La República será la expresión de un nuevo bloque histórico integrado por la clase obrera, pequeña burguesía y amplios sectores de las clases medias, capaz de articular un nuevo proyecto político y económico alternativo al de la oligarquía. La República popular y federativa es la fórmula que expresa  la organización del nuevo Estado republicano.
 

Hace setenta y seis años este país tuvo una oportunidad, la de modernizarse, incorporarse a Europa y romper con las trabas y obstáculos sociales, económicos y culturales que impedían su desarrollo. Esa oportunidad fue la II República, proclamada el 14 de abril de 1931 y recibida con inmenso entusiasmo, alegría y esperanza por el pueblo español. Esa República implantó el voto femenino, separo la Iglesia y el Estado, inició la reforma agraria y creó en solo dos años, entre 1931 y 1933, más escuelas primarias que en los treinta años anteriores de monarquía. Pero la República tenía poderosos enemigos –la Iglesia, los terratenientes, la banca y sectores amplios del Ejército—que terminaron destruyéndola tras desencadenar una sangrienta guerra civil.

Vino después una dictadura fascista de treinta y seis años que estableció un sistema de terror y represión como no se había conocido en la historia de España. Cuando finalmente Franco murió en noviembre de 1975, el pueblo español volvió a tener una oportunidad. Las enormes luchas y movilizaciones populares de los años 1976 a 1978 apuntaban en dirección a una verdadera ruptura democrática con el franquismo que, entre otras cosas, implicaba la celebración de un referéndum para decidir entre monarquía o república. Sin embargo, la traición y las componendas políticas de las direcciones del PSOE y del PCE permitieron que la oligarquía impusiera su salida del franquismo, manteniendo intacto al aparato estatal, el modelo económico e instaurando la monarquía juancarlista designada en su momento por el dictador.

  La mal llamada transición democrática permitió que los franquistas, responsables de cientos de miles de asesinatos en la posguerra, maquillaran apresuradamente sus biografías y se convirtieran en respetables demócratas, mientras la lucha y el sacrificio de todos los antifranquistas fueron relegados al olvido.

Las consecuencias de esta transición ensalzada como modélica las padecemos ahora: corrupción galopante, un gravísimo problema de articulación territorial del Estado, el descrédito de la política, la privatización de los recursos públicos, la proliferación de las agresiones perpetradas por grupos fascistas y el revisionismo histórico más desvergonzado protagonizado por los “intelectuales” al servicio del Partido Popular. Tras la promulgación de la Constitución monárquica en 1978 se intentaron acallar por todos los medios las voces que reivindicaban la República. La censura y el boicot informativo sobre cualquier acto republicano se convirtieron en la norma de actuación de unos medios de comunicación presuntamente defensores de la libertad de expresión, pero –y se siguen plegando-- a las consignas dictadas desde la Moncloa y la Zarzuela.   Sin embargo, el intento de sepultar a los republicanos ha resultado inútil. Con el cambio de siglo se inició también un cambio de tendencia y las consignas y banderas republicanas volvieron a estar presentes en las calles y plazas. En los últimos cinco años  se ha abierto una brecha en el muro de la monarquía. A pesar del empeño en presentar una imagen agradable e idílica de la familia real, cada vez son más los españoles que se preguntan cuánto cuesta a los ciudadanos el mantenimiento de esa prole creciente que disfruta de largas vacaciones y de la que no se tiene constancia de que ejerza actividad laboral. No obstante, todavía no es mayoritario el sentimiento antimonárquico. Buena parte de los ciudadanos muestran indiferencia o neutralidad ante la monarquía y, obviamente, no se decantan políticamente por la República. El republicanismo ganará terreno y ocupará un espacio político cada vez mayor cuando los sectores populares comprendan que la solución de los problemas políticos, económicos y sociales no pasa por un cambio de gobierno, sino por la desaparición de la monarquía. Y en esta dirección tiene que orientarse el trabajo de la Plataforma de Ciudadanos por la República.

La República se convertirá en una realidad cuando amplias masas de ciudadanos comprendan que la precariedad laboral que padecen o la hipoteca que les ahoga no tiene solución en el marco de la actual Constitución. Pero esas masas no bascularán hacia la República mientras no vean en ella un alternativa real, y no un simple cambio de nombre. Porque la República a la que aspiramos no consiste en un simple cambio en la Jefatura del Estado, donde el rey es sustituido por un presidente. Es mucho más que eso. La República será la expresión de un nuevo bloque histórico integrado por la clase obrera, pequeña burguesía y amplios sectores de las clases medias, capaz de articular un nuevo proyecto político y económico alternativo al de la oligarquía. La República popular y federativa es la fórmula que expresa la organización del nuevo Estado republicano. Una Republica popular porque la organización de los poderes públicos y de la economía responderá a los intereses de clase de ese nuevo bloque histórico y social al que hacíamos   referencia. En este sentido, la República, entre otras actuaciones, reforzará la presencia del Estado en la vida económica, eliminará la enseñanza privada concertada, establecerá una reforma fiscal sobre la base de una fuerte imposición directa y progresiva, eliminará la especulación urbanística y convertirá la vivienda en un bien social, implantará un nuevo modelo de relaciones laborales en el que los trabajadores tengan presencia en los consejos de administración de las grandes empresas, suprimirá la financiación pública de la Iglesia y protegerá de forma efectiva el patrimonio artístico, cultural y arqueológico del país.

Una República federal porque es la fórmula más adecuada para la convivencia de los pueblos y el marco que permitirá satisfacer las aspiraciones nacionales de Cataluña, Euskadi y Galicia., a las que se reconocerá el derecho de autodeterminación, pero el Estado conservará los instrumentos necesarios para asegurar la cohesión territorial y social.

La República popular y federativa establecerá, en fin, nuevos formas de participación política para garantizar que la democracia se ejerce de forma efectiva y no sea, como en la actualidad, un simple adorno retórico. Este modelo de República implica, por tanto, cambios estructurales en todos los órdenes, y cuando esta imagen de la República   se extienda y se entienda, la monarquía tendrá los días contados.

Este proyecto político tiene por delante un largo y difícil camino, pero merece la pena recorrerlo. Y cuando lo hayamos recorrido y la República sea una realidad, entonces todos los que hemos participado en este combate, en esta andadura, podremos decir con legítimo orgullo: “yo estuve en esa lucha”, “yo participé en las manifestaciones republicanas”, “yo contribuí a devolver a España la dignidad, la legalidad y la legitimidad de la República”. Y, sin duda, habrá sido uno de los hechos más importante de nuestra vida.

*Carlos Hermida (Historiador, Profesor de la UNV.Complutense de Madrid)