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* Envío de
SERPAL 292 - 05
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(
)
Siglos han transcurrido
pero aún esta encerrado en su prisión
el que fuera el hijo de Manco Kapac,
el fundador del Imperio Incaico.
Hay cadenas que lo atan a
una esclavitud eterna,
son más macabras que los mismos conquistadores.
Sus hijos, y los hijos de
sus hijos
están atrapados en la inercia de siglos.
Su tierra amada y bendecida
se vende, se negocia
y se la degrada.
No hay nadie que se preocupe
por el país.
Porque todos están sordos
al ronco eco de la Pachamama.
Edith Graciela Sanabria, poeta
boliviana contemporánea.
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Amigas, amigos,
Bolivia, una vez más, atraviesa una crisis de rumbo imprevisible.
Unos definen la situación como caótica, otros descontrolada
y los más agoreros hablan del intento de disgregación
nacional, alentado por intereses de las grandes corporaciones petroleras.
Es la herencia de decenas de años de golpes militares, dictaduras
o
gobiernos controlados por una casta de políticos que se han
traspasado el poder,
los privilegios y el control de los principales recursos naturales,
marginando a las grandes mayorías indígenas y campesinas.
En el siguiente artículo,
elaborado por la redacción de SERPAL, tratamos de describir
la compleja situación que además de sus aristas más
evidentes, esconde entre sus pliegues otros conflictos e intereses
que no hacen más que aumentar las dificultades para encontrar
una salida viable, transformadora, justa y solidaria que cuente
con el apoyo mayoritario de su población de poco más
de ocho millones de habitantes.
Cordialmente,
Carlos,
SERPAL , Servicio de Prensa Alternativa.
BOLIVIA: Las carroñeras vuelan
bajo.
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.
>> Bolivia arrastra un conjunto
de reivindicaciones ancestrales no atendidas, desigualdades que
se han hecho estructurales, propias del sistema, y conflictos abiertos
o históricamente mal resueltos. Ese pasado marcado por la
inestabilidad define el presente en el cual se reavivan los antiguos
y los nuevos diferendos políticos, sociales y económicos.
Y este resurgimiento de la conflictividad se produce en medio de
una gestión de gobierno insegura, débil, vacilante.
Carlos Mesa, llegó a la presidencia como sucesor constitucional
de Gonzalo Sánchez de Losada, derrocado por las revueltas
populares de octubre del 2003. Para asegurar su supervivencia ante
un país crispado que rechazaba los planes para la entrega
de las reservas nacionales de hidrocarburos prometió cambiar
el rumbo. Pero en pocos meses se advirtió que Mesa no asumía
ese compromiso, y gobernaba de modo zigzagueante cediendo alternativamente
a las presiones recibidas desde diversos flancos: una de ellas,
casi permanente, la de los intereses de las grandes empresas petroleras
extranjeras; otra, la de la embajada norteamericana en La Paz, que
suele expresar abiertamente su opinión sobre cuestiones internas
del país, y otra, la de las reacciones populares a las medidas
anunciadas por el propio gobierno.
Todo está como
era entonces
Han transcurrido ya 15 meses de aquellas
revueltas populares que costaron más de medio centenar de
muertos y quinientos heridos por la represión ordenada por
Sánchez de Losada antes de huir del país ( hacia Estados
Unidos ). Y las cuestiones fundamentales siguen sin resolver.
Lo que hace más crítica
la situación es la ausencia de proyectos políticos
que integren la profunda diversidad boliviana. Los partidos políticos
están profundamente desacreditados. Los sectores populares
están divididos y con unos liderazgos cuestionados por sus
bases. Organizaciones que fueron poderosas años atrás,
como la histórica Central Obrera Boliviana, COB, adolece
de las mismas debilidades. El MAS, Movimiento al Socialismo liderado
por el líder campesino Evo Morales tiene una fuerte implantación
electoral basada en sus raíces entre las asociaciones indígenas,
campesinas y obreras de Bolivia, pero tiene dificultades para extenderse
a otros sectores. Felipe Quispe, "El Mallku", con ascendiente
sobre sectores aymaras no ha tenido demasiado eco en sus recientes
convocatorias y también su influencia tiene un alcance limitado.
Morales y Quispe han mantenido frecuentes diferencias y han sido
incapaces de articular sus movilizaciones y objetivos. Una de las
causas puede ser el personalismo que imprimen a sus políticas
y la falta de una auténtica perspectiva de alcance nacional.
El propio presidente Mesa carece de
fuerzas propias. Tiende a sustentarse en alianzas precarias, donde
debe desconfiar más de los aliados circunstanciales que de
los rivales políticos. Una sola cosa parece tener clara Carlos
Mesa: sabe que no puede repetir el error de su predecesor y utilizar
la violencia para reprimir. Sería como jugar con fósforos
en un depósito de gasolina. Por el contrario, reitera que
lo que advirtió el pasado 9 de enero: si hay muertes y violencia,
presentará su renuncia.
Amenaza para unos, objetivo
para otros
Esa, la de su posible renuncia, es una
amenaza efectiva para muchos sectores que saben que sería
muy difícil llenar ese vacío en las circunstancias
actuales, pero no para quienes vienen medrando entre bambalinas
con la intención de retomar el camino de Sánchez de
Losada en su primer gobierno ( 1993-1997 ). Este funesto liquidador,
-como Menem en Argentina - emprendió el desmantelamiento
del estado y entregó los principales recursos del país.
Entre quienes han sido acusados de jugar ese papel, está
el senador Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso, quien sucedería
a Mesa ante su eventual dimisión. Este personaje fue quien
ordenó 30 de marzo pasado que la policía retirara
al minero Eustaquio Picachuri que reclamaba en el hall del Parlamento
por su jubilación y la de miles de compañeros, despojados
de su derecho por la Ley de Pensiones de Sánchez de Losada.
Un episodio que terminó dramáticamente con la inmolación
del trabajador . ( Ver SERPAL 265-04 )
Vaca Diez, junto con el vicepresidente
del Senado, Gonzalo Chirveches, controla
las bancadas parlamentarias del MIR, ( Mov. Izquierda Revolucionaria
), MNR
( Mov. Nacionalista Revolucionario y NFR (Nueva Fuerza Republicana
), denominaciones que nada tienen que ver con sus posiciones,sus
prácticas y sus objetivos. En realidad estas formaciones
tan justamente sospechadas por los ciudadanos, vienen bloqueando
en el Congreso el debate y la aprobación definitiva de la
Ley de Hidrocarburos. De tal modo eluden el mandato popular del
referéndum del 18 de julio pasado en defensa de la soberanía
y propiedad de los yacimientos de hidrocarburos y la refundación
de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La reivindicación
autonómica
El nuevo periodo de inestabilidad se
abrió cuando el presidente Mesa dispuso por decreto el aumento
de los precios del diesel y la gasolina. El sector agroindustrial
de Santa Cruz, encabezó el rechazo a la medida y a través
de un constituído
Comité Cívico promovió movilizaciones que con
el transcurrir de los días derivó en el resurgimiento
del antiguo reclamo por la autonomía. Santa Cruz genera gran
parte del Producto Bruto Interno del país ( casi un tercio
) y constituye el sector más desarrollado, que lo ha convertido
en polo de atracción de la migración interna. En los
últimos años, los dirigentes del sector empresarial
han pregonado reiteradamente que Santa Cruz paga los impuestos que
permiten mantener un aparato estatal que consideran burocrático
e ineficaz. Estos y otros argumentos basados en cifras irrebatibles,
han servido para sembrar una prédica de inocultable tinte
demagógico que tácitamente ignora o desprecia al resto
de la población boliviana, con matices racistas incluídos.
La idea de que "solos nos irá mejor" pretende ganar
incluso a los sectores más postergados de la sociedad cruceña.
Como sucediera durante los procesos de independencia del reino de
España, las ideas de una elite hablan de "un cambio
que favorecerá a todos", pero en realidad es guiado
por un sector y a favor de sus propios intereses. La amplitud del
Comité Cívico incluye entre sus activistas a los grupos
"Nación Camba" y "Juventud Cruceñista"
considerados como neofascistas.
Esta perspectiva explica que sectores
campesinos e indígenas expresen su rechazo o al menos su
abierta desconfianza en las propuestas del Comité Cívico
cruceño.
La Coordinadora de Pueblos Etnicos, el Movimiento Sin Tierra, la
Federación Departamental de Colonizadores y la Organización
Indígena Chiquitana, entre otras, han rechazado "descolgarse"
de un proceso nacional y exigen que el posible rediseño del
estado boliviano se realice en el marco de una Asamblea Constituyente.
Decenas de organizaciones sociales de base han creado la Coordinadora
de Defensa de la Democracia, para desmarcarse del Comité
Cívico. Aquí se agrupan
campesinos del norte cruceño, sindicalistas, juntas vecinales,
magisterio y estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno.
Pero a pesar de estas reservas, el Cabildo
abierto convocado por los cívicos para
el pasado viernes 28 de enero, congregó a decenas de miles
de personas que dieron su apoyo a los dirigentes del proceso autonomista.
La tensión de los dias
previos por lo que aparecía como una acción "rupturista"
e ilegal, fue disipándose
horas antes al conocerse que el gobierno de Mesa admitía
la demanda y le daría curso con medidas constitucionales.
Una de las condiciones básicas era que en ese Cabildo no
fuera elegido ya un gobernador autónomo. Afirman que en esa
negociación medió la Iglesia Católica. Así
se consiguió desactivar, al menos por el momento, la posibilidad
de una intervención militar basada en el argumento constitucionalista
de preservar la integridad del país. Otro gesto de buena
voluntad del presidente, fue una pequeña reducción
en el precio del diesel, que pasó a 3,72 bolivianos ( menos
de 50 centavos de dólar ) por litro.
Lo cierto es que el argumento de los
cruceños es reversible. Ellos afirman que son quienes más
consumen diesel y por tanto exigen la rebaja en el precio del producto.
Pero como el diesel seguirá subvencionado por el estado,
lo que no ingrese por su venta directa, lo terminarán pagando
todos los bolivianos, consuman o no el hidrocarburo.
¿ Y la Asamblea
Constituyente ?
El presidente Mesa, consecuente con
su compromiso convocó para el próximo 12 de julio
a la primera elección de gobernadores departamentales por
voto popular. Hasta ahora y "desde siempre" eran designados
como prefectos por el Poder Ejecutivo. Añadió Mesa
que "las autonomías son un paso previo a la Asamblea
Constituyente". Y este es un punto fundamental : amplios sectores
sociales
reclaman que el tema de las autonomías forme parte de los
debates y acuerdos de la futura Asamblea Constituyente. Este instrumento
ha sido presentado también por el Movimiento al Socialismo
como la herramienta "popular, democrática y participativa"
que permita avanzar hacia "la refundación de nuestra
patria".
Y sin que constituya una panacea de
efectos inmediatos para la gran cantidad de problemas no resueltos
que tiene Bolivia, la reclamada Asamblea Constituyente
es el marco donde pueden debatirse y resolverse todas las reivindicaciones
sectoriales. De lo contrario, los damnificados serán una
vez más, los de siempre:
los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los ex mineros,
los eternos postergados.
El resto de los partidos políticos,
consecuentes con su estrechez de miras, se anota a la nueva perspectiva
de elegir gobernadores considerando que pueden recuperar el protagonismo
perdido. Un optimismo exagerado si se tiene en cuenta el absoluto
desprestigio que tienen entre los ciudadanos.
Las carroñeras
y sus gestores
Hormando Vaca Diez, senador por Santa
Cruz y actual presidente del senado, y vicepresidente de la república
( ya lo citamos al comienzo de esta nota) mantiene estrechos vínculos
con las empresas petroleras transnacionales que aspiran al control
de las reservas de gas y petróleo del subsuelo boliviano.
El olor de la nueva crisis atrae a las grandes corporaciones como
carroñeras tras la víctima suponiéndola indefensa
y débil. Esas empresas pretenden bloquear una Ley de Hidrocarburos
que responda a la voluntad de soberanía sobre sus recursos
expresada por el pueblo boliviano en referéndum. Vaca Diez,
uno de sus principales gestores, es señalado como parte del
sector más corrupto de su partido, el MIR de Jaime Paz Zamora
y le imputan además, vínculos con narcotraficantes
como Oso Cavaría y Meco Domínguez en la década
de los años 90. Según recuerda Bolpress, el vicepresidente
también tiene permanentes contactos con David Greenlee, embajador
de los Estados Unidos, quien fue jefe de la CIA en Bolivia a fines
de los años 80. A su pedido intenta que el parlamento apruebe
una ley de inmunidad a favor de tropas norteamericanas, para que
en el caso de una actuación en suelo
boliviano, quedaran fuera del alcance del Tribunal Penal Internacional.
Como puede deducirse Vaca Diez es un nombre a tener en cuenta por
sus peligrosas polivalencias.
En un artículo publicado por
Bolpress, Andrés Solís Rada escribe que "pretender
entender el intento de designar "gobernadores" para los
departamento de Santa Cruz y Tarija, en los que se halla la casi
totalidad de los 53 Trillones de Pies Cúbicos (TCFs) de gas
natural sin tomar en cuenta los intereses de las grandes petroleras
del mundo, como Shell, Enron, Repsol, Total, British Gas y Amoco,
que operan en Bolivia, se asemeja a estudiar el sistema respiratorio
del ser humano prescindiendo de los pulmones. Las transnacionales
están impacientes por exportar esas reservas a Chile, Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, México y Estados Unidos, sin negociar
con un Estado Nacional, que, pese a estar reducido a piel y huesos
por el neoliberalismo, es todavía un interlocutor al que
las transnacionales pretenden sustituir por "gobernadores"
dóciles a sus designios."
Otros datos a tener
en cuenta
Para evitar la mayor extensión
de esta nota, añadiremos de forma resumida otros elementos
y datos que permitan perfilar la complejidad de la crisis boliviana.
Más de 200 organizaciones sociales
de todo el país reunidas los dias 27 y 28 de enero en La
Paz coincidieron en señalar que el estado boliviano debe
recuperar las empresas estatales privatizadas, en particular aquellas
estratégicas. Afirman que tras 10 años de políticas
de "capitalización", los resultados son de beneficios
para los intereses externos, y no para el país. También
reclamaron una nueva ley de pensiones que beneficie y proteja realmente
a los trabajadores pasivos.
El presidente Carlos Mesa designó
vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia a Fernando
Paz Valdivieso. Este funcionario tiene entre sus antecedentes haber
sido nombrado " a dedo" por el ex presidente Sánchez
de Losada como
presidente del mismo banco en agosto del 2003, en una decisión
considerada inconstitucional y adoptada aprovechando los feriados
de las fiestas patrias.
Estas decisiones de Mesa no son precisamente un ejemplo de su ruptura
con
las políticas de su derrocado predecesor.
El ya citado Andrés Solís
Rada, destaca la responsabilidad de gran parte de los medios de
comunicación en la situación existente. Afirma que
salvo excepciones están siendo controlados por capitales
transnacionales y oligárquicos. "El grupo español
"Prisa", añade, controla la red de televisión
más importante del país, además de influyentes
periódicos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Casi ninguna
radio, canal o periódico importante puede prescindir de la
publicidad de las transnacionales, las que, por esa vía,
imponen políticas editoriales e informativas.
Agrega: "Son estos medios los que respaldan los objetivos separatistas
en el oriente boliviano". "Hacen juego a esta posición
los postulados indigenistas a ultranza, que también desean
astillar al país". "Ambas posiciones cerraron hasta
ahora la posibilidad de debatir los marcos de un proceso de descentralización
autonómico".
Un horizonte nada fácil
Del cuadro que componen estos apuntes
se deduce que los sectores populares tendrán que dinamizar
sus organizaciones, buscar coincidencias urgentes en sus objetivos
inmediatos, y estar alertas ante propuestas que alienten una fragmentación
del país. La convocatoria para elegir representantes para
una Asamblea Constituyente debería ser una prioridad por
ser el ámbito idóneo para debatir y acordar el rediseño
del estado. Dada la situación, articular estas propuestas
no será tarea fácil.
El vuelo bajo de las carroñeras
es una advertencia suficientemente grave como para impulsar la unidad
de los bolivianos, de la inmensa mayoría que no está
implicada en los manejos de los gestores o beneficiarios de las
políticas de entrega. De todos aquellos que no forman parte
de las estructuras parasitarias que históricamente se han
transferido el poder de gobernar. Es la hora del postergado pueblo
boliviano.
Redacción de SERPAL, Servicio
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31de enero de 2005
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