(Para ver artículo relacionado,

http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3id_article=2698)

Mientras los grupos políticos mantienen su batalla en torno a la LRAU y a planes urbanísticos bien sonados como los de Rabasa o Las Cañadas de Elda, los vecinos de Tibi se sienten apesadumbrados porque sienten que, fuera de su municipio, a nadie en la provincia parece importarle que se vayan a urbanizar un millón y medio de metros cuadrados de terrenos situados nada menos que al pie del Maigmó. Es decir, el pulmón verde más cercano a la capital de la provincia.

Hace ahora casi un año que el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, firmó un convenio para la ampliación urbanística del área El Aljibe. Lo que hoy es una pequeña zona de chalets diseminados, rodeados por grandes áreas de arbolado, se prevé transformar en una macro-urbanización de un millón y medio de metros cuadrados donde se contemplan construir cerca de mil trescientos bungalows. En noviembre de 2004 el alcalde, Jesús Ferrara Machés, suscribió el acuerdo con Pascual Cámara Esclápez y Miguel Ángel Vergara Mazón, representantes de una empresa que se ha constituido en Agrupación de Interés Urbanístico UE 1 del Plan Parcial El Aljibe de Tibi. «Lo que van a hacer es una barbaridad. A esta urbanización hay que sumar las que quieren construir en la Finca Terol, en Pinares del Meclí y en Castalla Internacional y, ¿cómo van a dar agua para tanta gente?», manifiesta una de las residentes en El Aljibe, que se oponen a este proyecto de construcción masiva.

A los vecinos les resulta muy chocante «que se vayan a arrasar grandes áreas forestales y, sin embargo, nos presenten un plano donde nos pintan zonas verdes, es decir, césped y cuatro plantas».

Además, están especialmente indignados con el alcalde, ya que el PAI fue presentado por la empresa citada durante el anterior mandato municipal, con Ángel Galiano (PP) como alcalde, al amparo de la polémica Ley Reguladora de la Actuación Urbanística (LRAU). Y, entonces, el actual primer edil se comprometió ante los vecinos a hacer lo posible para paralizar el proyecto. Ahora, explican los vecinos, «se justifica diciendo que el Ayuntamiento necesita ingresos, como si estas nuevas urbanizaciones no fueran a generar muchísimos más gastos de todo tipo: en infraestructuras, transportes, limpieza, dotaciones y, sobre todo, en agua».

Licencias que no gustan

Los afectados han recurrido a varias instituciones, desde la Unión Europea hasta el Síndic de Greuges. Pero la contestación a la queja vecinal que el Ayuntamiento hizo llegar a la institución que preside Bernardo del Rosal les ha indignado todavía más: Jesús Ferrara manifiesta en el escrito que las viviendas de la urbanización, unas sesenta, «no se avienen a la legalidad urbanística» pese a que admite muchas de ellas tienen licencias. Según indica, «el Ayuntamiento no debió otorgar» los permisos.

Los vecinos se preguntan por qué Ferrara cree que no se debieron autorizar a lo largo de tres décadas varias decenas de viviendas y, sin embargo, defiende que ahora se edifiquen más de mil doscientos bungalows.