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A vueltas y revueltas con la cuestión nacional El Gobierno de ZP y la cuestión nacional Las Jornadas que vivieron los trabajadores en el Estado español, después de los atentados del 11M, fueron el reflejo de una acumulación de rabia entre los jóvenes y trabajadores, que habían salido anteriormente a la calle para frenar las medidas neoliberales del Partido Popular (PHN, LOCE, el Decretazo que culminó en la Huelga General del 20J, la Guerra en Irak, etc….). Alguna de ellas la burguesía española las necesitaba en post de, por ejemplo, privatizar la escuela pública (LOCE) o eliminar el subsidio de desempleo, con lo que se conseguiría tirar a la baja el sueldo de los obreros (Decretazo). Ya en su primera legislatura el PP había impulsado toda una serie de privatizaciones de grandes empresas públicas como Telefónica, Repsol, Endesa…. que se iban incluyendo en el mercado internacional, con el fin de que fueran “rentables” para competir con otras potencias imperialistas como EEUU y el resto de países europeos. Después del 11M, la burguesía más conservadora representada por el Partido Popular tuvo que dejar paso, en las elecciones del 14M, al PSOE. Que, por otra parte, no subió al poder como una alternativa política para la clase obrera, no se le veía como su representante que poseyera un programa socialista para defenderla, sino como un recambio político que utilizó con el fin de desalojar inmediatamente al PP. Fue un ejemplo del llamado “voto útil”. En este contexto, subió al poder un sector de la burguesía más moderado en las formas que el anterior Gobierno conservador y despótico. El representante de la burguesía tradicional era desalojado de la Moncloa a la vez que, gracias a gestos de izquierda del actual gobierno, crecía la ilusión de los trabajadores españoles en que el PSOE iba a suponer un cambio en la situación. En vista de esto, la burguesía de las distintas regiones y comunidades autónomas han visto en esta situación una oportunidad de oro para poder regatear más competencias a la burguesía moderada y centralista, que ha llegado al poder con el PSOE. Es decir, en ahondar aún más los recortes en los derechos de los trabajadores de sus comunidades autónomas. El PSOE se encuentra “comprometido” con los trabajadores, y por ello, le resulta difícil, por el momento, ir aplicando medidas neoliberales, quiere hacerlo todo con el acuerdo de los sindicatos, sin entrar en conflicto directo con su base electoral. Aunque, allí donde las direcciones sindicales se han plegado al gobierno hemos visto que tipo de políticas quiere aplicar ZP, las mismas que proponía el PP. Nos podemos hacer una idea de estas medidas si echamos un ojo a la nueva reforma educativa, la Ley Orgánica de Educación, la LOE. En este contexto nacen las propuestas de las camarillas burguesas y clases dominantes del País Vasco y Cataluña , el ejemplo más reciente es el Estatuto de Cataluña. Se buscan mayores competencias para administrar los impuestos, y para atacar a los trabajadores mucho mas rápido de lo que lo hace la burguesía centralista. Verborrea reaccionaria del Partido Popular y táctica conciliadora de la CEOE. Por otra parte, en estas circunstancias, la burguesía central, representada mayoritariamente por la CEOE, no ve en sí un problema los diversos estatutos de autonomía, pero sí, que estos estatutos no se hagan con el consenso de los dos grandes partidos patronales. Así podemos ver como el representante de la CEOE, José María Cuevas, expresaba, respecto a la actitud del Partido Popular, que “si además resulta que el principal partido de la oposición, que tiene un apoyo importante de parte de los ciudadanos, está diciendo todo lo contrario, pues la sociedad se divide, lo que termina afectando a los empresarios, porque son una parte de la misma”. De aquí, que en un principio la secretaria ejecutiva de Política Territorial del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que "si el PSOE hubiera tenido verdadera voluntad de consenso no hubiera dado marcha atrás" a la oferta realizada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, de pactar todos los Estatutos de Autonomía entre los dos principales partidos. Esta táctica de la burguesía ha nacido en el contexto antes narrado, en el cual, la rabia social acumulada entre los trabajadores y masas populares era un hecho real. La patronal no quiere caer en el “divide y vencerás”, puesto que si los dos grandes partidos patronales, junto con las burguesías locales, llegan a un consenso, la clase obrera podrá sufrir de nuevo un periodo de derrota tras derrota. De ahí la queja del nuevo presidente de la CEOE de la falta de consenso entre los partidos patronales en el acuerdo de los procesos estatutarios. El porqué de la actitud “antitodo” del Partido Popular, a pesar de haber propuesto al otro partido patronal (PSOE), en un principio, un consenso en los estatutos de autonomía, se debe al reflejo de la base social de la cual depende, en muchos casos, orgánicamente. Y la cual (unos 10 millones de personas, incluidas empresarios y mayoritariamente pequeñaburguesia reaccionaria) están sosteniendo al Partido Popular. En estos momentos, la política reaccionaria del PP no corresponde a las necesidades directamente económicas de la burguesía central, sino de ese electorado y militancia reaccionaria que le obliga a lanzar un discurso despótico y fascista contra todo movimiento nacionalista o de “izquierdas” (tanto su verborrea ante hechos como las declaraciones del General Mena, o como la del boicot a productos catalanes no beneficia en ningún momento a la burguesía en general –tanto catalana como central-). Cuando a Cuevas le preguntaron sobre la campaña contra los productos catalanes explicó que “eso está unido al debate político entre el Gobierno y la oposición que, por así decirlo, es a cara de perro, porque no hay un consenso mínimo en temas trascendentales. Después aparece la gente que opera en la marginalidad y defiende un boicot [a las empresas y productos catalanes], lo cual es un solemne disparate. CEOE ha condenado eso desde el principio”. Por tanto, esta actitud del PP no es tanto en contra del Estatuto de Cataluña como el de mantener a un electorado y militancia reaccionarios. Puesto que la burguesía catalana no veía por qué tanta crispación del PP ante una reforma que le beneficiaba, y en la cual muchos puntos eran puntos propuestos por ellos mucho antes. Esta discordia ha llegado hasta el punto de la intención de expulsar a Piqué del Partido Popular por hacer unas declaraciones a favor de las modificaciones hechas al Estatuto. A pesar de esto, no podemos caer en la tentación de disimular las luchas que existen entre la burguesía central y la burguesía local catalana. Existen, y se pueden ver en las nuevas elecciones que hubo dentro de la CEOE en la que el sector catalán fue barrido por el sector de Cuevas. Y, además, el Estatut es un ejemplo de cómo la burguesía local catalana intenta buscar más vías de financiación y de gestión económica y política propia para adelantar sus planes de mayor competitividad y porcentaje de beneficios frente a la burguesía central. Pero, sin olvidar que es una táctica frente a la nueva situación creada por el Gobierno de Zapatero, y que ellos tampoco quieren romper la unidad de mercado del Estado español. Así podemos ver como el Conseller de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura, afirmó sobre el proceso estatutario catalán que el proyecto "no es que sea intervencionista: es que (lo que prevé) lo hace otra administración" no estatal; afirmó que "ni un artículo pone en peligro la unidad de mercado", que es "un principio por el que todas las administraciones deben velar". Por lo tanto el Estatut refleja por un lado el regateo entre la burguesía catalana y la central. En medio de la pelea la burguesía periférica se encuentra cohesionada, pero la centralista está dividida. Un PSOE que está dispuesto a ceder parcialmente a las demandas catalanas, y un PP que es su estrategia de erosionar al gobierno y recuperar las calles (que en los últimos años eran de los jóvenes y trabajadores de izquierdas que luchaban contra su gobierno) se opondrán a todo lo que haga el gobierno con un discurso nacionalista español. La patronal, CEOE, no acaba de confiar en esta estrategia del PP, es consciente que mientras exista tal división entre los partidos patronales va a estar difícil llevar adelante ataques frontales contra las conquistas de los trabajadores.
Ante todo podríamos resumir el proceso del “Estatut” en dos momentos importantes: Cuando se votó en setiembre pasado en el Parlament de Catalunya (PSC, ERC, CiU, ICV-EUiA) en contra del PP. La clave era la definición de Catalunya como Nación y el financiamiento donde Cataluña empezaría a cobrar y gestionar todos los impuestos de su territorio. A la burguesía centralista española esto le pone los pelos de punta porque le quita dinero, financiamiento que quedaría en manos de una Autonomía. El otro momento clave es la negociación del Estatut entre PSOE y CiU. Aquí se relega la definición de Nación a la parte del Preámbulo y en la financiación se recorta la cantidad de impuestos a gestionar por Cataluña a la mitad. Aquí podemos ver que en el regateo la burguesía catalana ha renunciado a parte de sus aspiraciones iniciales. La clave para entender éste proceso no pasa tanto por la cuestión de la autodeterminación en sí. La burguesía catalana sólo usa éste sentimiento que se extiende dentro de las clases medias catalanas y algún sector obrero. La burguesía catalana, que quiere tener unas mejores competencias en un Estado con autonomía, nada más, no pretendía, ni pretende levantar la bandera por el derecho democrático de los pueblos a elegir su relación con el resto del estado español, sino el de utilizar demagógicamente un derecho que debería ser obligatorio en una democracia, para dotarse del apoyo de parte de los trabajadores y las clases medias, con el objetivo de racanear más dinero a la burguesía central. Pero, sin deshacerse de ella, puesto que si no está unida a ella en un mercado interior como el español le será mas difícil sobrevivir en el mercado internacional frente a otros países, en el cual, la burguesía catalana (aunque parezca irónico) se mantiene conviviendo en estructuras económicas y financieras junto a la burguesía central, como es el ejemplo de La Caixa y otras empresas. Es decir, no puede levantar consecuentemente el derecho a la autodeterminación, sin correr el riesgo de tener que deshacerse del lujoso mercado español. Y por supuesto, para los empresarios antes esta el Capital que la ficticia Patria. Por el contrario, el Estatuto Catalán solo significa un medio de, por un lado, de ganar más competencias para administrar a su antojo los impuestos, y por otro lado, tener más competencias para ir aplicando por su cuenta medidas que ataquen a las conquistas de los obreros. Es más, si nos centramos en el puntos que se refieren a las “Competencias” de Cataluña no solo hace referencia a la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales” (es decir, más poder en la decisión de la elitización de la escuela pública), sino en el “régimen de estancia y residencia de extranjeros y el régimen sancionador de extranjería” (es decir, la regulación de entrada y salida de mano de obra barata), como también sobre competencias tan importantes como la “gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en Cataluña” y “capacidad de gestión de los puertos y aeropuertos situados en Cataluña. El derecho a la autodeterminación es un derecho democrático de todo pueblo. Los socialistas revolucionarios lo defendemos consecuentemente, pero por ello precisamente debemos denunciar la utilización demagógica que hacen las burguesías nacionalistas del mismo. Lo usan para dotarse una base popular de apoyo en su regateo de condiciones con la burguesía central. El derecho de un pueblo a decidir libremente su relación con el estado español es algo inaceptable por el capitalismo, pues ni la patronal española, ni la vasca o catalana, van a aceptar el riesgo de una separación. Esto rompería el mercado español, algo que no beneficia ni a unos ni a otros. Los pueblos sólo pueden ser libres para elegir en una sociedad que no se rija por los intereses de las empresas. Por ello hay que vincular la lucha por este derecho democrático con la lucha por el fin de la dominación de la burguesía. Sólo en una sociedad socialista podrán ser atendidas las demandas nacionales. Por ello, defendemos el derecho a la autodeterminación, pero estamos por que la clase obrera catalana se mantenga unida a sus hermanos de clase del resto de las regiones españolas. La lucha del proletariado español y catalán contra sus respectivas burguesías es la única vía para garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Cuando al burguesía central y periférica entran en una disputa sobre el trozo de pastel a gestionar por cada cual los trabajadores no podemos alinearnos con ninguno de los dos bandos. Ellos quieren discutir sobre que nivel de autonomía tiene una respecto de la otra. No apoyaremos ni el intento centralista de control absoluto, ni el intento de la burguesía periférica de mejorar sus condiciones para llevar adelante una mejor explotación de su clase obrera regional. Debemos dotarnos de una postura independiente como clase social antagónica a las dos alas burguesas en disputa. Los trabajadores queremos que se discuta sobre una amplia gamas de temas que ellos conscientemente pasan por alto. Cuando la burguesía regional impulsa la reforma del estatuto de autonomía de su territorio, esta planteándose renegociar su relación y autonomía con la burguesía central. Los revolucionarios debemos explicar pacientemente que la clase obrera debe participar de forma independiente en este proceso, poniendo en discusión no sólo el régimen autonómico, sino todo lo demás. Debemos luchar por un proceso de reforma realmente democrático, con participación de toda la sociedad a través de consejos. Y puestos a discutir, debemos sacar nuestro programa para hablar de la propiedad de los medios de producción, los cuerpos represivos…Hay que pelear por verdaderos procesos constituyentes en los que la clase obrera pueda plantear sus reivindicaciones. En el caso de la reforma de los estatutos
que estamos viviendo debemos luchar por procesos constituyentes
de este tipo en todas las comunidades autónomas, que culminen
en unas Cortes Constituyentes que se basen en la libre discusión
en consejos de todos los problemas que consideremos necesario. |
