Cuando hablamos de privatizaciones, es necesario empezar por definir claramente dicho concepto, pues este tiende a ser interpretado de diversas formas, en función  sobretodo de sus motivos subyacentes (desajustes financieros, reestructuración del modelo de producción, reducción de la deuda externa, eficiencia económica, etc.), llegándose en algunos casos a confundirse con la liberalización, desregulación o desmonopolización del mercado o sector en cuestión. Así pues, una definición bastante satisfactoria puede ser la que se propone en el libro Políticas de Privatización. Aproximación Teórica (Cano Soler, 1998); la privatización se define como “la acción de transferir actividades, derechos y activos del sector público al sector privado”. Se incluye por tanto bajo el término de privatización no sólo la venta de activos o empresas del Estado, sino también la ejecución por parte del sector privado de actividades que anteriormente estaban reservadas al sector público. Una vez definido el concepto de privatización cabe añadir que se trata de un proceso cuyas connotaciones políticas y sociales son notables, existiendo por tanto un gran número tanto de defensores como de detractores del mismo. Existen además muchos métodos o tipos de privatización

Las razones clásicas para la privatización se suelen agrupar en tres bloques: económicas, financieras y políticas. La razón económica se fundamenta en que mediante la privatización se aumenta la eficiencia de la empresa, que según los defensores de la privatización no se estimula en la empresa pública, mientras que al pasar la empresa a manos privadas ocurre lo contrario al ser gestionada esta por personas supuestamente con mayor capacidad directiva. Se alega también que mediante la privatización se incrementa la competencia en los sectores. He aquí un claro ejemplo de confusión entre privatización y desmonopolización; una empresa puede perfectamente ser pública y competir en un entorno competitivo al igual que un monopolio estatal puede pasar a ser un monopolio privado. Todo dependerá de la eficacia de las políticas reguladoras de la competencia. No existe además ninguna evidencia empírica de que la propiedad, privada o pública, determine el nivel de gestión de una empresa; sin embargo si la hay en lo que al entorno se refiere en tanto en cuanto la gestión está bastante condicionada al grado de flexibilidad de los mercados así como al marco regulador de dicho entorno. En este sentido uno de los países que ha podido presumir de uno de los  mayores grados de movilidad y flexibilidad laboral en Europa desde mediados del siglo XX ha sido Suecia, un país con un sector público especialmente amplio en comparación con el resto de economías capitalistas desarrolladas, y sin embargo uno de los países con mayor crecimiento económico a nivel mundial.

En cuanto a los motivos financieros de las privatizaciones estos van dirigidos a la reducción del déficit público así como de la deuda pública; al vender empresas públicas con pérdidas se elimina automáticamente una fuente de déficit público, y por otro lado, con la venta de empresas públicas, sobretodo aquellas rentables, se puede amortizar la deuda. El primer caso es muy comprensible, sobretodo en el caso de las antiguas economías centralizadas del Este de Europa en su transición a economías de mercado; estas requerían de inversiones extranjeras para poder modernizar sus estructuras productivas, y en muchos casos se hizo además en sectores como el de la automoción y de la electrónica, que aportan a estos países una mayor cantidad de divisas en concepto de exportaciones, lo cual resulta imprescindible a la hora de financiar el inevitable déficit comercial y por cuenta corriente de estos países. Sin embargo, estas privatizaciones no deberían de defenderse cuando puedan conllevar el que determinadas capas sociales no puedan recibir ciertos productos o servicios, considerados imprescindibles, como pueden ser la sanidad o la educación, debido a un posible encarecimiento de éstos. Dicho de otra forma; la existencia de ciertas empresas públicas, al margen de tener pérdidas o no, puede asegurar que ciertos productos o servicios, considerados imprescindibles, lleguen a todas las capas sociales permitiendo un desarrollo y un crecimiento más generalizado. Esto resulta, desde mi punto de vista, fundamental, aunque sólo sea en pos de la cohesión social; si existen problemas de eficiencia en dichas empresas, el gobierno en cuestión debe remediarlos mejorando la gestión, sin modificar la propiedad. Por otro lado, es muy discutible el hecho de que para amortizar la deuda deban de venderse las empresas públicas rentables; pues parece bastante lógico pensar que dicha rentabilidad pueda resolver este problema a medio plazo sin necesidad de transferir la empresa a manos privadas. En este sentido hubo en España muchas críticas por la privatización de empresas públicas rentables, como Repsol, Endesa, Campsa o Telefónica, que suministraban al fisco importantes beneficios. Por lo tanto, como reconocen también los mismos defensores de las privatizaciones, parece que detrás de estos motivos financieros existen muchos motivos políticos o ideológicos.

La ideología que de alguna forma subyace en primera instancia de los procesos de privatización es el neoliberalismo, que tal como define el profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, “es una versión radicalizada del pensamiento liberal clásico que estima, como éste, que deben reducirse al mínimo las intervenciones económicas de los estados en provecho de una iniciativa privada que no debe ser sometida a cortapisa alguna” (Taibo, 2002). Los mayores exponentes de dicha ideología durante el siglo XXI y los primeros en aplicar estas políticas como jefes de gobierno de sus respectivos países, Reino Unido y Estados Unidos, fueron Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Así pues, durante la década de 1980 el Gobierno británico vendió activos por valor de 29.000 millones de libras esterlinas, reduciendo a la mitad el tamaño del sector público. Sin embargo, estos no fueron los únicos en aplicar dichas medidas, sino que muy pronto, en los decenios de 1980 y 1990, se sumaron los gobiernos que se autocalificaban de socialdemócratas. Un claro ejemplo fue la Francia de Mitterrand en donde se procedió a abandonar el programa del propio Partido Socialista en provecho de recortes significativos en el gasto público, remisión de programas de bienestar social y  congelaciones salariales. Lo mismo ocurrió con la Suecia socialdemócrata con la desregulación de los mercados financieros y la abolición de los controles en las operaciones de cambio y más tarde, el Reino Unido de Blair y la Alemania de Schröder. Acerca de todo esto, el Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, señalaba que “siguiendo estas políticas, la gran mayoría de países de la OCDE habían disminuido a finales de los años ochenta el grado de intervención estatal en la economía, flexibilizando también el mercado de trabajo. A pesar de estas medidas, el desempleo, sin embargo, ha continuado aumentando. En Gran Bretaña, donde aquellas medidas se han realizado con mayor intensidad, el desempleo ha ido aumentando, como decía antes, alcanzando cotas no conocidas desde los años treinta” (Navarro, 2000).

Finalmente, entre los objetivos políticos esenciales de los defensores de las privatizaciones, en referencia a aquellas mediante las cuales se transfiere la propiedad de una empresa pública al sector privado, está el de crear un capitalismo popular, utilizándose esto además como argumento a favor de éstas. Esto consiste en que mediante la privatización, la propiedad de las acciones de las antiguas empresas públicas se difunde entre los ciudadanos de un país, y los trabajadores de esta pasan a tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones de la empresa mediante la toma de propiedad en la misma. El objetivo político, de tinte muy evidente, subyace principalmente por la aparición de una nueva clase de trabajadores accionistas, debilitándose así los sindicatos de clase. Sin embargo, el número de estos trabajadores accionistas es el perfecto como para que estos no puedan llegar a controlar la empresa, por mucho que estos se unan en un gran bloque, lo cual tampoco suele ocurrir, frente a los grandes accionistas, poseedores de porcentajes importantes del capital de estas empresas, que son quienes realmente se benefician de dichos procesos. Sobre esto último resultan muy interesantes las declaraciones de Juan Francisco Martín Seco, consejero delegado de Repsol por la época en que se planteaba la privatización del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), en octubre de 2006. Decía lo siguiente: “El llamado capitalismo popular es uno de los mayores embustes del neoliberalismo económico. Creado con el único objetivo de buscar la complicidad de un número mayor de ciudadanos, insuflándoles el espejismo de que porque posean unas pocas acciones de las empresas sus intereses son los de ellas y los de sus grandes accionistas o gestores. De nada les vale ganar unos cuantos euros en Bolsa si la contrapartida va a consistir en mayores gastos al consumir los servicios que esas sociedades proporcionan. Que nadie se llame a engaño, alguien va a pagar las revalorizaciones que las OPAS están generando en el sector eléctrico, y ese alguien no puede ser más que los consumidores a través de las tarifas y una mayor concentración en el mercado.