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DERECHOS HUMANOS // CASI EL 80% DE LOS PRESOS SE ENCUENTRA EN PRISIÓN PREVENTIVA O SIN SENTENCIA FIRME

Carlos Rodríguez , Buenos Aires (Argentina)

DERECHOS DE LOS RECLUSOS. La superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires se agravó con la aprobación de una ley que restringe las condiciones de excarcelación para delitos menores. // Olmo Calvo

La cruda realidad de las condiciones de vida en las cárceles argentinas fue puesta sobre el tapete por la huelga de hambre que por quince días realizaron unos 15.000 presos, tanto en las 29 cárceles federales que dependen del Gobierno central como en los 18 penales que funcionan en la provincia de Buenos Aires. Los problemas más graves se viven en las unidades bonaerenses, donde 25.000 presos están hacinados en establecimientos que sólo tienen capacidad para unos 15.000 internos. En las prisiones federales, el número de detenidos llega a los 9.000 y en ellas se observa una notoria falta de equilibrio: en algunas hay plazas de sobra y en otras, como en la penitenciaría de la norteña provincia de Salta, la superpoblación llega al 217%.

En esa alcaidía salteña hay un retrete cada 27 internos, una ducha cada 27 presos y un lavatorio cada 18, según un informe elaborado este año por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo no gubernamental que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación por la que atraviesan los presos argentinos. La huelga de hambre se hizo para reclamar la aplicación de las normas internacionales, a las que está adherido el Gobierno argentino, que determinan que ninguna persona puede estar presa más de dos años sin condena firme.

En Argentina, entre el 75% y el 80% de los presos está procesado, con prisión preventiva, o con condenas de primera instancia que no han sido confirmadas por la Justicia. Se estima que un alto porcentaje de los procesados podría quedar en libertad por falta de mérito o por haber cumplido la condena cuando llegue el momento de la sentencia definitiva. “Hay detenidos que están desde hace tres, cuatro y hasta seis años con prisión preventiva, cuando podrían ser declarados inocentes cuando vayan a juicio oral o en todo caso condenados por menos años de los que ya llevan en prisión”, afirmó la abogada Florencia Arieto, de la ONG Arde la Ciudad, que asistió a los presos en huelga de hambre.

La superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires se agravó tras la sanción de la ley 12.405, en marzo de 2000, que restringió las condiciones de excarcelación para delitos menores. Esta norma fue impulsada por el ex gobernador Carlos Ruckauf, mentor de la llamada “mano dura”. En 2000, los detenidos en Buenos Aires eran 18.212, en 2001 se llegó a 22.075 y un año más tarde a 24.249, de acuerdo con el informe del CELS. En los años siguientes las cifras continuaron subiendo, aunque no de una manera tan rotunda.

Sólo en el período que fue de marzo de 2000 a septiembre de 2002 “se registraron 1.515 casos de tortura”, según precisó el CELS citando como fuente a la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires. “Entre la gran cantidad de modalidades y tratos aberrantes contra la dignidad humana desplegados contra los internos pueden enumerarse maltratos físicos y psicológicos que incluyen golpes de puño, patadas, bastonazos y culatazos, quemaduras de cigarrillo, uso de gas paralizante en el rostro, a lo que debe añadírsele el uso de picana eléctrica y el llamado ‘submarino seco”.

Hay dos clases de ‘submarino’, el ‘mojado’, que consiste en introducir la cabeza de la víctima en un cubo con agua, y el ‘seco’, que es cuando se cubre la cabeza del preso con una bolsa de plástico para provocarle asfixia. Esas dos prácticas fueron utilizadas en centros clandestinos de detención, durante la dictadura militar argentina que ocupó el poder entre 1976 y 1983.

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos (...) hará responsable al juez que lo autorice”. El artículo 18 de la Constitución argentina mantiene su texto sin variantes desde 1853. También sin variantes, el artículo es violado en todas las cárceles del país.

LA JUSTICIA NO PERDONA A LOS POBRES

Entre los miles de presos en huelga de hambre destacó uno que llevó la voz cantante, en nombre de todos. Daniel Agustín Cabrera, de 42 años y conocido como ‘Tractorcito’, es un ladrón de bancos que dice “tener códigos” que lo llevan a asegurar que nunca robaría a una anciana. Es el ladrón más famoso de Argentina, porque sólo roba bancos “que luego cobran el seguro”, sin hacer un disparo. También alcanzó popularidad por sus fugas. Una vez huyó, haciéndose pasar por abogado, de una de las cárceles más grandes del país, y después se escapó del Departamento Central de la Policía Federal. Está preso por robo a mano armada reiterado. El delito tiene un máximo de 15 años y hay quienes creen que, por ser reincidente, podría ser condenado a 25 años, que es el máximo por homicidio simple, un delito que Cabrera nunca cometió. Le dieron 33 años, una condena excesiva para los cargos que se le imputan.

Cabrera explicó las razones por las que se adhirió a la huelga de hambre: “Si me daban 25 años era un exceso. ¿Qué puedo decir de los 33 años que me aplicaron? Estoy seguro de que la condena va a ser reducida por el Tribunal de Casación. Si ese recurso es favorable, ya tengo computados 13 años y nueve meses de cárcel. Si me dan 25 años, podría tener salidas transitorias para trabajar y estudiar derecho”. Tractorcito cayó preso por primera vez a los 13 años, en una localidad de la provincia de Buenos Aires en la que era amo y señor el hoy comisario retirado Luis Abelardo Patti, denunciado varias veces como torturador. “A mí me hizo de goma [me torturó] y después me dijo que le contara a la jueza del caso que me había ‘atendido’ el comisario Patti”. El comisario fue intendente de Escobar, en el norte del Gran Buenos Aires, y ahora es diputado nacional, pero sus pares quieren expulsarlo por sus antecedentes.

“Acá [en prisión] hay chicos que están desde hace más de dos años y hasta cuatro o cinco, sin condena, sólo con prisión preventiva. Hay muchos que van a ser declarados inocentes. ¿Quién les paga lo que están pasando? En Argentina, la Justicia es como una víbora: sólo muerde a los que están descalzos. Hay una Justicia para pobres y otra para ricos”. Cabrera hizo alusión a un caso de excarcelación reciente de un juez acusado de haber matado a su hija.

“Al juez, que cometió un crimen muy grave, lo dejaron en libertad porque es o era juez. Los presos comunes, como nosotros, no tenemos posibilidad de nada. Yo cumplí con mi condena, pero a mí no me van a perdonar porque soy un ladrón de bancos. No importa que jure y rejure que quiero otra vida para mí, para mi mujer y para mi hijo. A nadie le importa que haya estudiado en la cárcel con gran esfuerzo y que ahora quiera seguir la carrera de abogacía.

La reinserción social de los internos debería ser una obligación ineludible del Estado, pero las cárceles se han convertido en un ámbito propicio para la violación de los derechos más elementales de los presos y sus familias”.