"Es extraña la ligereza con que los malvados
creen que todo les saldrá bien."
Víctor Hugo
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Amigas, amigos,

Los portavoces de la Casa Blanca han mentido de una manera sistemática desde los prolegómenos de la invasión y ocupación militar del territorio de Iraq. George Bush, Donald Rumsfeld, Colin Powell y Condolezza Rice han liderado la mentira y el engaño con sus argumentos y sus explicaciones que la realidad ha desmentido mas tarde o mas temprano.

Ni arsenales de armas de destrucción masiva, ni amenaza terrible para la humanidad, ni alianza o cobijo de Al Qaeda.

Después, surgieron las evidencias de torturas y humillaciones a los prisioneros iraquíes. Fotos, declaraciones y testimonios hacían imposible negar lo evidente. Pero aún así, elaboraron la estrategia de acotar las responsabilidades, afirmando que eran casos aislados originados por fallos en la cadena de mandos. Llegaron a montar algún juicio que duró minutos, donde un militar norteamericano asumía su responsabilidad como "arrepentido" y con ello obtenía una sanción atenuada.

De rebote, volvió a hablarse de Guantánamo, convertida en centro de detención ilegal ( ¿ o alegal ? ) de cientos de presuntos sospechosos de colaborar con los talibanes afganos. Las evidencias muestran que lo sucedido en la prisión de Abu Ghraib y otras cárceles en territorio de Irak, no es algo excepcional, sino que forma parte de la metodología habitual para "quebrar" a los detenidos, obtener información, minar la moral de la resistencia y humillar a los iraquíes.

Compartimos la nota de Jim Lobe que analiza las ilimitadas atribuciones que tiene el presidente Bush en estas situaciones "de guerra", "montadas" artificiosamente por la propia Casa Blanca.

Cordialmente,
Carlos.
SERPAL , Servicio de Prensa Alternativa.

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>> No eran "unas cuantas manzanas podridas".
El Pentágono legaliza la tortura
por Jim Lobe
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La versión oficial dice que los torturadores eran "unas cuantas manzanas podridas", pero un informe del Pentágono revela que las vejaciones a los prisioneros se realizaban no sólo con la anuencia, sino por orden de los más altos mandos estadounidenses.
En todo caso, en su lucha contra el terrorismo, George W. Bush recibió poder ilimitado para decidir sobre la vida y la muerte de los prisioneros y, ahora sabemos, sobre cuánto dolor se puede infligir a un ser humano.

Un informe clasificado del Pentágono, que provee argumentos legales aparentemente destinados a justificar los abusos y la tortura contra los detenidos en Irak, parece socavar las aseveraciones de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al presidente George W. Bush, de que los militares nunca echarían mano de tales prácticas en la "guerra contra el terrorismo".

Breves extractos del informe, redactado por abogados del Departamento de Defensa, fueron publicados en The Wall Street Journal el lunes pasado. El texto asegura, entre otras cosas, que el presidente, en su papel de comandante en jefe, tiene un poder prácticamente ilimitado para librar una guerra, aun violando las leyes estadounidenses y los tratados internacionales.

"La amplitud de la autoridad en este informe no tiene precedentes", dice Avi Cover, un destacado abogado del programa Ley y Seguridad Estadounidense, de Human Rights First. "Hasta la fecha, hemos usado la retórica de un presidente que está 'por encima de la ley', pero este documento hace que esa [aseveración] sea explícita; ya no es metáfora", añadió.

Aunque se desconoce si Bush vio o aprobó el informe, éste fue clasificado como "secreto" por el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, el 6 de marzo de 2003, en vísperas de la invasión a Irak, según el diario.

Se espera que una copia completa del informe sea publicada pronto en Internet, según fuentes que se negaron a informar en qué página electrónica va a aparecer.

La publicación parcial del informe llega entre crecientes acusaciones de que el Pentágono está ocupado en encubrir la magnitud de los abusos en Afganistán, Irak, Guantánamo y otros lugares.

El escándalo salió a la luz pública en abril, cuando fueron publicadas fotos de la humillación y abuso sexual contra los detenidos en la prisión de Abu Ghraib, entre octubre y noviembre pasados. Siete soldados fueron acusados en estos casos.

Si bien el Pentágono y la Casa Blanca aseguraron que los abusos fueron cometidos por "algunas manzanas podridas", en el último mes han surgido evidencias de un abuso generalizado, que incluyó golpizas y tortura severas.

Ex detenidos en Guantánamo y Afganistán, así como en otras prisiones de Irak, se han quejado de estrategias similares usadas contra ellos, lo cual ha provocado que un alto número de legisladores y otros observadores lleguen a la conclusión de que tal trato estaba autorizado o al menos tolerado por autoridades en niveles mucho más altos.

El Departamento de Defensa lanzó seis investigaciones o análisis sobre el tratamiento de los prisioneros en Irak y Afganistán, pero ninguno está diseñado para clarificar el papel de los altos funcionarios o del liderazgo civil en el Pentágono.

Al mismo tiempo, se ha desalentado activamente a legisladores del gobernante Partido Republicano de llevar a cabo investigaciones propias.

"En realidad, Rumsfeld lanzó una masiva operación de encubrimiento dentro del Departamento de Defensa", según Scott Horton, presidente de la Liga Internacional por los Derechos Humanos y experto en ley militar. "Las investigaciones en curso tiene el sello de un encubrimiento", dice.

A Horton se le acercaron en abril de 2003 destacados abogados militares, preocupados por las políticas de detención e interrogación que se estaban desarrollando en el Pentágono.

"La deducción lógica es que este informe [el tema de los artículos del diario] los puso nerviosos", dice Horton. "Sabíamos que estaban muy molestos por algo que se parecía a esto".

El informe, según el recuento del diario, fue iniciado como resultado del fracaso de los interrogadores de la base de Guantánamo -donde miembros de Al-Qaeda y talibanes estaban detenidos- para obtener información usando técnicas convencionales. Fue redactado por un grupo de trabajo designado por William Haynes, del Pentágono, quien en junio pasado aseguró al Congreso que los militares podían cumplir cabalmente con la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU.

Gran parte del texto, que se dice tiene más de 100 páginas, trata sobre asuntos legales relacionados con tácticas de interrogación. Pero, según el diario, en el fondo, el informe asegura que nada es más importante que "obtener inteligencia vital para la protección de incontables ciudadanos estadunidenses".

El informe cita posibles defensas para el uso de la tortura: la "necesidad" de usarla para prevenir un ataque o recibir "órdenes superiores", lo que se conoce como la defensa de Nuremberg, que supuestamente absuelve de responsabilidad a los subordinados por obedecer la cadena de mando.

Ambas defensas son inconsistentes, sin embargo, con las leyes estadunidenses y con la CAT de la ONU, ratificada por Estados Unidos en 1994. Este instrumento internacional establece que "ninguna circunstancia excepcional, ya sea un estado de guerra o la amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, puede ser invocada como justificación para la tortura", y que las órdenes de superiores "no pueden ser invocadas como justificación de tortura". Los manuales estadunidenses del ejército también dicen que los soldados tienen prohibido obedecer cualquier orden superior de torturar a alguien.

En su informe, el grupo de trabajo tomó la posición de que ni el Congreso estadunidense, ni las cortes, ni la ley internacional podían interferir con los poderes presidenciales de librar la guerra. Eso quiere decir que, según el reporte, el presidente no está sujeto a las leyes estadunidenses.

"Con el fin de respetar la autoridad constitucional inherente al presidente de manejar una campaña militar... [la prohibición contra la tortura] debe ser interpretada como inaplicable a las interrogaciones que se lleven a cabo de conformidad con su autoridad como comandante en jefe", declaraba el documento.

"Lo más terrorífico de esto es el argumento que la administración ha usado desde el 11 de septiembre: que el presidente tiene un poder ilimitado para hacer lo que crea necesario", dijo Cover. "No importa lo que diga el Congreso, lo que diga la Constitución, o lo que digan las leyes internacionales".

Pero el informe también refuerza la creciente creencia de que suavizar los reglamentos de interrogatorios fue una decisión tomada en un alto nivel, lo cual explica por qué los reportes de abusos están tan difundidos.

"Si alguien aún piensa que los únicos a quienes se les ocurrió la idea de torturar prisioneros fue a unos soldados y cabos en Abu Ghraib, este documento pone ese mito a descansar", dijo Tom Malinowski, director en Washington de Human Rights Watch. "No es difícil ver cómo estos argumentos abstractos creados en Washington llevaron a atroces y sistemáticos abusos", dijo.

"Tenemos a un grupo de abogados gubernamentales que tratan de justificar crímenes de guerra", dijo Horton. "Pone en ridículo la declaración de Hayne sobre adherirse a la CAT y las promesas de Bush de que Estados Unidos no torturaría o sometería a los detenidos a un trato cruel o inhumano.

"Si aplicamos las mismas reglas a nosotros, como hemos abogado en los tribunales internacionales en el caso de Yugoslavia [de que el liderazgo civil es responsable de crímenes de guerra cometidos por sus militares], entonces Donald Rumsfeld está en muy serios problemas".

(Traducción: Tania Molina Ramírez.)
Fuente: "La Jornada", México.

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13 de junio de 2004
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