EJÉRCITOS POLICIALES

Algunas aclaraciones previas

Al analizar el presupuesto del Ministerio del Interior en lo relativo a los asuntos del control social, nos detenemos en algunos de los programas que forman parte de su estructura de funciones. Entre ellos, los eufemísticamente llamados "Centros e Instituciones Penitenciarias" y los asuntos denominados como "Seguridad Ciudadana".

Si alguien se presta a revisar a fondo el conjunto de programas, verá que en nuestro análisis algunos no figuran; y no figuran, no porque consideremos que sirven para ejercer los derechos fundamentales, sino porque entre sus actuaciones se diluyen funciones que se escapan (de momento) de ser percibidas en su totalidad como engranajes indispensables del control social.

Sin embargo, podría ser fácilmente articulable una crítica a esta cuestión, pues como vemos, algunos de estos programas se expresan y proyectan desde una perspectiva que busca potenciar y reforzar ese eje vertebral: el control social, ejercido desde fuera y desde/hacia dentro. A saber:

- La Seguridad Vial. Las actividades transversales en la educación relativas a la Seguridad Vial se están utilizando como una herramienta básica para recrear una cultura de acercamiento, simpatía y afinidad hacia quienes ejercen la "coacción legítima".

Diferentes metodologías y prácticas pedagógicas podrían servir para explicar a l@s jóvenes los asuntos relativos a esta materia, sin que para ello fuera necesario montar un número circense (perros entrenados para detectar drogas y detener a los cacos, persecuciones policiales en circuitos cerrados, despliegue de helicópteros, motos, furgones, etc.) que conecta, como una articulación real de lo asimilado a diario frente a la caja tonta, con algunas de las ilusiones y fantasías de l@s menores y adolescentes.

- El Plan Nacional sobre Drogas. La receptividad social hacia los asuntos derivados de las drogas (exclusivamente hacia aquéllos que perjudican a la propiedad, a la "seguridad ciudadana" y a la molestia que ocasiona "ver a los yonquis en espacios públicos y privados"), está siendo recogida por los ideólogos policiales como una fuente de alto prestigio para la policía y sus líneas de actuación.

Estos planes contra la droga sirven para potenciar actuaciones policiales en todos los espectros de la vida social. Tras el discurso de la necesidad de "prevenir los delitos" y de "conocer a fondo las redes de traficantes", se quiere legalizar la figura del policía de paisano que se introduce en lugares y estructuras consideradas "potenciales núcleos de delincuencia" para delatar y/o detener a quienes se presuma o se tenga la certeza de que han cometido o van a cometer delitos. Esto que ya existía antes de que la iniciativa se presentara como una muestra de eficacia policial, pretende ser reforzada con un parámetro legal de gran peligrosidad: el susodicho no está obligado ante un juez a identificarse como policía, aunque "su señoría" conocerá por vía fiscal al delator que previamente habrá informado con detalle de los asuntos a juzgar. Se presupone la veracidad de lo denunciado por el simple hecho de ser policía, de haber permanecido como observador atento, privilegiado y cumplidor, y no se desvela la identidad del chivato para favorecer la continuidad en las investigaciones.

Los grandes grupos de delincuencia organizada (formados en su gran mayoría por políticos, jueces, fiscales, abogados, policías, banqueros, agentes de aduana y demás fauna) no serán asaeteados por estos salvadores del orden constitucional, aunque sí los pequeños consumidores.

Acompañan a estas iniciativas (el PND, además de una concreta acción social está sustentado por actuaciones policiales) otras de colaboración internacional y participación en diversos grupos y organismos como la Interpol y la Europol.

- La vigilancia del tráfico. Con motivo de las infracciones cometidas en materia vial se están aplicando numerosas técnicas de videovigilancia que en la mayoría de los casos tienen como objetivo primordial identificar a vehículos y personas, violando la intimidad, la privacidad y la libertad como paso previo a la posible utilización de estos archivos de imágenes para realizar detenciones, engrosar expedientes de control hacia personas y/o grupos, etc.(Ver más adelante el "informe STOA").

Sirva esta aclaración previa para entrarle a fondo al tema.

La necesidad de empatía social.

Desde numerosos estudios sociológicos se están articulando propuestas ideológicas y prácticas que posibiliten una adaptación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a las situaciones cambiantes y no tan cambiantes que se están dando en este mundo nuestro.

Buscando una policía más eficiente y moderna, más "profesional", se están empezando a marcar diferencias con aquellos policías y mandos que apuestan por mantener las cosas atadas según la tradición.

La "nueva policía" tiene el objetivo de proyectarse como una estructura impersonal, que se filtra en el tejido social impregnándola de sus valores, revertiendo sus objetivos y fusionándose en un todo común. Frente a la manifestación más burda del poder (lo prohibido, lo negado, lo censurado, lo acallado...) aparece una forma más sutil que se desenvuelve dentro de los mecanismos que el mismo poder proyecta.

Numerosos intelectuales (sociólogos, criminólogos, psicólogos, historiadores, etc.) están haciendo posible que poco a poco la policía se convierta en una estructura valorada por la población, y que aquellas discrepancias y críticas articuladas contra ella (lo que representa, sus funciones, a quién defiende, cómo ejerce esa defensa) se diluyan como lágrimas bajo la lluvia. Peligrosos planes de actuación van cuajando como cuñas de gran potencia que se incrustan ante la impasividad e impasibilidad de la mayoría de la población.

Conseguir que la policía se convierta en una organización racional y de reconocida profesionalidad es el objetivo de la policía del futuro.

Un poco de Historia.

La policía como grupo humano estructurado aparece en el siglo XVIII aunque originalmente nace como estructura dependiente de otras organizaciones. Tal es el caso del ejército, que ha considerado siempre el mantenimiento del orden público como una de sus misiones y ha tenido a la policía como mera especialización del mismo (actualmente esta tarea se ejerce sólo en caso de "extrema necesidad" producida por determinantes de carácter social, político, económico, etc.); otro ejemplo es la Iglesia, que a lo largo de la Historia ha ejercido numerosas funciones policiales, por medio de técnicas de control social directas e indirectas, teniendo a la Inquisición como su principal maquinaria represiva y de control, con un sistema de confidentes y espías que aún hoy sirven de ejemplo y son puestos en práctica (la redención de penas por delación es una de ellas).

También otros organismos asumían tareas policiales, como gremios, ayuntamientos y corporaciones, que tenían a sus propios veladores del orden.

Lo que identifica a la policía desde su nacimiento hasta el día de hoy es que siempre ha sido una herramienta utilizada por el poder para salvaguardar sus intereses y para reprimir a sus oponentes, sean adversarios políticos, delincuentes, marginados, etc.

Con Franco, la Guardia Civil (ejemplo de continuidad a lo largo de su historia) se consolida como una estructura paramilitar controlada directamente por miembros fieles a él. Su necesidad de tener un control directo sobre el conjunto de la población le lleva a colocarla estratégicamente en ámbitos rurales en pequeñas unidades, mientras que concentra a la Policía Nacional en grandes cuarteles en las capitales de provincia para tenerla siempre a su disposición frente a "desórdenes públicos".

Este esfuerzo del estado por conseguir el monopolio de la violencia/control social busca básicamente dos cosas:

- proteger a las clases o grupos política y económicamente influyentes/rentables (nobles, oligarcas económicos, a la mayoría de los partidos políticos).

- reprimir cualquier intento de romper esta lógica por parte de otros elementos.

Estos grupos afectos y sustentadores del régimen suelen gozar de total impunidad amparados en legislaciones que toleran sus abusos. La policía no está concebida para reprimirlos. La policía está concebida para controlar y reprimir a las víctimas y oponentes de esta coherencia lógica, y no para reprimir los delitos cometidos por la clase a quien sirven. La policía garantiza el orden social indispensable para el mantenimiento de esta situación, por eso, su permanencia está garantizada sea cual sea el régimen político imperante (que defienda, claro, privilegios de clase, el uso de la violencia...).

No olvidemos que la "defensa del orden público" se considera una función básica para la Defensa Nacional. Esto nos lleva a considerar a los diferentes cuerpos policiales como entes profundamente militarizados, pues gestionan conjuntamente con el Ejército el monopolio de la violencia (es común recurrir en situaciones extremas a militares para realizar tareas policiales y viceversa) compartiendo a su vez una serie de atributos identificados coloquialmente como "militarizados" (valores, disciplina, simbología, burocracia, uso de la violencia para la resolución de conflictos).

La seguridad nacional (o seguridad del régimen dominante) es ejercida por estas "estructuras militarizadas" que ofrecen diferentes posibilidades de gran utilidad para el poder.

La guerra contra los enemigos internos (marginados, subversivos, inadaptados) cubre un papel fundamental que posibilita una expansión y refuerzo de lo militar en su orientación externa.

Esta interrelación entre Policía y Ejército se convierte en algo indiscutible si tenemos en cuenta a la Guardia Civil.

La memoria histórica y los acontecimientos presentes no deben hacernos olvidar que la policía siempre ha lesionado los intereses de la mayoría sometida por los privilegios fundamentalmente económicos y políticos de una minoría.

Este factor, profundamente analizado por los intelectuales al servicio del poder para diluir el aislamiento social que a veces provoca la existencia de los cuerpos represivos, es el que nos tiene que llevar a quienes no creemos en esa imagen benefactora y amigable que nos quieren imponer de esta nueva-vieja policía, a profundizar en esa sima, mostrando su verdadero rostro, analizando sus programas, cometidos, actuaciones, funciones, presupuestos, y sobre todo, la violencia ejercida contra nosotr@s.

La policía del futuro.

En el orden de cosas que vamos comentando, la policía ya está implantando uno de sus programas estrella (policía de proximidad), para rellenar esa sima que alguna vez existió entre policía-ejército y sociedad civil con la creciente aceptación por parte de vecin@s, comerciantes, instituciones y movimientos ciudadanos. Entre estos últimos cabe destacar a la organización "Jóvenes Contra la Intolerancia", representada por uno de los mayores acólitos del régimen policial, el despreciable Esteban Ibarra, que en cuanto se entera de cualquier altercado juvenil, agresiones de nazis descerebrados (valga la tautología), o cualquier otra noticia, corre ávido a los medios de manipulación de masas (entre los que tiene gran acogida) a solicitar mayor presencia y dotaciones policiales. Cualquiera diría que está contratado por el Mº del Interior.

La policía de proximidad fue implantada por la Policía Nacional en Mayo del 97, desplegándose en 17 ciudades del Estado español. En apenas año y medio desde su puesta en marcha ya están presentes en 25 ciudades más, pasando de un millón y medio de "habitantes protegidos" a más de 3,5 millones. En su última fase (la 3ª), puesta en marcha en Junio del 98, se alcanzó a los municipios del sur madrileño.

COBERTURA EN LA PRIMERA REGIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD

Fase	Distrito/localidad		Policías		Motos		Habitantes
	Chamberí		17		19		114.889
1ª Fase (1997)	Usera-Villaverde		30		36		237.186
	Villa de Vallecas		22		20		60.383
	Total		69		75		412.458
	Alcalá de Henares		39		18		163.288
	Centro		47		26		122.615
	Arganzuela		15		8		114.700
2ª Fase (1998-	Carabanchel		19		14		217.888
Abril-Mayo)	Puente de Valecas		19		10		224.882
	Total		139		76		843.373
	Móstoles		21		10		196.534
	Fuenlabrada		14		10		163.964
3ª Fase (1998	Leganés		19		10		174.689
Mayo-Junio)	Getafe		16		10		143.137
	Total		70		40		678.324
	Total Madrid		169		133		1.092.543
	Total Periferia		109		58		841.612
		Total		278	191	1.934.155

Los objetivos de la PP (no penséis en el Partido Popular) se agrupan en los siguientes epígrafes:

- acercamiento al ciudadano

- prevención (sin perjuicio de intervención inmediata si las circunstancias lo requieren)

- mejora de la calidad de vida

- resolución de los problemas relacionados con la seguridad ciudadana.

Este despliegue posibilita "acercarse al ciudadano para conseguir una respuesta policial personalizada y acentuar el sentimiento de seguridad individual; interacción policía-comunidad para identificar y resolver los problemas generadores de inseguridad ciudadana" (Plan PP).

Y es que, la mayoría de la gente se encuentra agusto con este dispositivo policial. No es tanto la sensación de inseguridad lo que provoca una necesidad de sentirse "protegid@ y/o respaldad@" por la policía, sino la terrible ausencia de responsabilidad para gestionar los diferentes conflictos sociales (entre otras cosas provocados por la lógica de la economía capitalista, que nos reduce a la vil expresión de individuos deseantes, solitarios, egoístas, que solo buscan satisfacer sus deseos a través del consumo) y la impunidad que nos proporciona la delación anónima y desentendida, sustentada en la mayoría de los casos en miedos subjetivos inducidos por los diferentes mecanismos de control social (prensa, TV, radio -que a veces no transmiten otra cosa que la información facilitada por los gabinetes de prensa de la propia policía-).

La experiencia obtenida por la PP dio paso al proyecto "Policía 2.000". Este proyecto, aún más ambicioso, pernicioso, populista y completo que el anterior, busca ganarse definitivamente a la población satisfaciendo "subjetivas necesidades" de seguridad mediante seis programas de actuación que, según los sociólogos, más preocupan a la población española: robos de coches, sustracciones en vehículos, tirones, robos en inmuebles, menudeo de droga y gamberrismo en sus diferentes modalidades.

Estos seis delitos podríamos agruparlos en tres apartados: "delitos contra la propiedad", "contra la salud pública" y "contra el orden publico". No deja de ser curioso que los dos primeros apartados sean el origen del 90% de los encarcelamientos que se producen en este Estado, lo que queda confirmado con las aclaraciones que el mismo proyecto hace al respecto: "se trata de aumentar la cantidad de los detenidos -un 9% menos que en años anteriores- de forma que se incremente la cifra de aquellos que pasen a disposición judicial". Es decir, se trata de aumentar el número de personas encarceladas para que la espiral que provoca la existencia misma de esta sociedad injusta y represiva no se vea interrumpida.

Para este menester se habilitaran en los próximos tres años 31.120 millones de pesetas, al margen de las partidas que sean asignadas a la policía en los Presupuestos Generales del Estado, que para este año será de 251.326 millones de pesetas. Curiosamente, la técnica contable que venimos denunciando algunos grupos antimilitaristas, que hace posible construir un gasto militar real desorbitado (mediante la apropiación de diferentes cantidades de dinero de diversos ministerios (ver "La socialización del Miedo. Un análisis del Gasto Militar y del Control Social. Los libros de la Catarata. 1998"), es la misma que se está poniendo en práctica para satisfacer las "necesidades" de la policía sin tener que engordar sobremanera sus ya abultados presupuestos anuales. Al final, no habrá ministerio del Estado que no esté atravesado por esa lógica que necesita amasar ingentes cantidades de dinero para mantener su "status quo".

Curiosamente (y que esto no se interprete como un alegato en defensa de las actuaciones policiales para otros determinados asuntos, flagrante violencia de Estado), los delitos que más inseguridad ciudadana provocan, porque atentan de forma permanente y gravísima sobre nuestros derechos humanos más básicos y fundamentales, como las violaciones y agresiones que sufren cotidianamente las mujeres por parte de los hombres, las muertes de obreros en los lugares de trabajo, especulaciones inmobiliarias, estafas multimillonarias, evasiones de capital, falta de medios para tener una vivienda, torturas en prisiones y comisarías, abusos de autoridad de policías, carceleros, empresarios...no son apreciables como tales delitos. Combatirlos no forma parte de la lógica del concepto de seguridad ciudadana, no forma parte de las verdaderas necesidades que ha de satisfacer una sociedad que se pretenda segura. Entre otras cosas, porque en su gran mayoría son ejercidos, sustentados y permitidos por las clases asentadas a quienes la policía defiende. Si no, como elemento indispensable de esa economía del poder, que necesita amplificar determinados delitos para recrear y perfeccionar su maquinaria de violencia.

El problema que esto supone es de una magnitud escandalosa. Aunque no signifique prácticamente nada, hasta el propio Sindicato Unificado de Policía lo rechaza. Y es que el proyecto "seis por seis" lo que propone no es otra cosa que incentivar a los mercenarios con una cantidad que ronda las 30.000 pesetas mensuales a cambio de cumplir con los objetivos del Plan. Es decir, se premiará a quienes más personas detengan con un plus de productividad. Mayores ingresos para quienes más personas envíen a presidio. La rentabilidad del Control Social se expresa aquí sin tapujos, como en el salvaje oeste, solo que sin dibujos de los delincuentes buscados, porque en principio, podemos ser much@s. ¿Quién dijo que la delincuencia no era rentable?.

Durante 1999, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Alicante serán las ciudades en las que se ponga en marcha el plan, que tendrá como conejillos de indias, como experiencias piloto, a los municipios del Sur-Sureste de Madrid, encantados de colaborar. Getafe, Alcalá de Henares, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada han sido escogidos para la gloria.

Curiosamente, esto llevará a un enfrentamiento entre la Policía Nacional y la Municipal (¡a ver si se dan bien de ostias!), pues poco a poco esta última está viendo muy reducidas sus funciones. Sin embargo, nadie cuestiona su desaparición. Si las funciones específicas sobre seguridad ciudadana van a ser asumidas en su casi totalidad por la Policía Nacional (relegando a competencias poco necesitadas de porra y pistola a la Policía Municipal -como la protección civil, la regulación del tráfico y labores administrativas-) ¿porqué esta última no desaparece? (y gustosamente utópic@s añadiríamos: "como paso previo a la abolición de todas las policía, cuerpos represivos y militares del Estado en sus diferentes modalidades y colores)

Policía de proximidad, del 2.000. seis por seis, etc., se desvelan como un proyecto a medio plazo que no sólo van a conseguir un acercamiento mayor a la ciudadanía, sino que provocarán (si no lo remediamos) una grave polarización social haciendo que tod@s estemos en el sospechoso punto de mira, que tod@s nos convirtamos en policías de l@s demás, que seamos delatores de vecin@s, extrañ@s, diferentes, rar@s, pintas, desconocid@s, etc. Todo esto a mayor gloria de mecanismos de control social más agresivos que puedan ponerse en marcha gracias a la complicidad de la población.

	Fuenlabrada	Pinto	Leganés	Alcorcón	Móstoles	Parla
Habitantes	169..315	27.111	174.689	141.460	196.173	72.718
Delitos al año	419	284	453	322	368	298
Policías locales	111	30	114	112	131	57
Presupuesto anual	754	115	685	690	902	317

	Getafe	Majadahonda	Las Rozas	Pozuelo de Alarcón
Habitantes	144.536	40.042	45.280	60.120
Delitos al año		787	787	282
Policías locales	167	36	46	82
Presupuesto anual	774	184	207	276

Esta grave fractura social puede provocar una situación de miedo generalizado que impida denunciar e impugnar este orden social, político, económico, cultural... injusto y cruel, imposibilitando la expresión de la potencia de los diferentes antagonismos, negando y neutralizando las diversas manifestaciones de la diferencia.

La siguiente tabla demuestra que en 1997, los delitos cometidos que se conocieron fueron sustancialmente inferiores a los cometidos en el período 1990-1993 (ambos inclusive).

	1990	1991	1992	1993	1997
DELITOS CONOCIDOS	1.018.638	985.977	934.070	938.612	924.393
DELITOS ESCLARECIDOS	245.078	236.413	241.874	234.639	249.917

Sin embargo, y a pesar de esta reducción, los dispositivos policiales aumentaron hasta convertir al Estado español en el momento actual, en el país de la Unión Europea que más policías por habitantes tiene. Esto no es de extrañar si sumamos el conjunto de policías locales, autonómicos, nacionales, guardias civiles y guardias de seguridad privada (unos de 300.000).

A su vez, dentro del Estado español hay comunidades autónomas que sufren con mayor presión esta realidad. Según el informe del Colectivo Gasteizkoak "Gasto Militar en Euskadi y Control Social en 1997" el número de policías en la Comunidad Autónoma Vasca es el siguiente:

ERTZAINAS	7.292
GUARDIA CIVIL	4.400
POLICIA MUNICIPAL	2.700
POLICIA NACIONAL	1.749

TOTAL

16.141

Si además tenemos en cuenta los datos sobre densidad policial en Euskadi, queda corroborada tal afirmación:

DENSIDAD POLICIAL EN LA C.A.V SEGÚN DIVERSOS CRITERIOS

	RATIO	HAB. POR POLICIA	DIFERENCIA EN POLICIAS CON GASTEIZKOAK
DESEABLE SEGUN ATUTXA	4,2	240	-7263
ACTUAL SEGUN ATUTXA	5,4	185	-4624
ACTUAL SEGUN SINDICATOS ErNE	6,4	156	-2504
ACTUAL SEGUN GASTEIZKOAK	7,6	132	0

Fuente: Colectivo Gasteizkoak

Y es que las cifras cantan por sí solas. En Euskadi (sin contar Nafarroa e Iparralde) tienen 2.700 policías municipales para una población aproximada de 2.100.000 habitantes, en Madrid, con más de 5 millones, se cuentan 3.689. Según una clasificación zonal (1), en la CAM, este cuerpo de policía se mantiene con un presupuesto aproximado a la baja (pues algunos municipios por su escaso número de hab. han sido desestimados) de 23.088 millones de pesetas.

GRANDES ESTADOS POLICIALES

Este número de policías municipales, nacionales, autonómicos, guardias civiles, guardias de seguridad privados y militares posibilita un despliegue a lo largo del Estado de gran envergadura, sustentado a su vez, por un sofisticado ordenamiento jurídico que les facilita, desde distintos enfoques, ejercer un control "legal" e "ilegal" sobre el conjunto de la población.

En el ámbito de la "legalidad", su legalidad, hay todo un abanico de posibilidades, algunas muy conocidas y discutidas como: Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Corcuera), Nuevo Código Penal, Ley de Seguridad Privada, Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Procesal, Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Ley de Extranjería, dos leyes antiterroristas, Ley de Videovigilancia...

Como comentan los compañeros de "Gasteizkoak", toda una serie de iniciativas legislativas que posibilitan que se den situaciones como las siguientes:

- Instigación pública a la delación, incluso basada en la mera sospecha de comportamientos "anómalos", y posterior inclusión de datos en el fichero policial de "sospechosos".

- Legalización de la "retención".

- Obligación de colaborar con la policía como testigo.

- Violación de la intimidad de la vivienda particular, sin orden judicial previa.

- Suficiencia de la declaración policial como única "prueba".

- Legalización de la figura de los "testigos sin rostro".

- Prolongados encarcelamientos en situación de "prisión preventiva".

- Escuchas telefónicas, espionajes y violaciones de correspondencia con y sin permiso judicial.

- Narcotización de inmigrantes para "facilitar" su expulsión.

- Represión de manifestaciones incluso "legalizadas".

- Largas estancias en comisaría.

- Ocupación policial de espacios urbanos y desalojo indiscriminado de recintos públicos.

- Utilización, previo secuestro por servicios de inteligencia, de "marginados sociales" como cobayas humanas, incluso con resultado de muerte.

- .....

En la mayoría de los casos la Ley es la herramienta de que se dotan los Estados para convertir una situación de absoluta ilegalidad y de violación de los derechos fundamentales (ejercida impunemente) en una situación regulada, en una situación legal. Es elevar a rango de Ley el terrorismo que los Estados ejercen desde sus diferentes aparatos coercitivos.

Uno de los casos más representativos es el de la Videovigilancia. El 4 de Agosto del 97 se aprobó la Ley que regulaba la utilización de videocámaras (móviles y fijas) así como de micrófonos de largo alcance en lugares públicos.

Durante más de un año (1996 y principios del 97), y tras la simbiosis acordada con los medios de comunicación de masas, se nos estuvo intoxicando con las imágenes de la "Kalea Borroka" en Euskadi. Después de la creación del consenso necesario respecto a la necesidad de atajar la "violencia callejera" se aprobó en el Parlamento la Ley de Videovigilancia.

Una de las cuestiones chocantes de esta Ley (al margen de lo que supone en sí misma) es que tras la apariencia de que todo está regulado por comisiones compuestas por el Delegado de Gobierno de cada comunidad autónoma y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, la realidad es que "si la policía, por un casual no tiene tiempo de presentar un informe para poder utilizar una videocámara, y creyendo que se pueden producir hechos o circunstancias concurrentes, puede grabar con las cámaras y presentar las imágenes en un plazo de 72 horas" (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en su dossier sobre Ley de Videovigilancia).

Las imágenes en poder del Estado Policial pasarán a engrosar los archivos y expedientes sobre personas y organizaciones, manifestaciones, actos públicos y privados. La Ley les posibilita retener estas imágenes todo el tiempo que sea necesario siempre y cuando "se justifique estar llevando a cabo una investigación policial", como igualmente, cederlas a medios de comunicación (en líneas generales la Ley lo prohíbe, pero siempre queda la muletilla "salvo en los supuestos previstos en el apartado...").

Para colmo de males, cuando las videocámaras tengan que ser colocadas en propiedades particulares, tod@s estaremos obligad@s a "facilitar y permitir su colocación y mantenimiento" para lo que obtendrán la autorización judicial pertinente.

En definitiva, toda una red de legalidades que facilitan a los gobiernos el uso y abuso del poder, que no tiene otro objetivo que vigilar y castigar.

EL ESPACIO POLICIAL EUROPEO

Si a pequeña escala los abusos de poder están a la orden del día, en los macroespacios geográficos, como la Unión Europea, la cuestión se desborda.

El TUE (Tratado UE) o Tratado de Maastricht incorporó lo que se ha dado en llamar dos nuevos pilares: Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), o segundo pilar, y Política de Interior y de Justicia (PIJ) o tercer pilar, estructuras independientes del anterior pilar (el económico y principal). Esto significa que los dos nuevos ámbitos de acción se enmarcan en el campo de la cooperación entre gobiernos, quedando la Comisión Europea al margen de ellos.

Hay una serie de asuntos de interés común para los Estados en materia de Interior y de Justicia (políticas de asilo, control de fronteras exteriores, política de inmigración, control del fraude a escala internacional, cooperación judicial en materia civil y penal, cooperación aduanera y cooperación policial) que están siendo hiperdesarrollados en función de las necesidades concretas de cada Estado.

Podríamos decir que los diferentes gobiernos actúan cada uno por su lado, fortaleciendo policial y militarmente sus Estados, y colaborando con el resto de los mismos básicamente con dinero e intercambio de personal, no para someter a control (si es que esto se puede hacer) a los diferentes organismos policiales y judiciales ya creados, sino para reforzarlos.

Algunos ya disueltos, como el Grupo Trevi (creado en 1975 para "intercambiar información sobre actos de terrorismo, experiencias técnicas y funcionarios de policía") y otros en plena expansión como el Acuerdo Schengen y su sistema informático (SIS), que contiene una base de datos informatizados compuesta de diversos ficheros de carácter policial, judicial y personal, con más de 10 millones de fichas (de momento) y puesta al día por cada Estado miembro, en las que figuran, entre otras, "las personas indeseables o sospechosas de haber cometido algún delito" (entrecomillado extraído del texto de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio del Interior), son algunos de los engranajes indispensables para establecer ese acuerdo transnacional en materia de justicia e interior.

No es asegurar una vida en libertad y plena en derechos lo que persigue este afán unificador paneuropeo. Ya se encargan Mayor Oreja y Aznar de graznar en pro de ese espacio común. Tanto uno como otro se empeñan en agilizar estas cuestiones básicamente por un asunto que les trae de cabeza: la extradición de militantes de ETA y la imposibilidad de que éstos se acojan al derecho de asilo como ocurrió recientemente en Bélgica.

Una vez más, una "cuestión extraordinaria" se eleva a categoría universal que provocará a medio plazo la nulidad total y absoluta del derecho de asilo.

Sin embargo, éste es sólo uno de los asuntos; lo que se persigue en realidad es que haya una unificación de criterios en materia judicial y policial que ahora sólo se da de forma bilateral. Esta idea de "globalización en asuntos de seguridad" busca controlar al menos:

- Circulación de los ciudadanos, pero armonizando los procedimientos de asilo y el control de los flujos migratorios.

- Cooperación policial con una Europol realmente operativa y con una red de comisarías conjuntas que posibiliten la coordinación para realizar "persecuciones en caliente".

- Cooperación judicial para que haya un reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y de extradición, haciéndose efectivas sobre todo en lo relacionado con el "terrorismo", el narcotráfico y el crimen organizado.

Para ello se han creado diferentes convenios:

- Convenio de Dublín, constituido ad hoc para tratar los temas de inmigración.

- Comité Europeo de Lucha Anti Droga (CELAD).

- Convenio sobre Fronteras Exteriores (Control de fronteras externas).

- Convenio de Extradición (desaparición definitiva del concepto de Delito Político en el área de la UE, y supresión de la consideración de "políticos" para los delitos de terrorismo).

- Convenio Europol.

La Europol nació en 1993 para actuar exclusivamente en materia de drogas ("favorecer el intercambio de información en el ámbito de los estupefacientes y del blanqueo de dinero"). En 1994 y 1996 (Consejos de Essen y Dublín) sus competencias se extendieron. Básicamente es un organismo de colaboración policial tanto en intercambio y análisis de las diferentes informaciones que interesen a los Estados miembros como en formación. En Diciembre del 96 se adoptó un programa (OISIN) destinado a potenciar esta colaboración entre gendarmerías, cuerpos de aduana, policías de fronteras, guardia civil, etc.

Pero no sólo se trata de crear los marcos legales y organismos que posibiliten a los Estados acumular una fuerza mayor en estos asuntos, para que la buena marcha de sus negocios vaya viento en popa. También se quiere crear una "Conciencia de Seguridad Común", como lo han hecho con la moneda única, para que en lugar de ser "consumidores" de los asuntos relativos a la Seguridad y la Defensa, pasemos a ser "gestores". Algo así como modificar el subconsciente que de momento lleva a la ciudadanía a despreocuparse de estos temas. Para ello se tiene que recrear el esquema amigo-enemigo, de manera que aunque los segundos no sean aquéllos que nos cuentan, nos los creamos y los percibamos como tales, mientras perdemos el horizonte acerca de nuestros verdaderos enemigos. En esta concepción como uña y carne, se encuentran una vez más los distintos ostentadores de esta violencia: militares y policías.

TECNOLOGÍAS DE CONTROL POLÍTICO

En este laboratorio que gestiona y experimenta en materia policial no existe control. Si esta afirmación la hacemos los movimientos sociales que actuamos contra el estado de las cosas desde una perspectiva radical y generalmente rupturista con lo establecido, la cuestión quedará reducida a poco más que a una expresión de descontento. Pero, ¿qué ocurre cuando de forma detallada una fundación poco sospechosa de este radicalismo, elabora un informe que pone al descubierto a los gobiernos en su práctica terrorista de permanente violación de los Derechos Humanos?

En este informe presentado a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos de Interior de la UE en Enero de 1998 (conocido como STOA) se hace un estudio acerca de los "avances en la tecnología de vigilancia y control político" en el territorio de la UE. En él se pone de manifiesto que el uso de tecnología punta en materia policial y de control social está fuera de todo control. Como ya comentábamos, los acuerdos y determinaciones que se toman en lo relativo a los contenidos propios del tercer pilar de Maastricht, no necesitan la aprobación ni del Consejo de Ministros de Justicia e Interior ni del Parlamento Europeo, ni mucho menos, de los Parlamentos Nacionales. El mecanismo habitual de toma de decisiones suele funcionar en el máximo secreto: en Febrero de 1997 la UE acordó, en secreto, la creación de una red internacional de intervenciones telefónicas a través de una red secreta de comités creados al amparo del famoso tercer pilar, colaborando estrechamente con el FBI. A pesar de los evidentes problemas de libertades públicas que plantea un sistema tan descontrolado como éste, la decisión no fue informada a nadie y se adoptó, mediante "procedimiento escrito" a través de un intercambio de telex entre los 15 gobiernos de la UE que más tarde compartirían con Estados Unidos, Australia, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda.

Así las cosas, no debemos asustarnos cuando con total severidad se afirma que hay desarrollada toda una gama de tecnología de vigilancia que se utiliza para seguir las actividades de disidentes, activistas por los DDHH, periodistas, dirigentes estudiantiles, sindicales, minorías, opositores políticos, etc. Entre ellas cabe citar:

- Redes de vigilancia por circuito cerrado de TV. Se almacenan e investigan todo tipo de imágenes mediante aparatos ultrapequeños colocados en los lugares más impensables. En Inglaterra existen centenares de estas cámaras en multitud de lugares públicos y privados.

- Sistemas algorítmicos de vigilancia. Son sistemas de reconocimiento a través del rostro (en el caso de las personas) y de matrículas (en el caso de vehículos). Este último se empezó a utilizar para control del tráfico y más tarde se incluyó en la vigilancia de seguridad de forma indiscriminada. Por poner un ejemplo, el sistema es capaz de registrar todos los vehículos que entran y salen en un momento determinado en un radio determinado.

Estos sistemas son muy peligrosos, pues como ocurrió en Tiananmen, tras la matanza de estudiantes en 1989, se produjo una caza de brujas "gracias" a las cámaras allí colocadas, en teoría destinadas al control del tráfico y en la práctica utilizadas para capturar y posteriormente encarcelar o asesinar a disidentes.

- Dispositivos de escucha y grabación, y redes de interceptación de comunicaciones, capaces de intervenir de forma masiva todas las telecomunicaciones (nacionales e internacionales), incluyendo las conversaciones telefónicas, el correo electrónico y faxes. El más conocido es el sistema ECHELON, diseñado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, orientado sobre todos los satélites que se utilizan para transmitir cualquier tipo de información. Está diseñado para objetivos fundamentalmente no militares: gobiernos, organizaciones y empresas.

En la firma de la Agenda Transatlántica de la Cumbre UE-EEUU, celebrada en Madrid en 1995 se acordó realizar un plan de acción conjunto acerca de un sistema global de vigilancia de las telecomunicaciones, para que los gobiernos de la UE colaborasen estrechamente con el FBI, lo que se ha convertido en una "amenaza global sobre la que no existe control alguno, ni jurídico ni democrático".

LAS VERDADERAS POLÍTICAS DE LA UE Y DEL ESTADO ESPAÑOL

Mientras la legalidad es incumplida por sus originales promotores y la democracia y la libertad son términos unidos sólo e indisolublemente al venerado Mercado, las políticas en materia policial, judicial, penitenciaria, etc., se siguen desplegando, sin que de momento nadie podamos evitarlo.

Jugando al papel asignado en el marco de la UE, el Estado español se entrega a fondo a su quehacer.

Quizá uno de los más bochornosos por la barbaridad, sadismo y morbosidad con que se lleva a cabo es el que tiene que ver con la contención de la inmigración "ilegal" en el sur de la Península (el Plan Sur), "cumpliendo con los compromisos que impone el Acuerdo Schengen, que insta a reforzar la impermeabilidad de las fronteras y a poner en marcha acciones que eviten, o al menos reduzcan el flujo de inmigrantes ilegales procedentes de África (Juan Cotino, Director General de la Policía, en declaraciones a El País del 9 de Agosto del 98).

Es aquí donde se ve el verdadero rostro del poder: vallas que cuestan 5000 millones de pesetas, de 3 m de altura y 8 km de longitud, alambre de espino y vigilancia policial constante; miles de detenidos, ahogados, desaparecidos, torturados y muertos en el intento de cruzar el estrecho; inmigrantes narcotizad@s y enviad@s de forma ilegal a sus paises de origen, tras sufrir todo tipo de torturas; seres humanos hacinados hasta la obscenidad en campamentos de refugiados como Calamocarro, en Ceuta, obligados a soportar el hedor de sus necesidades fisiológicas, las ratas, y a ver morir a enfermos de SIDA, sífilis, tuberculosis y sarna sin atención médica de ningún tipo.

Esta es la política de contención de la inmigración, sustentada gracias a la constante esquilmación de las originales formas y medios de vida de numerosas poblaciones de paises de África, Asia, América Latina..., en la voraz e ininterrumpible acción de las multinacionales del llamado Primer Mundo, el mismo que les exporta toneladas de armamento y les obliga a firmar planes estructurales y acuerdos sujetos a la concesión de créditos que hipotecarán la existencia de la gente más pobre hasta el último de sus días.

Y para colmo, no sólo basta con reprimir a quienes no logran cruzar ese muro, construído no sólo de ladrillos y alambradas; también hay que reprimir, perseguir y criminalizar a las organizaciones que trabajan denunciando a las mafias policiales que se benefician de este nuevo modelo de tráfico de esclavos, y que cuestionan y critican las políticas migratorias puestas en marcha por los diferentes gobiernos, negándose a silenciar las continuas atrocidades.

Tal es el caso de AEME (Asociación de Emigrantes Marroquíes en España), con la detención de Ridouan y Rashid, portavoz y presidente, tras un montaje policial que quedó desmontado por la inconsistencia de la acusación, las movilizaciones populares y el eco que el asunto tuvo en los medios de comunicación -de masas y alternativos- (se puede obtener más información en la página web: www.nodo50.org/sinpapeles/informe.htm).

Vergonzosamente éste no es un hecho aislado, pues como ya afirmábamos en el momento de analizar los distintos planes de la policía (policía 2000, etc.) una de las actuaciones que conlleva el "plus de productividad" es la detención y expulsión de ciudadanos de origen extranjero en situación irregular. Un paso más que reafirma la separación, la hostilidad y el fantasma del bienestar, la prosperidad, la diferencia cultural ...

La UE da apoyo y soporte a su perro guardián del sur. Soporte que se ve materializado en el Proyecto Eurodac, que consiste en tomar huellas dactilares de todos los emigrantes, tanto los que regularicen su situación como los que no.

LA SOCIEDAD POLICIAL

Y así, una tras otra, se van asentando en nuestras vidas una serie de prácticas, leyes y disposiciones que nos convierten en colaboradores (voluntarios u obligados) con estas políticas que fomentan el miedo, la insolidaridad, la responsabilidad y habilidades para gestionar nuestras propias vidas.

La mayoría de las actividades que realizamos (quienes las realicen, porque algún@s ni pueden) quedan registradas, por pequeñas e insignificantes que sean: el INSALUD ficha a cada paciente para controlar los fármacos que consume a través de las recetas y un terminal informático que lee la tarjeta sanitaria; la Seguridad Social crea un Grupo de Investigación (GISS) compuesto por policías y guardias civiles adscritos al INSALUD y al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; en Getafe (Madrid) se crea la Mesa de Absentismo Escolar, que se vende como la panacea que solucionará los problemas de las pellas, siendo su eje vertebral la participación de la policía municipal y la delación de los vecinos de la localidad, siendo además el primer objetivo del plan el escarnio y el castigo "para evitar que vuelva a cometerse un acto de tal irresponsabilidad"¿?

Todo esto sin mencionar a BERTA (ordenador central de la policía), el Duque de Ahumada (guardia civil), RITA (Hacienda), INEM, Telefónica, INI (Instituto Nacional de Estadística), ficheros de empresas privadas, entidades financieras y los ficheros de los departamentos de Justicia e Instituciones Penitenciarias, éstos últimos con el agravante de contar con la colaboración de los SS (¿Servicios Sociales?) que para los asuntos de seguimiento de presos en "semilibertad", en "libertad" condicional, de penas alternativas a la prisión, "atención" a las familias de presos y "liberados", son indispensables, convirtiéndose en mecanismos de control social que prolongan la mirada siempre expectante del Estado dentro y fuera de las prisiones (ver también el papel de los SS en los asuntos de menores desprotegidos en otro de los artículos de esta publicación).

Debemos articular mecanismos de defensa en nuestros barrios que respondan a la imposición de este modelo de sociedad policial, denunciando las agresiones y abusos cuando se cometan, apoyando a las víctimas y hostigando al poder para desvelar los engranajes y a los responsables, y en lo posible, poniendo en práctica políticas de prevención de estas situaciones, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo con l@s más desfavorecid@s, con nosotr@s, todos y todas contra este estado de las cosas.