A Matias Catrileo

Hasta la fecha se han realizado numerosos estudios sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile, elaborados por diversas organizaciones indígenas, centros de estudios, universidades y grupos internacionales de derechos humanos, esfuerzos que han evidenciado las innumerables violaciones a los derechos individuales y colectivos del pueblo mapuche.

Estamos hablando ni más ni menos de aberraciones tales como; allanamientos armados, golpizas contra comuneros, muerte de estudiantes mapuches, marcada estigmatización y criminalización de las demandas sociales, indebido proceso; tales como, interrogatorios bajo intimidación, secuestro, tortura y cárcel política,

A pesar de constatar estos hechos, los resultados de estas investigaciones han tenido nula acogida en las autoridades de Chile, generando y profundizando un conflicto con los lamentables resultados, que hemos visto llegar hasta sus últimas concecuencias en estos días costándole la vida a un jóven estudiante mapuche, demostrando la falta de una solución oportuna y definitiva, marcada por siglos de marginación, que tienen como antesala la formación de un estado, construido ladrillo a ladrillo a partir de la esclavitud indígena y través de trabajos forzados de rebeldes para construcción y edificación del sistema carcelario, que albergara luego a la población inmigrante despojada de sus tierras ancestrales, siendo sometidos al adoctrinamiento religioso y la aculturación, hasta la actual asimilación política de agentes con ascendencia ajenos a los procesos de reivindicación social.

Éstos han contribuido a descomponer y recrear al interior de la legalidad, instancias sociales de mediación de corto o más bien escaso alcance, generando formaciones clientelares a partir de nuevas poblaciones reorganizadas por el engranaje estatal, creando la ilusión de una participación real y legitimando la "voluntad" política bajo el pincel constructivista de la ciudadanía indígena, cuales piezas de museo del aparato público negadas en su condición colectiva, según variables de pertinencia y del elogiado proceso de "desarrollo con identidad" que promueve el desarrollo individual de personas naturales y organizaciones ficticias incapaces de subsistir sin las regalías constates de legitimación política según dichos modelos de representación, impulsados por la dictadura y fortalecidos hasta hoy, bajo la fórmula de participación ciudadana "particularmente indígena" que actúa emulando formas tradicionales de comportamiento, superficiales y atemporales, con el fin de antenuar e imposibilitar las reivindicaciones identarias a partir una promoción cultural abstracta, distanciándolas para siempre de los derechos colectivos de la lucha social y la autoderteminación.

Este modelo aglutina en cada caso, el sin número de debates parlamentarios en torno al reconocimiento de los pueblos indígenas, vaciados de todo sentido a lo largo de debates filosóficos criollos sobre las acepciones modernas del pueblo, que permiten equiparar según la actual ley a cualquier organización indígena, con un centro de madres o un club deportivo, lo que ha dado como resultado, en nuestra maquillada carta fundamental, que se mantengan inamovibles los aspectos centrales de su diseño original, formulado por los ideólogos de la dictadura, y estableciendo a la República de Chile ya no solo como un país unitario, sino indivisible, bajo la premisa de que podría ratificar el Convenio 169 una vez que se bloquee cualquier reivindicación colectiva o territorial, y que en definitiva permita que los procesos de descomposición social concluyan, desarticulado definitivamente las movilizaciones de demanda, y formas autónomas de participación y protección de sus derechos, ante el interés manifiesto de poderosos grupos económicos protegidos por fuerzas especiales, sancionando, criminalizando, y finalmente victimizando, cualquier acción de legitima protesta, definidas por sus intereses como "amenaza terrorista" o "asociación delictuosa", construyendo en el imaginario social la falsa idea de un naciente enemigo interno, construido por las políticas del miedo y el sensacionalismo mass mediático en conjunto con los amplios recursos desplegados de represión y militarización de territorios indígenas, en los cuales se encuentran involucrados los principales grupos nacionales y extranjeros afines a la inversión forestal, mega proyectos hidroeléctricos y turísticos, en donde los derechos del pueblo mapuche aparecen como un estorbo para el desarrollo de un capitalismo inmoral, montado por las armas y profundizado hasta hoy en día, a costa de la población indígena negada en sus derechos esenciales.

Todas estas instancias se ven acompañadas de condiciones miserables de las familias que permanecen en sus territorios ancestrales, víctimas del hostigamiento policial, y constante persecución política, junto con evidentes secuelas de tortura, grave deterioro de salud de sus dirigentes PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES, negados por las autoridades del país a partir de la presión ejercida por "pequeños" grupos representados en el parlamento con intereses inmediatos en los territorios del llamado "conflicto mapuche", los cuales han invisibilizando a través de los (sus) medios de comunicación en cada caso, cada uno de los atentados en contra un movimiento social legítimo, demostrando el desinterés arraigado que podríamos enumerar extensamente bajo diversos antecedentes históricos, y que tienen como correlato la configuración del actual modelo de administración, cultivado fríamente por la elite gobernante a través de siglos, según los procesos de asimilación educacional y política, generando la falsa esperanza de la igualdad proclamada por la ley, bajo formas a todas luces irregulares e inmorales según los estándares de justicia y convenios internacionales de derechos humanos.

Por un reconocimiento real de los derechos del pueblo mapuche y la libertad de sus dirigentes presos políticos,

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Rodrigo Sepúlveda Montero
Sociólogo