CORRUPCIÓN EN LA PRISIÓN

Escribió una carta en la que pedía que se investigaran graves irregularidades. Le han incoado tres expedientes sancionatorios. Su abogado es tajante: ’Las imputaciones son totalmente falsas’.

EL MUNDO (JUAN RIERA ROCA).- Pedir que se investiguen abusos de poder en la prisión de Palma le ha costado a la reclusa María del Rocío Blanco tres expedientes sancionatorios por faltas graves o muy graves, una de ellas poco menos que por haber incitado a un motín. Su abogado, Jaime Campaner, responderá esta mañana en un juzgado a estas imputaciones con un argumento simple: "Son totalmente falsas".

Desde que a finales de julio María del Rocío y otras nueve compañeras enviaron al defensor de la primera una carta solicitando que se investigaran "abusos de poder" y "malos tratos" a las presas por parte de funcionarios del centro, esta reclusa de 57 años de edad y condenada a 4 por tráfico de drogas se ha convertido en el blanco del sistema represivo de la cárcel.

El 1 de agosto, con la libertad condicional concedida por un juzgado de Madrid a la mitad de la condena (algo poco frecuente) y a punto de salir, se la excluyó de la salida en la misma puerta alegando «un incidente». A partir de ahí asegura y ha denunciado judicialmente que fue sometida a malos tratos que incluyeron golpes, poniéndose guantes un funcionario "para no dejar marcas".

El sábado 2 de agosto su abogado fue a verla a la prisión y lo que le dijo —y que figura en la denuncia judicial— lo estremeció: "Me han pegado, estoy asustada, sácame de aquí, no me dejes sola, por favor, que venga la Policía y me saque, mírame la frente, me da vueltas la cabeza". Dos semanas después María del Rocío ha sido objeto de tres acusaciones que rechaza de plano.

En uno de los pliegos de cargos que le han entregado puede leerse: "El día 1-8-08 la interna María del Rocío Blanco de las Heras intentó que los internos de la Sección Abierta realizaran un plante y que denunciasen a los funcionarios. Incluso llegó a amenazar con denunciar los internos que no la secundaran. También intentó conseguir un móvil con el que realizar fotografía".

DESOBEDIENCIA

Esta primera acusación es la que pretende que María del Rocío incitó a sus compañeras a una especie de motín. Otro de los pliegos intenta sustanciar el "incidente" por el que se le retiró el permiso de salida en libertad condicional: "El día 31-7-08 la interna (...) desobedeció reiteradamente las órdenes de los funcionarios para que pasase el recuento en la Sección Abierta".

"Exige —continúa el escrito de la prisión— salir de pasillo no atendiendo a razones cuando le explican que ella no tiene autorización para salir, provocando gran alteración entre los internos del departamento y, finalmente, se declara en huelga de hambre". La versión de María del Rocío es muy diferente. Asegura que el funcionario le dijo: "No sales porque a mí no me sale de los cojones".

El tercer expediente es si cabe más inesperado. Al parecer la prisión la acusa de haber intentado entorpecer el funcionamiento del centro informando de vejaciones e irregularidades a EL MUNDO de Baleares, cuando ni fue ella la que dijo nada a este periódico, ni le está prohibido hacerlo, dado que además, por ley, las actuaciones judiciales son públicas y todo figura en el escrito de la denuncia.

Cuando esta mañana Jaime Campaner presente ante el juzgado las alegaciones contra estas imputaciones asegurará, simplemente, que son completamente falsas. Como ya incluyó en la primera denuncia presentada contra los funcionarios que podrían haber maltratado a su representada, todo deriva, según sospecha, de haber pedido que se investigaran irregularidades y malos tratos.

El letrado tiene preparada toda una batería de pruebas y declaraciones que considera que permitirían exculpar a María del Rocío y que espera que le permitan practicar y con ello demostrar que las imputaciones son "pura invención". Sin embargo, sobre la solicitud de pruebas de este tipo pesa una losa: normalmente —y Campaner lo ha denunciado en foros jurídicos— no se conceden.

La reclusa que denunció irregularidades en la cárcel de Palma se desespera y opta por una huelga de hambre

El abogado Jaime Campaner considera aberrante que los presos del centro penitenciario de Palma no logren nunca o casi nunca que el juez de vigilancia penitenciaria les permita practicar pruebas propuestas por ellos, alegando que de cualquier modo no cambiarían el resultado del procedimiento. Esto genera indefensión a los reclusos ante las acusaciones y la casi total omnipotencia de la administración penitenciaria.

EL MUNDO (JUAN RIERA ROCA).- En esta ocasión Campaner y María del Rocío Blanco tienen un atisbo de esperanza. El caso de la reclusa deriva de la Audiencia Nacional, cuyos jueces sí que permiten la práctica de estas pruebas. Por ello tal vez en este caso sí que la autoridad judicial ordene las prácticas solicitadas y las declaraciones de testigos que Campaner considera que exculparán totalmente a María del Rocío. Paralelamente a la actuación judicial de su abogado María del Rocío Blanco comenzó el viernes de la semana pasada, después de que de nuevo le negaran la salida en libertad condicional, una huelga de hambre en señal de protesta. El recorrido de esta mujer por la institución penitenciaria de Palma parece una broma de mal gusto.

Primero es trasladada al módulo de régimen abierto, previo a salir a la calle. Tienen lugar el "incidente" que la priva de la libertad y los malos tratos y vejaciones que ha denunciado. La sacan de ese módulo y la llevan al de ingresos. Días después la devuelven al de régimen abierto, dándole la impresión de que iba a poder salir en libertad, como había establecido un juzgado de Madrid.

Pero el jueves pasado, día de salida, le dicen que tampoco sale. La desesperación, máxime tras los acontecimientos que asegura haber padecido, hace mella en su estado de ánimo y decide ponerse en huelga de hambre. Para más inri, una de las imputaciones que se le hace es precisamente haberse puesto en huelga de hambre. A los presos no les queda, por lo que parece, ni esa mínima libertad de expresión y de protesta, cuando la ley solo les priva de la libertad de movimientos, no de la de expresarse libremente.