LAS PROVINCIAS.

C. VALENCIANA
Valencia
 

‘‘SEÑOR BLASCO: I DON'T LUV YOU’’

Un millar de valencianos y extranjeros, contra la política urbanística del Consell
Un millar de valencianos y residentes extranjeros en la Comunidad protagonizaron ayer una manifestación heterogénea por el centro de Valencia contra la política urbanística del Consell. Reclaman una moratoria para las nuevas urbanizaciones hasta que las Cortes aprueben una ley para este sector ‘‘equitativa, justa y solidaria’’.
F. RICÓS/ VALENCIA


‘‘Señor Blasco: I don’t L.U.V. you’’. Así rezaba la pancarta con la que se manifestaba una británica, ayer por la mañana contra la política urbanística de la Generalitat. Junto a ella participáron un millar de personas. El lema del cartel utilizaba las siglas LUV (ley Urbanística Valenciana, aún en proyecto) en lugar de la palabra inglesa ‘‘love’’ (amor). La traducción libre sería algo así como ‘‘Señor Blasco: no le quiero ni a usted ni a su ley urbanística’’.

Esta es la tercera ocasión en la que la Asociación Abusos Urbanísticos No se manifiesta en Valencia. La entidad nació en 2002, fruto de la fusión de diversas plataformas contra abusos urbanísticos de Alicante y Castellón. La sede está en Denia.

‘‘No estamos en contra de las urbanizaciones, de la construcción en general, ni menos de las VPO. Lo que no toleramos son los abusos sobre los pequeños propietarios que se han cometido al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística’’, indicó Enric Climent, vicepresidente de esta asociación.

Los abusos urbanísticos que denuncia esta asociación se sintetizan en la figura legal del agente urbanizador: la persona, física o jurídica, que propone a un Ayuntamiento aplicar un Plan de Actuación Integral sobre unos determinados terrenos para urbanizarlos, generar solares y construir en ellos.

Esta propuesta generalmente parte de una empresa promotora y se realiza con independencia de que tenga la propiedad de ese suelo o no disponga de ella. Incluso puede suceder que en ese terreno sobre el que pretende actuar ya haya edificaciones, habitualmente dispersas. Los propietarios legales del suelo, o participan económicamente en la urbanización o se ven obligados a vener sus terrenos al precio que quiera pagar el urbanizador.

Participantes
En la manifestación contra la política urbanística, que se inició en la plaza de Rodrigo Botet y finalizó frente a las Cortes Valencianas, no participaron sólo personas o grupos de afectados por la actual legislación sobre el suelo, sino también colectivos como Salvem el Botànic, Salvem el Cabanyal, Xúquer Viu, Els Verd, Acció Ecologista-Agro, la Plataforma Jovenil Valencianista y Maulets.

Entre los afectados por la aplicación de la actual Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), representantes de Mestrets en Castellón, de la Lloma Calderer de Bétera, de Polop, Guardamar, Hondón de las Nieves, del Portet de Moraira, Jalón, Ondara, Altea y un largo etcétera de poblaciones de la Marina. Cerraban la comitiva representantes de los residentes extranjeros con banderas británicas, francesas, alemanas, suizas, canadienses. Incluso se pudo ver una bandera española.

Había pancartas contra la LRAU, el conseller Rafael Blasco, la proliferación de urbanizaciones y campos de golf y contra los abusos urbanísticos.

La manifestación discurrió sin incidentes ante la mirada de extrañeza de los viandantes, que buscaban el sol y el aroma fallero en la plaza de la Reina y en la de la Virgen.

El vicepresidente de la asociación contra los abusos urbanísticos, Enric Climent, leyó en castellano el manifiesto en el que reclaman una ‘‘moratoria urbanística’’ en la Comunidad Valenciana ‘‘para cualquier proyecto pendiente de aprobación o que se pueda presentar’’ hasta que las Cortes aprueben ‘‘una ley urbanística equitativa, justa y solidaria’’. El presidente de la organización, Charles Svoboda, lo leyó en inglés.

Blasco reconoce abusos
El conseller de Territorio, Rafael Blasco, objetivo de las críticas de los manifestantes, apeló en una nota de prensa al ‘‘sentido común urbanístico’’ para evitar ‘‘un conflicto social’’. Destacó el conseller que las demandas de los pequeños propietarios son ‘‘consecuencia de los abusos generados por una mala aplicación de la LRAU’’ aprobada por el PSPV-PSOE en 1994, aunque ha sido con el PP en la Generalitat cuando se ha usado a pleno rendimiento esta ley.