desmemoriado. Por eso, para solventarlo, empezamos la legislatura bien, con el convencimiento de que algunas cosas habían cambiado, que el no nos falles se traducía en una buena ley de la memoria.

El 8 de junio le decíamos al Gobierno que esta vez tenía que hacer los deberes y que lo que esperábamos era que respondiese a ese compromiso de organizaciones, de historiadores, de grupos parlamentarios; un compromiso reeditado en esta legislatura con la petición de anulación del juicio de Carrasco i Hormiguera del president Companys, un compromiso que esperábamos que llegase pero que, al final, ha sido profundamente decepcionante. Lo cierto es que en el trámite nos armamos de paciencia porque teníamos un precedente, la proposición no de ley de 2003 firmada por el Grupo Socialista, discutida en esta Cámara y rechazada por el voto exclusivo del Partido Popular. Al final, ni nuestra paciencia ni voluntad de pactar con el Gobierno han servido. El proyecto que hoy discutimos no es que resulte solo decepcionante, sino que incluso es un paso en la mala dirección. Hemos presentado un texto alternativo porque, después de mucho insistir, hemos contrastado que continúan en sus trece. Nuestra enmienda a la totalidad es la reflexión y el trabajo de mucha gente -de Jaume Bosch, con su reflexión y su iniciativa en torno al Valle de los Caídos, de Martín Pallín-, e incorpora el excelente trabajo de Carlos Jiménez Villarejo, y es un texto que se distancia de una ley que es equidistante, que no sirve a las víctimas y, sobre todo, que no se proyecta en el futuro. ¿Cómo puede el proyecto que plantean pretender fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles cuando parten de un planteamiento histórico e ideológico desde nuestro punto de vista erróneo? Por ejemplo, la guerra civil queda definida en el texto aprobado como un conflicto entre españoles y no se realiza mención alguna al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En el artículo 2 se refiere a la república -ya producida la sublevación militar- como a un bando, pero, según el Diccionario de la Real Academia, bando significa facción, partido, parcialidad, y en España no hubo dos bandos, había un Estado democrático elegido por sufragio universal y, frente a él, unos militares facciosos que se levantaron en armas con ese Estado legítimo. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.) El problema es de equidistancia, el problema es que la ley parte de un planteamiento equidistante. Como consecuencia de lo anterior, se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas durante la guerra civil, pudiendo equiparar, por tanto, las sentencias emanadas de los tribunales constituidos por el Poder Judicial de la República española con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra o de los juicios sumarísimos. Ese es el planteamiento de la ley -la vicepresidenta lo decía: defendemos un planteamiento individual de la memoria- y la pregunta es: ¿es un planteamiento de la memoria, individual o colectivo, que un Estado democrático diga que hubo una dictadura y que la condene? En esta misma legislatura hemos aprobado una ley que habla del año 2006 como el año de la memoria histórica, y es un planteamiento claramente colectivo de memoria colectiva. Nosotros reivindicamos la memoria colectiva porque es el mejor antídoto contra los totalitarismos. La propia Amnistía Internacional dice de la ley que agrava la tendencia a la privatización de la libertad legislando la inacción y la ausencia de responsabilidades del Estado en la investigación de graves crímenes. Cuando hablamos de fosas, cuando hablamos de la política activa para la retirada de los símbolos, no se fija qué órgano va a tirar hacia delante de esas políticas. Se dice que se colaborará con los particulares negando en definitiva la iniciativa en liderazgo de una administración pública con las políticas de recuperación de la memoria democrática. ¿Qué instituto, qué ministerio será el que vele por el desarrollo de la ley? Ninguno, y ahí está el problema. El problema está en que implícitamente existe la privatización de una actividad que debe ser pública. Y no lo decimos nosotros, no lo dicen las entidades de la memoria que nos acompañan, lo dice Amnistía Internacional. ¿El ejemplo más sangrante? El Valle de los Caídos, un espacio de represión que es patrimonio del Estado y en el que cada mes de noviembre, 31 años después de la muerte del dictador, se realizan actos de homenaje al dictador. ¿Se imaginan que en Mauthausen hoy se realizasen homenajes a Hitler? Es lo que pasa en este país y es lo que demuestra que las cosas no van bien, que algo no ha funcionado, que algo ha fallado. Mientras que en otras latitudes esos espacios de represión se convierten en espacios de recuperación de la memoria, de explicación del genocidio, de divulgación de la lucha contra el represor, ¿aquí el Gobierno qué nos dice? Que no se podrán hacer actos de exaltación de la guerra civil ni de sus protagonistas, incluyendo, por tanto, a los que lucharon por la democracia.

Pero el ejemplo más sangrante, lo que es el colmo de la frustración para muchos y especialmente para las entidades que hoy nos acompañan, es la solución para los juicios sumarísimos de la represión. Ante el aparato seudojurídico, instrumento imprescindible del genocidio franquista, el Gobierno opta por la declaración de reparación y reconocimiento personal respecto de las ejecuciones y condenas y sanciones sufridas cuando se acredite que fueron manifiestamente injustas. Revisión moral y simbólica, pero sin efectos jurídicos. ¿Y cuándo llega su opción? Cuando se cumplen 60 años de la doctrina de Nuremberg que permitió hacer justicia con las víctimas del régimen nazi al finalizar la II Guerra Mundial, así como con las víctimas de violaciones más recientes de derechos humanos como las ocurridas, por ejemplo, en Sudáfrica o en las dictaduras latinoamericanas. ¿Y sus argumentos? Los que daba el presidente del Gobierno a una pregunta de Gaspar Llamazares: la seguridad jurídica. Pero dichos argumentos, que  ustedes decían que venían avalados por informes jurídicos, tres meses después de haberlos solicitado aún no los hemos visto. El problema –su problema- está en que su principal argumento, la seguridad jurídica, se supedita a otro de rango superior, el principio de justicia recogido en el artículo 1 de la Constitución española. La seguridad jurídica, un principio que informa del ordenamiento constitucional, sirve para garantizar la protección de los ciudadanos, que en nada se vería afectada por la nulidad de sentencias de la represión franquista, porque ¿a quién afecta la declaración de nulidad? Sencillamente a nadie. Por eso no nos sirve su propuesta. Pero es que además no sirve porque ni siquiera es coherente con lo que el propio Grupo Parlamentario Socialista exponía hace apenas tres años, una proposición no de ley que planteaba la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la institución de la causa general. Una proposición no de ley que hablaba de obligación moral, pero también –escuchen bien, su proposición no de ley- de la obligación jurídico-política, de reparar los daños causados a las personas víctimas de esa represión. ¿Y saben qué citaban? Citaban como precedente de la ley la ley dictada en Alemania tras el nazismo, de derogación de los fallos injustos nacionalsocialistas. No son nuestros argumentos, son los suyos de hace apenas tres años. Los tribunales establecidos para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Políticas, compuestos por militares, miembros de Falange y miembros de la carrera judicial eran, como mantiene el ex fiscal jefe de la fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, instrumentos esenciales de represión, y su carácter radicalmente ilegítimo tanto por su origen como por su composición y sobre todo por constituirse como organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales y por tanto con facultades para la imposición de las sanciones penales. Eso es lo que dice Carlos Jiménez Villarejo. ¡Y es tan razonable!

 La solución, al fin y al cabo, es bien sencilla: la nulidad. La nulidad que ustedes pedían, la nulidad que nosotros hoy mantenemos, y Carlos Castresana también lo mantiene: la dictadura no suprimió nuestros derechos, se limitó a violarlos. Por tanto la solución es bien sencilla, las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse inexistentes. (Aplausos.) Esa es nuestra propuesta. Ante la revisión de los juicios de Grimau, de Peiró, de Delgado y de Granado, ayer mismo, cuando se les niega la revisión de sus juicios, nosotros decimos que es voluntad del Legislativo -es decir que puede tener efectos jurídicos-, que tiene efectos morales y que solo cabe la nulidad. Lo decía también en un voto particular, en la revisión que negó, la Sala Quinta del Tribunal Supremo al juicio de Pellicer. Lo han dicho todos. ¿Saben cuál es el problema? Simple y llanamente que aquello no eran juicios porque no tenían la estructura mínima básica de un juicio, porque en siete minutos condenaban a una persona a muerte, porque los magistrados, o eran de la Falange o eran militares, porque  no existía la independencia judicial.

         Por todo ello nosotros entendemos que su solución no vale. Porque no puede pretenderse que los miles y miles de perseguidos, deportados, torturados, privados de libertad, sometidos a trabajos forzosos o sus familiares o los familiares de los fusilados deban ahora, además de todo lo sufrido, acudir a que se reconozca de forma muy moderada que fueron injustamente perseguidos.

Para ellos y para la comunidad internacional está claro lo que fueron: víctimas de un genocidio. Todas las sentencias, sin excepción, dictadas por los consejos de guerra y los tribunales especiales eran contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente. Por eso no vale la propuesta del Gobierno, porque mantiene la plena validez de todas las sentencias, mantiene la plena validez de todas las sentencias y, por tanto, los condenados continúan estándolo como sediciosos, rebeldes, traidores -cuando no como simples delincuentes- y eso no es aceptable, señor presidente, señora vicepresidenta. Por todo ello, la deuda que el Estado español tiene contraída con las víctimas del franquismo no puede resolverse sino en la forma prevista por el derecho internacional, esto es, garantizándoles la justicia, la verdad y la reparación, el reconocimiento de que todas las decisiones judiciales y de los tribunales especiales derivadas del ordenamiento jurídico represor de la dictadura y sus consecuencias se produjeron con violación de los derechos humanos más elementales y, por tanto, son nulas de pleno derecho.

            Ya para concluir, señor presidente, diputadas, diputados, tengo que decirles que nuestra propuesta se hace desde la convicción -escuchen bien, desde la convicción- de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación; claro que lo fue, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy serían realidad los valores de la II República, pero entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática, memoria civil y justicia y eso va muy asociado también a la memoria colectiva. Y es que el problema, señor presidente, no fue el perdón, el problema -lo decía Semprún- fue el olvido posterior y eso tiene aún serias consecuencias. Esa es seguramente la razón de esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura pero que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa memoria democrática. Yo no soy una persona de la transición ni una persona que luchó contra el franquismo, soy de los nietos y mi generación y la que viene después han pasado por la escuela sin estudiar y sin saber lo que fue la lucha antifranquista, lo sabemos por nuestra tradición familiar, por lo que nos explicaron los amigos, los compañeros, pero no lo hemos estudiado; eso es imposible que pase en Francia, en Alemania, en Portugal y en tantos y tantos países y demuestra que algo no se ha hecho bien. Lo más terrible es que con esta ley, con esta política, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo, cuando dicen que el golpe de Estado fue fruto de una situación convulsa y conflictiva. Para nosotros, el proyecto de ley es un texto en el que se obvian por completo derechos humanos y el derecho internacional y lo que propone más bien son obstáculos a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación para acabar siendo -y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional- una ley que podría ser de punto final. Ante esta situación, ¿qué hacer con la ley? Sabemos que tienen ustedes tres caminos: el primero de ellos es sacarla sin más haciendo de una ley tan esperada un espacio de frustración de muchos, de frustración de pasado por los que lucharon contra el franquismo pero de frustración de futuro porque muchas generaciones no tendrán con esta ley una política de recuperación de la memoria democrática como se merece un país como el nuestro. La segunda opción es dejarla morir en una tramitación larga haciendo que el final de la legislatura coincida con el final de la reivindicación de la memoria, pero así harán de la resignación su signo no cumpliendo con sus compromisos y fallando a muchos. Por eso nosotros les proponemos que opten por la tercera opción que es hacer caso de nuestro articulado, de nuestra enmienda a la totalidad. Se lo ofrecemos para que construyan la única política de recuperación de la memoria de un país que reivindica la lucha por la democracia. Tienen en sus manos -acabo ya, señor presidente- que la ley deje de significar frustracción y resignación para que pase a ser esperanza y justicia, para que sirva para construir una democracia mucho más sólida. Como reza en una placa del Camp de la Bota en Barcelona donde fueron fusilados muchos demócratas, como decía Màrius Torres, un poeta que vivió la represión: (Pronuncia la cita en catalán, que traduce) ¡Oh padre de la noche, del mar y del silencio!, yo quiero la paz pero no quiero el olvido.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora vicepresidenta.

            La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. Voy a tratar de contestar a las enmiendas que han presentado, tratando de dar la mayor argumentación posible porque no me resigno a no convencerles.

Señor Atienza, el 20 de noviembre de 2002 este Congreso aprobó una moción que decía, como le he señalado yo literalmente, el deber de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres y de hacer cosas para proceder a ese reconocimiento moral. Eso es lo que estamos haciendo, de la misma forma que cumplimos este mandato como el mandato del año 2004.

Señor Atienza, esta ley continúa, por supuesto, la labor del espíritu de la transición y claro que la transición supuso la reconciliación definitiva de todos los españoles y la llegada de la Constitución y de la democracia, pero, señorías, ni concordia es olvido ni perdonar significar eclipsar el recuerdo. Quienes vivimos en democracia y creemos firmemente en los valores que esta representa, tenemos el deber como comunidad política de proclamar la injusticia de todas aquellas actuaciones presentes y pasadas que han desconocido la dignidad del ser humano y los derechos más elementales que le son inherentes. Me sorprende que usted ahora desconozca la naturaleza de los derechos que esta ley reconoce, me sorprende, porque, recuperar la memoria reciente de un país que ha sabido superar ejemplarmente la crueldad de una larga dictadura supone reconocer a través de la palabra de la ley la dignidad de millones de españoles y españolas que sufrieron las consecuencias más tremendas de un Gobierno impuesto por la fuerza y sin democracia. Como españoles y como demócratas tenemos una deuda de gratitud con quienes defendieron, a pesar de las adversidades, los mismos valores de libertad, de justicia y de pluralismo político que hoy son el fundamento de nuestra convivencia. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría. Además tenemos una obligación moral de hacer esa pedagogía democrática comenzando por nosotros mismos, mirando sin temor el pasado, siendo conscientes de lo que hemos sido para sentirnos más unidos y fuertes en la defensa de lo que hoy somos y de lo que, como comunidad política, queremos seguir siendo. El hecho de permitir a muchos españoles y españolas y a sus familias recuperar la memoria personal y proclamar la dignidad de su conducta pasada si así lo desean es un acto de justicia que, como he señalado, nos honra como pueblo. Ya sé que a ustedes les parece irrelevante e innecesaria esta ley, pero les digo que se equivocan porque, señoría, en democracia no conviene olvidar que los derechos más importantes no son los que revisten un mero significado económico o patrimonial, sino aquellos otros que como la vida, la libertad, el honor, la intimidad o la dignidad personal o familiar son ante todo la expresión de un compromiso compartido, de ese compromiso compartido, de esa convivencia compartida y de esa concordia acordada. Por tanto, el respeto mutuo no es una cuestión de precio y en democracia ni se vende la tolerancia ni se compra el reconocimiento. Por eso, precisamente por eso, este proyecto no pretende reescribir la historia. Ya lo he dicho, eso ha de seguir dejándose a la inquietud del conocimiento.

¿Me puede decir usted si hay una sola línea o un solo artículo en este proyecto de ley en donde se interprete, escriba o reescriba la historia? Ni uno, señoría, no hay ni uno. Esta ley no pretende escribir la historia, no puede escribir la historia, porque no es misión del legislador escribir la historias, pero menos aún abrir cicatrices que cosió la transición para volver a examinar las heridas del pasado. Al contrario, reconocer, señorías, el derecho a la memoria individual y familiar y declarar a través de la voz de la ciudadanía del pueblo español, de esta Cámara, la ilegitimidad -sí, la ilegitimidad, porque lo declara la ley- de las condenas impuestas a quienes murieron o se vieron privados de su libertad por defender los mismos valores fundamentales que hoy rigen en nuestra sociedad es una decisión del presente, una decisión que confiere derechos a los españoles de hoy para que puedan sentirse reconocidos con plenitud, ya de modo directo ya de modo indirecto, al recuperar la dignidad de sus ascendientes.

Estamos, señorías, ante una ley que nace para que, quienes así lo demandan y sientan, puedan celebrar en la intimidad el reencuentro con su historia personal y sentirse reconfortados por la ética de la democracia. Eso es lo que pretende esta ley. No es una ley contra nadie, pero sí es una ley para alguien, para todos aquellos que defendieron los valores que antes he expuesto (Aplausos.) y para que quienes se quedaron atrás sin el disfrute de derechos fundamentales, que la experiencia ha demostrado incompletos o insuficientes. No es una ley innecesaria, es una ley necesaria, porque necesario es ese reconocimiento. Es una ley necesaria, porque incluye medidas que han sido solicitadas de manera unánime por todos los colectivos con los que hemos tenido contacto desde el inicio del trabajo de la Comisión interministerial, medidas que son justas, porque pese a que desde 1979, señorías, se ha avanzado mucho desde el punto de vista de las pensiones, aún quedan muchas situaciones que resolver. Es necesaria y ustedes, señorías, es que siempre están instalados en el no. Ustedes creen y están defendiendo que no se extienda el derecho a recibir pensión, reconocido en esta ley; si no la consideran necesaria, considerarán que no hay que extender la pensión a los beneficiarios de la ley de 1979, a las personas que fueron heridas o que padecieron enfermedad o lesión como consecuencia de las guerras. Están diciendo que no se haga, que no es el momento. Del mismo modo que están diciendo que no a las exiguas pensiones de orfandad para que se sitúen en un importe más digno. Igualmente, están diciendo que no a que se exima del impuesto sobre la renta de las personas físicas las indemnizaciones que recibieron gracias a la Ley 5/1979, quienes sufrieron cárcel y que se compense a quienes ya tributaron por esas cantidades. También están diciendo que no a establecer una indemnización para todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido compensación debida. Cualquier persona razonable, señorías, es consciente de que no estamos hablando de supuestos desproporcionados o fuera de lugar, sino de situaciones objetivas de necesidad que no pueden quedar fuera de la atención del Estado y que afectan a las personas que nos lo han venido reclamando. Simplemente, todo eso parece ser, señorías, que no va con ustedes.

Además, he de decirle que no es irrelevante esta ley. Tengo la sensación de que no han acabado de entender cuál es su sentido principal. Este es un proyecto de ley de extensión de derechos y ningún derecho es irrelevante, señorías, pero es que además el derecho que garantiza esta ley, que es el derecho a reconstruir la propia memoria, a rehabilitar la propia biografía o la de un familiar, es un derecho básico, porque estamos hablando del derecho a la personalidad, a la identidad de lo que se ha sido como persona y del recuerdo que se ha dejado en los suyos. ¿Para ustedes es irrelevante que desde nuestra democracia, que desde la soberanía se declare solemnemente la injusticia de las condenas, de las sanciones, de las ejecuciones, de la violencia de cualquier clase que sufrieron millones de españoles? ¿Es irrelevante? Pues si lo es para ustedes, para la mayoría no lo es.

¿Para ustedes es irrelevante que se reconozca el padecimiento injusto que sufrieron muchos españoles y españolas, un reconocimiento que les debemos porque nuestra libertad de hoy se sostiene también sobre sus hombros? Será para ustedes, porque para nosotros no y mucho menos para las personas y las familias, que van a poder obtener esa declaración de injusticia, esa declaración de inocencia de forma general, que ya la tienen en la ley, e individual, si ese es su deseo. Este proyecto de ley es relevante porque, señorías, existe el derecho individual a la memoria personal y familiar. Lo decía en mi primera intervención, las personas somos porque tenemos memoria; es más, somos nuestra memoria y en este sentido existe el derecho a la memoria, el derecho a la memoria individual y familiar, lo que significa ni más ni menos, señorías, el reconocimiento del derecho a ser recordados a los que se les negó esta posibilidad, a ser recordados como lo que eran y no como se les calificó en esas sentencias o resoluciones injustas dictadas por tribunales sin pruebas y sin ninguna garantía. Tienen derecho a recuperar su ser y, si ya no existen ellos, otros pueden y deben reclamar ese derecho; es más, tienen el deber moral de reclamarlo, porque, una vez uno muere, señorías, sobrevive solo si sobrevive en el recuerdo de los demás. En este sentido, el derecho a la memoria es el derecho a recordar en sí mismo a quién fue y cómo fue y el derecho a recordar para informar de lo recordado a los que vienen después, de modo que se deposite en ellos el recuerdo de los recuerdos de los demás. (Aplausos.) Así sí que construimos la memoria colectiva, a través de las memorias de cada una de las personas que sufrieron y padecieron. Decía Luis Cernuda: Recuérdalo tú y recuérdaselo a los otros. Eso está en el espíritu de esta ley.

Señorías, compartir esos valores y ese pasado de sufrimientos es lo que nos ha llevado a promover una ley como la que hoy presentamos, que no reinterprete la historia, señor Atencia. Esta ley es heredera -lo he dicho- del espíritu de la transición, restituye un derecho importante, la restauración de la memoria, elimina discriminaciones y repara injusticias. Y le vuelvo a repetir que me diga una sola disposición de esta ley que rompa el pacto constitucional. Sé que no me va a decir ninguna porque no la hay, porque con esta ley estamos abriendo posibilidades a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, porque así se nos ha pedido por este Parlamento y por parte de las propias víctimas. Los ciudadanos que lo quieran y que lo decidan podrán además hacer uso de la posibilidad de que el Parlamento en nombre de la soberanía, sin juicio contradictorio de todas aquellas resoluciones, diga cómo se dictaron y en qué condiciones se dictaron, que se dictaron por tribunales excepcionales, que fueron injustas y atribuidas a hombres inocentes que quieren recuperar y van a recuperar con esta ley y con esa declaración su dignidad. Y la van a recuperar sin juicio alguno, a través de la declaración de los representantes de la soberanía popular que está plasmada en esta Cámara. (Aplausos.)

El Grupo Socialista jamás ha utilizado el pasado como arma política. Entre otras cosas, señorías, la historia ya está escrita, pero por los historiadores. Este Gobierno y este partido la respeta y la ha respetado y en ningún momento hemos intentado reescribirla, no podríamos. La hemos hecho y no la vamos a reescribir. Hemos sido protagonistas de esa historia y jamás hemos pretendido reescribirla, cosa que por cierto parece que algunos están intentando hacer muy burdamente. Eso sí, a veces parece que se hace con claras intenciones políticas. A este Gobierno lo que le preocupa, como les preocupó a los constituyentes, es el presente y el futuro de este país, eso y atender a las necesidades de los ciudadanos, en este caso especialmente de aquellos que fuese por la guerra o la dictadura padecieron daños que solidariamente entre todos tenemos que mitigar.

Señores del Partido Popular, la justicia es el mejor cicatrizante para las heridas. La justicia no reabre, sino que cierra etapas. La reconciliación cerró las heridas y las etapas, pero dejó dolor, heridas y cicatrices en el alma que esta ley va a subsanar para tratar de mitigar ese dolor que ni siquiera con esta ley podremos reparar, el de todos aquellos que sufrieron la persecución y la violencia.

            Señor Herrera, este proyecto de ley es riguroso, comprometido y responsable, y lo es porque el rigor, el compromiso y la responsabilidad son justamente lo que ha caracterizado siempre al Partido Socialista, siempre, a través de toda su historia. Son el patrimonio que hemos recibido quienes ahora ostentamos la responsabilidad de gobernar de los socialistas que nos precedieron desde siempre, desde hace un siglo, desde el final de la dictadura, por no remontarme tan lejos. Me siento muy orgullosa de poder decir que este patrimonio socialista ha sido también patrimonio de todos los ciudadanos españoles, porque con este bagaje el Partido Socialista ha construido mucho para esta sociedad. (Aplausos.) Quiero que eso quede bien claro. Al periodo al que nos estamos refiriendo también contribuimos los socialistas, y hemos seguido trabajando sin solución de continuidad. Estamos orgullosos del rigor, del compromiso, de la coherencia y de la responsabilidad con los que se llevó a cabo la transición y con los que actuaron mi partido, el suyo y el de todos, por supuesto. Le diré más, todo lo que entonces se hizo fue gracias a otro ingrediente fundamental y básico sin el cual seguramente no habríamos podido hacer la transición, que ha sido la generosidad de todos los ciudadanos que habían sufrido violencia y represión y que fueron los primeros en mirar hacia delante y en esperar a que llegara el momento de recibir el reconocimiento que se les debía y que hoy aquí les hacemos. Han recibido muchos reconocimientos, sí. Se han hecho muchas cosas por devolverles su dignidad, pero ni siquiera les hemos devuelto una mínima parte de lo que nos dieron. Por eso creo que hoy es un día importante en ese camino, porque  espero que este proyecto de ley avance, se apruebe y sirva para rendir el reconocimiento moral y personal que les debíamos a ellos y a su memoria y que les debe rendir este país.

            Señoría, yo sé que ustedes consideran que no es suficiente que la ley haga una proclamación clara, absoluta y tajante de injusticia, que significa reponer a quien fue condenado por esas resoluciones dictadas sin ningún tipo de garantías en la situación previa a la declaración de esa injusticia. No le parece suficiente. A veces su posición en este punto es, a mi juicio, imposible de entender. No voy a entrar en un debate jurídico -ya lo hemos tenido en alguna ocasión-, porque este no es un problema de debate jurídico, estamos en un debate político. Yo creo que el proyecto que ha propuesto el Gobierno va más allá de lo que ustedes piden, porque lo que viene a establecer es la injusticia de todo lo que ocurrió, pero con sentencia y sin sentencia. Ustedes me piden las anulaciones de las sentencias, pero ¿y cuándo no hubo sentencia? ¿Qué hacemos cuando no hubo sentencia? ¿O es que todos los supuestos que se produjeron fueron con sentencias dictadas por tribunales excepcionales o por consejos de guerra? No. Hubo muchas sentencias dictadas que ya hemos calificado como tal y que además entran en un debate de validez y eficacia jurídica. Ustedes están dando validez a lo que ya no la tiene, primero, porque ha producido sus efectos y, segundo, porque está dictado por un tribunal que ni era tribunal, con unas garantías que no eran garantías y con unas pruebas que no eran pruebas.

Lo que estamos diciendo aquí es que el Gobierno lo que quiere es que todas esas personas que fueron condenadas, que fueron castigadas o que sufrieron persecución y violencia sin sentencia, o con sentencia, se les declare su justicia, se les repare y se les declare el reconocimiento de su inocencia y, a partir de ahí, que puedan reconstruir su memoria individual y personal. La ley hace lo que no había hecho nunca una ley en la historia desde la transición de la democracia de este país, que es hacer esa declaración, solemne y general, y abrir un procedimiento individual para que, en nombre de la soberanía, la persona que lo considere oportuno pueda tener esa declaración personal, de justicia y de inocencia, en su expediente personal, en su casa, que le sirva para reconstruir, consigo y con los suyos, su biografía personal e individual; eso es lo que hace esta ley. Va más allá de la nulidad. Repito: No voy a entrar en ese debate jurídico, porque creo que es un debate que no se corresponde con la realidad de los hechos. Las personas y las familias que han padecido estas situaciones -respeto la posición, pero no la comparto-, con esta ley tienen un reconocimiento general de la democracia y también tienen un reconocimiento individual de la democracia cuando lo consideren oportuno. Entre otras cosas, la ley no cierra, como no podía ser de otra manera, ninguna vía a quien quiera acudir a los tribunales -faltaría más, es un tema que queda abierto, por supuesto que queda abierto- nacionales e internacionales, porque en muchas ocasiones, señorías, no debemos olvidar que en la dictadura la falta de garantía fue común a todo y a todos. Fue común a los que lucharon contra ella, pero también lo fue para el resto de los ciudadanos, porque nadie tuvo garantías, nadie. No había garantías, era un sistema sin garantías. La pérdida de garantías fue para todos. La inexistencia de los derechos al juicio justo y universal fue para todos. Por eso, esta ley desagravia esa situación y con carácter general dice: Todo eso fue injusto, todo eso produjo dolor, todo eso hizo que muchas personas desaparecieran, que no existieran y que no pudieran ni siquiera reescribir ni recuperar su biografía y su memoria personal.

            Señorías, insisto, la opción de la ley satisface el deber de reconocer la injusticia que padecieron todos: Los condenados con sentencia y los que lo fueron sin proceso ni sentencia de ningún tipo. Esa es la posición de la ley y creo que es una posición comprometida y generosa. Nunca jamás lograremos reparar el daño de forma completa, porque hay determinados daños que nunca se terminan de reparar. Como decía al inicio de mi exposición, creo que el procedimiento que habilita esta ley va a permitir un reencuentro de las personas que sufrieron -y de sus familiares- con su pasado más doloroso.

            Señoría, cuando en su discurso siguen hablando de esto, a veces tengo la impresión de que ustedes se están confundiendo de ley. Porque es evidente que España cumple con las normas internacionales sobre crímenes contra la humanidad y de guerra, lo tenemos en todos nuestros códigos. Por tanto, los derechos de las víctimas y de esas conductas a saber la verdad, a obtener justicia, a ser reparadas del daño sufrido, están plenamente garantizados aquí desde hace muchísimo tiempo. Su crítica contra el proyecto de ley parte, a mi juicio, de un error conceptual, porque confunde el campo propio del Código Penal, de una ley de justicia penal, y el ámbito en el que se mueve esta ley, que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas -y eso fue lo que ustedes mandataron al Gobierno- y de los españoles hacia todas las personas que sufrieron la violencia. Por tanto, tiene como objeto el reconocimiento y la ampliación de derechos.

            Tampoco quiero entrar en la discusión, que nos llevaría muy largo, de no perder de vista que las normas internacionales a las que se hace referencia constantemente, tanto en el informe de Amnistía como por SS.SS., es lo que se ha venido en llamar la justicia transicional, es decir, un conjunto normativo de carácter internacional que pretende asegurar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, bien en la resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que han usado de manera sistemática y arbitraria la violencia a regímenes democráticos, para fortalecer las bases del nuevo Estado de derecho; a eso se refieren estas normas.   

Desde ese punto de vista, señoría, no hay paralelismo con una situación como la de nuestro país, que ha hecho ejemplarmente y con éxito su transición hace 30 años, una transición que ha merecido el más amplio respeto y reconocimiento internacional y que nos ha permitido gozar del mayor periodo de libertad, prosperidad y democracia de nuestra historia.

            Tampoco es cierto que la ley no dé pasos importantes en relación con los símbolos. Lo decía al inicio de mi intervención. Usted se ha referido al Valle de los Caídos. Quiero subrayar que es muy importante lo que la ley dice respecto de este lugar, porque no va a volver a ser nunca más un lugar de exaltación del franquismo ni de ninguna cruzada. A partir de esta ley, nunca más. Por el contrario, lo que dice esta ley es que la fundación gestora del Valle de los Caídos tendrá como uno de sus objetivos honrar la memoria de todos cuantos murieron en la guerra civil y profundizar en el conocimiento de esa etapa histórica. En definitiva, el Valle de los Caídos va a ser un lugar donde lo único que se exaltará serán la paz y los valores democráticos. Señorías, este es un cambio claramente notable respecto a la situación actual.

            Termino, señorías. Puedo decir que es una ley necesaria, que es una ley relevante y que es una ley que responde a un acto de justicia. Con esta ley estamos contribuyendo a dar un paso muy importante en el reconocimiento de lo que padecieron tantos españoles y tantas españolas,