Miquel Amorós

Intervención en la presentación del libro “Barcelona Marca Registrada”, el 2 de junio de 2004 en L’Espai Obert, Barcelona.

Barcelona, su área metropolitana y toda Cataluña, desde los años ochenta se hallan inmersas en un apabullante proceso de transformación fruto del paso acelerado de una economía industrial a una economía de servicios. La fabrica dejó de ser hace ya tiempo la fuente primordial de producción de plusvalías en provecho de la urbanización, y a la política de “bienestar” pactada con los sindicatos sucedió la ordenación territorial pactada con los ejecutivos de las inmobiliarias y los bancos.

El papel de la administración es ahora más determinante; de antiguo intermediario entre el capital y el trabajo se convierte, gracias a un enjambre de empresas mixtas, en principal agente de la remodelación de la ciudad como sede de las transacciones económicas internacionales. La administración ya no trata como antes de armonizar los intereses sociales en provecho de la clase dominante: ella misma forma parte de la clase dominante. En principio la desindustrialización llevó las fábricas a la segunda corona metropolitana, pero una vez acabada ésta de lo que se trata es de expulsar a la población que se quedó, ligada a formas de vida sin interés para la economía, y sustituirla por nuevas gentes acordes con los nuevos valores traídos por el desarrollo tecnológico, gentes de hábitos ultraconsumistas. Esa es la función que está cumpliendo el urbanismo administrativo.

De las 51 operaciones en que se materializa la reconversión urbana barcelonesa, financiadas en parte con dinero público y en parte con la especulación inmobiliaria, unas corresponden a grandes infraestructuras, otras a logística empresarial, otras a proyectos de investigación y, finalmente, otras a reciclaje de barrios y programas ambientalistas. Infraestructuras son el Tren de Alta Velocidad y sus estaciones “intermodales”, las ampliaciones del puerto y del aeropuerto (y demás intervenciones contenidas en el Plan Delta), el túnel de Horta y el Cuarto Cinturón, la B-40. Las zonas donde emerge el nuevo estilo de los negocios hay que buscarlas en el Districte Econòmic GranVia (donde se ubican La Ciutat Judicial y la Fira-2), el 22@, el Centre Direccional Cerdanyola-Sant Cugat, en el nudo de Les Glòries o en Diagonal Mar-Fòrum. Los principales proyectos de investigación son el Parc de Recerca Biomèdica, el Parc Científic de Barcelona y la asociación Barcelona Aeronàutica i de l’Espai. Para acabar, el reciclaje consiste fundamentalmente en un conjunto de derribos, expropiaciones y desalojos que reciben el nombre de “rehabilitación”, pero que significan exclusión.

Barcelona ha dejado de ser un mercado nacional de trabajo y aspira a convertirse en un mercado internacional de capitales. Barcelona no es una ciudad fabril, es toda ella una empresa. La vivienda misma es una inversión. Por eso en el lenguaje del poder los acentos pasan de la producción a la gestión: los dirigentes no hablan como fabricantes, hablan como vendedores. El discurso de los dirigentes pierde los tonos desarrollistas y obreristas propios del pasado puesto que su fuerza ya no sale de la industria ni de la proletarización; su poder proviene ahora de la reconstrucción del territorio y de una forma espectacular de sociabilidad, por lo tanto, su idioma es ecologista y cogestionario, es decir, ciudadanista. Los mismos que trajeron paternalmente la aluminosis nos anuncian coleguilmente la “limpieza” del tranvía, las depuradoras reciclables y las promociones de ecopisos; ya no es cuestión de alojar a los pobres recién llegados como sea, sino de atraer a los pudientes inversones como sea. La ecología no es un derecho; donde reina el capital es un lujo, y como tal, una mercancía solamente asequible a los nuevos privilegiados que puedan pagarla. Por eso combina perfectamente con el control social. La ecología urbana es pues el césped de la videovigilancia.

Tanto en la verborrea de la participación y la tolerancia, como en la demagogia de la sostenibilidad, se esconde el proyecto más depredador dado en la historia; al tiempo que borran la memoria histórica contenida en el territorio urbano, las elites del capital lo reconstruyen a su imagen y semejanza, expulsando a la población que hasta ahora lo ha habitado. Los medios empleados pueden ser indirectos —como los altos precios, la ausencia de vivienda protegida, los alquileres caros, la precarización y la mala calidad del trabajo— o directos
— como el mobbing inmobiliario, la carga policial y la expropiación forzosa. Los desplazamientos obligados por los mecanismos de exclusión puestos en marcha inducen la formación de ghettos periféricos. La táctica es conocida: la pobreza primero se crea, después se exporta (un 18 % de la población de la capital vive pobremente y por tanto, es exportable). El resultado es la “liberación” de un montón de metros cuadrados de suelo urbanizable.

Desde el levantamiento del barrio del Besós, poco antes de los Juegos Olímpicos, no ha vuelto a haber luchas urbanas de envergadura. Los dirigentes de la ciudad de los negocios no tienen delante más que una población atomizada, envejecida, temerosa y residual, pero aún así el conflicto logra salir a la superficie y los afectados plantan cara a la reurbanización capitalista, a pesar de las presiones y de la corrupción de algunas asociaciones vecinales. Así lo demuestra la resistencia de los vecinos a la rehabilitación del Raval, las luchas en torno al Forat de la Vergonya, las “okupaciones” o las propuestas de organización contra la especulación inmobiliaria, por no hablar de todas las luchas en defensa del territorio planteadas por toda Cataluña. Sin todavía ser conscientes de ello, los humildes y dignos combates del vecindario plantean la olvidada cuestión social, ese conjunto de problemas cuya solución afecta no sólo a los directamente implicados, sino a toda la población que sufre parecidas agresiones, es decir, a toda la población no dirigente. A través de ellas vemos hasta qué punto la dominación interviene en nuestra vida y nos impone un estilo ajeno. La solución, por lo tanto, tampoco puede reducirse a un hecho concreto, una obra detenida, un desvío de carretera, un soterramiento de vías... No hay solución parcial que valga. Ha de ser total y basarse en LA AUTOGESTIÓN TERRITORIAL GENERALIZADA, que no es otra cosa que LA GESTIÓN DEL TERRITORIO POR SUS PROPIOS HABITANTES MEDIANTE LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS. Cada conflicto particular, quiera o no quiera, forma parte de la guerra que la dominación capitalista libra contra todo el planeta y, se gane o se pierda, lleva inscrita esa nueva consigna de liberación.