El Estado de derecho, o el gobierno por medio de la fuerza

La expansión del aparato estatal, deseada, so pretexto de dar soporte al Estado de Bienestar y por otros motivos no menos indeseables, por fascistas, liberales e izquierdistas, hace que cada vez más parcelas de la vida social, personal e incluso íntima se rijan por disposiciones legales, esto es, por normas coercitivas basadas en el principio de la sanción legal, lo que hace del temor (en vez de, como debería ser, del convencimiento interior de la obligatoriedad axiológica, convivencia, ética y civilizacional de obrar o de abstenerse de obrar de un determinado modo) la causa agente del modo concreto de desenvolverse la vida social y de los comportamientos individuales.

De la entronización del derecho surgen cuatro tipos de males, al menos.

Uno es que cada vez la vida es menos libre en lo civil (por no hablar de lo político), pues se ordena de un modo decreciente por el uso, la costumbre, las normas morales, los acuerdos entre particulares, las ideas sublimes o los valores de la civilización. Hoy solo cuenta la ley, esto es, la pena y el temor a la pena, lo que está contenido en la funesta noción de Estado de derecho, como reivindicación de una sociedad aherrojada por el derecho estatal –ni siquiera por su propio derecho–, lo que da al traste, en primer lugar, con la eticidad y bonhomía de las personas, haciendo que todos propendan a ser igualmente irresponsables o incluso perversos si la ley no esta al acecho para amedrentar y castigar. De ello toma su significación la admonición de H. D. Thoreau de que “lo más deseable de todo no es cultivar el respeto por la ley, sino por la rectitud”, que coincide en la intención con lo que expone Fenelon, al describir su sociedad arquetípica asentada en el amor mutuo, la excelencia ética y la exaltación de la valía individual, en la cual, dice: “no hace falta juez entre ellos, ya que su propia conciencia los juzga”.

En “Teoría de las Cortes”, alega Martínez Marina, contraviniendo el legicentrismo de la modernidad, que “el gran numero de las leyes es un testimonio auténtico de la corrupción del pueblo”, lo que es cierto, pero olvida que tal aserto puede también ser formulado al revés: las muchas leyes corrompen al pueblo, pues le habitúan a obrar por temor a la sanción y no por convencimiento interior respecto al bien que ha de realizar y el mal que tiene que evitar. Esto viene a cuento del vicio legicentrista que domina a la izquierda institucional y a la contracultura, al feminismo, ecologismo, sindicalismo y otros, que están persuadidos de que una masa compacta de las apropiadas leyes es capaz de resolverlo todo.

Pero quien hace leyes demanda, solo con tal hecho, más jueces, más aparato administrativo, más agentes policiales, más cárceles y, correlativamente, menos ética, menos convicción interior, menos reflexión y debate sobre valores, menos cavilación y expansión del intelecto, menos afecto por los demás, menos libertad y calidad del sujeto en suma. Además, a la vista de los logros alcanzados por varios decenios de legislación, por ejemplo, medioambiental, promovida por los “verdes” en diversos países, se puede formular el siguiente teorema: la proliferación de normas legales realizadas con propósitos mejorantes no tiene casi ningún significado práctico apreciable, aunque sí muchos efectos negativos deseados o no, pero aquellas leyes que se proponen metas abiertamente funestas alcanzan una eficacia grande.

En puridad, eso no es lo peor de tal tendencia, sino lo que está en la advertencia que en “Teoría general del Derecho” realiza N. Bobbio, “la finalidad de cualquier legislador (...) es (...) organizar la sociedad mediante la fuerza”, lo que es la negación, superado un límite mínimo de juridicidad, del proyecto de una sociedad libre y democrática. Además, la enorme abundancia de normas legales, producto de un aparato estatal hambriento de poder que desea controlarlo todo de forma absoluta, ha dado al traste con uno de los “logros” del liberalismo: los principios de legalidad (consignados en los arts. 9.3 y 103.1 de la Constitución de 1978) y de seguridad jurídica, concebidos como certeza sobre los efectos jurídicos de los propios actos.

Si la exuberancia normativa alcanza un punto en el que se hace inextricable maraña es imposible conocer, ni siquiera por encima, si se está conculcando alguna disposición legal, de tal manera que se vive en una permanente situación de inseguridad jurídica, que suele ser aprovechada por las instituciones para engordar a costa del pueblo y para punir vengativamente a quienes resistan a sus arbitrariedades. Esto es, la ley, lejos de protegernos se vuelve contra nosotros, lo que otorga la razón a la aserción de Platón de que “la justicia no es otra cosa que lo que es útil para el mas fuerte”.

En segundo lugar, lo descrito lleva al Estado policial, categoría contenida, quiérase o no, en la de Estado de derecho, pues sin cuerpos cada vez más potentes encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes y perseguir a los infractores no hay Estado de derecho, debido a que la norma jurídica depende de la capacidad poseída por la autoridad para respaldarla de facto e imponerla en los hechos.

En tercer lugar, al ser el derecho una regla de conducta heterónoma, más aun siendo derecho del Estado, el individuo queda vaciado de su esencia interior, al ser moldeado desde fuera de si, lo que culmina en una perdida dramática de la calidad media de la persona, como es observable hoy.

En cuarto, donde rige el derecho no impera la libertad, pues aquel es constricción. Solo es cohonestable con la libertad un derecho mínimo; realizado desde la política y la ética y no desde el ansia de dominación; que sea de elaboración popular, y no estatal; que se base en la costumbre del pueblo y no en las especulaciones de leguleyos sabihondos; que realice el bien común y no el de una minoría; que no se sirva de aparatos policiales o judiciales especializados sino de la vigilancia y el quehacer jurídico de la masa popular políticamente organizada.

Un desacuerdo radical entre los turiferarios de la dictadura actual y los amantes de la libertad es que mientras los primeros ponen el acento en el derecho, los segundos lo ponemos en un combinado formado por la intervención política directa de la multitud, los acuerdos entre las personas y las normas éticas de elaboración popular, de tal manera que sea la adhesión libre al bien, el civismo y la virtud la causa agente de lo principal del obrar del individuo.

Con la realidad del Estado de Bienestar y, quizá más, con su continua y terminante apología, realizada por la izquierda, se ha acostumbrado al individuo común a depender en todo de los cuerpos de funcionarios y a esperarlo todo de ellos, olvidando y echando a perder por falta de uso sus capacidades y responsabilidades, su libertad y su amor por la libertad, así como lo muchísimo que, en todos los ordenes, es posible alcanzar a través de la libre asociación voluntaria con los iguales, pues sigue siendo una gran verdad que “la unión hace la fuerza”. Ese desventurado sujeto de la modernidad que trabaja en un empleo monótono realizando unas tareas cada vez más simplificadas, que entrega forzadamente al Estado una parte notoria de sus ingresos, y que recibe de éste prestaciones y servicios que no administra es, por necesidad, un ser sobremanera pasivo, sin iniciativa ni aprecio por la libertad, asocial y por tanto sin alegría, perezoso y sin vitalidad, aferrado obsesivamente a las cosas materiales y desconocedor de la centralidad de las personas y, a resultas de todo ello, situado constantemente al borde de la desintegración y quiebra psíquica.

Si la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo mismo, el régimen del Estado de Bienestar ha de ser sustituido por un sistema de libre asociación asentado en la gestión administrativa directa de todos los asuntos por los asociados. Quienes, ganados por una mentalidad paternalista y asistencial destinada a engranujar con dádivas materiales a los sojuzgados, tienen eso por imposible, deberían meditar sobre una ajustada aserción de Kant: “el paternalismo es el peor de los despotismos imaginables”. Porque el paternalismo, impuesto como ideología dominante desde arriba, es el fundamento doctrinal del Estado de Bienestar, mientras que su práctica es, en efecto, el más eficiente de todos los despotismos.

Texto tomado del libro de Félix Rodrigo Mora“La Democracia y el Triunfo del Estado: Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora” (Ed. Manuscritos)