Nota Editorial sobre la Directiva Bolkestein.

Re(d)forma en Serio.

Con la publicación en enero de 2004 de su propuesta de directiva sobre servicios en el mercado interior, la Comisión Europea lanzó hasta la fecha su más radical y completo ataque contra los Estados del Bienestar de la Unión Europea . La propuesta es el parto del ingenio del DG de Mercado Interior encabezado por el Comisario Frits Bolkestein , y abarca esencialmente todos los servicios. Los únicos servicios excluidos de su ámbito son los servicios suministrados por los Estados en cumplimiento de sus obligaciones sociales, culturales, educativas y judiciales en los casos en que “no haya remuneración” (Comisión Europea 2004: 31). No obstante, dado que el acceso a un gran número de servicios públicos exige el pago de tasas, la mayoría de estas actividades cae dentro del ámbito de la Directiva.

Una Directiva europea, una vez aprobada, tiene un rango superior a cualquier ley de un estado miembro. Las Directivas no necesitan luego un desarrollo reglamentario a nivel inferior en el que vaya a caber diluir la contundencia de su nocividad. Las negociaciones gubernamentales en el ámbito europeo competen al Ministerio correspondiente, a pesar de que exista un grupo de funcionari@s especializados en asuntos europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Directiva Bolkestein será probablemente más rápida que el AGCS y probablemente se mantendrá también después de la aprobación del AGCS. Esto implica que la lucha en contra de la Directiva tiene que ser nuestro eje prioritario en el corto y medio plazo.

La elaboración de la Directiva es parte de un proceso donde la Comisión europea – más cercana a los intereses de las multinacionales – pintará más y más, y los gobiernos nacionales menos y menos.

No está claro si la Directiva se aplica a los empleados de países fuera de la Unión Europea.

Se convierten servicios públicos en servicios con remuneración (sujetos al AGCS y a la Directiva Bolkestein) también a través de pequeños cambios aparentemente simbólicos, como está pasando en el Ayuntamiento de Alcobendas, que ha empezado a cobrar precios simbólicos para actividades educativas.

Austria y Bélgica son entre los países que más reservas han expresado sobre el impacto que la Directiva Bolkestein tendrá sobre los servicios públicos. Eso tiene probablemente que ver con la presencia de partidos cristianos fuertes y muy sindicalizados; al revés, Francia tiene posiciones contradictorias entre la desregulación del mercado interior y las trabas que intenta poner en el ámbito europeo a los procesos de liberalización

La Directiva trata de alcanzar su objetivo de desregulación eliminando gradualmente las restricciones nacionales y socavando sistemáticamente las leyes nacionales por medio del así llamado principio del “país de origen”. Una vez adoptada la Directiva, las empresas de servicios en la UE tendrán que obedecer solamente a las requisitos de su país de origen. A los otros Estados Miembros en los que actúan o suministran servicios no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo. La Comisión pretende eliminar incluso el registro obligatorio en caso de que una empresa abra su negocio en otro estado miembro. Consecuencia de todo ello es que el principio de país de origen elimina cualquier supervisión efectiva de la actividad empresarial en la Unión Europea. En el futuro, cualquier iniciativa podrá evitar pesadas restricciones nacionales reinstalando su oficina registrada o estableciendo simplemente una oficina fantasma en otro Estado Miembro. De este modo se podrán sortear fácilmente y sin costos los convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las cualificaciones y los estándares de protección de medio ambiente o del consumidor.