Héctor Arenas
Colombia
Puede una pequeña Comunidad de 700 seres humanos alentar un territorio de paz estando en el punto de mira de una voluntad imperial de exterminio? ¿Puede esta comunidad sobrevivir al hambre resultante de los bloqueos, el saqueo y la quema de caseríos? ¿Puede resistir, con la única coraza de su entereza moral, la embestida conjunta de la investigación judicial y la mayor parte del poder mediático que los criminaliza y desprestigia?
La respuesta es: ¡Sí! Esta asombrosa apuesta por la no violencia se encuentra en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que fue creada el 23 de marzo de 1997 en lo que se conoce como ‘la mejor esquina de América Latina’, la región de Urabá (Colombia), muy cercana al Canal de Panamá, en un territorio codiciado por las potencias imperiales, desde el siglo XVI, como zona geoestratégica.
El organizarse como Comunidad de Paz significó el rechazo absoluto a la presencia de cualquier actor armado en su territorio: Ejército, paramilitares y guerrilla, la decisión de no facilitar información ni colaborar con ningún actor armado y la organización de una labor conjunta en beneficio de la comunidad. Este paso se dio como una manera de evitar la disyuntiva decretada por la presión del binomio Ejército-paramilitarismo que les forzaba a elegir entre el desplazamiento hacia los cinturones de miseria en las ciudades o la aniquilación de todos sus habitantes.
Sobre los asesinatos de 175 niños, mujeres y hombres masacrados hasta febrero de 2006, no hay ni una sola condena.
De estos crímenes, 152 han sido cometidos por el Ejército y los paramilitares y 23 por las FARC. La impunidad es total. Cuando la Comunidad ha ofrecido su testimonio en los procesos judiciales, los crímenes se han dirigido hacia quienes han denunciado.
Por eso no creen en la justicia del Estado colombiano, se han negado a seguir testimoniando frente a ella, y exigen en cambio la presencia de la justicia internacional.
Quizás sólo su convicción inquebrantable de que la vida merece ser vivida si discurre en condiciones de dignidad, y su fe absoluta en el amor y el invaluable acompañamiento internacional, han permitido que esta Comunidad de Paz persista y se esté convirtiendo en un símbolo mundial de paz y de resistencia civil no violenta en escenarios de conflicto armado.
Las medidas cautelares dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su favor y, sobre todo, la asombrosa movilización de diversos colectivos, personas, y movimientos de paz, que han situado acompañantes internacionales en su territorio y que están dando a conocer en el mundo entero el valor inconmensurable de esta comunidad.
Este es el frágil escudo que protege sus vidas frente a un Estado que no ha abandonado su decisión de evitar que permanezca, se conozca y crezca el mal ejemplo que significan las Comunidades de Paz y solidaridad en un país desangrado en un conflicto que lucra a las corporaciones de la guerra y sus aliadas que atizan el odio fratricida.
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