En la denuncia relativa a esta Promoción, con la que estudió un año el Príncipe de Asturias, se pide la suspensión de funciones de los militares implicados LAURA L. CARO/ ABC

MADRID. Los catorce generales y tenientes generales miembros de la anterior y actual cúpula del Ejército del Aire figuran como presuntos responsables de un delito de prevaricación en la denuncia presentada ayer en el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid por su supuesta implicación en el proceso de reordenación de los componentes de la 41 Promoción de la Academia General del Aire, que fue declarada nula por la Audiencia Nacional en marzo de 2004 y vuelta a publicar en idénticos términos en junio del mismo año.

En la denuncia, planteada por un comandante del Ejército del Aire en situación de excedencia, aparece el nombre del hoy Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general Francisco José García de la Vega, máximo responsable del actual Consejo Aeronáutico al que se atribuye haber dictado con fecha 29 de junio de 2004 la resolución que aprobaba «la misma reordenación y clasificación» que resultó suspendida «sin variar ni a uno solo de los integrantes de la citada 41 Promoción, dejando a las claras -explica el escrito- su nepotismo y prepotencia».

Incompatibilidad

El origen de la denuncia ahora presentada se remonta al 5 de diciembre de 2000, fecha en la que fue aprobado el escalafón de la 41 Promoción del Ejército de acuerdo con los criterios previamente fijados por el Consejo Superior del Ejército del Aire, labor en la que participaron el entonces presidente del Consejo, general Juan Antonio Lombo López y el secretario, el también general Juan Luis Ibarreta Manella, cada uno de los cuales tenía a uno de sus hijos en la citada promoción.

Como resultado de la valoración, el hijo del primero, capitán Ignacio de Jesús Lombo Moruno, pasó del puesto 53 al 20, y el capitán Santiago Alfonso Ibarreta Ruiz, hijo del general Ibarreta, del 44 al 19, recolocaciones ambas que proporcionaban de golpe un más que notable impulso a su carrera militar en detrimento de otros aspirantes. En contra de esta resolución, 19 capitanes de la mencionada 41 promoción presentaron otros tantos recursos de alzada que fueron acumulados y desestimados por el Ministerio de Defensa, y contra la que posteriormente se planteó un recurso contencioso-administrativo que desembocó en la declaración de nulidad de la lista para el ascenso.

En aquella sentencia, la Audiencia Nacional afirmaba que tanto el general Lombo como el general Ibarreta «se tenían que haber abstenido en el proceso de ordenación de la 41 Promoción de la Academia Militar del Aire al pertenecer sus hijos a dicha promoción», al tiempo que ordenaba repetir la reordenación aplicando de forma estricta la normativa vigente al efecto.

No obstante, en lo que la denuncia tacha como un acto de «burla al propio Tribunal y los demandantes», el nuevo Consejo Superior del Aire reproducía en junio de 2004 el listado en idénticos términos.

Evitar la destrucción de pruebas

En la medida en que la acusación por un presunto delito de prevaricación se dirige no sólo contra los miembros de la anterior cúpula militar responsables de la reordenación anulada, sino también contra los componentes de la actual, en la denuncia se solicita para estos últimos y como medida cautelar «la suspensión provisional de sus funciones en los cargos que ocupan», por entender que obra en su poder «facilidad para poder destruir las pruebas necesarias a la investigación de la causa».

Asimismo, se señala al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario, y se pide la determinación de «fianza suficiente» para responder a las «responsabilidades civiles dimanantes del delito».

Con independencia de la vía penal abierta, el director del bufete de abogados «Aestimatio», que patrocina los intereses del denunciante, Luis Miguel Fernández, indicó en declaraciones a este diario que no se descarta la posibilidad de emprender acciones por un delito de deslealtad de acuerdo con lo tipificado en el artículo 138 del Código Penal Militar.