BOLETÍN A.P.C.C.

Asociación Patagónica Contra la Corrupción

patagonicoscontralacorrupcion@yahoo.com.ar

Año I, Número 2

Neuquén, diciembre de 2004

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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Conferencia del Dr. Beinusz Szmukler

Invitado por nuestra Asociación, el día 3 de diciembre disertó en el Salón Verde del Concejo Deliberante de Neuquén el distinguido jurista Beinusz Szmukler sobre el tema "Crisis de la Justicia". A continuación transcribimos la entrevista que le hiciera el Diario Río Negro:

"El abogado Beinusz Szmukler cambió el enfoque al antiguo debate sobre la independencia del poder judicial, poniendo la responsabilidad sobre los magistrados que no cumplen su tarea. El especialista, integrante del Consejo de la Magistratura nacional, presidente del Consejo Consultivo Continental y directo de la revista de la Asociación Americana de Juristas, visitó Neuquén invitado por la Asociación Patagónica contra la Corrupción. Esta es la síntesis de un diálogo que sostuvo con ’Rio Negro’:

"¿El mecanismo de selección de los jueces es el primer paso para garantizar la independencia judicial?

"Si, es fundamental que no lleguen al cargo como consecuencia del compromiso con un partido o con sectores económicos.

"¿Usted recomienda el mecanismo de consejo de la Magistratura...?

"Es recomendable. Quizá deba analizarse la integración; tiene que haber representación más significativa de la sociedad. Se puede decir que como hay temas jurídicos en debate, es importante que sean abogados, pero lo más importante es que el juez tenga conocimiento de la realidad social sobre la que actúa, y esto lo puede valorar mucho más un representante de una organización social que un académico. Además, la integración incluye otro aspecto a considerar: todos tienen amigos. Si lo componen ocho legisladores, uno del Ejecutivo y cuatro jueces con espíritu corporativo, ¿Cómo hace usted para conseguir dos tercios para una remoción de alguien que es un amigo que me debe un favor o le debo un favor? Estas son las cosas que hay que cambiar.

"¿Cómo se logra mayor participación de la sociedad"

"A través de organizaciones no gubernamentales. También hay que destacar que casi nunca recibimos impugnaciones de la sociedad hacia un candidato. Hay una contradicción entre el reclamo de justicia que tiene la gente y la desconfianza que tiene hacia la justicia, que tradicionalmente ha sido la expresión de los intereses de la clase dominante.

"¿A los candidatos les toman exámenes anónimos, hay oposición y antecedentes...

"Sí, pero no es tan importante tener un experto jurídico que se sabe de memoria las leyes, sino conocer cuales son sus criterios y capacidad de decisión. Hay que ver con que fuerza e independencia va a resolver una cuestión. Lo otro está en los libros. Por eso es importante la entrevista personal, en la que se puede palpar su personalidad. Ahí vemos, por ejemplo, si el candidato toma como si fuera la Biblia las decisiones del Tribunal Superior, si es un sometido a las decisiones de instancias superiores.

"Históricamente, todos los gobiernos intentaron tener una Corte adicta ¿Este gobierno también?

"El problema no es que los gobiernos pretendan orientar, controlar o dirigir a la Corte. Eso es inevitable. Por bueno que sea el gobierno, prefiere tener un juez amigo. Es bastante lógico porque en definitiva está en juego su política, entonces le interesa un juez que la convalide y no un juez que la observe. El problema no pasa por el gobierno sino por los jueces, por si el juez es permeable o no. El juez no puede estar en contra del sistema. Tiene que defender las bases del sistema, que son las que están en la Constitución. A veces por defender la política de un gobierno, lo que se hace es violar la Constitución. Uno puede querer cambiar el sistema, es legítimo, pero si uno actúa dentro del sistema tiene que saber que hay reglas de juego que debe respetar. Lo que tiene que entender nuestra denominada clase política es que lo que tiene que defender son las bases del sistema".

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Tomado del Diario "Río Negro", 6 de diciembre de 2004, pg. 10

Agregamos el texto de la entrevista que le hiciera Ulises Gorini para Acción Digital en el año 2002, cuando el Dr. Szmukler recién se incorporaba al Consejo de la Magistratura y en el Congreso se impedía el juicio político a la Suprema Corte de Justicia:

Corte y confección

Ulises Gorini. Entrevista a Beinuz Szmukler.

Acción Digital, 2002

"Si continúan los condicionamientos económicos a la Argentina, si seguimos supeditados al FMI y al pago de la deuda externa, no hay solución para el poder judicial ni para nada."

La clausura del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le cayó como un balde de agua fría. No es que no sospechara ese final, dice, sobre todo después de los tejes y manejes del oficialismo para garantizar la impunidad de los nueve miembros del más alto tribunal del país. Al fin y al cabo, no hicieron nada más que garantizar jurídicamente las políticas neoliberales que ejecutaron desde los sucesivos gobiernos radicales y justicialistas. Pero sabe que ahora su tarea como flamante miembro del Consejo de la Magistratura, un organismo encargado de seleccionar a los candidatos a jueces federales, será mucho más difícil que antes. "La remoción de la Corte era y sigue siendo" -afirma-, "un paso decisivo para un nuevo diseño del Poder Judicial, que permita superar el actual desprestigio y la crisis profunda que lo afecta". A pesar del cierre del proceso parlamentario, dice, continuará yendo cada jueves al mediodía a las escalinatas del porteño Palacio de Tribunales para exigir que se vayan todos.

-¿Por qué tanto empeño?

-Porque la actuación de la Corte en el sentido de respaldar todas estas políticas a despecho de la Constitución y de los principios más elementales del derecho la convierte en una de los principales responsables de la trágica situación que estamos viviendo los argentinos. Entonces, si queremos no sólo castigar a los culpables de la crisis sino, sobre todo, superarla, debemos ser capaces de remover a estos ministros y reemplazarlos por otros, a través de las vías adecuadas y con jueces democráticos, con sensibilidad social, transparentes, capaces.

-Pero la vía adecuada, para usar sus propias palabras, acaba de cerrarse. Entonces ¿qué?

-Lo que se cerró es una instancia. No la voy a subestimar, porque en su momento valoré mucho la apertura de este juicio político que, además, contaba con una acusación muy sólida, elaborada por la Comisión de Juicio Político. Ahora funcionó el pacto de impunidad, pero no está dicha la última palabra. Porque vendrán nuevas oportunidades, probablemente a partir de una renovación legislativa, que cambie la composición del Congreso, y porque persiste lo fundamental, es decir, las causas, los argumentos que se sostuvieron en la acusación, y muchos otros que no fueron recogidos en esta ocasión, como es el tema del aval a las leyes de punto final y obediencia debida.

-En consecuencia usted cree que las causas que el Parlamento acaba de desestimar podrían volverse a plantear en un nuevo juicio político, es decir, esa desestimación no constituye una especie de cosa juzgada.

-No, no hace cosa juzgada. Porque además eso sería quedarse en los aspectos formales cuando, en realidad, este proceso parlamentario estuvo viciado por el chantaje al que la Corte sometió a la sociedad, sobre que fallaría de un modo u otro, si se mantenía el juicio político, y estuvo viciado también por el chantaje del Fondo Monetario que exigía, también, que se cerrara el tema para dar algún oxígeno financiero a la Argentina. Entonces, bajo estas condiciones, no hay cosa juzgada. Eso sería lo mismo que admitir que un acto es válido cuando uno lo hace con una pistola apuntándolo.

-¿La crisis de la justicia se resuelve con reemplazar a esta Corte?

-No sería poco reemplazar a los miembros de la Corte, pero claro, no, no se resuelve sólo con eso. En primer lugar no se puede pensar en la justicia como un tema separado de otros. En medio de esta crisis general es muy difícil concebir que se pueda modificar la situación de la justicia. Si continúan los condicionamientos económicos a la Argentina, si seguimos supeditados a los planes del Fondo Monetario -que en definitiva son los planes de Estados Unidos-, y al pago de la deuda externa, no hay solución para el poder judicial ni para nada. Esto está en el marco de una transformación general de la Argentina. De lo contrario podemos hacer parchecitos, nada más que gestionar la miseria. Pero no un verdadero cambio como el que se necesita. A pesar de todo, la remoción de esta Corte no hubiese sido solo un parchecito, en particular si a la vez garantizábamos la elección democrática de nuevos ministros que cumplieran, por su parte, con determinados requisitos.

-¿Cuáles?

-Básicamente los mismos que para cualquier juez, tema que tengo muy claro en función del lugar que voy a ocupar en el Consejo de la Magistratura. El primer examen que tienen que pasar los jueces es el de su adhesión a los principios fundamentales de la Constitución argentina y de los pactos internacionales que están incorporados a ella, y, en segundo lugar, el de la capacidad y el conocimiento del derecho.

-Un sindicato de empleados judiciales sostiene que habría que dictar una ley donde se exigiera, por ejemplo, que para ser juez de la Nación el abogado que se postula nunca haya patrocinado a las empresas producto de las privatizaciones y, en sentido positivo, que se valore como un antecedente importante haber patrocinado a un organismo de derechos humanos. ¿Qué opina de esto?

-Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no hay asepsia y la Constitución no es aséptica. No vamos a encontrar un abogado que, de alguna manera, no haya estado de un lado o de otro en su vida profesional. Y hay que definir de qué lado queremos que estén los jueces. Porque un abogado de las privatizadas en algún momento tuvo que argumentar en contra de lo que dice la Constitución, es decir, tuvo que haber avalado la violación de derechos constitucionales.

-Con estos criterios de selección, va a quedar siempre en minoría dentro del Consejo.

-No voy a buscar la diferenciación dentro del Consejo por la diferenciación misma. Veremos cómo se dan las cosas. En todo caso estoy acostumbrado a ser minoría. Pero le digo algo: estaré en minoría en el Consejo, pero estaré con la mayoría de la sociedad, que exige un cambio en la justicia. Cuando iniciamos esta campaña para integrar este organismo me dije que debía ser allí la voz de la sociedad. Para ello actuaré en contacto con la comunidad, con los abogados, pero también con todas las organizaciones sociales comprometidas con el problema de la justicia. De allí saldrá esa voz. Y esa voz exige un cambio profundo. Exige que se adopten criterios de selección de jueces como los que expuse. Exige además transparencia y honestidad. Y ese es otro aspecto de mi función, porque así como haré lo posible por ser la voz, también estoy comprometido a observar atentamente la labor del Consejo y decirle a la sociedad lo que pasa allí.

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"DESCIFRANDO LA CORRUPCIÓN"

Es el título de un libro que acaba de publicar (octubre de 2004) la organización centroamericana PROBIDAD, con el apoyo del Programa de Dinamarca Pro Derechos Humanos para Centroamérica (PRODECA), del que hemos tomado algunos conceptos correspondientes al capítulo primero "El problema de la corrupción":

1.1- Espacios colectivos

Las sociedades e instituciones que funcionan con el esquema de sistemas democráticos se fundamentan en la premisa de los "espacios colectivos".

Los espacios colectivos son las áreas, tangibles o intangibles, en las que se relacionan los miembros de la sociedad o sus instituciones.

Algunos ejemplos de espacios colectivos son las carreteras, parques, los mercados, el gobierno, las municipalidades, el espacio aéreo y marítimo, etc. En los sistemas democráticos, todos los miembros de una sociedad o institución tienen el derecho equitativo de acceder a los espacios colectivos, de realizar actividades en ellos y de obtener beneficios según sus capacidades.

1.2-Relaciones democráticas

En las sociedades e instituciones democráticas, sus miembros delegan responsabilidades en determinadas personas o grupos, en forma directa o indirecta, para que actúen en su representación.

Las personas que delegan las responsabilidades son los representados y quienes reciben las responsabilidades son los representantes.

Las responsabilidades delegadas consisten en atribuciones para decidir sobre ciertos asuntos y realizar determinadas actividades y recursos para llevar adelante la función de los representantes.

A cambio, los representantes adquieren el deber y las obligaciones de proporcionar beneficios a quienes se los delegaron. Algunos de los beneficios que reciben los representados de los representantes son: resolver conflictos y regular las relaciones entre los actores de la sociedad; garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales; ofrecer apoyo para el desarrollo económico; brindar información...

Los beneficios que brindan los representantes pueden ser evaluados en cuanto a su impacto, calidad, uso de recursos y transparencia. Los beneficios siempre pueden ser mejorados según las necesidades que existan y los recursos de los que se disponga.

1.3- Democracia y grupos de poder

Los grupos de poder son sectores que, por contar con mayores capacidades o recursos, tienen mejores oportunidades para aprovechar y beneficiarse del uso de los espacios colectivos.

Entre las funciones de los representantes se encuentra la regulación sobre el uso de los espacios colectivos. Esto implica que deben regular a los grupos de poder para que no cometan abusos en perjuicio de los demás miembros de la sociedad o institución y lograr que los beneficios que estos obtiene se redistribuyan.

Los representantes debe ejercer sus funciones únicamente en virtud del mandato delegado por los representados. En la relación de los representantes y los grupos de poder, el mandato se traduce en regulaciones sobre el uso que estos últimos hagan de los espacios colectivos.

El concepto de grupos de poder no hace referencia a que tengan mayores atribuciones que los representantes, sino a que tienen mayores ventajas para obtener beneficios del espacio colectivo. De los espacios colectivos y de las relaciones que se dan en ellos, los grupos de poder obtienen beneficios que pueden ser económicos, una mejor competitividad, acceso a mejores oportunidades, reconocimiento social, etc.

1.4- Relaciones antidemocráticas

Cuando la democracia es débil o cuando prevalecen patrones autoritarios, las relaciones entre representados, representantes y grupos de poder se distorsionan.

En este escenario, los grupos de poder ejercen influencia indebidas sobre los representantes para obtener de manera indebida una mejor posición en la explotación de los espacios colectivos. Los representantes dejan de atender el mandato de quienes los eligieron y cometen transgresiones contra estos. En consecuencia, las relaciones se invierten y la democracia se anula.

El abuso en el uso del poder delegado produce transgresiones en contra de los representados. Las transgresiones pueden consistir en autoritarismo, oportunismo, impunidad y otras conductas o acciones indebidas. Las transgresiones afectan los derechos de los representados por acción y por desprotección.

1.5- La corrupción

Corrupción es el abuso del poder delegado. Algunos ejemplos de prácticas de corrupción se presentan en la siguiente tabla:

REPRESENTANTE Y SU ABUSO DE PODER:

Presidente, Gobernador, Ministro, Secretario:
Designa familiares en cargos rentados

Funcionario público:
Pide sobornos para otorgar contratos

Intendente o funcionario municipal:
Usa recursos públicos para construir una propiedad privada

Gerente de una empresa:
Carga gastos personales a la empresa

Empresario:
Evade impuestos. Paga sobornos

Dirigente gremial:
Defiende únicamente a las personas allegadas. Usa recursos en beneficio propio.

Dirigente político:
Designa candidatos en función de su interés personal. Acepta designación de "ñoquis".

La corrupción es cometida por los representantes cuando hacen uso incorrecto de sus facultades o de los recursos que les han sido asignados, con la finalidad de generar beneficios ilegítimos para sí mismos o para los grupos de poder que ejercen influencias indebidas sobre ellos.

Las prácticas de corrupción equivalen a transgresiones en contra de los representados, las que producen afectación a los derechos de estos por acción o desprotección.

Como consecuencia de la corrupción, los representados quedan en condición de exclusión para usar y beneficiarse de los espacios colectivos.

1.6- Entorno de encubrimiento

La corrupción está asociada a un entorno de encubrimiento que impide que el problema pueda ser expuesto, investigado o resuelto. Los mecanismos de encubrimiento pueden:

• Ser generados por los grupos de poder o los representantes: destruyendo evidencias, ocultando información, cerrando espacios de participación, etc.

• Ser responsabilidad de los representados en la medida que no participan ni se informan de los asuntos colectivos.

• Ser responsabilidad de terceros actores, como es el caso de la prensa, cuando está vinculada a los grupos de poder.

(Resumido y adaptado del capítulo I del libro "Descifrando la Corrupción" publicado en http://probidad.org, octubre de 2004)