La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 22 de abril de 2010, deja meridianamente claro que la adjudicación del gobierno del PP a Iberpistas de la ampliación de la autopista A-6 incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública: "procede concluir que las obras complementarias se adjudicaron a Iberpistas a pesar de que no estaban comprendidas en el objeto de la concesión de que se trata". El máximo tribunal en materia de derecho comunitario (que prevalece sobre los propios Tribunales nacionales) afirma la improcedencia de la adjudicación, lo que cuestiona en su integridad la concesión a Iberpistas, ya que el contrato está formado por un todo que se desequilibra al declararse la ilicitud del procedimiento.
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