La moratoria de la Unión Europea sobre la anterior ley urbanística no ha puesto fin al respaldo oficial a la especulación. La nueva ley repite los mismos esquemas.
Fernando Díaz Orueta*
El nuevo boom desarrollista que arrasa la península se manifiesta con especial crudeza en el País Valenciano. Tanto su litoral, de norte a sur, como numerosas áreas del interior, están siendo destruidos por un modelo urbanístico antidemocrático.
El territorio ha quedado en manos de grupos económicos que trabajan con los gobiernos locales de distinto signo político, favorecidos por la legislación del suelo.
La resolución del Parlamento Europeo de diciembre de 2005, al solicitar una moratoria en la recalificación de terrenos rústicos y la modificación de aspectos importantes de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), significó un reforzamiento de las posiciones de los sectores críticos. Esta resolución se produjo como consecuencia de la denuncia al Parlamento Europeo por la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) y fue respaldada por unas 15.000 firmas.
En respuesta, el Gobierno valenciano aceleró la tramitación de la nueva ley conocida como Ley Urbanística Valenciana (LUV).
A juicio de la Generalitat, la aprobación rápida de esta ley hacía innecesaria la puesta en práctica de la moratoria europea. En ese contexto, decenas de ayuntamientos valencianos aprobaron rápidamente numerosos Programas de Actuación Integrada (PAI) adaptados a la LRAU, aprovechando el período transitorio para evitar así las posibles nuevas limitaciones que podría introducir la LUV.
La LUV, ya vigente desde el pasado 1 de febrero, no ha supuesto un cambio profundo respecto a la situación anterior. La nueva norma no modifica aspectos sustanciales como, por ejemplo, la posibilidad de las reclasificaciones masivas de suelo o la figura del Agente Urbanizador.
A principios de abril, la propia Comisión Europea abría un nuevo expediente a España indicando que la LUV no resolvía varios aspectos de la LRAU contrarios al derecho comunitario. La Comisión dado dos meses de plazo a la Generalitat para modificar estos aspectos.
Por el momento, el Gobierno valenciano se mantiene enrocado en sus posiciones, afirmando que los cambios solicitados por la UE materia de contratación pública expropiaciones son responsabilidad del Gobierno central y que, en conjunto, la LUV es un ejemplo lo que debe ser una ley de desarrollo urbanístico. Esta posición es respaldada por la Federación Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana que, en unas jornadas sobre la nueva legislación, mostraba una gran tranquilidad ante el futuro. Como afirmó uno de los conferenciantes: “Hay PAI de crianza, de reserva y gran reserva y todos han sacado del armario antes que entrara la nueva ley en vigor” (Levante, 3 de abril de 2006).
Más allá del enorme impacto mediático de la intervención de las instituciones europeas que ha obligado a la Generalitat a moverse ahora en posiciones defensivas, resulta mucho más importante la organización de la oposición social a este modelo económico y territorial.
ese sentido, la coordinación creciente de las diversas asociaciones grupos locales de diverso tipo surgidos en los últimos años constituye una excelente noticia. La recuperación urgente de la democracia municipal pasa por el cuestionamiento social y político del urbanismo neoliberal y del consenso social tejido pacientemente a su alrededor. Y esta es una tarea que no puede confiarse básicamente a las instituciones europeas. De hecho, su actuación respecto al urbanismo valenciano debe ser interpretada más como el intento de frenar los excesos de un modelo que no es cuestionado globalmente desde Europa, no tanto como la apuesta necesaria por una alternativa económica y territorial radicalmente diferente.
Además de la respuesta de las instituciones de la UE, resulta mucho más importante la oposición social a este modelo.
* Fernando Díaz Orueta, del Grupo de Investigación Ciudad, Territorio y Cambio Social Universidad de Alicante.
Grupos coordinados contra el ‘boom’
El 1 de abril se daban cita en Murcia representantes de numerosas organizaciones sociales, la mayoría de ellas integradas a su vez en diversas plataformas y coordinadoras territoriales, fundamentalmente de Murcia, Andalucía, Madrid y el País Valenciano. Producto de los debates iniciados ya en una reunión previa celebrada en Madrid, acordaban constituir la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio, invitando a otras organizaciones del Estado español a sumarse a esta iniciativa. Su objetivo central es coordinar los esfuerzos de los grupos que resisten el avance de la especulación urbanística, la destrucción territorial y el desmantelamiento de los mecanismos democráticos locales de participación. La segunda asamblea de la coordinadora está prevista para el próximo 24 de junio.
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