La desamortización de Serra rexach

 

No se corresponde el título con la estrategia diseñada por los gabinetes técnicos de Defensa, que desde luego no tienen previsto desamortizar sus propiedades salvo en determinados casos que explicaremos ya entrado el artículo.

La noticia publicada en el diario "El País" el 3 de septiembre del 98 en la que se analizan las próximas adquisiciones de armamento y los compromisos adquiridos por el Mº de Defensa para los próximos años, muestra uno de los rostros más duros de esta sociedad mercantilizada-militarizada. En pro de un abastecimiento de armamento irracional donde los haya para "mantener la operatividad y hacer frente en lo posible al objetivo de constitución de reservas de guerra", se invertirán en los próximos 15 años casi 3 Billones de pesetas. El Eurofighter, las Fragatas F-100, los tanques Leopard y un sin fín de nuevos aparatitos, hipotecarán las inversiones de carácter social, en el supuesto de que pretendieran hacerse, mediante dos maniobras urdidas desde el democrático parlamento español, representante del populacho que le otorga el poder: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la especulación prevista con las propiedades desafectadas por el Mº de Defensa.

Sobre el primer aspecto, y de una pasada ligera, no ha llegado aún el momento de aumentar de forma escandalosa el presupuesto de Defensa, que pretende conseguir disponer de 1,4 Billones de pesetas en próximos años. La intención de equiparar los gastos de personal con los de armamento se encuentra en un impasse algo incómodo: no saben como va a salir el órdago lanzado con el ejército profesional. Cuando éste cabo esté atado, y hayan conseguido el mínimo imprescindible de reclutas, las subidas no serán del 4% (como este año) sino de bastante más porcentaje. Está previsto el presupuesto inicial de Defensa en los PGE del 99 en unos 934.000 millones de pesetas, 36.000 millones de subida respecto al presupuesto del 98. Como ya mencionamos en el libro "La Socialización del Miedo. Un análisis del Gasto Militar y del Control Social", las subidas del presupuesto de Defensa amparadas en la necesidad de pagar la futura tropa profesional, no son sino una burda mentira. Tras el escaparate consiguientemente mediatizado se esconde, principalmente, un obligado apoyo a la OTAN, que consumirá, con bastante seguridad, un tercio de esos 36.000 millones.

Y precisamente porque sabían que los PGE no podrían ser de inmediato la llave que abre el cajón de sastre de la aventura bélica, organizaron, con buena precisión, la forma de conseguir los fondos oportunos.

Una de estas formas, es la que nos obliga a centrar la siguiente reflexión. Otras fuentes de financiación, de sobra conocidas, consisten en contabilidades paralelas "desconocidas" por el fisco, en operaciones financieras en diferentes bancos del mundo.

 

La Defensa Nacional.

El bien de la Defensa Nacional lleva saliéndonos muy caro desde tiempos remotos. El incuestionable argumento de la fuerza violenta que suelen monopolizar los ministerios de la guerra, obligaron en el pasado a familias, diputaciones y ayuntamientos a ceder terrenos, inmuebles, fincas rurales, bienes de valor histórico y cultural y otras propiedades municipales, pues al parecer eran de interés para la defensa nacional. El bien, que entonces se definía sobre el conjunto del territorio (como una muestra de la omnipresencia de lo militar en todos los rincones de la geografía) ahora se transforma en la necesidad de dotar a los ejércitos del armamento más tecnológico del mercado, el más fiable, el más letal.

Vacía de contenido desde cualquier instancia jurídica o legal, la figura del "bien de la defensa nacional" se transmuta, cambia cual camaleón, para adaptarse a las situaciones presentes. La indefinición es la norma que juega a favor de "los legales", es la norma que hace y deshace con total impunidad.

Tras esta injusticia desplegada en el conjunto del territorio, los militares, esa casta privilegiada y usurpadora donde las haya, consiguieron convertirse en uno de los terratenientes más grandes de Europa.

En el Estado español, la operación histórica de la ilegalidad supuso disponer de la titularidad de 1.500 millones de metros cuadrados: garantía de un futuro entregado a las irrefrenables atracciones del mercado.

Nos invade la rabia de pensar que primero "nos lo robaron" y por si no fuera suficiente, con lo que nos robaron, nos pretenden empobrecer aún más: inversiones sociales se desvanecen como lágrimas bajo la lluvia de la especulación, tierra de todos entregada al fetiche del dinero.

 

La Ley 13/1996 del 30 de Diciembre.

La Ley 28/84 del 31 de Julio que regulaba la Gerencia de Infraestructura de la Defensa (Gindef) impedía que el dinero recaudado por la venta de instalaciones militares de cualquier tipo se utilizara para la compra de armamento. Obligaba a que los recursos obtenidos por la enajenación se destinaran, en un rígido capítulo presupuestario, a adquirir de nuevo infraestructura y equipamiento.

Con una previsión acorde al planteamiento ideológico del gobierno (liberalización total), se creó la Ley 13/96 del 30 de Diciembre, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos del año 1997. Esta ley incorpora la posibilidad de diversificar los recursos obtenidos por la Gindef, es decir, abre la posibilidad de que se pueda comprar armamento gracias a movimientos especulativos que se efectúan con las propiedades cedidas en su día por diferentes pueblos, con el "patrimonio" de todos y todas, si es que aquí hay algo de alguien.

El Ministro de Defensa quedaba autorizado mediante esta nueva ley, a campar con la chistera por las ferias de armamento, por las fábricas... el rockefeller español con sustanciosos cheques en blanco: licencia para gastar.

Superados los corsés que impedían la ansiada flexibilidad, el cielo se abre, la demanda crece sin que haya necesidades reales que así lo impongan. Quema el dinero.

 

Los primeros pasos.

Lo que más urge es saber de qué se dispone. Para ello, se encargó el estudio de las propiedades a la consultora Arthur Anderssen prescindiendo de las rigideces inherentes al funcionamiento de la Gindef.

Los billones que puede ofrecer la operación especulativa ponen en la parrilla de salida a los militares y civiles organizadores de los asuntos de la Guerra. Babean, como perros tras su presa, ansiosos de alcanzar la meta, de estar armados hasta los dientes.

Sólo hay que salvar algunos escollos de no demasiada importancia puesto que el principal obstáculo (disponer del dinero para gastarlo como se quiera) ha sido superado. Por si alguien aún duda que los fondos recaudados se van a destinar para el fin mencionado, basta con leerse los planes de "Política de Infraestructura" (RED mayo-98), "Defensa reforma su política de Viviendas" (RED junio-98), y diferentes manifestaciones de, entre otros, el Secretario de Estado para la Defensa (Pedro Morenés) ante el Congreso de los Diputados el 26 de Mayo de 1997, Fernández de Mesa, del Grupo Popular (Congreso, 31 de Marzo de 1998) y Mardones Sevilla, de Coalición Canaria (Congreso, 31 de Marzo de 1998).

Entre los escollos a superar, hay que plantear alegaciones a los Planes de Ordenación Urbana de los municipios y provincias en los que Defensa tiene ancladas las propiedades. Muchas de estas se encuentran clasificadas como Urbanizables No Programadas, como Zonas de Interés Social, Cultural, y por supuesto, extensas zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental.

Estas alegaciones comienzan a dar sus frutos, como ha ocurrido en Málaga.

En Octubre de 1995, el Director Gerente de la Gindef, Jesús Melgar Fernández, expuso al Ayuntamiento de Celia Villalobos la necesidad de que se recalificara el "Campamento Benítez" , antaño ocupado por los queridos legionarios (algunos de los cuales se encontrarán en misiones humanitarias). El inmueble, de 276.000 m2, está calificado como Suelo Urbanizable No Programado, y la Gindef, solicitó que se recalificara como Urbanizable Programado. De esta manera, la Gerencia podía comenzar con un proceso de venta de un inmueble que ofrece muchas posibilidades, por estar rodeado de dos importantes vías de comunicación, infraestructura suficiente viaria y de servicios. Después de que el Ayto., en una jugada magistral, aparentara negarle esta posibilidad y mantenerlo como estaba para darle un uso residencial y de ocio, reclamando además que se les fuera devuelto de forma gratuíta, han declarado el inmueble como Sistema General, abriendo así la posibilidad de compensar a Defensa, no con una cantidad económica, sino con una permuta de terrenos vendibles en una zona de gran expansión hotelera y deportiva de alto nivel,conocida como "Plan Bahía" (Fuente: MOC de Málaga).

Una vez sometidos todos los ayuntamientos a los planes de Defensa, podrán comenzar a vender sus propiedades. Como veremos más adelante, ésto ofrece diferentes posibilidades de lucha.

Para hacernos una idea del volumen de negocio previsto basta con ver las siguientes cifras:

- En Mayo del 98 la Gindef tenía prevista la venta de 550 propiedades, con un valor estimado de 64.000 millones, como consecuencia de la reestructuración de unidades del Plan Norte (RED, mayo-98)

- Las aproximadamente 47.000 viviendas de que dispone, que podrían ofrecer, más de 200.000 millones de pesetas de beneficio, están repartidas a lo largo de la geografía del Estado español de la forma que aparece a continuación (Fuente "El País", 22 de mayo del 98)

 

- El Ferrol .. 2.465

- Pontevedra... 714

- Valladolid...907

- Salamanca... 506

- Alcalá de Henares...1.162

- Madrid...12.563

- Badajoz ...703

- Córdoba... 382

- Sevilla...2.465

- San Fernando (Cádiz)...3.725

- Algeciras...1.051

- Ceuta...1.091

- Melilla ...979

- Santa Cruz de Tenerife ...480

- Las Palmas ...1.728

- Granada ...724

- Almería ...337

- Albacete ...489

- Cartagena ...2.310

- Valencia...1.333

- Palma de Mallorca ...939

- Toledo...456

- Zaragoza ...1.916

- Barcelona ...1.483

- Huesca...715

- Nafarroa ...653

- Donosti ... 531

- Burgos ...575

- León ...792

 

-En Marzo de 1998, el INVIFAS (Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas) había enajenado 3.427 viviendas, de las cuales 2.378 han sido vendidas directamente a sus usuarios y 1.049 mediante concurso público o subasta pública (aunque ciertamente lo público no lo es tanto, pues en la subasta hay quienes tienen prioridad -evidentemente, los militares-).

 

Y es que ciertamente, el tema de la venta, subasta o concurso, no deja de causar asombro a propios y extraños. Si alguien pensó que los militares (en activo, en reserva, en retiro o en el estado que sea) iban a quedarse desamparados, es porque la ingenuidad no está exenta de cometer errores.

- "Las viviendas ocupadas se venderán con carácter voluntario a sus usuarios al 50% del valor real del mercado"

- "El usuario que decida no comprar su vivienda continuará habitándola bajo el régimen actual"

- "La venta, que será al contado, se realizará al titular del contrato, o en su defecto, al cónyuge o persona con análoga relación de afectividad..."

- "Las viviendas vacías... se venderán por concurso, primando a los militares en activo sin vivienda militar"(RED, junio-98)

 

De un plumazo, se resuelve uno de los mayores problemas con los que se encontró el PP a su llegada al poder. Durante el mandato "socialista", se creó el Real Decreto 1990, que originó gran malestar entre los militares, pues les obligaba a abandonar las propiedades en las que vivían una vez entraran en la Reserva. Durante tres años se acumularon 3.500 expedientes de desalojo, lo que generó un elevado número de recursos y una gran tensión.

"Para resolver estos problemas, el anteproyecto de Ley -que se presentará en breve en el Congreso- prevé que sean archivados de oficio todos los expedientes de desalojo -incluídos los confirmados por los Tribunales Superiores de Justicia-" (RED, junio-98).

Curiosamente, en la Comunidad de Madrid se ejecutan 8 desahucios diarios. Ningún Tribunal los paraliza, ningún proyecto de Ley ampara a las familias que se quedan en la calle, a nadie se le venden propiedades un 50% por debajo del precio del mercado, nadie impide la especulación. Para colmo de males, el proyecto de Ley ni siquiera impide a quienes compren estas subvencionadas propiedades, el poder revenderlas, esta vez sí, con todas las garantías del mercado. Auténticas gangas puestas en manos de quienes no las necesitan. Propiedades originalmente robadas partidas en dos: beneficios por la venta y la reventa; beneficios para los militares.

 

Las cesiones gratuitas

Pero no todo es malo en la viña del Señor. No podía pasarse un detalle, por pequeño que fuera, para que los medios de comunicación elevaran a rango de benefactores con gran humanidad a éste, "nuestro" Ministerio.

Se ha repetido en varias ocasiones que habrá cesiones gratuítas de edificios, solares u otras propiedades a los ayuntamientos, familias sin ánimo de lucro etc.

Y es que, la experiencia nos dice que viniendo las ofertas de quienes no tienen más objetivo que amasar dinero, y no siendo precisamente la filantropía una costumbre practicada por los españoles, ¡aquí hay gato encerrado!.

Las cesiones, tan gratuítas como son, están sujetas a pequeñas observaciones:

- Se cederán exclusivamente aquellos bienes que carecen de interés económico y donde es previsible que no exista en el futuro.

- La cesión, liberará al Ministerio de Defensa de importantes gastos de dinero en concepto de mantenimiento de los inmuebles, que correrán a cargo de aquellos a aquienes se les conceda la utilización de los mismos. Esto permite mantener el patrimonio en funcionamiento, preservando su valor económico para que en su día.

- el Mº de Defensa recupere la titularidad y pueda sacarle beneficios en forma de venta o de permuta. Era de nuevo ingenuo pensar que las cesiones eran indefinidas. No son sino cesiones temporales en las que el Mº puede recuperar la titularidad de forma inmediata (por el bien de la Defensa Nacional). Ya se han firmado en 1997 quince convenios de esta naturaleza.

 

Numerosas instalaciones se mantendrán sin uso, cerradas, a la espera de poder ser vendidas o permutadas. Algunas de ellas, de gran valor artístico, histórico o cultural, sin más, se iran desmoronando.

Las ventas a ayuntamientos tampoco son panaceas. Muchas de éstas se convertirán, por la falta de rigor y regulación existente entre las administraciones, en nuevas especulaciones. No estando obligadas las corporaciones a utilizar las nuevas adquisiciones para usos de interés social (equipamientos culturales, deportivos, sanitarios, etc.) queda abierta la caja de pandora, todo vale. Seguirá primando la privatización de bienes frente a una intervención municipal de carácter social.

 

¿Qué podemos hacer?

Una vez más estamos ante una situación complicada, aunque no por eso ausente de posibilidades de lucha. Además del carácter eminentemente negativo que tiene el hecho de que lo ingresado por esta especulación vaya a ser destinado para la compra de armamento, está la componente del espacio.

Se impone la dictadura del poder que en su día nego el derecho de reversión a los cedentes. Y aunque bien es cierto que los ayuntamientos y corporaciones no hacen sino especular con el territorio, articulando esa disposición espacial cuadriculada, compartimentada para favorecer la individualidad, normalizada y sometida al imperio de las policías y los automóviles, no es menos cierto que ahora, en manos definitivamente privadas, la historia se antoja complicada.

Tenemos la posibilidad de denunciar esta operación, anteponiendo la otra cara de la moneda: el sufrimiento de las familias desahuciadas, de las familias que viven en condiciones infrahumanas, de la juventud dependiente de la familia y del explotador de turno amparado en un contrato precario, de los beneficios de los bancos que han convertido las viviendas en un valor de cambio muy lucrativo frente al valor de uso que deberíamos poder darle, de la ilegalidad que incumplen quienes gobiernan violando su carta magna.

Tenemos la posibilidad de investigar este conjunto de propiedades, pueblo por pueblo, provincia por provincia y articular de forma descentralizada, aunque coordinada, una lucha dirigida a recuperarlas, para vivir, para crear, para autogestionar nuestra vida. Ante la negritud del panorama, debemos coordinar esfuerzos. Podemos reivindicar múltiples usos para estos inmuebles y terrenos. Una posibilidad de lucha en la que pueden converger diferentes grupos y realidades sociales, con diferentes culturas y experiencias...una forma de frenar la barbarie del "militarismo mercantilizado".