El colectivo se concentró anoche a las puertas del ayuntamiento La plataforma cívica Salvem la Bossarta se reunió anoche, a las puertas del ayuntamiento de Carcaixent, para protestar por la aprobación de urbanizar el paraje de la Bossarta. Según el colectivo, este PAI “destruirá la montaña del Realenc”. Además, aseguran que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta sus alegaciones.
D. BATALLER/ CARCAIXENT
Varias decenas de personas se concentraron anoche a las puertas del ayuntamiento de Carcaixent para protestar por la aprobación, por parte del equipo de gobierno, de urbanizar el paraje de la Bossarta.
La protesta, convocada por la plataforma cívica Salvem la Bossarta, coincidió con la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre.
La plataforma mostró su disconformidad con el acuerdo tomado el pasado mes de julio en relación con la urbanización de la montaña del Realenc, que implica la destrucción del paraje de la Bossarta.
Para los miembros del colectivo, el compromiso adquirido por parte del Ayuntamiento de contestar una a una las alegaciones “no se está cumpliendo, ya que si bien parece que está enviándose a todos aquellos que firmaron, el texto sólo ha sido contestado someramente”.
“Se ha declinado la obligación de contrastar la existencia de flora y fauna protegida o los efectos derivados de la declaración de la montaña como zona forestal”, añadieron.
Además, el colectivo ha calculado, de forma aproximada, “que destrozar la montaña para beneficio particular va costarnos a toda la población 15 millones de pesetas para ensanchar el camino que sube al Realenc”.
Aprobación del proyecto El Ayuntamiento de Carcaixent aprobó en julio la aprobación provisional del Plan de Actuación Integrada de la Bossarta, donde el promotor pretende construir 236 viviendas en este paraje.
Este proyecto se viene arrastrando desde hace varias décadas y ha generado una gran polémica y oposición entre colectivos de vecinos. Ante la fuerte contestación vecinal, el equipo de gobierno del Partido Popular señaló que no se puede ir contra la legalidad y el no aprobar este PAI “supondría unas indemnizaciones que irían desde 1,07 a tres millones de euros”.
El portavoz popular, Ino Signes, recordó que el promotor tiene unos derechos consolidados desde hace más de 30 años y que, según la Conselleria, el plan forestal no afecta a este PAI.