Sacado de La Vaca

Masacre del Puente Pueyrredón

Aurora Cividino salió despedida de su silla como un cohete. Se abrazó con la primera mujer que encontró y comenzó a llorar. A pesar de las lágrimas, gritó: “Me aguanté ocho meses viéndoles las caras a estos dos hijos de puta, ahora se van a pudrir en la cárcel”. El Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora acababa de condenar a prisión perpetua al ex comisario Alfredo Fanchiotti y a su otrora chofer, el ex cabo Alejandro Acosta, al considerarlos coautores de los homicidios de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. También los halló culpables de siete tentativas de homicidio contra distintos manifestantes, una de ellas era Cividino, herida con munición de guerra en ambas piernas. Además, los jueces condenaron a otros seis ex policías, con penas que van desde 10 meses a cuatro años.

La sala de audiencias estaba repleta. Tenía ocupadas las 96 butacas destinadas al público y a la prensa. Medio centenar de gendarmes y oficiales penitenciarios se amontonaban, de parados, en los pocos espacios libres. Los presentes trazaban un mapa acabado del dolor, la impunidad y la represión en la Argentina. En primera fila estaban Nora Cortiñas y Mirta Badavales, de Madres de Plaza de Mayo. A unos centímetros, se sentaron Alberto Santillán -el padre de Darío- y su hija Noelia. Y repartidas por la sala estaban Vanina, Paula y Mara, las tres hermanas de Kosteki. También asistieron Graciela Daleo de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Emiliano Hueravilio de H.I.J.O.S y Laura Ginsberg, de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). No faltaron familiares de las víctimas de Cromañón, alguna Madre del Dolor y Margarita Meira, ex detenida por protestar contra la reforma del Código Contravencional porteño. Además, presenciaron la sentencia Sebastián Conti, Juan Arredondo y Mario Pérez, todos heridos con balas de plomo aquel 26 de junio de 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón. La diputada Susana Etchegoyen, la abogada de Correpi María del Carmen Verdú, el gremialista Gustavo Lerer y los piqueteros Néstor Pitrola y Beto Ibarra completaron la escena.

Los grandes ausentes, para sorpresa de muchos, fueron los acusados. Sólo Acosta, de impecable traje gris claro, se animó a escuchar el fallo dentro del recinto. Fanchiotti -aquel comisario que el día de la Masacre convocó a los medios a una conferencia de prensa para afirmar que las víctimas habían muerto producto de una reyerta de piqueteros- había solicitado, en su última declaración, no asistir a la lectura del veredicto por temor a posibles incidentes. Aquella vez, como a lo largo de todo el juicio, intentó ponerse en el lugar de las víctimas. “El 26 de junio destruyeron la vida y la carrera de una persona. Hoy, a tres años y medios de prisión, preferiría estar en el lugar de Kosteki y Santillán", dijo con su ya clásico tono monorde. Sin tanto palabrerío, también pegaron el faltazo los otros seis policías condenados. A las 20.25, casi tres horas y media después de lo pautado, el silencio tenso fue interrumpido por el repiqueteo de los flashes. Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán -los miembros del Tribunal- subieron al estrado. Justificaron la demora declarando problemas a la hora de imprimir la sentencia, que consta de cerca de 750 carillas. Y enseguida ordenaron leer el veredicto, aunque dejaron los fundamentos para otro momento: las partes interesadas podrán retirarlas por el juzgado en el transcurso de la semana.

Todas las sentencias fueron dictadas por unanimidad, excepto la de Félix Vega, que por mayoría fue condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Para el Tribunal, quedó acreditado que no cumplió con su deber de funcionario público y omitió denunciar la muerte de dos manifestantes por el uso de armas de fuego. En el momento de la Masacre era el jefe de la Departamental de Lomas de Zamora y a lo largo del juicio intentó, en vano, demostrar que nunca le informaron lo que realmente sucedió en aquel corte del Puente Pueyrredón. El entonces jefe de Calle de la Comisaría 1° de Avellaneda y el oficial Carlos Quevedo -aquel que las fotografías inmortalizaron riéndose con saña al lado del cuerpo sin vida de Kosteki- también recibieron cuatro años de condena por encubrir los crímenes. Los suboficiales Gastón Sierra y Lorenzo Colman, quizás beneficiados por su menor rango, fueron sentenciados con tres y dos años de prisión en suspenso, respectivamente. Otro que recibió un castigo condicional fue Celestino Robledo, el ex policía que actuó como si aún estuviese en funciones, deteniendo y reprimiendo a manifestantes. Recibió una pena de diez meses de ejecución en suspenso.

Acosta y Fanchiotti deberán esperar por lo menos veinte años para solicitar algún beneficio que alivie su situación de detención. El Tribunal dio por probado que ambos actuaron de común acuerdo, disparando con munición de guerra a los manifestantes, que estaban en retirada y no representaban peligro real alguno. “El juicio ha terminado” anunció, casi inexpresiva, la presidenta del Tribunal en cuanto terminó de leerse el verdicto. López Moyano aún no había terminado de levantarse cuando los manifestantes estallaron en cánticos y consignas. Gritaron “presente” por Darío y Maxi y reivindicaron su condición de piquetero. “No es alegría, sino más bien tranquilidad de conciencia”, explicaba Alberto Santillán. “Si no hubiera sido por la lucha de toda esta gente, hoy no habría ningún condenado”, advertía; mientras a su lado. Noelia, su hija, se refugiaba en el llanto.

Tanto la fiscalía como las querellas manifestaron su satisfacción, debido a que los jueces dictaron sentencia de acuerdo a los pedidos realizados en los alegatos. La única excepción fue el caso de Colman, que recibió un año menos de la condena exigida por los querellantes. El Tribunal también ordenó -como pidieron las querellas- que se abra una investigación sobre las denuncias de vejámenes ocurridas aquel 26 de junio dentro de la comisaría 1° de Avellaneda. También solicitó que se investigue si Jorge Vanossi y Carlos Soria -funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde- incurrieron en el delito de falso testimonio. En la misma situación se encuentra media docena de policías, entre ellos los que cargaron a los cuerpos de las víctimas y declararon que no sabían que estaban muertos. Al mismo tiempo, los jueces dispusieron que las declaraciones de Vanossi, Soria, Horacio Jaunarena , Aníbal Fernández y Oscar Rodríguez -todos funcionarios duhaldistas- sean remitidas al Juzgado Federal 4, donde se tramita la causa 14.215 que investiga si existen responsabilidades políticas que indujeron a la masacre. Hasta el momento, ese expediente se encuentra inerte, y sólo sirvió para que muchos dirigentes -entre ellos el propio Duhalde y su secretario de Seguridad Juan José Álvarez- se excusaran de declarar en este proceso, argumentando que son investigados en otra causa que tiene que ver con los mismos hechos.

A lo largo del juicio oral, tanto la fiscalía como el Tribunal evitaron ahondara en la investigación de las responsabilidades políticas de la masacre. Ignorando declaraciones de varios testigos -entre ellos Juan Pablo Cafiero y el actual ministro de Interior Aníbal Fernández- que señalaron que hubo funcionarios del gobierno que prepararon un escenario propicio para una violenta represión. Los asesinatos de Kosteki y Santillán obligaron a adelantar en seis meses el cierre del mandato de Eduardo Duhalde. “Después de una larga espera llegamos a este final”, dijo, muy emocionada, Vanina Kosteki frente a unos quinientos manifestantes que habían realizado una vigilia frente a la puerta de los Tribunales lomenses. El humo de las gomas quemadas le generaban carraspera. Sumado al nudo que tenía en la garganta, se hacía difícil continuar. Pero siguió adelante. “De ninguna manera este es el final del juicio del Puente Pueyrredón. Es la primera vez que La Bonaerense se va a pudrir en la cárcel. Este es el primer paso que doy, ahora voy por once funcionarios”, prometió desde el escenario montado en la calle. “Alguna vez, los autores intelectuales van a pagar también por esto. Los políticos no saldrán indemnes”, completó Alberto Santillán. Ambos se fundieron en un abrazo interminable.

Durante 70 jornadas, a lo largo de ocho meses, habían escuchado a más de 300 testigos, soportaron una y mil veces las imágenes que registraron los asesinatos de Darío y Maxi y debieron escuchar a decenas de policías que se confesaban poco menos que sordos, ciegos y mudos. Este fallo fue su recompensa.