laRepublica.es  10 de Agosto de 2006

El año que estamos viviendo, en el que coinciden el 75º aniversario de la instauración de la II República y el 70º del inicio de la Guerra Civil que puso trágico fin a la misma, se está caracterizando por una floración de actos e iniciativas que ven, finalmente, presentes en las calles, bajo el entrañable símbolo de la tricolor, a ciudadanos que propugnan, junto con la forma política republicana, la suma de valores que encarnó el régimen iniciado el 14 de abril de 1931.

Bajo el estandarte tricolor se acogen y desfilan -ocioso es decirlo- numerosas y variopintas sensibilidades políticas, sociales, reivindicativas. Un malestar difuso por el Estado surgido de la Transición, al que cada vez más se le reprocha su “pecado original” y haber cerrado aparentemente en falso la profunda herida infligida por cuarenta años de franquismo con su reticencia -incluso bajo gobiernos socialistas- a la hora de responder fehacientemente a las justas reivindicaciones de la memoria histórica; un panorama político en el que los dos grandes bloques aparentemente antagónicos parecen coincidir más de lo legítimamente esperable en políticas sociales neoliberales y en la construcción de un Estado en el que las libertades ciudadanas se ven fuertemente cercenadas, cuando no suprimidas si no de derecho, por lo menos de hecho; la difusión endémica de prácticas de corrupción, principalmente de ámbito inmobiliario, en un sinfín de administraciones públicas autonómicas y municipales; la nueva prepotencia con que las autoridades de la Iglesia católica española pretenden volver a imponer, a un Estado oficialmente laico, la carga de los preceptos morales propios de su confesión y el doble fardo del mantenimiento de su personal y de la difusión de su catecismo con cargo al erario público; el penoso espectáculo de una Familia Real envuelta en turbios negocios de cuyas consecuencias jurídicas la pone invariablemente a salvo el halo de intangibilidad totémica que el papanatismo institucional y mediático ha tejido alrededor del coronado sucesor del dictador, y el sainetesco recurso de la misma a unas tareas de reproducción paroxística, generadoras de descendientes que copen -por si acaso- los rangos del derecho sucesorio ya felizmente garantizado en las personas de Felipe y de Leonor de Borbón: éstos y otros fenómenos han concitado, en nuestra opinión, el alistamiento, bajo el banderín de enganche republicano, de movimientos e individuos de plurales tendencias, cuyo denominador común fundamental es precisamente la exigencia de un cambio de régimen que no se limite a lo institucional -la mera sustitución del Rey como Jefe del Estado por un Presidente de la República-, sino que afecte de manera profunda y amplia a las demás facetas y atribuciones del nuevo Estado.

Precisamente tan variado abanico de motivaciones y voluntades hace, a juicio de quien estas líneas escribe, no sólo oportuno, sino necesario e inaplazable fundamentar ese común denominador republicano determinando o definiendo algunos motivos en los que, si no todos, al menos la mayoría de los movimientos y de los ciudadanos partidarios de la República podamos coincidir. De esta forma, también nuestra acción reivindicativa irá ganando en eficacia y rigor, lo que permitirá que, una vez instaurado el nuevo régimen, los ciudadanos sepamos cómo queremos que sea y qué esperamos de él.

El primero de dichos motivos constituye lo que el filósofo isabelino Francis Bacon definiría “pars destruens” o “etapa destructiva”. Evidentemente, para instaurar la República es menester poner fin a la Monarquía. Y éste es precisamente, para nosotros, el primer motivo alrededor del cual debemos cohesionar nuestro pensamiento y nuestra acción. A la motivación de filosofía histórica que subyace en toda reivindicación moderna del régimen republicano frente al monárquico (y que se basa, fundamentalmente, en lo absurdo que resulta el hecho de que la titularidad suprema de un Estado sea transmisible por vía de sangre), añádense en nuestro caso concreto -además de las motivaciones someramente anotadas arriba en relación con la designación por Franco, aun cuando refrendada por la vigente Constitución, del actual Jefe del Estado, y con la vida y conducta de su Real Familia- una consideración que definiríamos “de paciencia (o impaciencia, según se mire) histórica”: ¿Hasta cuándo ha de tolerar España la monarquía borbónica? Ni siquiera la dinastía actualmente reinante en Gran Bretaña, espejo de monarquías donde los haya, ha sido tan longeva como la que desde el año 1700 se empeña en querer seguir rigiendo nuestros destinos. Es como si una suerte de maleficio acompañara desde hace más de tres siglos los avatares de España materializándose en esa estirpe, que a cambio de un Felipe V o de un Carlos III bastante aceptables ha dado un extenso y penoso catálogo de individuos rijosos y chulescos, y eso por ceñirnos tan sólo a sus testas coronadas. Humillados y expulsados por Napoleón, vuelven a España para establecer uno de los más despóticos estados de la Europa del siglo XIX, encabezados por el chulo y siniestro Fernando VII y por la devota ninfómana Isabel II, con el regalo añadido de unas guerras civiles de origen dinástico que ensangrentarán casi todo el resto de nuestro siglo XIX. Tras la Gloriosa, y luego del breve interregno amadeísta y de la prometedora y efímera I República, he aquí que regresan otra vez a ocupar el Trono de sus mayores durante más de sesenta años, en las personas de un pobre rey enfermizo más propio de una novela rosa y de un sucesor trapichero y militarista, verdadero responsable de absurdas aventuras bélicas con miles de muertos y que abrirá las puertas a una dictadura. Y tras otros cuarenta y cuatro años de ausencia, helos aquí de nuevo desde 1975, parapetados tras los supuestos méritos antigolpistas demostrados en una noche por Juan Carlos I y en una amplísima prole que garantiza la sucesión por los siglos de los siglos, llegado el caso, hasta en la persona de personajes de la talla de un conde Lecquio. ¿Acaso no debe España sacudir de una vez por todas tan ejemplar legado dinástico?

Curiosamente, además de los tan traídos y llevados méritos ligados al intento golpista del 23-F, la Corona española está, en estos últimos años, emprendiendo una política de “democratización” interna consistente principalmente en dos puntos: el proyecto de un mecanismo sucesorio basado exclusivamente en la edad y no en el sexo de los descendientes del Rey, y el entronque matrimonial con individuos procedentes del pueblo. Todo ello -a la vista está- con el objetivo de dar una imagen más moderna y contemporánea de la institución y, en definitiva, con vistas a perpetuar la estirpe en el Trono y el régimen en el país. En otra ocasión nos gustaría volver sobre el posible referendo que debería aprobar la primera de esas medidas (la segunda ya ha empezado a aplicarse con las bodas de las infantas y se ha corroborado con el culebrón de la periodista divorciada, vuelta a casar por la Iglesia y ya por siempre sin pasado), ya que el mismo constituiría, a nuestro juicio, una magnífica oportunidad de acelerar la llegada de la III República; pero, ciñéndonos por hoy a la entrada en los rangos reales de individuos plebeyos (entiéndase la palabra en su estricto sentido literal), coincidimos con ilustres expertos y comentaristas en cuestiones dinásticas en que dicha democratización puede constituir un arma de doble filo para la propia Monarquía. En efecto, si ya tiene poco sentido el hecho de que la Jefatura del Estado se transmita de padre a hijo en el seno de una dinastía secular y en virtud de unos mecanismos de venerable antigüedad, ¿tendría acaso mayor sentido que los hijos de cualquier ciudadano pudieran acceder a dicha Jefatura exclusivamente por el buen palmito de su padre o madre? Compárese semejante engendro medieval-posmoderno con el mecanismo constitucional propio de una república en la que el Jefe del Estado es elegido -bien por los representantes del pueblo, bien directamente por éste, según los tipos de república- de entre los ciudadanos para un mandato con una duración determinada, y sáquense las consecuencias oportunas.

En un próximo artículo trataremos de ilustrar nuestro segundo motivo para la instauración de la III República Española: la laicidad del Estado.