* Envío de SERPAL 221 - 03

Amigas, amigos,

Mientras la estrategia militar de los Estados Unidos sigue cumpliendo sus propios plazos de despliegue y logística, el campo diplomático es el escenario donde se debate que porción de "legitimidad" internacional tendrá el ataque imperial que se prepara.
Eso lo deciden los gobiernos de cinco países "grandes", que además disfrutan de escaño permanente y derecho de veto, y otros 10 cuya presencia es coyuntural ya que son asignaciones rotativas cada dos años. En esta trascendente decisión no participa la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, los restantes 165 países del planeta. El mecanismo bélico lo activó el gobierno de George Bush.
Y la decisión, al márgen de lo que haga Sadam o suceda con los inspectores, estaba tomada desde hace tiempo. "No importa que no nos apoyen. Una vez que empecemos nosotros, todos nos seguirán" afirmaba Don Rumsfeld el 28 de agosto del año pasado.
Y es oportuno cuestionarse: ¿ Que credibilidad y solidaridad merecen hoy los Estados Unidos ?
La pregunta la formula nuestro compañero Miguel Soler Roca, y le sirve para recordar - y de paso recordarnos - los antecedentes de intervenciones norteamericanas ilegales y motivadas por sus propios intereses económicos, o de dominio y control geo-estratégico.
Sus reflexiones nos plantean que hegemonía militar no quiere decir razón ni autoridad moral.
Miguel Soler es un educador de extensa trayectoria, que vivió muchos años en América Latina, y que mantiene un sólido y coherente compromiso social y humano. Les invitamos a leer detenidamente el artículo que nos envía: "Nosotros, los pueblos..."
Un abrazo, Carlos,
Redacción de SERPAL.

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>> CRÓNICAS DE LA PRE-GUERRA DE AGRESIÓN
Nosotros, los pueblos...
por Miguel Soler Roca

** La compleja situación que plantea la llamada Crisis de Irak tiene como antecedente innegable la tenaz y casi siempre funesta contienda por el poder que durante milenios han venido librando personas, grupos, etnias, religiones y estados. Con una diferencia: que mientras las guerras del pasado tenían lugar en general al margen de toda codificación, predominando la ley del más fuerte, los conflictos del último medio siglo se enmarcaron (o debieron haber sido enmarcados) por instrumentos jurídicos de adopción y de acatamiento universales, en particular la Carta de las Naciones Unidas.

Dicha Carta, adoptada en San Francisco en 1945, comienza con la conocida frase "Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra...". Tras más de medio siglo de funcionamiento de las NN.UU. y sus Organismos Especializados (yo he trabajado en uno de éstos durante más de veinte años) tengo la sensación de que en la comunidad internacional institucionalizada crece incesantemente la distancia entre los Pueblos y los Gobiernos. Éstos, representando a aquéllos con mayor o menor legitimidad, son en definitiva los que toman las decisiones. La abismal discrepancia entre la posición de los Pueblos de España y la del Gobierno del Estado Español respecto al caso de Irak ilustra con claridad este alejamiento que reduce de manera drástica la calidad de nuestra aún novel democracia.

Es notorio que el conflicto gira fundamentalmente en torno al eje Washington-Bagdad y que el Presidente Bush procura por todos los medios que sus actuaciones estén refrendadas, gracias a una postura favorable de las NN.UU., por un elevado grado de legitimidad internacional, por un supuesto fortalecimiento de la credibilidad del Consejo de Seguridad, en definitiva, por la comprensión y si es posible el beneplácito y cooperación de la comunidad internacional, a través de apoyos gubernamentales, ya que los populares le son categóricamente negados.

Hay dos maneras de actuar en los organismos internacionales: conforme al espíritu que les dio origen o conforme a un juego de relaciones de poder de quienes procuran instrumentalizarlos en beneficio de intereses rara vez confesables. Me atrevo a afirmar que el Gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para invocar, en este caso, el espíritu de la Carta de las NN.UU. y de las disposiciones que rigen el funcionamiento del Consejo de Seguridad.

En efecto. Durante decenios, Estados Unidos ha adeudado proporciones considerables de sus cuotas a las NN.UU., dificultando, por no decir saboteando, el cumplimiento de las misiones de la Organización. En el Consejo de Seguridad la representación de los Estados Unidos es la que ha hecho uso más frecuente de su derecho a veto, impidiendo el cumplimiento de decisiones que contaban con respaldo mayoritario. En variadas cumbres planetarias convocadas por las NN.UU., los representantes oficiales de los Estados Unidos se han opuesto a la adopción de medidas que la comunidad internacional reclamaba como indispensables para el progreso humano. Pese a su inmenso poder, los Estados Unidos no han hecho nada por obligar al Gobierno de Israel a cumplir las resoluciones de la Asamblea General y los mandatos del Consejo de Seguridad relativos a su conflicto con el Pueblo Palestino. En 1984 el Gobierno presidido por el Sr. Reagan, pretextando razones insostenibles, decidió abandonar la UNESCO, que se ocupa de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Los Organismos del Sistema de las NN.UU. cumplen una importante función normativa, adoptando declaraciones, recomendaciones, pactos, convenciones, etc. Estos dos últimos, son de cumplimiento obligado para todo Estado Miembro que los haya ratificado, generalmente por vía parlamentaria. Estados Unidos omite frecuentemente hacerlo, quedando así liberado del compromiso de dar acatamiento a lo estipulado en estas convenciones y pactos. Algunos ejemplos: nada más que en el área de los Derechos Humanos, selecciono de una lista mayor cuatro acuerdos fundamentales que hasta el 9 de diciembre de 2002, según la Oficina del Alto Comisionado de las NN.UU. para los Derechos Humanos, no habían sido ratificados por los Estados Unidos: el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales (1966), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes y los miembros de sus familias (1990), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (1979) y la Convención sobre los derechos del niño (1989), esta última, asómbrese el lector, ratificada según dicha Oficina por todos los Estados Miembros de las NN.UU., con sólo dos excepciones: Somalia y Estados Unidos. Son apenas cuatro ejemplos entre decenas de casos de cómo se comporta este Estado fundador de las NN.UU. y sede de su Secretaría. Ejemplos que revelan su desprecio por la legalidad internacional y por el consenso, a los que ahora hace enfáticos llamados.

No voy a enumerar la cantidad de veces que los sucesivos gobiernos estadounidenses han intervenido por vías múltiples en los países de América Latina: usurpación territorial, invasiones de sus marines y bombardeos, derrocamiento efectivo de autoridades legítimamente constituidas, cuyo ejemplo más dramático, aunque no el único, es el del Presidente Allende, tentativa de derrocamiento en otros casos, intervenciones descaradas en procesos electorales, respaldo oficial a la acción expoliadora de sus multinacionales, imposición de doctrinas militares que, como la de la seguridad nacional, dieron cobertura a prolongadas y sangrientas dictaduras, todo ello violando sin el menor escrúpulo la mención que el Artículo 1 de la Carta de las NN.UU. hace a relaciones de amistad entre las naciones "basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos".

El episodio que culmina esta reseña -que podría ser mucho más extensa- se refiere a Nicaragua. Todos recordamos que el Presidente Reagan vio en el Gobierno Sandinista, partidario del pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento internacional y ratificado por las elecciones democráticas de 1984 en las que el FSLN obtuvo el 67 % de los votos, un mal ejemplo para los demás pueblos de América Latina y un riesgo para su patio trasero, que era preciso combatir mediante múltiples formas de ataque directo e indirecto, desalentando así todo proyecto liberador en la región. La manifestación más notoria de esta política intervencionista fue la organización y el financiamiento explícito de la Contra, cuyas criminales acciones habían ocasionado hasta junio de 1987 más de 40.000 víctimas, la mitad de ellos muertos, incluyendo entre éstos 2.210 niños y 179 maestros.

La República de Nicaragua denunció estos gravísimos hechos ante la Corte Internacional de Justicia, creada en el Capítulo XIV de la Carta de las NN.UU. como su órgano judicial principal. El Artículo 94 de la Carta estipula que "cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte". La sentencia de 27 de junio de 1986 de la Corte fue terminantemente favorable al derecho del Pueblo Nicaragüense a vivir en paz. Dice el punto 3: (La Corte) decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la Contra, (...) ha actuado contra la República de Nicaragua, en violación de su obligación según el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado". Por el Punto 6 (la Corte) "decide que al colocar minas en las aguas internas o territoriales de la República de Nicaragua (...) los Estados Unidos de América han actuado en contra de la República de Nicaragua en violación de sus obligaciones (...) de no usar la fuerza contra otro Estado, de no intervenir en sus asuntos, de no violar su soberanía y de no interrumpir el comercio marítimo pacífico". En su Punto 12 la Corte "decide que los Estados Unidos de América están en la obligación inmediata de cesar y de abstenerse de todos aquellos actos que puedan constituir violaciones a las obligaciones jurídicas indicadas". Otros puntos de la sentencia detallan aun más, censurándolas, las violaciones cometidas, entre ellas el bloqueo comercial sistemático, para llegar a la conclusión en el Punto 13 de que "los Estados Unidos de América están en la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua por todos los daños causados a Nicaragua por las violaciones de las obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional".

El Gobierno del Sr. Reagan no acató la sentencia de la Corte, no interrumpió sus agresiones, al contrario, las intensificó, y jamás indemnizó al Pueblo Nicaragüense por los daños que le había causado. Por otra parte, no hace falta agregar que el derecho a veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad imposibilitó que éste diera paso alguno en favor de la paz que el Pueblo de Nicaragua tanto necesitaba..

¿Qué credibilidad y solidaridad merecen hoy los Estados Unidos? ¿Por qué el Consejo de Seguridad tendría que autorizar el uso del supremo recurso de la guerra para resolver un problema -cuya gravedad no pongo en duda- a pedido de un Estado Miembro con estos antecedentes que han venido minando los esfuerzos por edificar el mundo justo y pacífico soñado en 1945? Quisiera equivocarme. En los próximos días el Presidente Bush -no su Pueblo, parte del cual resiste valientemente la embestida belicista- hará un daño irreparable a las NN.UU. "Haré la guerra -dice- con o sin las NN.UU.". En ambos casos los daños humanos, materiales e institucionales serán mayúsculos. Si arrastra a los miembros de la Organización a su desproporcionada aventura armada, caerá por los suelos la finalidad de "practicar la tolerancia y convivir en paz", que estipula el Preámbulo de la Carta. Si los votos o los vetos le son desfavorables en el Consejo de Seguridad y emprende la guerra en soledad o desde una posición minoritaria e ilegal, habrá confirmado que los Estados Unidos son un país marginal a la voluntad planetaria de superar todas las formas de violencia.

Caído el muro de Berlín, con todas sus connotaciones políticas, los Estados Unidos están ahora en condiciones de ejercer una indiscutible hegemonía militar, económica y, por ende, política. Esta guerra puede servirle para probar sobre el terreno nuevas armas, para remodelar las estructuras geopolíticas de esa parte del Mundo, para dominar aún más la producción y venta del petróleo, para incrementar la gravitación de una cultura y una cosmovisión que muchos de nosotros no deseamos compartir. Pero no le servirá, como lo pretende, para liderar éticamente el Mundo ni para aliviar la suerte de los ciudadanos iraquíes, ni para liberar a la Humanidad de nuevas guerras y viejas pobrezas.

En este contexto, siento una gran tristeza y una infinita vergüenza por el hecho de que el Gobierno de España comparta con el de Estados Unidos tan siniestros propósitos. Sólo la movilización popular nos puede exonerar de semejante destino histórico. NOSOTROS, LOS PUEBLOS, desconociendo a nuestros equivocados e infatuados representantes, debemos seguir emitiendo nuestro grito: NO A LA GUERRA.

Miguel Soler Roca para SERPAL.
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12 de marzo de 2003.
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