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Pere Ortega (Justícia i Pau)

Una revisión a los presupuestos generales y el dinero gastado en misiones militares en el exterior revela una enorme brecha entre las dos partidas.

Los gastos de las misiones militares en el exterior se contabilizan en el presupuesto de Defensa con una cantidad muy inferior a la realmente desembolsada al final del ejercicio. Esto es así porque, hasta cierto punto, es comprensible que en el momento de elaborar el presupuesto no se puedan prever las misiones que se llevarán a cabo.

Con lo cual se declaran estas partidas ampliables y las van suplementando a lo largo del año para hacer frente a los gastos extraordinarios ocasionados. Pero sólo en parte, pues algunas de las misiones sí que están comprometidas y deberían tener consignación, como es el caso de las que se están desarrollando hoy en Bosnia, Kosovo y Afganistán, y, en cambio, si se observa la tabla adjunta surge la duda de si esto obedece a una estrategia para impedir que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumente por encima de unos índices aceptables por la opinión pública debido al rechazo social que el gasto militar suscita, e impedir, de paso, el debate en el Congreso.

Y una segunda cuestión, mucho más preocupante, si la ayuda humanitaria y de reconstrucción es canalizada a través de las Fuerzas Armadas. Lo cual contraviene los acuerdos del derecho internacional humanitario.

Partidas difusas

Esto viene a cuento porque el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, reveló (El País 14/2/07) que las cantidades dedicadas en Afganistán a ayuda humanitaria de la población y reconstrucción de infraestructuras devastadas ascienden a 150 millones de euros. En otra información posterior (El País 20/3/07) se informaba de que el gasto en Iraq desde 2003 hasta su retirada en 2004, en ayudas comprometidas por el Ejecutivo de Aznar y mantenidas por el Gobierno de Zapatero en diversos conceptos, como: ayuda al desarrollo con créditos FAD, créditos blandos y otros programas de reconstrucción y de condonación de la deuda, han ascendido a 835 millones de euros. Y en ambos casos tenemos dudas si las cantidades aportadas para la ayuda han sido administradas por las Fuerzas Armadas. Pues de ser así, resultaría que es el Ministerio de Defensa el destinatario de una buena parte de las exiguas ayudas destinadas por el Estado a desarrollo.

Ello sin contar los gastos estrictamente militares de ambas misiones. La misión militar en Afganistán ha costado 700 millones de euros al erario público desde su inicio en 2002 que empezó con 140 efectivos y ahora son 690, es decir, casi un millón de euros por efectivo. Y en el caso de ‘Libertad duradera’ en Iraq, el gasto total de la misión militar de 1.300 efectivos ascendió a 259,5 millones de euros que representan 200.000 euros por efectivo. Unas cifras escandalosas si se considera sólo el importe de la misión militar que contempla únicamente los honorarios de las Fuerzas Armadas, su manutención y desplazamientos de equipos.

Uno debe hacerse la pregunta sobre la eficiencia de ese gasto y si en manos de organizaciones civiles como Cruz Roja no redundaría en mayor ayuda para esos países. Pues las Fuerzas Armadas no son las más idóneas para llevar a cabo esas misiones de ayuda y reconstrucción, además de no ser de su incumbencia por no estar ni formadas ni preparadas. Se debe recordar que un soldado profesional ha estado formado para observar unas rígidas medidas de seguridad, una disciplina y una obediencia a los mandos militares que impiden que pueda ejercer las funciones de generosidad y altruismo de un trabajador humanitario.