Cita el enlace para hablar de lo de Iraq, porque no nos queda claro a qué te refieres. Y no creemos haber hecho nunca eso que dices.

Joel Sierra habla de los "Grupos armados de oposición". Conocemos personalemente a esta gente y bajo esa adscripción hablan eufemísticamente de la guerrilla. Hay varios anuarios de la Fundación Joel Sierra relatando todos los crímenes políticos de cada año, y ese es el nombre que dan a la guerrilla: grupos armados de oposición. A las AUC se les nombra directamente siempre como "paramilitares". Por cierto que los informes de Joel Sierra simpre están llenos de denuncias de los asesinatos del ejército, policía y paramilitares. De vez en cuando han denunciado abusos de la guerrilla, pero es que desde hace diez meses la guerrilla en Arauca está en guerra civil entre sus dos grupos. Y en esa guerra civil están matando por confusión o por aprovechar las circunstancias a muchos campesinos y líderes sociales de la zona.

Y sí, después de enumerar los asesinatos que han cometido esos días las dos guerrillas también nombran que han aparecido graffitis de las AUC, lo cual les acojona aún más, ya que ellos están entre los dos fuegos.

Los muertos de que se hablan son gente a la que ha ejecutado la guerrilla. Si no os lo creéis podéis contactar con la propia fundación. En el artículo está la dirección de su propia página web.

Por cierto, podrías explicar porqué lo que digamos en esta web os resulta tan poco creíble, al tiempo que lo que dice las FARC siempre debe ser escuhado con reverencia y diciendo amén.

Qué pena, nunca entráis al fondo de las cosas. Nunca argumentáis ni ofrecéis datos. Sólo descalificáis e insultáis a quien denuncia algo que os molesta.

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Según CODHES y las ONGs de Derechos Humanos a la guerrilla es imputable aproximadamente el 13% de los desplazamientos forzados. Estos están inscritos en los desplazamientos causados por los combates entre la guerrilla y las fuerzas militares-narcoparamilitares, y en aquellos casos en que la guerrilla `saca’ de tierras expoliadas, usurpadas a los campesinos e indígenas, a los `colonos’ que son llevados allí por los narco-paramilitares y militares, a fin de consolidar su `control’ narco-paraco de determinada zona.

Lo único que es cierto de este párrafo son la dos primeras lineas. La guerrilla es responsable directa de al menos el 13% de los desplazamientos forzados. Eso es lo que dice Codhes y las ONG. El resto del párrafo lo añadís vosotros, explicando las cosas de la manera que os interesaría que fuese.

Os copio este otro párrafo de un estudio del Centro de Estudios Políticos y Sociales de València (CEPS), que está colgado en Indymedia Colombia. NO dejéis de leerlo. Vale la pena para saber de quién estamos hablando:

Infracciones al DIH por parte de las guerrillas

Los informes que anualmente realiza la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia reiteradamente denuncian las graves infracciones al derecho internacional humanitario que realizan los grupos guerrilleros en el marco del conflicto armado. En algunos casos la insurgencia atribuye a errores estas acciones o las justifica desviando la responsabilidad a la Fuerza Pública o a los paramilitares por haber utilizado a la población civil como escudo. El caso más dramático en el que las FARC públicamente reconocieron que habían cometido un error ocurrió el 2 de mayo de 2002 en el municipio de Bojayá (Chocó). Ese día los guerrilleros lanzaron varias pipetas (artefacto cargado de explosivos de elaboración artesanal cuyo sistema de lanzamiento carece de precisión) contra los paramilitares con los que mantenían combates en la zona desde hacía varios días. Una de estas pipetas estalló en el interior la iglesia, donde se habían refugiado numerosos vecinos, en cuyos alrededores se habían colocado los paramilitares para protegerse de los ataques. La explosión provocó 119 muertos y 98 heridos, muchos de ellos menores de edad. Naciones Unidas señaló que ese “error” constituyó una infracción a las normas humanitarias porque el ataque fue indiscriminado y no se tuvieron en cuenta las precauciones necesarias para evitar daños a los civiles . No obstante, la OACNUDH también responsabilizó a los paramilitares de lo que pasó por “haber expuesto a la población civil a los peligros de las acciones militares” y al Estado Colombiano por “la falta de respuesta oportuna y eficaz de las autoridades encargadas de adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de los hechos (...). Considerando las alertas formuladas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y esta misma Oficina, debe descartarse la posibilidad de que las instituciones estatales desconocieran la existencia de los riesgos que afectaban a la población civil del Atrato Medio.”

Tres años después, a pesar de las terribles consecuencias de acciones como las de Bojayá, la actitud de las FARC no ha variado sustancialmente. La misma OACNUDH en su estudio sobre 2005 constata que “el total desconocimiento y desprecio por los deberes humanitarios por la guerrilla, en particular de las FARC, pudo observarse en la persistencia de la comisión de graves infracciones. Se registraron homicidios, masacres, ataques y amenazas a la población civil, ataques indiscriminados, actos de terrorismo y toma de rehenes. Se observaron también desplazamientos forzados, irrespeto a la inmunidad de la población civil, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de niños y niñas, y ataques a la misión médica”. Así, se recogen combates entre este grupo insurgente y los paramilitares o la Fuerza Pública en los que se dieron circunstancias similares a las de Bojayá provocando víctimas -aunque en menor cuantía- entre la población civil. En el informe de Amnistía Internacional referido al año pasado también se denuncia que “los grupos armados de oposición siguieron cometiendo infracciones graves y generalizadas del derecho internacional humanitario”. La Oficina de Naciones Unidas también registró en 2005 homicidios selectivos atribuidos a las FARC contra concejales, alcaldes, líderes políticos e indígenas y la ejecución de varias masacres con un total de más de 30 asesinatos. Al ELN se lo responsabilizó por homicidios, tales como el de un reinsertado de las FARC, y el de otras cuatro personas, incluyendo dos sacerdotes, así como varias amenazas de muerte contra civiles. A ambos grupos se les acusa de actos de terrorismo por la utilización de artefactos explosivos, algunos ubicados en bicicletas o caballos. La toma de rehenes por parte de las guerrillas afectó principalmente a líderes comunitarios y políticos, religiosos, indígenas, así como defensores de derechos humanos (las FARC mantuvo secuestrados varios días a cinco integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Jiguamiandó, departamento del Chocó).

Además, la insurgencia persistió en su práctica de sembrar minas antipersonales que afectaron a numerosos civiles, incluyendo a niños y niñas, además de a soldados. El Ejército también ha sido acusado de esta práctica contraria al derecho internacional humanitario. En 2005, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en cantidad de víctimas provocadas por las minas. Mientras que en 2004 el país ocupaba el tercer lugar, con 868 víctimas, el pasado año se puso arriba en las estadísticas mundiales con 1.100 personas afectadas por estos explosivos.

Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de Colombia, entre 1996 y el primero de septiembre de este año, las minas antipersonales afectaron a 1.808 civiles y a 3.023 militares. El informe asegura que las FARC “continuaron siendo el mayor sembrador de minas antipersona en el país, y uno de los mayores en todo el mundo” . El primer semestre de 2006 se caracterizó por constantes denuncias de reclutamiento forzado, persistentes amenazas y agresiones por parte de las FARC a concejales, alcaldes y otros funcionarios públicos, especialmente en la zona sur del país, según informa Codhes en su boletín de septiembre de 2006. En los departamentos de Caquetá y Huila, por ejemplo, fueron asesinados 13 concejales. En el escenario electoral, las FARC adoptaron como mecanismo de presión, además de los paros armados, las amenazas contra líderes políticos y sociales. Así ocurrió en el departamento de Santander en donde la guerrilla amenazó a por lo menos 15 alcaldes para que renunciaran a su cargo antes del 1 de julio y en el Eje Cafetero en donde amenazaron a siete concejales. Al final del semestre el ELN, a pesar de los “diálogos exploratorios” que mantiene con el Gobierno, incrementó sus acciones armadas en zonas del Pacífico, que incluyen reclutamientos forzados, desplazamientos, secuestros y ataques a la Fuerza Pública.

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