LA POBREZA CRIMINALIZADA.

Servicios "sociales" y "defensores de menores desprotegidos".

Un intento de romper el muro de la soledad y el aislamiento con l@s más débiles.

Del pensamiento único a la criminalización de la pobreza.

El presente está marcado por las pautas que impone la lógica de la economía capitalista. Como una mancha de aceite que se extiende de forma implacable, va impregnando todos los ámbitos de lo social y ya casi no hay actividad humana que no se someta a sus leyes: competitividad, individualismo, beneficio.

"Democracia" se equipara a "mercado" y el llamado sueño americano nos enseña que cualquier persona, partiendo de la nada, puede llegar a la cúspide del consumo individual. La supuesta igualdad de oportunidades es la base de nuestros sistemas políticos.

Pero lo cierto es que la pobreza, el paro y la exclusión son fenómenos persistentes. Más de ocho millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza en el Estado español así lo atestiguan. A pesar de los esfuerzos para que esta realidad se haga invisible a los ojos de las clases medias, de las personas normalizadas; a pesar de los guetos, de las prisiones y de otros centros de internamiento donde se trata de esconder, la pobreza rebosa con preocupante insistencia.

Ante el temor de que esta situación pueda perturbar la "paz social" imperante, el molde del pensamiento único se aplica con matemática frialdad: el que vive en esas condiciones es porque no ha sabido o no ha querido buscar sus oportunidades. Es responsable de su situación y una amenaza para el modo de vida normalizado. Los cuerpos represivos, ya sean policiales o, como veremos, los propios servicios sociales, que están asumiendo esta tarea de forma creciente, están legitimados para actuar. La pobreza ha sido criminalizada.

La función policial de los servicios sociales

En 1.993 todos los servicios de la Comunidad de Madrid referidos a menores, pasan a formar parte del IMAIN (Instituto Madrileño de Atención a la Infancia), que se configura como un enorme aparato burocrático. Bajo la teórica responsabilidad de atender a una población de niños y adolescentes en situación de extrema pobreza (ya en el 89 se estimaba que había unos 48.000), se empieza a especializar en la vigilancia y control de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid donde se concentran los mayores núcleos de marginación.

De los más de 6.000 millones de pesetas con que cuenta el IMAIN, menos de un 3% lo dedica al trabajo que se desarrolla en los barrios, aunque sin permitir que ese dinero se utilice para cubrir las necesidades básicas de las personas destinatarias, sino exclusivamente para mantener centros, instalaciones, burocracias, propagandas... El resto lo destinan a mantener a un personal que supera las 1.400 personas y que absorbe el 67 % del total, y a sostener las residencias y pisos de acogida gestionados por familias e instituciones privadas, a los que tienen que derivar cierto número de niñ@s por la saturación que hay en sus centros. El objetivo de muchas de estas instituciones y ONG´s es recibir más subvenciones, que están en función del número de niñ@s que tienen en acogida. Se conocen casos en los que han mantenido en sus archivos el registro de niñ@s que ya no estaban allí (probablemente porque habían huido) para continuar percibiendo su asignación.

A la vista de estos datos, parece claro que la función del IMAIN no es actuar para paliar las carencias de una parte de la población infantil madrileña, sino mantener todo un aparato burocrático que vive de la pobreza. De los casi 50.000 niñ@s a los que debería atender, sólo 2.500 reciben "ayuda", una ayuda que se basa en la separación de su entorno, de sus amig@s, en su utilización como mecanismo de chantaje hacia sus familias, propiciando el control social y policial de las mismas y la intromisión en su vida privada. ¿No sería mejor que esos más de 6.000 millones de pesetas se destinaran a paliar las carencias reales de esa población, de manera que no existieran motivos (si los hay) para retirarles los niñ@s? Obviamente no, si esto sucediera, el IMAIN ya no tendría razón de ser.

Esta estructura económica necesita niñ@s para llenar los centros; éstos son su fuente de beneficios. Y l@s niñ@s están en los barrios, en los núcleos donde se concentra la pobreza. La red de la asistencia social, tejida minuciosamente en estas zonas, es la encargada de detectarlos, clasificarlos y enviar sus informes a las comisiones de tutela. En 1.996 se aprobó la Ley de Protección del Menor, que facilita la llamada "tutela automática" de los catalogados como "menores en situación de desamparo", de forma que el procedimiento de internamiento se agiliza enormemente. La amenaza permanente hacia los niñ@s y sus familias de ser internados en un centro, sirve para que l@s asistentes sociales invadan su vida, violen su intimidad, entren en sus domicilios y valoren y juzguen su comportamiento y actitudes. Las ayudas no llegan, el IMI (Ingreso Mínimo de Integración) se somete a unas condiciones abusivas, pero el hostigamiento y las amenazas son constantes. Se configura así un ejército de burócratas, cuyo sueldo depende de que se mantengan las situaciones de pobreza de una población muy concreta.

La realidad supera a la ficción.

La crudeza de esta situación, que a primera vista puede parecer un cuento o una exageración, se nos puso de manifiesto en el conocimiento directo de uno de estos casos de tutela automática asumida por la Comunidad de Madrid. Nuestro colectivo lleva años trabajando con niñ@s de una zona de infraviviendas y chabolas situadas entre el municipio de Getafe y el de Madrid. El 4 de agosto de este año, la GRUME (Cuerpo de la Policía Nacional especializado en el control y vigilancia de la infancia) entraba por la fuerza en uno de estos domicilios, llevándose a seis de los ocho hij@s de una de las familias, para trasladarlos a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Entre la brutalidad que desplegó la policía en esta actuación, el mayor de los hermanos, de 17 años de edad, fue esposado. El mismo era devuelto a su hogar dos días después, pero los otros cinco quedaban internados allí.

El Colegio de Abogad@s asignó una abogada de oficio a la familia, pero cuando la madre acudió a ella, esta persona estaba de vacaciones. Cuando por fin la localizaron, se inhibió del caso, afirmando que era abogada criminalista, que no sabía nada de este tipo de procesos, y que la ley la amparaba para no coger el caso. La madre tuvo que acudir a un abogado privado que, cuando quiso presentar el recurso por la retirada de tutela, ya lo hacía fuera de plazo (¡en casos de retirada de tutela sólo hay tres días para presentar el recurso!). En todo el proceso, nadie del Colegio de Abogad@s informó a la madre que, al inhibirse la abogada de oficio que le había sido asignada, se producía un caso de clara indefensión y tenía derecho a que otr@ abogad@ de oficio asumiera su caso.

En septiembre la madre de l@s niñ@s se puso en contacto con nosotr@s para ver si podíamos echarle una mano. A partir de entonces empezamos a desarrollar una acción en el barrio, encaminada a generar un movimiento de apoyo y solidaridad con la situación de esta familia y a tratar de reconstruir el proceso que había seguido la Comunidad de Madrid a la hora de tomar esta medida, con la intención de desmontarlo. Nuestro objetivo prioritario era sacar a l@s niñ@s del centro de acogida porque, paradójicamente ahora sí estaban en una situación de inseguridad y riesgo, alejados de su entorno, de su familia y recibiendo malos tratos por parte de sus cuidadores.

El proceso se había iniciado más o menos dos años antes. Por esas fechas, la madre acudió a los servicios sociales de Villaverde Alto (Distrito del municipio de Madrid) para solicitar el IMI ante la difícil situación económica en que se encontraba. Le fue asignada esta ayuda, pero a cambio, abrió una puerta a la intromisión de los servicios sociales en su vida que, en la mayoría de los casos, ya no vuelve a cerrarse. Le impusieron la realización de inútiles cursos, buscar trabajos en el Segunda Mano delante de algún asistente, (¡a una madre que tiene que sacar adelante a ocho hij@s!), tenía que presentarse periódicamente en los Servicios Sociales con tod@s ell@s y "colaborar". Cuando la mujer empezó a impedir el paso a su hogar a la asistenta, cuando se negó a continuar con los cursos y las presentaciones, cuando se vio forzada a rechazar el IMI, se inició un expediente que iba a ser engordado poco a poco hasta terminar en la retirada de tutela.

El Equipo-10, siniestro nombre de un grupo de técnicos privados que, contratados por la Comunidad de Madrid se dedican a investigar la vida de la gente en los propios barrios y centros escolares, consigue un informe en el colegio de l@s niñ@s. Con la argucia de que "están para ayudar y proporcionar apoyo profesional", hacen que el tutor de la hija, rellene uno de sus cuestionarios (alguna de las preguntas que se hacen en él están denunciadas por inconstitucionales), que pasa a engordar el expediente.

La asistenta social del EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Pedagógica), que también se había enfrentado a la familia con sus chantajes y amenazas, redacta otro informe.

El expediente ya está completo. Los escasos datos que aportan estos informes son suficientes para que la Comisión de Tutela correspondiente establezca la llamada tutela automática de la Comunidad de Madrid y los niñ@s sean separad@s de su familia, de sus compañer@s y amig@s y de la única forma de vida que han conocido hasta ese momento.

Para adoptar esta medida, no se preocupan por escuchar a la familia, a l@s hij@s, a sus vecin@s, a sus profesoras, a las asociaciones del barrio que les conocen. No se preocupan de sus necesidades reales y las posibles soluciones, pero actúan rápidamente para que cinco niñ@s más pasen a justificar la enorme maquinaria burocrática y económica del IMAIN.

En este tiempo hemos podido conocer las tres razones en las que, al parecer, se basan para retirar la tutela, todas ellas más que cuestionables y, en cualquier caso, demasiado endebles para justificar una medida tan extrema:

- La hija tiene un mutismo selectivo (no habla en el colegio) y la madre "se niega a que sea adecuadamente tratada (internada)". El mutismo selectivo es un problema psicológico y como tal, lo tiene que tratar un psicólogo y no un logopeda (persona que trata los problemas del lenguaje), como pretendía el EOEP. La actitud de la madre es, desde este punto de vista, comprensible. En cualquier caso, podríamos preguntarnos ¿el hecho de internar a esta niña soluciona su problema de mutismo? ¿por qué se llevan también a sus cinco hermanos?.

- Uno de los hijos, de quince años de edad, está desescolarizado. Desde que empezó la secundaria tenía que trasladarse a unos 8 km. de su casa para acudir a un centro que aplica la misma plantilla a tod@s sus alumn@s, sin tener en cuenta cuál es la realidad de la que vienen, ni las necesidades y carencias que tienen. Al parecer, a la Administración sólo le importa que l@s niñ@s estén registrad@s en algún colegio hasta los 16 años. Frente a esto, el estaba creando su propio proceso de formación con otros colegas y gente del barrio. Tienen un huerto de ocio en la ribera del Río Manzanares y antes de su "detención" ya había visto la posibilidad de preparar un taller de huerto en el colegio al que había acudido hasta entonces. Aquí nos volvemos a hacer la misma pregunta, ¿qué soluciona el internamiento, por qué se llevan al resto?

- La madre rechaza las ayudas sociales. Este argumento lo justifican por el rechazo del IMI, pero ya hemos visto antes cómo la Comunidad de Madrid utiliza esta ayuda para imponer un chantaje y someter a su control y vigilancia a las personas que lo solicitan. ¿Por qué acceder a una "ayuda" se convierte en un riesgo para el que no hay vuelta atrás?

Una reacción a tiempo.

Como ya dijimos antes, además de ir desmontando el proceso que había llevado a la Comunidad a la retirada de la tutela, se inicia en el barrio un movimiento de apoyo y solidaridad con la familia. Creamos una plataforma en la que están la madre y el padre de l@s niñ@s, una representación del colegio, de las APAS, del movimiento vecinal, y de otras personas a nivel individual. Nos marcamos el objetivo antes señalado: sacar a l@s niñ@s del centro de acogida. El primer problema al que nos enfrentamos fue el de vencer el morbo de algunas de las personas que acudieron con actitud de continua sospecha. Algun@s llegaron a poner como condición para seguir trabajando conocer detalles de la familia, y aprovechándose de sus amistades dentro del Ayuntamiento de Getafe, se dedicaron a investigar no sólo qué había pasado, sino también quiénes éramos las personas que estábamos en el grupo. Con esta información "veraz" que transmitía el personal ligado a los Servicios Sociales, corrieron el rumor de que "la familia no es trigo limpio", "el padre tiene amenazado a medio barrio", "en esas chabolas hay que entrar con chaleco antibalas".... Daban más crédito a todo lo que venía de las instituciones que a lo que transmitíamos la propia familia y las personas que les conocíamos. En el límite del absurdo y cuando los hechos ya evidenciaban la brutalidad e impunidad con que había actuado el IMAIN, afirmaban que la solución estaba en poner la defensa de l@s niñ@s en manos de las mismas estructuras y personas que habían actuado contra ell@s. Se barajaron nombres como Javier Urra -actual Defensor del Menor que antes ejerció el cargo de Fiscal de Menores, catalogado como "muy peligroso" por las asociaciones y personas que llevan años trabajando con menores desprotegid@s-, servicio de asesoramiento del Colegio de Abogad@s, Comisión de Tutela...

Tras unos duros enfrentamientos y viendo el rechazo manifiesto que sufrían por nuestra parte y el rumbo que se iba tomando en el grupo de trabajo, acabaron marchándose, no sin antes intentar sembrar la duda, anunciando públicamente en una asamblea que se iban porque no éramos "neutrales" ni "objetivos" y ell@s no contaban con información suficiente como para saber si l@s niñ@s estaban mejor en su casa que en el Centro de Acogida.

A pesar de estos problemas, a esa primera asamblea acudieron más de cien personas y muchas de ellas, apuntaron su nombre y teléfono en una lista para colaborar en lo que fuera necesario. Este procedimiento rompe con el esquema que normalmente se encuentra el IMAIN, habituado a actuar con una impunidad absoluta en estos casos, protegido por la indefensión y la soledad de la gente hacia la que actúa y por el poder que le da el tener en sus manos a sus hij@s.

En ella se presentan también una persona de la Delegación de Educación de Getafe y otra que trabaja como psicólogo en un Centro de Atención a la Infancia del IMAIN (el primero con la intención de culpabilizar a la familia y el segundo para explicar las "bondades" con que actúa el IMAIN en estos casos). La asamblea es una demostración de fuerza y empeño por acabar con la injusticia cometida y por denunciar cómo se ha construido este proceso.

La reacción fue inmediata. La Comisión de Tutela, que hasta entonces no había tenido en cuenta la opinión de la familia ni de otros agentes sociales que no fueran sus propios técnicos y asistentes, cita al padre y la madre por un lado, para ofrecerles un acuerdo y acepta verse con una representación de la asamblea al día siguiente de esta cita. En la reunión con la familia se puso de manifiesto hasta qué punto pueden llegar las artimañas y los engaños de "los garantes de los derechos de l@s menores" para no dar marcha atrás en sus decisiones. Con el chantaje de devolverles a l@s niñ@s, pretendían hacerles firmar un documento donde los padres reconocían los motivos que les habían llevado a la retirada de tutela por procedimiento administrativo y cubrirse así las espaldas en el proceso judicial que estaba en marcha. En el mejor de los casos la familia no recibía la tutela, sino la guardia y custodia. Es decir, la Comunidad se reservaba todos los derechos sobre l@s niñ@s, manteniendo su capacidad para decidir sobre sus vidas y cedía al padre y madre sólo los deberes. Este procedimiento es utilizado habitualmente por la Comunidad de Madrid que obtiene así todo el poder para inmiscuirse totalmente en la vida de las personas, bajo la amenaza de volver a quitarle l@s hij@s.

A esta reunión asistió también un representante de la asamblea, que se presentó allí como asesor familiar. Previamente ya habíamos sido alertad@s por la Coordinadora de Barrios, habituados a trabajar en casos similares, de la naturaleza de estas artimañas, y la madre y el padre se negaron a firmar el documento inculpatorio. El único objetivo que perseguía la técnica de la Comisión de Tutela era que los padres firmaran una supuesta acta del encuentro para lo que utilizaba unas técnicas psicológicas muy sutiles. La iba redactando, recogiendo sólo unas afirmaciones muy equívocas hechas por ella misma sobre las actitudes y características de los padres y omitiendo lo que decían éstos y la persona de la asamblea que les acompañó. Finalmente, no hacía más que insistir, con voz suave pero amenazante, para que los padres firmaran.

La reunión del día siguiente transcurrió sin grandes novedades. La vocal comisionada de zona, integrante de la comisión de tutela que había tomado tal decisión, reconoció que la medida podía haber sido desmedida. Era el primer paso de lo que sucedería después.

Dos días más tarde, sin previo aviso ni notificación alguna, llaman a la madre del Centro de Acogida para que vaya a recoger a sus hij@s.

Fiesta y algarabía

Entre los sectores más marginales del barrio había una explosión de júbilo. Aquell@s que a veces son y se sienten más frágiles eran por un momento l@s verdader@s protagonistas de lo que sucedía. Una fiesta improvisada, con "chuches" para tod@s l@s niñ@s que se acercaron, y algunos besos y abrazos de l@s más mayores, fue la forma de celebrar el acontecimiento.

Habíamos conseguido algo primordial: que l@s niñ@s salieran de la cárcel en que l@s habían recluído.

Ahora comenzaba otra dura batalla, pues la Comunidad, fiel a su estilo rastrero y subrepticio, había dado la guardia y custodia a la familia (los deberes), pero seguía reservándose la Tutela (los derechos). Teníamos que romper esa lógica contractual sin posibilidad de negociación por nuestra parte. No podíamos olvidarnos de algo fundamental: podría ejercer su Poder en cualquier momento, llevándose de nuevo a l@s niñ@s.

Había que abordar algunos asuntos: no perder la tensión en el barrio y trabajar la vía jurídica.

Sobre el primero de éstos, nos enfrentamos a una situación ya conocida: a pesar de los esfuerzos por seguir informando y manteniendo las asambleas, la gente, a su manera, ya había asimilado una victoria. El tema era caso cerrado: la cuestión se resolvería en los tribunales.

En el grupo permanente de trabajo entendíamos que la vía judicial abriría múltiples posibilidades, pero que en lo cotidiano se habían dado algunas anomalías que era necesario resolver o al menos cuestionar.

La imagen de esta familia había sido deteriorada. Muchos vecinos y vecinas, comunes presuntores de culpabilidad, se habían dedicado a estigmatizar a la familia. La suposición de que la Administración actúa con indicios de sospecha y que cuando inicia un proceso es "porque algo hay", había provocado, aunque de forma controlada, una cadena de rumores que se iban extendiendo en algunos lugares muy visitados, como panaderías, centros comerciales, etc.(distorsión casi siempre subjetiva y amplificada con dimes y diretes).

Por otro lado, l@s niñ@s habían sufrido mucho. Diferentes dosis de violencia (física, verbal, psicológica) y la obligada separación de sus seres queridos han provocado algunos daños que antes no manifestaban de igual manera: en algunos momentos se comportan de forma agresiva en y con su entorno, quizás como mecanismo de autodefensa ante una sociedad hostil que les ha encerrado sin causa alguna, y que les ha castigado de la forma más inhumana posible, cuando sus otros compañer@s de colegio y de barrio estaban jugando, estudiando, aprendiendo, y divirtiéndose, es decir, siendo niños. Sin duda, el haber pasado por la cárcel de menores les marcará, por activa o por pasiva, para siempre (sólo nos queda desear que orienten adecuadamente esta experiencia y que muestren su repulsa y su rabia de la forma que mejor gusten).

En el colegio las profesoras que habían participado en las movilizaciones y actos diversos se encontraban incómodas, pues las mismas "profesionales" (entrecomillado y con una descarga peyorativa donde las haya) seguían en el centro. Tras un aparente movimiento de fichas (parece ser que cuando más caliente estaba el conflicto algun@s desaparecieron de determinados despachos y puntos de mira) la cosa había vuelto a la normalidad, esa normalidad tan desgarradora que se atreve a secuestrar a menores amparándose en la ley (del beneficio). Para colmo de males la asistenta y el Equipo-10 han vuelto a la carga, y la dirección del colegio, como castigo o como medida correctora de desajustes para quienes se han salido del tiesto, ha obligado a nuestra compañera y amiga a entrevistarse con ellos, para hablar de lo sucedido (aunque sea para rellenar otro expediente) y para explorar las múltiples posibilidades que ahora muestra la chistera del silencio y la sumisión: de repente hay subvenciones para viajes, para refugios y albergues, para las actividades que se propongan. Caramelo tras caramelo hasta la edulcorización final.

Necesitábamos informar del éxito conseguido y así lo hicimos; pero la tozuda realidad, que cada vez cree menos en los sentimientos y más en los índices, nos demostraba que bastantes cosas no se habían resuelto: siguen los rumores, siguen los problemas en el colegio, siguen sufriendo los niños su impuesta condición de "diferentes, marginales, malos, extraños…".

La vía judicial, en manos de la Coordinadora de Barrios, empezaba a vislumbrar cómo atajar jurídicamente el caso, primero para conseguir la Tutela y después para exigir responsabilidades. Devolviendo los niñ@s a su familia de la forma que lo han hecho, la Comunidad parece reconocer que no había motivos para su internamiento en un Centro de Acogida, por lo que hay buenas perspectivas. El razonamiento parece evidente: si las "condiciones objetivas de marginación, desamparo y riesgo" por las cuales la Comisión de Tutela decide retirar l@s niñ@s a los padres no han cambiado en estos dos meses, ¿cómo es posible que se los devuelvan de nuevo? Si tan mal estaban las cosas en casa de esta familia, ¿no estaría la Comisión de Tutela incurriendo en un delito por devolver a l@s niñ@s a un lugar en el que están desprotegid@s?.

El caso es que el asunto ofrece la posibilidad de demostrar las numerosas irregularidades que se cometen con l@s menores desprotegid@s.

En éstas estábamos cuando...

Estábamos dándole vueltas al asunto porque pasaba ya un mes y medio y no había notificación alguna respecto al juicio. Imaginábamos que esta dilatada situación correspondía a una estrategia urdida: esperar a que se desinfle el grupo de apoyo y recuperar los cuerpos dóciles para seguir amasando riqueza y sutiles técnicas de control social.

En nuestras reuniones periódicas con Coordinadora de Barrios mostrábamos nuestra calma tensa, por lo que la abogada, decidió pasarse a preguntar por si había alguna fecha.

Se presenta allí la abogada (otra amiga y compañera; da gusto estar rodead@s de tan buena gente) y recibe una información de la que no puede dar crédito: el juicio se celebra al día siguiente, y al parecer, "ella no ha notificado un domicilio correcto donde recibir la correspondencia, por lo que tras numerosos intentos de notificación del día de la vista se habían visto obligados a celebrarla". Tremendas casualidades del destino, más aún cuando nunca le había sucedido algo así; harta además de recibir multitud de notificaciones diversas y diarias.

La situación extrema (una vez más) nos pone en la tesitura de acudir al juicio o intentar suspenderlo. Es evidente que no hay garantías suficientes, por motivos claros de indefensión y obstrucción a la defensa. Tenemos que intentar suspenderlo.

Se van viendo diferentes posibilidades, para que ocurra lo que ocurra el acto no se celebre.

Finalmente optamos por presentarnos al juicio con la madre para notificar que estábamos muy descontent@s con la actuación de nuestra abogada y que renunciábamos a su defensa (como paso previo para designar a otra compañera de la misma cuerda). Y la cosa, que parecía tremendamente clara, se iba a enrevesar dándonos un terrible disgusto.

El peso del compromiso y la responsabilidad.

Una vez en el juzgado, comunicamos nuestro deseo a una oficial allí presente. Ésta nos dice que eso da igual, que la vista se ha suspendido y que lo que la planteamos no tiene importancia, a lo que nosotr@s contestamos que se deje de historias y que tenga en cuenta lo que hemos expresado (es curioso como actúan algunas personas en su trabajo, que por no saber superar el complejo de inferioridad que tienen hacia sus jefes, se convierten en jueces que toman decisiones, cuando para bien o para mal, su cometido no era otro que hacer constar nuestra demanda).

Entre medias de la negociación con esta señora, aparece otra, muy bien maqueada, que dice ser la abogada de la Comunidad, dispuesta a que la madre firme no se qué documento.

Nosotr@s teníamos muy claro que no íbamos a firmar nada que tuviera que ver con un juicio o algo parecido, pero de repente paso algo muy extraño: la oficial llama a la madre para que asista ante el juez. Le decimos que no, que no queremos que se celebre el juicio porque no tenemos abogad@, y nos contestan que no, que no se trata de esto sino de un simple formalismo.

Entre pasillos y con urgencia, volvemos a repensar con la madre lo que ocurre y lo que debemos hacer. Creemos tener posibilidad de estar presentes en ese "acto" y de buenas a primeras, la madre pasa, la abogada pasa, y la oficial, ante nuestras narices, cierra la puerta del juzgado: ¡No podéis pasar, esto no es audiencia pública!.

La desolación se adueñó de nosotr@s. Por un momento todo nuestro alrededor se había convertido en una burbuja llena de silencios; segundos eternos de un presente que se escapaba de nuestro control.

Tras la angustia, sale la madre toda brillante y antes de comentarnos algunos detalles del "acto irrelevante", nos comunica que le han devuelto la tutela. El papel que ella tenía en la mano era nuestro segundo triunfo: la tan deseada tutela que poco a poco iba devolviendo algunas cosas a su lugar.

Pero después, y una vez más, se nos cayó el mundo encima. Al parecer, en la vista, el juez preguntó a la madre si reclamaba alguna cosa más que la tutela (tremenda maniobra la del juez, que le pone a la madre la miel en los labios sabiendo no iba a poder resistirse a saborearla), a lo que la madre contestó que lo que quería era que las asistentas la dejaran en paz, que no se pasaran por su casa y que no quería ninguna ayuda.

¿Por qué entonces nuestro pesar?. Era evidente que tener un papel en el que se devolvía la Tutela a esta familia era algo que celebrar, pero a solas, para no velar el momento de alegría que estaba disfrutando fervorosamente la madre, mascábamos nuestro dilema: el hecho de celebrar este acto, en el que la madre (a priori) ha firmado sólo la Tutela y demás cosas, pero no la depuración de responsabilidades, indemnizaciones, devolución de su honor e imagen, reparación de daños, etc. etc., ¿no arroja por la borda la tercera fase de nuestra lucha: perseguir al enemigo cuando huye...?

Nos estrujamos la cabeza con todas las posibilidades, analizando las diferentes posturas, un@s exaltad@s por lo que intuían había sido el último golpe de efecto que nos desarmaba, otr@s más calmad@s, más pacientes, y quien estuvo acompañando a la madre, sufriendo como nadie la lluvia de pesadumbre que nos había conquistado.

Decidimos asimilar esta derrota si se había producido. Habíamos hecho lo mejor que sabíamos. Habíamos construido una historia horizontal, participada por numerosas gentes (pobres y menos pobres, vecinos y vecinas, jóvenes y no tan jóvenes, mujeres y hombres, exaltad@s y templad@s...) y que sin mucha esperanza había conseguido triunfos parciales de gran importancia: quitarle a los secuestradores sus presas (nuestr@s querid@s niñ@s) y enseñarles los dientes, sin miedo.

Pero al final...

Pero al final, nuestras paranoias y quebraduras, nuestros agobios y desesperanzas, nuestro desencuentro con la dicha, no había sido sino una mala pasada de nuestro existir: el acto en el que había sido entregada la Tutela a la madre era independiente del proceso que está por crear y recrear. Tenemos todas las posibilidades de continuar abriendo brecha, de seguir persiguiendo al enemigo, al menos por esta vez.

Frente a los abusos de poder: autodefensa.

Este sólo es uno de los numerosos casos de retirada de tutela que habitualmente lleva a cabo el IMAIN. La mayoría de las veces el final es otro y números@s niñ@s se convierten en mera mercancía de una enorme estructura económica, burocrática y de control social que los utiliza para justificar cuantiosos sueldos y estructuras represivas. Para frenar la impunidad con la que están actuando sólo hay una vía: tejer y fortalecer redes sociales de autodefensa en los barrios y pueblos, parar los pies a esta nueva fuerza de ocupación, a este nuevo cuerpo policial formado por los Servicios Sociales.

Desde que salió a la luz este caso en nuestro barrio, desde que se formó la asamblea y el movimiento de solidaridad, han empezado a hacerse visibles otros procesos similares que ya se habían iniciado con otras familias. Mucha gente ha empezado a perder el miedo, a rechazar la impunidad con que los Servicios Sociales se meten en sus vidas. Si el ocultamiento y la opacidad son dos armas fundamentales para que el IMAIN siga actuando como hasta ahora, creemos que en este barrio lo van a tener muy difícil.

Desde el grupo de trabajo, que se sigue reuniendo, hay un seguimiento continuo del tema y se han llevado a cabo algunas acciones y actos. Por un lado, para apoyar el proceso judicial que sigue abierto, se está llevando a cabo una recogida de firmas y se ha elaborado un manifiesto que, además de recoger el apoyo a la familia, denuncia la política que se está llevando a cabo por los Servicios Sociales. Pretendemos presentar este material el día del juicio.

Por otro lado, se están desarrollando acciones de información y profundización en contenidos. Realizamos un video-forum con la película "Ladybird Ladybird", en la que se narra una historia que tiene muchos paralelismos con la vivida aquí.

Y la cosa no debe pararse, tenemos que pelear desde cada colectivo, desde cada barrio y pueblo por conseguir que haya actuaciones que solucionen los problemas reales de la gente. Para que exista una renta económica básica incondicional para todo el mundo y para que se extingan de una vez y para siempre las carencias económicas, de vivienda, culturales, sanitarias... que afectan a millones de personas.

Seguiremos informando...