Las empresas privadas de seguridad ¿mercenarios o corsarios del siglo XXI?

Por: José L. Gómez del Prado (especial para ARGENPRESS.info)

Con unos 25 000 efectivos en Irak, las empresas privadas militares y de seguridad constituyen la segunda fuerza de ocupación, inmediatamente detrás de la de Estados Unidos y por delante del Ejército británico. Asimismo, las empresas privadas de seguridad en Irak con unos 428 civiles muertos y unos 4 000 heridos, según las cifras del Departamento del Trabajo de EEUU, tienen el número más alto de bajas exceptuando las del Ejército de Estados Unidos que ascienden a 18 000 soldados heridos y más de 2 500 muertos.

Según un informe de la Oficina de la Contraloría de Estados Unidos (Government Accountability Office) desde 2003 se han otorgado contratos por un valor superior a 766 millones de dólares a las empresas privadas de seguridad. Las críticas señalan que a través de esos contratos se emplean mercenarios sin escrúpulos que complican la acción de la reconstrucción de la Coalición cobrando a veces sueldos superiores a varios miles de dólares diarios. También se critica a las empresas privadas de fraude y de enfrentamientos con las mismas fuerzas norteamericanas de ocupación.

Con la mundializacion de la economía, el uso de la fuerza se ha convertido en un negocio más que hay que privatizar a toda costa. Se estima que el valor de esa industria ha pasado de 33 mil millones de dólares en 1990 a unos 100 mil millones en 2006, calculándose que alcanzará en 2010 más de 200 mil millones. Durante la primera guerra del Golfo, a principios de 1990, uno de cada 100 soldados era un empleado de una empresa privada de seguridad. Pocos años después, durante las guerras en ex Yugoslavia la proporción había pasado ya a uno de cada 50 y actualmente la proporción sería de uno de cada 10. Los conflictos en ex Yugoslavia, Angola, Colombia y Sierra Leona, por poner sólo algunos ejemplos, han favorecido la multiplicación de esas empresas. Pero ha sido a raíz de las guerras de Afganistán y de Irak y de la inestabilidad de la posguerra en esos dos países lo que ha impulsado el mayor auge de las empresas privadas militares y de seguridad. También es en esos países en donde los limites de la zona gris en la que actúan tiende a desdibujarse con más facilidad y el paso entre lo que se considera operaciones de seguridad y violaciones de derechos humanos se confunden.

Los miles de empleados armados que operan en Irak constituyen uno de los problemas más controvertidos en la reconstrucción del país ya que sus actividades se enmarcan dentro de un contexto de falta de control y de fiscalización de los comportamientos de los empleados de esas empresas. Muchos de esos comportamientos son similares a los que ocurrieron en la cárcel de Abu Ghraib. CACI y Titan, dos empresas privadas de seguridad norteamericanas se han visto implicadas en violaciones de derechos humanos que ocurrieron en 2004 en dicha cárcel. El informe del General Antonio Taguba indica que dos de los empleados de CACI estaban directa o indirectamente implicados en la utilización de perros sobre los prisioneros, abusos sexuales forzados y otros abusos cometidos a los prisioneros. Otro informe sugiere que uno de los 27 empleados de CACI que trabajaba para el Ejército norteamericano en Irak sabía pertinentemente que las instrucciones que estaba dando a los soldados que interrogaban a los prisioneros equivalían a una forma de tortura. Las fuentes de CACI pretenden que su personal estaba en todo momento actuando bajo el mando militar y ejecutaban las órdenes del personal militar. Según la versión de la empresa Titan, sus empleados son traductores e interpretes del Ejército norteamericano y no estarían implicados en las torturas que se infligían a los prisioneros. Las investigaciones que se han llevado a cabo para establecer la implicación de ambas empresas en los delitos cometidos no ha impedido al gobierno norteamericano de renovarles los contratos: uno por un valor de 15 millones de dólares con CACI por el que se facilitan servicios de interrogación con miras a obtener información en Irak y otro de 400 millones de dólares con Titan para emplear a más traductores.

Cuando ocurrieron los incidentes de Abu Ghraib el Gobierno de EEUU, como Potencia ocupante, tenía jurisdicción en Irak. El hecho que las violaciones de derechos humanos fueran perpetradas presuntamente por empleados de empresas privadas, como CACI y Titan contratadas por el Gobierno norteamericano, no exime a éste Gobierno de sus obligaciones conforme al derecho internacional de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Sin embargo, contrariamente a las observaciones hechas por el Gobierno de Estados Unidos a Naciones Unidas en las que se afirma que “el personal bajo contrato de los Estados Unidos se encuentra bajo la dirección de la Coalición y está sujeto a la jurisdicción penal de los tribunales federales estadounidenses” ningún empleado civil presuntamente implicado en las violaciones ocurridas en Abu Ghraib ha sido objeto de investigación imparcial por un tribunal federal ni legalmente sancionado.

En la reciente presentación del informe de 2006 de Amnistía Internacional el director de AI Estados Unidos ha hecho hincapié en que la confianza que ha depositado el Gobierno de Estados Unidos en las empresas privadas de seguridad ha ayudado a crear zonas libres de toda regla que están protegidas por la bandera y la fuerza militar norteamericanas convirtiendo a Estados Unidos en el líder mundial que evita rendir cuentas en materia de derechos humanos. El mismo director añadía que la privatización de los negocios puede estimular la eficacia pero la privatización de la guerra no hace sino facilitar la impunidad. Según él, el comportamiento ilegal de las empresas privadas de seguridad y la renuencia por parte del Gobierno de EEUU de llevarlas ante los tribunales está deshonrando su reputación en el mundo. De los 20 casos conocidos por AI de civiles que presuntamente habrían cometido actos criminales ha habido únicamente una condena en relación con la muerte de un detenido en Afganistán. Según AI no ha habido ni un solo caso de un empleado de una empresa privada de seguridad en Irak llevado ante los tribunales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, en vista del crecimiento de las empresas privadas de seguridad, ha decidido examinar las actividades de estos actores no estatales y programado un enfoque más sistemático que se centra en empresas que operan en situaciones de conflicto o que suministran capacitación y asesoramiento a las fuerzas armadas regulares. Asimismo, el Comité mantiene un dialogo con la autoridad que contrata a dichas empresas privadas y con el Estado de origen.

El Consejo de Europa ha lanzado un grito de alarma al respecto. En 2005, teniendo en cuenta el creciente problema causado por la propagación y el uso de empresas privadas de seguridad que en muchos estados sobrepasa el número de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, la Asamblea Parlamentaria del Consejo adoptó una recomendación sobre el control democrático del sector de seguridad en Estados Miembros. Dicha recomendación hace hincapié en que a partir de lo que era una acción limitada, las empresas privadas de seguridad están invadiendo ya áreas que tradicionalmente estaban reservadas a la policía. Asimismo, llama la atención sobre el hecho que asegurar la seguridad de la sociedad a través del imperio de la ley es una misión fundamental de las autoridades. Si bien hay que reconocer que los servicios privados de seguridad pueden aportar una contribución útil, la falta de control sobre estos servicios, el alcance de sus actividades y el comportamiento poco profesional de sus empleados pueden en todo momento poner en peligro el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La recomendación del Consejo también recalca que las regulaciones en los Estados Miembros al respecto varían mucho y que incluso en algunos países son inexistentes.

Los medios de información televisivos se interesan cada vez más a las actividades de las empresas privadas de seguridad en Irak y difunden reportajes, como el de la Televisión de la Suisse Romande en marzo 2004, en los que se puede apreciar a los empleados de dichas empresas participando directamente en los combates. La cadena de televisión CNN, el 13 de junio de 2006, en una emisión sobre las actividades de dichas empresas privadas en Irak reproducía un video filmando, desde la parte trasera de un vehículo en marcha, una calle de Bagdad. Del interior del vehículo, el cañón de un rifle apunta y dispara a aquellos coches que le siguen. Se pueden apreciar los impactos de las balas en la calle así como en un Mercedes que sigue al vehículo y que se estrella contra un taxi. Los pasajeros del taxi se precipitan fuera de él pero nadie sale del Mercedes, sugiriendo que los pasajeros de ese coche alcanzados probablemente por los disparos están heridos o han fallecido. Según CNN las personas que se encontraban en el vehículo desde donde se disparaba formaban parte de un convoy de una empresa privada militar que trabaja para Aegis. Es harto conocido que los vehículos de esas empresas por temor a los coches bombas disparan a diestro y siniestro según van avanzando por las calles de Bagdad y otras ciudades iraquíes para advertir que los otros coches en el tráfico deben darles la preferencia de paso y que los coches que circulan detrás de ellos deben mantenerse alejados.

La empresa Aegis al parecer llevó a cabo una investigación sobre el asunto pero mantiene en secreto las conclusiones de la misma. Una indagación del Ejército de EEUU indicaría que no habría causa probable de que se hubiera cometido algún crimen. La cadena de televisión trató sin éxito de entrevistar en numerosas ocasiones a Tim Spicer, el fundador de dicha empresa quien indicó a CNN que “no tenía la intención de responder pero que informaba que se había extendido a Aegis el contrato por el tercer año consecutivo”. El contrato a que se hace mención es de un valor de 293 millones de dólares, al parecer el más importante que haya firmado el Pentágono con una empresa privada de seguridad. Por otra parte Tim Spicer, ex coronel del Scots Guards británico, es el mismo que sobrevivió a las alegaciones por varios escándalos de trascendencia internacional. En 1997, contratado por el Gobierno de Papua Nueva Guinea estuvo implicado en una operación para recapturar la isla de Buganvilla en poder de separatistas isleños. Y en 1998, en Sierra Leona en un escándalo de exportación ilícita de armas que por poco le cuesta el puesto al entonces Secretario del Foreign Office británico.

Aegis es una de las muchas empresas privadas de seguridad que se presentan como constructoras de paz y seguridad y que forman parte de un grupo de presión en Washington, International Peace Operations Association (IPOA), que trata de obtener respetabilidad y legitimidad en la esfera internacional.

La utilización de mercenarios ha sido una constante histórica hasta casi finales del siglo XX en que dichas actividades fueron criminalizadas por la comunidad internacional. Paralelamente a la utilización de mercenarios, los gobiernos autorizaron a partir del siglo XIII otras dos formas de violencia no estatal: la de los corsarios y la de las compañías mercantes como la de las Indias Orientales o la de la Bahía Hudson. ¿En qué se diferencian las empresas privadas de seguridad de los mercenarios? Al igual que los corsarios se diferenciaban de los piratas porque los primeros estaban permitidos por los gobiernos que los empleaban y los segundos no porque perseguían sus propios intereses, las empresas privadas de seguridad por el mero hecho de estar registradas con un gobierno y pagar una cuota anual cesan de estar consideradas como mercenarios. Al contratar a estas empresas privadas de seguridad los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, evitan los controles parlamentarios al mismo tiempo que las emplean en conflictos armados en los que dichos gobiernos tienen intereses o quieren intervenir desplegando esas fuerzas auxiliares como milicias. Las empresas privadas de seguridad constituyen pues un elemento de su política exterior.

Algunas de las actividades de las empresas privadas militares y de seguridad, junto con la doctrina del Presidente Bush de guerra preventiva, constituyen un elemento debilitador más del sistema de seguridad colectiva establecido en 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas. Esta Organización, en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos que este año, después de la aprobación de la Asamblea General, se ha convertido en Consejo de Derechos Humanos, un órgano con más prerrogativas, viene llamando la atención de los Estados Miembros sobre las actividades de las empresas privadas militares y de seguridad ya sea a través de los informes del Relator Especial o del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios. Informes que hasta ahora han tenido poco impacto en los países occidentales, desde donde principalmente actúan dichas empresas. Es de esperar que a no tardar los Estados tomen conciencia y se planteen seriamente hasta dónde puede llegar la privatización del uso de la fuerza.

(Fecha publicación:26/06/2006)