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Comentarios al Informe Auken y al Informe sobre la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional

Domingo 6 de septiembre de 2009, por sods

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El primero de los documentos debe su nombre a la europarlamentaria Margrete Auken, del Partido Socialista Popular danés, integrada en el grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea; el segundo, está realizado por una ONG internacional dedicada a combatir la corrupción política. Los dos informes ofrecen un retrato demoledor (y nada sorprendente, por otra parte, a la vista de los casos cotidianos sobre corrupción que saltan un día sí y otro también a los titulares de los periódicos) sobre la pésima calidad de las instituciones democráticas en España.
Vamos a resumir y comentar, en lo que sigue, estos dos importantes informes.

El Informe Auken

El Informe Auken surgió como respuesta a las más de 15.000 demandas de ciudadanos europeos y españoles recibidas en la Comisión de Peticiones, exigiendo protección ante los abusos urbanísticos. Su subtítulo es Sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario.

La urbanización masiva del territorio en este país, que Auken califica en alguna entrevista como “surrealista”, no sólo ha violado las leyes europeas sobre medioambiente y unos principios mínimos de sostenibilidad económica y ecológica; también derechos fundamentales como el de la propiedad de muchos ciudadanos que, sin saberlo, han comprado cientos de casas construidas ilegalmente, que, en muchos casos, están amenazadas de derribo, carecen de valor o de suministro de agua; “pequeños inconvenientes”, en fin, fruto de la avaricia inmobiliaria y de la irresponsabilidad, negligencia o connivencia de los poderes públicos locales o autonómicos.

Se habla de 250 proyectos urbanísticos investigados por la Comisión, con dictamen negativo de autoridades en materia de aguas y cuencas fluviales, principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. En estos y otros muchos casos, no sólo se obvian las leyes de protección de la flora, fauna y paisajes, también se pasa olímpicamente de las Directivas marco en el sector del agua y de la utilización sostenible de los recursos hídricos naturales, produciéndose una irresponsable planificación del consumo en favor de crecimientos urbanísticos enloquecidos. Nuestro desprecio por la legalidad es, también en este punto, de récord Guinness.

“Bueno, vale, nos estamos cargando la costa y zonas de gran biodiversidad por todas partes, pero, al fin y al cabo, ganamos un dinerico, ¿no?” No. Este modelo de crecimiento sin desarrollo, impulsado por la codicia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, genera unos beneficios masivos para unos pocos, unos beneficios que sólo de un modo fugaz dejan “riqueza” en la zona, pues las grandes plusvalías son exportadas inmediatamente hacia otras zonas o sectores económicos, sin crear empleo durable y de calidad en aquellos lugares por los que pasó la especulación como dicen que pasaba el caballo de Atila.

El documento pide a las autoridades competentes una moratoria “de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente”.

El informe habla también de la situación de desamparo de los ciudadanos ante la connivencia de los poderes públicos y los económicos, de una ausencia de medios reales para acceder a la justicia (ver, en este mismo sentido, el artículo de Pedro Brufau). “Esta situación de indefensión ciudadana y medioambiental, ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano europeo, pero que también ha ocasionado pérdidas sustanciales al Estado español”. Frente al ocultismo informativo en la toma de decisiones urbanísticas que a todos nos atañen y frente a la propaganda, la autora insta a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y “les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo más aceptable y sostenible (…) en interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados”. Con mucho acierto, en nuestra opinión, José Manuel Naredo habla de “neocaciquismo revestido de democracia”, que convierte al Estado español en una democracia de opereta, de tercera regional (la lectura de su libro Raíces económicas del deterioro ecológico y social debería ser obligatoria, por cierto).

¿Qué importa que nos vean desde Europa bajitos y feos, con una pobre cultura democrática y “corrutos”? “Aaanda y que les ondulen”, podríamos pensar. Pero, pongamos la mano en el corazón, esto es, en el bolsillo donde llevamos en ocasiones la cartera. ¡Cuidado! ¿Nos suenan los fondos estructurales de compensación, esos fondos LEADER, PRODER…? No han caído del cielo esos millones de euros. A los que tanto critican a los ‘burócratas europeos’, cuidado… Europa es buena cuando paga, pero no cuando exige el cumplimiento de la ley. Si no cumplimos con el Derecho por virtud, hagámoslo por interés, por el interés de no perder esas ayudas. Desde Europa avisan: la Comisión está facultada para “interrumpir la provisión de fondos estructurales, y (…) a suspender dicha dotación a un Estado miembro o a una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE”. Además, como autoridad presupuestaria que es, puede “decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar”.

Acojona, ¿verdad? Cacicadas como la de la M-501 nos pueden salir muy caras.

Informe Global 2008 sobre la Corrupción en España

Si el anterior documento nos dejó mal cuerpo, éste, directamente, nos deja hechos mierda.

Según diversos estudios, el área de mayor preocupación respecto a la corrupción corresponde al ámbito local, y dentro de él, a la política del suelo y el urbanismo. Desde 2005 los casos de corrupción investigados o denunciados se dispararon, al tiempo que aumentaba una visión cínica del poder (que podría resumirse en aquella célebre frase atribuida a Zaplana: “yo estoy en política para forrarme”), se degradaba la democracia y se generaba escepticismo y desconfianza, frustración y desencanto.

El estudio sobre la corrupción se desglosa en tres niveles:

A nivel social, la corrupción política asociada a la construcción ha originado el sobreprecio de la vivienda y la pérdida de bienestar y calidad de vida de las generaciones futuras con respecto a la presente (a las que quizá estemos condenando a la escasez). Este modelo de crecimiento especulador, vinculado al “dinero fácil”, a la ausencia de planificación y de participación ciudadana, produce, asimismo, un clima de anomia, de debilidad de las normas sociales y éticas que deben regir una sociedad; los valores se disuelven, como decía aquél, “en las heladas aguas del cálculo egoísta”. El rápido enriquecimiento, la astucia y el oportunismo se imponen a la moral y a la ética ciudadana.

El informe ofrece unos datos muy interesantes para enfocar la discusión: “Actualmente en España existe una vivienda por cada dos habitantes (sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país, tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia en su conjunto). Este aumento no ha abaratado su precio, al contrario: los precios de los pisos subieron un 150% en siete años”. Al tiempo que se producían estas cifras, socialmente se producía una degradación en el clima de convivencia: “El panorama no puede presentarse como más desalentador: la corrupción incrementa la desconfianza y destruye el capital social. La desconfianza generalizada hacia los demás es en España de más del 60% y solo un 30% de los españoles confía en los demás. Por ello, entre otras razones, España es, entre los países desarrollados, el que tiene un menor nivel de participación política”.

A nivel económico, hay que decir que, si bien la construcción y el desarrollo urbanístico han sido los principales motores de la economía española, se trata de una actividad económica y laboral tan intensa como frágil, fugaz y destructora del entorno social, cultural y natural. Para los autores del informe, este modelo “no ha dado lugar a desarrollo en sentido estricto y, además, ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente, el respeto a la ley y la igualdad”.

Se constata también esa especie de circularidad perversa que hemos señalado muchas veces como una trampa para el desarrollo de los pueblos: “Nuestros ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en numerosos casos el suelo se ‘malvende’ o el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban aumentado sus gastos, por lo que necesitan sacar más suelo a la venta o a la recalificación, en un imparable círculo vicioso”. De acuerdo a un documento del BBVA (organización poco sospechosa de simpatías ecologistas o izquierdistas), “enfrentando ingresos y gastos municipales ligados al sector inmobiliario, resulta que este sector está aportando un 32% de los ingresos municipales, mientras que genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales”. Como se dice popularmente, esto es “hacer un pan como unas hostias”.

Los efectos políticos, en fin, suponen la deslegitimación de las instituciones democráticas, que no protegen a los ciudadanos de la injusticia ni garantizan el igual cumplimiento por todos de las reglas del juego. Esto puede abonar el terreno a “populismos y extremismos de todo tipo”. Enhorabuena a los nostálgicos.