Al hilo del proceso político al republicano Jaume Urgell
Kevin Álvarez
Loquesomos
El protocolo de comportamiento de
toda policía política (aunque no se presente como política, ni como
protocolo, lo que es irrelevante ante los hechos reales), incluye la
tortura y las acusaciones falsas, previamente diseñadas, en las que los
testigos suelen ser los propios policías. Y ya se sabe que, en este
terreno y en muchos otros, el testimonio policial de cara a una judicatura
fuertemente politizada y nada independiente, tiene siempre más valor que
el de la ciudadanía de a pie.
Ambos aspectos, tortura y acusaciones falsas o no
probadas con arreglo a derecho, pueden aparecer juntos o, según la
“gravedad de los hechos” o la importancia de la disidencia del acusado,
por separado.
El enjuiciamiento del
joven republicano
Jaume d´Urgell es
aleccionador. Al ser detenido en público, las acusaciones no pudieron
amañarse más allá de ciertos límites, ni adquirir la suficiente gravedad
para que los jueces decretaran su prisión preventiva, con lo que la
tortura no parecía prudente. Además, al no poder aplicarle la legislación
anti-terrorista, tampoco la tortura habría tenido, caso de denunciarse, la
aceptación política y social que en esos casos tiene. Así que el protocolo
funcionó mediante la típica amalgama de acusaciones políticas y
acusaciones falsas asimilables con delitos comunes. Sabia mixtura en cuya
elaboración, la policía política (política de hecho, que es lo que vale,
no de denominación) y la judicatura española son maestros cuando les
interesa.
Los hechos que motivaron la detención de Urgell
tuvieron lugar el 14 de mayo de 2007. Durante una manifestación contra la
precariedad laboral y por una vivienda digna, el joven arrió la bandera
monárquica (antes franquista) de un edificio público e izó la republicana,
perfectamente legítima hasta que no se demuestre lo contrario y que no
tiene el baldón de haber sido la enseña de la cuadrilla de asesinos que
dominó España durante cuarenta años.
En el atestado
policial, al parecer, figuran varias acusaciones falsas: haber organizado
y dirigido la manifestación (absurdo), haber destruido mobiliario urbano
(mentira: si algún mobiliario urbano se destruyó (¿) se hizo después de la
detención) y haber insultado a la “autoridad”; mentira, pero si la
“autoridad” – los policías - lo dice funciona el mecanismo citado de que
los policías tiene más credibilidad que cualquier ciudadano y más si el
ciudadano es un disidente, lo que es toda una muestra de represión
política y de Estado policial.
La fiscalía, según informaciones, recoge la versión
policial y acusa a Urgell de “injurias a España” (mantener la bandera
franquista no es injuriar a España, ni mantener en la legalidad a grupos
neo-nazis españolistas) y de “desórdenes públicos”, acusación en la que se
amalgama el delito común con la intencionalidad política, para
desacreditar cualquier acción disidente.
Pese a que las acusaciones no se sostengan más que
desde el punto de vista de castigo a un acto de disensión política,
mediante un atestado político y una magistratura política, la fiscalía del
estado pide un año de prisión y 4.000 euros de multa. Si termina en la
cárcel, Urgell será un preso político más de la monarquía. Un preso
republicano.
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