MADRID (Reuters, por Daniel Flynn)

España permite con frecuencia que los delitos de tortura de agentes de la policía contra inmigrantes ilegales y los sospechosos de pertenecer a ETA queden si castigo y no concede las indemnizaciones adecuadas a las víctimas, informó Amnistía Internacional en un informe publicado el viernes.

El análisis de 450 sentencias dictadas entre los años 1980 y 2004 ha permitido a esta organización que vigila el cumplimiento de los derechos humanos afirmar que los sucesivos gobiernos españoles han negado la comisión de torturas por las fuerzas de seguridad, la excesiva duración de los procesos y la impunidad que parece amparar a los funcionarios responsables de torturas y malos tratos.

Una portavoz del Gobierno no quiso hacer ningún comentario.

Aunque la organización manifiesta que la tortura no es sistemática en España, Amnistía identifica un problema en aumento: el de las denuncias de detenciones ilegales y malos tratos con componentes racistas.

Con sus lazos históricos con Latinoamérica y su proximidad geográfica con el norte de África, España fue en 2003 la principal entrada de los inmigrantes clandestinos a la Unión Europea.

Amnistía también advirtió a España de que la práctica de detener en régimen de incomunicación -como sucede con los sospechosos de pertenecer a ETA o a Al Qaeda-, propicia la tortura.

A pesar de los daños psicológicos inflingidos por las torturas, AI dice que los tribunales españoles toman como instrumento orientativo para establecer las indemnizaciones el baremo de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor.

En un tercio de los casos, aproximadamente, las víctimas recibieron menos de 600 euros - una cantidad insuficiente para compensar los costes del tratamiento médicos y la terapia.

"Es preocupante que, a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados en el juicio, muchas víctimas no obtienen indemnización alguna", dice el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, en el informe titulado "España: Acabar con la doble injusticia".

PROCESOS LEGALES DEMASIADO LARGOS

"La duración de los procesos por tortura y malos tratos es excesiva. La mayoría de las víctimas de la amplia muestra de sentencias analizadas por Amnistía Internacional ha tenido que esperar más de siete años desde el momento en que ocurrieron los hechos para acceder a una indemnización", añadió.

El grupo activista en pro de los derechos humanos dijo que con frecuencia las víctimas no podían ser indemnizadas adecuadamente, porque no se podía identificar a los culpables directos.

El informe cita el caso de una ciudadana brasileña violada bajo custodia policial en Bilbao. Aunque la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya le dio la razón, sus violadores no pudieron ser identificados porque ninguno de los agentes colaboró aportando pruebas contra sus compañeros.

Amnistía pide sanciones para los funcionarios que encubren los actos de tortura, y exige que el Estado español ratifique a la mayor brevedad posible el Protocolo Adicional de la convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Al Gobierno socialista le pide que adopte las medidas legislativas específicas con la dotación presupuestaria apropiada para garantizar que las víctimas de las torturas y malos tratos puedan acceder a una reparación completa.

Las indemnizaciones adecuadas no sólo es un requisito de la legislación internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, sino que unas sanciones adecuadas servirían para disuadir a potenciales torturadores, según AI.

Otra recomendación pide al Fiscal General del Estado que publiquen periódicamente datos exhaustivos sobre las denuncias de torturas y malos tratos.