Almería acabará peor que Marbella

Soraya González Guerrero

La lucha jurídica contra la urbanización desaforada e ilegal en el Parque de Gata-Níjar, uno de los parques naturales más importantes del Mediterráneo que abarca varios municipios de Almería, ha caído en saco roto con el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que acaba de salir a exposición pública el 10 de diciembre- Este plan, que en principio se hace para conservar los espacios protegidos delimitándolos, no sólo amplía la zona urbanizable dentro del parque sino que además legaliza las construcciones ilegales que los ayuntamientos de Níjar y Carboneras, recurriendo a diversas estratagemas, han ido aprobando: desde el macro-hotel en primera línea de la playa de El Algarrobico o diversas urbanizaciones en Las Negras (muchas ya construidas), a una mega urbanización de 48 hectáreas en Aguamarga (todavía en maqueta). Todas ellas van asociadas, a campos de golf pues aunque la Secretaría General de Turismo ha revelado que no se encuentra entre las 10 primeras actividades realizadas por los turistas, revalorizarán un inmueble entre un 15 % y un 20 %, según un informe del lobby turístico “Exceltur”.

¿Cómo ha sido posible construir en terreno protegido? Según J. Ignacio Domínguez, letrado de Ecologistas en Acción-Almería, “los ayuntamiento de Níjar y Carboneras han declarado urbanizable en sus planes municipales de 1997 lo que les ha parecido bien, y lo que es más grave, la Consejería de Medio Ambiente ha cogido esas ilegalidades y la ha metido en el PORN vigente, sin expediente alguno, lo que es una falsificación”.

El PORN vigente se publicó en 1994, pero diversas organizaciones almerienses han denunciado reiteradamente que los planos han sido manipulados (colocando una d -de espacio urbanizable-, donde antes había una e -de espacio protegido-) para así amoldarse a los intereses especulativos de los ayuntamientos. Cuando Ecologistas en Acción denunciaba la burda manipulación de los planos del macrohotel en la playa del Algarrobito, la consejera de Medio Ambiente admitía que había sido un error, que se olvidaron de incluir esa zona como urbanizable; aunque no han publicado rectificación alguna. Según el letrado de Ecologistas, “no se trata de un error, sino de 18. Vamos a ir al contencioso porque esto el lo que en términos jurídicos se llama desvío de poder”.

La política del ladrillo

Aunque la Ley de Costas del año 1988 obliga a proteger las costas españolas de las urbanizaciones y actuaciones en dominio público marítimo-terrestre en los 100 primeros metros de litoral, esto no ha frenado la construcción desaforada. Prácticamente todas las costas españolas están masificadas con hoteles y, cada vez más, complejos urbanísticos de segunda residencia, auténticas ciudades fantasma que no obedecen a ningún crecimiento poblacional y que no están preparadas para la invasión en épocas estivales en las que se vierten aguas fecales al mar sin depurar y se producen cortes de luz que sufren los pueblos vecinos.

Un 59 % del litoral andaluz ya está urbanizado, según datos del Instituto Nacional de Geografía, y en el litoral existen 4.000 expedientes sobre infracciones urbanísticas como la del hotel del Algarrobito. Agotado el suelo en el litoral malagueño (Fuengirola o Torremolinos tienen el 100 % de su suelo urbanizado), los desarrollos urbanísticos desmedidos se trasladan a las costas vírgenes de Granada, Cádiz, Huelva y Almería, según denuncia el informe de Greenpeace “Destrucción a Toda Costa” (julio 2005) y las propias administraciones actúan como promotores apresurándose a ofertar al mejor postor sus metros de costa virgen.

Quienes deciden la políticas de urbanismo son, finalmente, los municipios y dado el actual modelo de recaudación municipal, que basa un gran porcentaje de sus ingresos en los impuestos y tasas relacionados con la construcción y la vivienda (IBI, plusvalías, licencias de obras y venta de suelo), los ayuntamientos, de cualquier signo político, se financian del “ladrillo” y sus dirigentes se enriquecen con él.

Según Pilar Rodríguez, coordinadora de la comisión jurídica andaluza de Ecologistas, las mafias en Almería han exportado el modelo murciano y ya han tejido su red, pero apunta como diferencia la forma tan descarda con la que actúan y el hostigamiento personal a los que, como ella, denuncian la corrupción.

Otra de las diferencias que señala J. I. Domínguez asociadas a la construcción ilegal en Almería son los invernaderos, que han destrozado más de 400 hectáreas de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y han modificado profundamente el sistema agrícola de las tierras semiáridas de Almería, donde hasta su llegada sólo eran viables los cultivos extensivos de secano y los huertos familiares.

Desde algunos sectores políticos se han pedido medidas de regulación en Andalucía, como la creación de un impuesto para campos de golf que mitigue los impactos territoriales y ambientales negativos qu ocasionan (IU) o el establecimiento de una moratoria hasta la entrada en vigor de un Decreto que regule estas instalaciones (Los Verdes). Una moratoria que la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Ecologistas en Acción también reivindican a través de la campaña Ni un ladrillo más en nuestro litoral. Además, Ecologistas en Acción y sus letrados han venido interponiendo desde hace años numerosas acciones legales contra particulares y algunas administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Níjar. El letrado J.I. Domínguez sostiene que “el alcalde de Níjar dirige desde su despecho la Administración de Justicia”, basándose en el hecho de que todas las querellas (tanto las que ellas mandan contra el alcalde, como las que éste interpone contra los denunciantes alegando que son calumnias) han ido a parar al mismo juzgado, el de instrucción nº 1, justamente cuando D. Ezequiel García, oriundo de Níjar y con intereses económicos familiares en el municipio, tomó posesión del Juzgado. Recientemente la organización enviaba una carta al Consejo General del Poder Judicial para denunciar la discriminación que sufren sus letrados.

Aunque en algunos casos la normativa urbanística de las comunidades autónomas es objeto de investigación por la UE, como ha ocurrido en Valencia, los letrados se muestran desilusionados ante la idea de elevar un queja comunitaria a la UE, pues la que han llevado han sido archivadas, como ocurre con la mayoría, según les ha reconocido uno de los funcionarios de la oficina de quejas.

Estas son algunas de las construcciones ilegales realizadas en suelo protegido:

Aguamarga: La mercantil “Marinas de Aguamarga, S.A”. ha comenzado las obras de una urbanización de 13,32 Ha. Y ha presentado el plan parcial de otra de 48,25 Ha en una zona doblemente protegida. El promotor, F. Echevarría, es socio del Sr. Esparza, testaferro de Roldán, en la sociedad RAMANSIPA S.L. y había sido contratado por el Ayuntamiento de Níjar para elaborar el planeamiento urbanístico del municipio en 1997. Ecologistas en Acción ha presentado una queja ante la Comisión Europea.

El Algarrobico

La Fabriquilla: Se pretende construir na urbanización de 150 viviendas y un hotel de 40’ habitaciones. El plan parcial contradice el PORN y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, en los cuales la Fabriquilla figura como zona protegida (C-2). Además, esta urbanización vulnera la Ley de Costas. Varis organizaciones ha presentado alegaciones ante el Ayuntamiento de Níjar.

Las Negras: Alrededor de 30 hectáreas que según el PORN de 1994 son zona C-1, espacio protegido que en ningún caso se puede urbanizar, fueron declaradas urbanizables sin expediente alguno en los planes municipales urbanísticos de Níjar (1998). El nuevo PORN las legaliza.

La Isleta del Moro: La Junta de Andalucía tuvo que intervenir en contra de una macrourbanización de 400 viviendas, dejándolas en 100. Pero cuando el promotor interpuso una demanda al TSJ la Junta no contestó y la promotora tiene derecho a cobrar una indemnización de las arcas públicas por los perjuicios ocasionados. Ecologistas en Acción-Almería está personada en el pleito.