Eran las 9:30 de la mañana del 19 de febrero cuando unos campesinos le avisaron que hombres vestidos de camuflado venían en su búsqueda.

El grupo armado acababa de matar a un labriego en la vereda Las Nieves, de ese municipio del Urabá Antioqueño.

Los labriegos le pidieron a Guerra que huyera. Dicen los testigos que Guerra se negó a correr argumentando que no debía nada.

Los asesinos se lo llevaron a él, a su esposa Veyanira Ariza, y al hijo de Guerra, Deiner, de 11 años, y los mataron a garrotazos a la orilla de un río. Los restos fueron consumidos por los gallinazos.

Eso le contaron campesinos al sacerdote Javier Giraldo, que trabaja en el Cinep y ha acompañado a la Comunidad de Paz en su objetivo de declararse neutral frente al conflicto armado.

Los labriegos también le contaron al sacerdote que a la hora del almuerzo de ese día el grupo de asesinos llegó a la casa de Alfonso Tuberquia, en la misma zona, y allí lo mataron a punta de garrote junto con su esposa, Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 6 años, y Santiago, de 18 meses. Todos fueron mutilados.

Este fin de semana, tras la denuncia de la masacre por la Comunidad de Paz, los cuerpos de la familia Tuberquia Muñoz y el de Alejandro Pérez fueron hallados por una comisión de la Fiscalía en una fosa común y el de Guerra y su familia al aire libre.

Otra versión sobre el primer asesinato, el de la familia Guerra, la difundió el jueves la Corporación Jurídica Libertad, y señala que los Guerra salieron ese sábado de su casa en San José a su finca en la vereda Mulatos, a 7 horas, y que el crimen ocurrió el lunes 21 de febrero, luego de que fueron interceptados por hombres armados en el río Mulatos.

Para autoridades de la zona, ni una ni otra versión es necesariamente cierta. Están haciendo las pesquisas para determinar, entre otras cosas, en dónde ocurrió la masacre, pues los encontraron en una fosa común.

Respecto de los autores de los crímenes, el defensor del Pueblo, Wólmar Pérez, dijo que hay varias versiones y ninguna está confirmada. Por ahora, pidió a las autodefensas que le digan al país si los responsables de estos crímenes pertenecen a esa colectividad. También solicitó al Sergio Caramagna, jefe de la misión de verificación de la OEA, investigar lo ocurrido.

En comunicados de prensa de ONG se ha dicho que los autores de los crímenes serían soldados con sede en Carepa, no obstante tanto voceros militares con mando en la zona así como el propio comandante del Ejército, general Reinaldo Castellanos, han negado cualquier vínculo de sus hombres con estos hechos. "Esas son acusaciones temerarias", dijo el general Castellanos el pasado viernes.

Luis Eduardo Guerra fue el que redactó el reglamento interno de la Comunidad de Paz, el mismo documento que consigna la prohibición total de las armas y de cualquier tipo de acto violento y que se declaró neutral frente a cualquier de los actores del conflicto armado en Colombia, sin interesar su origen, el 23 de marzo de 1997.

Por su elocuencia, Guerra era interlocutor ante el Gobierno nacional y la comunidad internacional frente a los temas de su comunidad, representó a la población en el Encuentro de Comunidades de Paz, realizado en Italia en el 2003, y en múltiples ocasiones denunció amenazas de todos los grupos armados, amenazas que cobraron la vida de su primera esposa, que murió el año pasado por la explosión de una granada que les dejaron en su vivienda.

¿Problemas en la OEA?

Una unidad especial de la Fiscalía está en este momento en Urabá tratando de recoger nuevas pruebas. En un caso que como este es particularmente delicado para el Estado colombiano, pues sobre la Comunidad de San José de Apartadó pesa una medida provisional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) que obliga al Estado colombiano a darles una protección especial. En mayo pasado, la Corte Constitucional de Colombia también conminó al Estado a darle protección y un tratamiento especial.

El caso podría ser motivo de especial discusión en la sesión semestral de la CIDH que tendrá lugar en unas dos semanas.

Giraldo explicó que casi desde el momento de su conformación por iniciativa del inmolado monseñor Isaías Duarte Cancino, esta comunidad ha sido perseguida por los diferentes grupos que actúan en el conflicto armado.

"La Comunidad se conformó un Domingo de Ramos y el jueves santo comenzó una arremetida contra la población en la que participó el mismo Ejército. Hubo crímenes horrendos, familias enteras descuartizadas, gente a la que le cortaron los dedos y le sacaron las entrañas", relató el sacerdote.

Según las cuentas de la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, hasta la fecha van 154 personas de la Comunidad de Paz, entre hombres, mujeres y niños, asesinados desde 1997.

El Defensor también explicó que a su despacho también llegaron denuncias de cinco familias desplazadas del sitio donde se halló el cadáver de Guerra y la desaparición de otras tres familias de la vereda Las Nieves.

MEDELLÍN