Razones
republicanas
José
Antonio Flores Vera
Granada Digital
4
de Octubre de 2007
Tan acostumbrados estamos los republicanos y antimonárquicos al
velo de silencio tácito o expreso de los medios de comunicación
“oficiales” del régimen democrático, actuando de protectores
de la Corona española, que hemos de reconocer que el aluvión de
críticas que ha recibido ésta, particularmente, desde el
“affaire”, “El Jueves”, nos ha abierto una esperanza sobre
el cambio de la forma política del Estado español, pero dicho
esto hay que matizar los fines y los medios, que suelen siempre
estar muy entrelazados en política desde que así lo escribió
Maquiavelo.
A quienes aspiramos a un sistema político lo más igualitario
posible, donde no existan privilegios ni favores divinos o
humanos, nos parece chirriante la existencia, ya en el siglo XXI,
de privilegios propios de periodos medievales, y es por eso por lo
que reivindicamos la supresión de instituciones que no están
basadas en la razón del Estado moderno y en la electividad. Ahora
bien, la solución no radica en un cambio caprichoso ni demagógico.
No se trata de cambiar sin más la forma de Estado de Monarquía
parlamentaria por la de República parlamentaria, si bien ese
cambio ya obedecería a una mínima razón electoral, que cada
cuatro años cambiaría la cabeza de la Jefatura del Estado. Por
el contrario, se trata de buscar la implantación de un sistema
político republicano que obedezca a razones coherentes, basado en
la existencia de un Estado culto, justo y socialmente asumible. Y
mucho me temo que a ese nuevo Estado no se llega por la vía de la
quema de símbolos, ni tampoco a través de la utilización de la
República desde voces independentistas o adversas a la nación
española. Es probable que se piense que en un momento inicial
todo conato adverso a la monarquía pueda ser útil para conseguir
el fin a través de los medios más directos, pero está claro que
esos símbolos incendiados de ahora también podrían serlo en un
hipotético futuro republicano. De hecho, si repasamos la historia
nos encontraremos con conatos violentísimos contra el Estado
republicano, legalmente constituido el 14 de abril de 1931. Por
tanto, se trata de cambiar muchas cosas, siendo una de ellas la
mentalidad de nuestra sociedad que parece apostar tan sólo por
criterios mercantilistas y donde se hace de la política negocio y
rédito.
Se trata en definitiva de una cuestión de valores que a muchos
nos ha inspirado lo leído y contado sobre la II República española,
que demostró – con sus luces y sus sombras- tener todo un
catalogo de hombres y mujeres, curtidos en las ideas antes que en
los negocios.
El debate que debe calar en la sociedad a favor de un sistema
democrático republicano ha de venir de la mano de razonamientos
intelectuales y políticos coherentes sobre la inoperancia de una
monarquía, que en absoluto, tal y como dice el monarca español,
ha traído la prosperidad a España. Esa pretendida prosperidad no
ha podido venir de otra forma que no obedezca al esfuerzo y
trabajo diario de cada uno de los españoles. Además, hay que
refutar argumentos que están basados más en el interés de la
preservación del estatus económico y social de la monarquía que
en su estatus político, cuyo partido es poco necesario hoy día.
Hay que profundizar con seriedad en el papel de la monarquía española
actual, en su utilidad real, sin obviar que los intereses de la
familia real pudieran estar más cercanos a su continuidad que a
razones de Estado. De hecho, a la luz de la observación podemos fácilmente
concluir que la actuación de los miembros de la Casa Real
actualmente se basa más en la suntuosidad que en la representación
estatal, siendo muchos los episodios conocidos y desconocidos de
los miembros de la monarquía que apuntan en esa dirección, tales
como la influencia utilizada por Urdangarín para hacer oscuros y
boyantes negocios y lo denunciado por algunos periodistas de
investigación en cuanto a inquietantes actividades del monarca,
tales como el libro de José García Abad, “La soledad del
Rey”, contando con administradores tan poco solventes como Colón
de Carvajal, o las extrañas relaciones del monarca con tipos que
han dado con sus huesos en la cárcel, tales como De la Rosa y
Conde. Igualmente chirriante es el oscurantismo existente en torno
a las cuentas de la Casa Real, desconociendo los españoles e
incluso nuestros representantes políticos el uso dado a la
asignación presupuestaria dada que no se agota en esa partida que
el próximo año estará cercana a los nueve mil millones de
euros, sino en todo el gasto necesario adscrito a los distintos
ministerios para mover toda la maquinaría de la institución monárquica,
tales como personal administrativo y militar, gasto corriente (vehículos,
manutención y un largo etcétera), partida para el sostenimiento
de viajes oficiales y no tan oficiales, coste de la construcción
y manutención de la casa del príncipe, entre otros muchos, hasta
el punto de que, en mi opinión, si se conociera todo el gasto
global necesario para atender a los monarcas y su familia (de
hecho surgió la noticia a raíz del fallecimiento de la hermana
de Leticia, que la fallecida contaba con una asignación mensual,
además de un gasto para vestuario y la disposición de un coche y
personal de seguridad), cada vez más extensa, se desmontaría el
tópico que afirma que la Jefatura de Estado española es más
barata que la jefatura de estado republicana de los países de
nuestro entorno.
En síntesis, la forma más solvente de iniciar un proceso
constituyente hacía la República parlamentaria es argumentar con
seriedad y rigor la necesidad de ésta, al tiempo de ir
desmontando argumentos tópicos y típicos a favor de la monarquía,
sin que sea posible aquí excluir una revisión de la transición
y tener siempre en cuenta que existe un lazo aún con el régimen
franquista al ser nuestro Jefe de Estado proclamado sucesor por el
dictador.
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