|
|
Presentado
el 28 de mayo de 2003 (Página
oficial de Amnistía Internacional (Sec. española): http://www.edai.org/centro/infoanu/2003/info03.htm) |
España
Reino de España
Jefe del
Estado: rey Juan Carlos I
Jefe del
gobierno: José María Aznar López
Pena de
muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto
de la Corte Penal Internacional: ratificado
El grupo
armado vasco Patria Vasca y Libertad (Euskadi Ta Askatasuna, eta) cometió atentados con bomba y con
arma de fuego, algunos de ellos mortales. Hubo numerosas denuncias de torturas
y malos tratos a manos de agentes de la policía y de la Guardia Civil,
tanto por parte de inmigrantes y otras personas de origen extranjero como
de detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presuntos miembros de eta. El Comité contra la Tortura de la onu expresó su honda preocupación por
la práctica de la detención en régimen de incomunicación. Hubo denuncias de
malos tratos en las cárceles y de trato inhumano y degradante en los centros de
detención para los inmigrantes recién llegados. Menores extranjeros no
acompañados, la mayoría de origen marroquí, afirmaron que habían sido
maltratados y sometidos a abusos sexuales en algunos centros de acogida.
Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron condenados por
tortura o malos tratos, incluidos actos de agresión sexual contra mujeres
inmigrantes, pero quedaron en libertad hasta que se decidiera sobre sus apelaciones.
La resolución judicial de algunos casos continuó suscitando preocupación por la
impunidad de hecho.
Información
general
eta mató a
cinco personas, entre ellas un concejal del Partido Socialista (psoe), Juan Priede Pérez, muerto a
tiros en Orio (Guipúzcoa) en marzo, y Silvia Martínez Santiago, niña de seis
años que murió al estallar una bomba oculta en un vehículo frente al cuartel de
la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto. Hasta 90 personas
resultaron heridas en diversos atentados de eta.
En septiembre, el grupo armado anunció que las sedes y las reuniones del
Partido Popular y el psoe se
considerarían «objetivos militares» y amenazó de muerte a los activistas de
estos partidos. Se tomaron una serie de iniciativas contra eta en un marco de mayor cooperación
fronteriza con Francia. Se detuvo a muchos presuntos miembros del grupo armado.
En agosto,
un juez instructor de la Audiencia Nacional ordenó la suspensión por tres años,
prorrogables a cinco, de las actividades políticas y económicas de la coalición
nacionalista vasca Batasuna. Esta coalición actuaba como grupo parlamentario
legal pero, según el juez, formaba parte intrínseca de eta, lo cual Batasuna negaba. El gobierno español, a petición
de las Cortes (Parlamento), solicitó al Tribunal Supremo que declarara ilegal a
Batasuna. Por su parte, el fiscal general pidió al Tribunal Supremo que
disolviera la coalición. La orden de suspensión de Batasuna siguió a la entrada
en vigor ese mismo año de una nueva ley sobre partidos políticos, la Ley
Orgánica de Partidos Políticos, que disponía la ilegalización de los partidos
que no respetaran los principios democráticos y los valores constitucionales.
En
noviembre, el ministro de Defensa incluyó «la inmigración ilegal masiva» entre las
presuntas amenazas para la seguridad nacional. Las autoridades también
vincularon el aumento de la criminalidad a la inmigración ilegal.
En
noviembre, las Cortes condenaron por primera vez el régimen del general Franco
(1939-1975) y apoyaron iniciativas para honrar la memoria de las víctimas de la
Guerra Civil de 1936-1939, como la exhumación de las fosas comunes donde
estaban enterradas más de 30.000 personas, la mayoría, según se creía,
republicanas.
Torturas y
malos tratos por motivos racistas
En abril,
Amnistía Internacional lanzó una campaña en la que pedía a las autoridades que
adoptaran una estrategia nacional contra el racismo. El informe que se publicó
simultáneamente concluyó que las denuncias de malos tratos por motivos racistas
eran frecuentes y numerosas. A pesar de la existencia de leyes y normas contra
la conducta discriminatoria o arbitraria, la aplicación de criterios raciales
era algo común y el uso discriminatorio de los controles de identidad era
origen de malos tratos y abusos contra los extranjeros por parte de los
funcionarios. Las extranjeras indocumentadas eran especialmente vulnerables a
sufrir violaciones o graves agresiones sexuales bajo custodia. Los inmigrantes
sometidos a procedimientos de expulsión no eran tratados con dignidad ni
transparencia, mientras que la impunidad de los agentes del orden se daba
especialmente en los casos que afectaban a las minorías étnicas y los
extranjeros.
El ministro
del Interior aseguró a Amnistía Internacional que el gobierno, el sistema judicial
y los organismos encargados de hacer cumplir la ley mantenían un compromiso
absoluto para con la lucha contra el racismo, y negó de hecho que entre los
funcionarios públicos existiera el problema del racismo, aunque no dio ninguna
respuesta de peso al informe de Amnistía Internacional. En junio, el ministro
compareció ante la Comisión de Justicia e Interior de las Cortes, donde
respondió a numerosas preguntas sobre el informe. El ministro admitió que había
algunos casos de malos tratos, pero afirmó que se trataba de casos «aislados».
Algunos diputados instaron al gobierno a que respondiera a las recomendaciones
del informe de establecer un plan nacional para combatir el racismo y a muchas
de sus recomendaciones más específicas.
En
noviembre, el Comité contra la Tortura de la onu,
que examinó el cuarto informe periódico de España sobre su aplicación de la
Convención contra la Tortura, expresó su preocupación por los informes de malos
tratos a inmigrantes por motivos racistas, así como por los informes de
violaciones y abusos sexuales. El Comité recomendó que se ampliara la
definición de tortura del Código Penal español para incluir «cualquier tipo de
discriminación».
Claudia
Peña Ureña y su hermana Brunilda Ureña Ureña, ciudadanas dominicanas, afirmaron
haber sido agredidas y sometidas a insultos racistas en marzo por dos agentes
de la Policía Nacional que acudieron a intervenir ante un alboroto en una
fiesta de cumpleaños en Torrejón de Ardoz (Madrid). Según los informes, a
Claudia Peña le dieron patadas en la cara y la cabeza tras arrojarla al suelo y
luego la pisotearon, todo ello en presencia de varios niños de corta edad. El
padre de Claudia Peña ha afirmado que, cuando intentó presentar una denuncia
ante la policía, le dijeron que no podía hacerlo y lo sacaron por la fuerza de
la comisaría, según los informes después de insultarlo, amenazarlo y darle
patadas y puñetazos. Un informe médico sobre Claudia Peña consignó «contusiones
múltiples». En mayo, un tribunal absolvió a ambas mujeres del cargo de desacato
a la autoridad. El juicio sobre las denuncias de malos tratos presentadas por
ambas mujeres, previsto para septiembre, fue aplazado, según los informes
debido a que los agentes se encontraban de vacaciones. En diciembre los
policías fueron absueltos por falta de pruebas. Varios testigos no se
presentaron al juicio.
En
marzo, un agente de la Policía Nacional fue condenado a 12 años de cárcel por
agredir sexualmente a J, mujer de nacionalidad colombiana, en Valladolid
en 2001, y en abril otro agente de este cuerpo fue condenado a cuatro años de
cárcel por agredir sexualmente en 1998 a la peruana Miriam Rosa Verástegui
Templo. Respecto a J, el tribunal señaló que, dada su situación
irregular en España, estaba en una condición de especial vulnerabilidad frente
al agente. Ambos policías recurrieron las sentencias y, al no ser éstas
definitivas, continuaron en libertad.
Detención
en régimen de incomunicación
Muchas
personas detenidas en régimen de incomunicación como presuntos miembros de eta denunciaron haber sido torturadas o
maltratadas por agentes de la Guardia Civil o de la policía. Según los
informes, en agosto y septiembre varias personas detenidas en relación con la
campaña de kale borroka (lucha callejera) vasca, que se ha relacionado
con eta, estuvieron incomunicadas
hasta cuatro días. Varios de los detenidos denunciaron que los habían golpeado,
acosado sexualmente, obligado a realizar actividades físicas hasta el
agotamiento y aplicado la técnica conocida como «la bolsa», consistente en colocar
una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima y apretarla hasta provocar la
asfixia.
En
noviembre, el Comité contra la Tortura de la onu
expresó su honda preocupación por la forma en que la detención en régimen de
incomunicación facilitaba la tortura. El Comité recomendó, entre otras cosas,
que se grabaran en vídeo los interrogatorios de la policía y la Guardia Civil,
y que las grabaciones se pusieran a disposición del juez competente. El Comité
recomendó asimismo que los detenidos en régimen de incomunicación fueran
examinados conjuntamente por un médico forense adscrito a los juzgados y por un
médico elegido por el detenido.
Los
abogados que representaban a Unai Romano Igartua, que denunció haber sido
torturado en septiembre de 2001, apelaron contra la decisión tomada en julio de
sobreseer la causa abierta contra tres guardias civiles. Mientras estuvo
detenido en régimen de incomunicación, a Unai Romano se le inflamó la cabeza
hasta el punto de quedar prácticamente irreconocible y llegar a perder
temporalmente la visión, al parecer a consecuencia de los duros golpes
asestados por los agentes. Éstos afirmaron que el detenido se había
autoinfligido las lesiones.
En
marzo, un juez de instrucción falló que la presunta miembro de eta Iratxe Sorzabal Díez no había sido
torturada físicamente por agentes de la Guardia Civil el año anterior, aunque
existía la posibilidad de que hubiera sido sometida a amenazas y acoso. Iratxe
Sorzabal recurrió la sentencia.
Menores
extranjeros no acompañados
En mayo,
Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación cuando las autoridades
de la ciudad autónoma de Melilla declararon que en el futuro no brindarían su
protección a los menores extranjeros no acompañados que entraban en la ciudad.
La organización reiteró sus anteriores peticiones a las autoridades nacionales,
regionales y autonómicas para que respetaran las normas internacionales sobre
el cuidado y la protección de los menores no acompañados. En junio, el Comité
de los Derechos del Niño, de la onu,
expresó su «profunda alarma por las condiciones de los niños extranjeros no
acompañados» y recomendó que las autoridades españolas tomaran medidas urgentes
para mejorar esta situación, como evitar las expulsiones irregulares e investigar
de forma eficaz las denuncias de malos tratos.
Tras la
publicidad negativa sobre la situación de los menores marroquíes y el recurso
presentado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Málaga para que
se anularan muchas de las expulsiones de Melilla por ser ilegales, durante el
resto del año disminuyó considerablemente el número de expulsiones. También se
informó de mejoras en las condiciones de algunos centros de acogida. Sin
embargo, en junio y julio se denunció el uso abusivo de una «celda de castigo»
del centro de Melilla denominado Fuerte de la Purísima. Algunos menores
afirmaron que los habían golpeado por faltas de disciplina y los habían
encerrado en la celda, minúscula, sucia y sin ventanas. Un profesor y un
guardia de seguridad fueron acusados de golpear a los niños dentro de la celda
y de animar a los de más edad a cometer actos de violencia. El fiscal de Málaga
ordenó el cierre de la «celda de castigo». Se abrió una investigación judicial
sobre la situación denunciada y sobre las denuncias individuales de niños que
afirmaban haber sido maltratados físicamente y acosados sexualmente.
En
diciembre, el centro de acogida de La Montañeta, en Las Palmas de Gran Canaria,
según los informes descrito como «de infierno» por un fiscal, fue clausurado
tras denunciar varios menores que habían sido maltratados, violados y sometidos
a abusos sexuales por compañeros de más edad. También hubo informes de
agresiones a cuidadores y profesores. Preocupaba que la conflictiva situación
de los centros de acogida de las Islas Canarias, como el del Puerto del Rosario
(Fuerteventura), aumentara la presión política para reanudar las expulsiones de
menores contra su voluntad.
Cárceles y
centros de detención
Hubo
informes sobre el aumento de la tensión en las cárceles, sobre violencia entre
presos y sobre malos tratos a manos del personal penitenciario. La de Salto del
Negro (Las Palmas de Gran Canaria) era una de las cárceles que, según los
informes, sufría graves problemas de hacinamiento. En mayo, la cárcel de Quatre
Camins, en Cataluña, fue escenario de graves disturbios en los que estuvieron
implicados hasta 130 presos. Según los informes, en los incidentes resultaron
heridos seis internos y cinco guardias. En junio, Amnistía Internacional pidió
al gobierno catalán información sobre denuncias concretas de malos tratos y
sobre las medidas que se estaban tomando para paliar el hacinamiento. Las
autoridades catalanas contestaron en octubre que se había producido un
«espectacular aumento» de la población reclusa en Cataluña, al igual que en
toda Europa, causado en parte por la política penitenciaria nacional y en parte
por el «incesante aumento» de extranjeros, que constituían aproximadamente el
28 por ciento de la población reclusa. El gobierno catalán afirmó que había
aprobado una gran partida presupuestaria destinada a la construcción de
cárceles.
Durante el
año fue motivo de preocupación la situación humanitaria creada por la llegada
constante de inmigrantes africanos a las costas de las Islas Canarias. En
marzo, siete organizaciones, incluida Amnistía Internacional, expresaron su
preocupación por las «inaceptables condiciones» y las dificultades para
conseguir asistencia letrada existentes en el centro de detención para
inmigrantes de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Más tarde
se inauguraron nuevos centros para paliar la situación de hacinamiento, aunque
también parecían inadecuados. Las autoridades aceptaron que los centros
planteaban graves problemas y declararon que planeaban nuevas medidas.
Derecho a
protestar pacíficamente
En vísperas
de dos cumbres de la Unión Europea celebradas en España, la primera en marzo en
Barcelona y la segunda en junio en Sevilla, Amnistía Internacional pidió a las
autoridades que se aseguraran de que la actuación policial frente a las
manifestaciones respetaba el derecho a protestar pacíficamente. A la
organización también le preocupaba que las autoridades hubieran bloqueado las
fronteras para evitar la entrada al país de algunos manifestantes con intenciones
aparentemente pacíficas, violando así su derecho a la libertad de expresión y
de reunión.
En
septiembre, tras la suspensión de Batasuna, un juez de instrucción dictó una
orden judicial que parecía ampliar el ámbito de la prohibición de cualquier
reunión o manifestación celebrada en relación con la coalición nacionalista
vasca o su suspensión. Según los informes, otra orden judicial declaraba que la
prohibición no afectaba a las manifestaciones de otros partidos o individuos.
Sin embargo, el ámbito concreto de la prohibición siguió siendo impreciso.
Amnistía Internacional instó a las autoridades nacionales y vascas a que se
aseguraran de que las recientes medidas legales no desvirtuaban los derechos a
la libertad de expresión y de protesta pacífica en el País Vasco.