El 6 de febrero, las botas castrenses pisaron una vez más el campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) violando por segunda vez su autonomía. El presidente Ernesto Zedillo asumió la total responsabilidad por la decisión, igual que Gustavo Díaz Ordaz en los aciagos días de 1968, que culminaron con la masacre de Tlatelolco. Ahora no hubo muertos pero, como entonces, la intención fue acabar por la fuerza con una huelga estudiantil que comenzó hace nueve meses y medio. Carlos Fazio Desde Ciudad de México

La policía militarizada no encontró armas ni rastros de la guerrilla en la UNAM, como había denunciado el gobierno. Sólo cuatro cócteles molotov y dos plantitas de marihuana. No obstante, casi un millar de estudiantes detenidos fueron acusados de "terroristas". La movilización volvió a las calles. El miércoles 9, más de 100 mil personas formaron un río humano de más de cuatro kilómetros e inundaron el Zócalo capitalino con una sola demanda: la libertad de todos los presos políticos; la de los estudiantes presos.

Ese día, los agentes de la Policía Federal Preventiva habían entregado las instalaciones de la universidad al rector Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué vendrá? Nadie sabe. La comunidad universitaria está fracturada, dividida. Es un año electoral, y a nadie escapa que detrás del conflicto siempre estuvo la larga mano del gobierno y del pri, el partido oficial.

LA MENTIRA COMO MÉTODO. Era domingo. Al alba, 2.400 agentes uniformados cercaron la Ciudad Universitaria y avanzaron en formación, "peinando" el territorio universitario en busca de jóvenes huelguistas. Saldo: más de 700 estudiantes detenidos. Fue una exitosa operación quirúrgica. "Pulcra y eficaz", la consideró el ministro del Interior, Diódoro Carrasco. La comandó un almirante que en el pasado fue jefe de los servicios de inteligencia del gobierno. La ejecutaron miembros de un cuerpo paramilitar creado para combatir al crimen organizado; rubro en el que no se le conoce hazaña alguna.

La acción de la justicia fue expedita: los cargos de terrorismo, motín, asociación delictuosa y otras barbaridades convirtieron a los jóvenes interlocutores del rector en la mesa de diálogo, en simples "terroristas subversivos" de la noche a la mañana. Así, un movimiento que luchó durante más de nueve meses en defensa de la educación pública y gratuita, se transformó en un grupo delictivo y pasó a ser "enemigo del Estado". Un despropósito.

Las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México -la más grande de América Latina y de reconocida capacidad académica- lucían las banderas rojinegras de huelga desde el 20 de abril de 1999, cuando estalló el movimiento estudiantil a raíz de la decisión del rector de imponer un alza de los aranceles universitarios, como eje de una reconversión educativa de cuño neoliberal.

Ese fue el origen del conflicto: los afanes privatizadores y electoreros detrás de las intenciones reformadoras, autoritarias e ilegítimas del rector Francisco Barnés y el gobierno zedillista. Las necesidades financieras del escandaloso y multimillonario rescate bancario, convertido en deuda pública, se comieron el gasto social del presupuesto federal, y las autoridades económicas decidieron el recorte de subsidios a los centros de educación superior, básicamente la UNAM y el Instituto Politécnico, además del alza de cuotas.

Se trató de una privatización embozada de la universidad y la eliminación paulatina y programada de la educación pública y gratuita según recomendación del Banco Mundial, que pretende transformar los derechos en servicios pagos. El proyecto de una universidad-empresa al servicio del gran capital. Una UNAM despojada de su función social y transformada en un shopping center. Un supermercado del siglo xxi; una trasnacional del saber cuya formación esté orientada sólo por la "mano invisible" del mercado. Como señaló Adolfo Gilly, los tecnócratas de rectoría "quieren subordinar los derechos al mercado: quienes pueden pagar tienen servicios asegurados, no derechos; quienes no pueden, tienen en ciertos casos asistencialismo para pobres, y en otros, nada".

Los estudiantes salieron a las calles a protestar contra ese proyecto de universidad elitista. Y chocaron contra la cerrazón del gobierno. Durante meses, y echando mano de la prensa, la radio y la televisión, la población fue bombardeada por una propaganda masiva y apabullante. A través de los medios masivos de comunicación, como repetidores de la "verdad" oficial, se vulgarizó la idea de que el conflicto de la UNAM se había empantanado debido a la "intolerancia" de una "minoría radical" del Consejo Nacional de Huelga (cnh) -a la que se le endilgó el mote de "ultras"- que no quería dialogar y mantenía "secuestrada" a la universidad. El mensaje final que se metió en la cabeza de la gente fue que los huelguistas eran unos jóvenes "mariguanos", sucios y terroristas -violentos y subversivos- a los cuales había que aplicarles toda la fuerza del Estado. Y así fue: la violación de la autonomía universitaria por la policía militar, el 6 de febrero, se hizo en nombre del famoso Estado de derecho y mediante "trámites legales impecables", según la apreciación del presidente Zedillo.

La teoría de la conspiración. En ese contexto, la información sobre el conflicto de la UNAM se convirtió en una mercancía sometida a las "leyes" del mercado total, y no a otras reglas como podrían ser las derivadas de criterios cívicos o éticos. El que paga manda y no importa que el mensaje esté construido sobre la mentira y los falsos testimonios. O sobre la teoría de la conspiración, como ocurrió en este caso. Si todos los mass media dicen que algo es verdad, es verdad, incluso si es falso: los "chavos" de la UNAM son "terroristas", afirmó el gobierno. "Son terroristas", repitieron a coro los comunicadores del Estado. Los medios crucificaron antes a los jóvenes huelguistas y después vino la justicia instantánea; expedita y vengativa. Ejemplar y paralizante. Para meter miedo. Igual que en Chiapas: los indios culpables.

Estudiantes e indios "atentan" contra la seguridad pública, fue la consigna. Son un "peligro" para la seguridad nacional. Entonces se lanzó contra ellos a militares y policías. Después vino la razón de Estado y su remedio: una justicia clasista.

La "noticia" fue que la UNAM había quedado inmovilizada por un "grupúsculo de vándalos", una "minoría de seudoestudiantes" que "secuestraron" y tomaron de "rehén" a la institución y a los "verdaderos" estudiantes. Se machacó que esos "holgazanes" fueron manipulados por "agitadores" y "agentes externos", entre quienes los servicios de inteligencia identificaron a colaboradores cercanos de Cuauhtémoc Cárdenas, funcionarios del Partido de la Revolución Democrática, y a supuestos guerrilleros clandestinos del ezln, del epr y hasta de... Sendero Luminoso.

Satanizado por los noticieros de televisión y los comentaristas radiales de mayor rating, el movimiento huelguista se transformó en un grupo de facinerosos, amantes de la violencia, integrado por jóvenes irracionales e irresponsables. Y de nuevo, como en los tiempos de Díaz Ordaz, apareció el fantasma de la conjura y la "subversión externa". Por extensión, los "agitadores externos" (Cárdenas, el prd, exalumnos y académicos disidentes, presuntos guerrilleros) fueron identificados como "violentos" y "desestabilizadores". La más pura lógica del salinismo: el prd siempre ha tenido fines inconfesables y es culpable de todo lo que sucede en México. La coartada ideal para que el partido de Estado, el pri, que lleva 70 años monopolizando el poder, pueda reeditar, de cara a los comicios del 2 de julio de este año, "el voto del miedo" que llevó a Ernesto Zedillo a Los Pinos hace seis años.

La misma técnica de intoxicación y desinformación desplegada por el exsecretario de Gobernación y actual candidato del pri a la presidencia, Francisco Labastida, para el conflicto de Chiapas. La misma lógica contrainsurgente aplicada contra los indígenas rebeldes. La misma estrategia de dejar pudrir los conflictos. La idéntica perversión de enfrentar a estudiantes contra estudiantes, que reproduce la táctica chiapaneca de oponer a indígenas contra indígenas.

Al igual que en la cruzada antizapatista de Labastida, en la campaña de saturación desarrollada en los medios contra el movimiento estudiantil apareció otra forma de criminalización de la pobreza, con eje en "las fuerzas externas" (equiparables a "los extranjeros" en Chiapas). En las categorías del poder, las fuerzas externas y los extranjeros son los que no están de acuerdo con el proyecto hegemónico; los que se ubican allende las fronteras del pensamiento único. Los "globalfóbicos", diría Zedillo en Davos. De ese modo, los indígenas, la iglesia de San Cristóbal de las Casas, los nacionales solidarios y los observadores humanitarios extranjeros, Cárdenas y el prd, los estudiantes huelguistas y sus padres, académicos, investigadores y exalumnos que los apoyan, los miles de marchistas del 6 y del 9 de febrero se hacen acreedores de ser perseguidos por la policía política y juzgados a todo vapor por leyes de excepción.

El derecho de huelga quedó asimilado al delito. Finalmente, la salida de fuerza del 6 de febrero. De nuevo los camiones y helicópteros militares en la universidad. El gol de arco a arco, pulcro y aséptico -"¡ni un solo muerto!". La simple aplicación de "la justicia", explicó después el procurador Jorge Madrazo. La disuasión, no la represión, puntualizaría el responsable de la seguridad interior, Diódoro Carrasco.

"La UNAM recuperada para la democracia. Es un hecho histórico para todos los mexicanos", clamaron entonces los propagandistas de los medios. Pero nada dijeron sobre la verdad de los huelguistas. Nada sobre la autonomía universitaria pisoteada por botas castrenses. Siguió la petulancia del poder. La humillación de los vencidos. La parodia jurídica.

Y sin embargo, la huelga continúa.